Desde los ejecutivos de movimientos sociales hasta los presidentes de colegios de profesionales serán parte del directorio del Consejo Nacional de Control Social, instancia que reunirá a representantes de 305 sectores, incluyendo la Central Obrera Boliviana (COB).
Las organizaciones sociales presentaron el martes al presidente Evo Morales el proyecto de Ley de Participación y Control Social. El documento incorpora a sindicatos, comunidades y actores individuales al nuevo mecanismo de control social.
Sin embargo, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca, explicó que el Consejo Nacional de Control Social —que será la instancia encargada de remitir las denuncias— no sólo estará conformado por dirigentes sindicales, sino también por profesionales de instituciones colegiadas y por ciudadanos individuales.
“Criticaron que el control social sólo será desarrollado por sectores sociales que apoyan iniciativas del Gobierno; eso no es así, el Consejo Nacional estará representado también por colegios de profesionales y otras organizaciones, como la COB, los maestros urbanos y rurales, y las entidades establecidas orgánicamente”, detalló Machaca.
Según el proyecto de ley, el nuevo mecanismo de fiscalización está conformado por dos tipos de actores: los colectivos y los individuales.
En el grupo de los actores colectivos están tres tipos de sujetos del control social: los “orgánicos”, que comprenden a los sectores sociales y/o sindicales; los “comunitarios”, que corresponden a los pueblos indígenas, comunidades interculturales y afrobolivianas; y los actores “circunstanciales”, que se organizan para un fin determinado y “dejan de existir” una vez cumplida su misión.
El actor individual del control social, dice el proyecto, es “toda persona natural que ejerza su derecho en la participación y control social de manera circunstancial”. El documento no establece la creación del Consejo Nacional, que aparte —según Machaca— será conformado por ramas departamentales y centros agrarios comunitarios. El dirigente acotó que esta instancia será introducida durante la socialización de la normativa.
La ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, Julia Ramos, aclaró que el Consejo Nacional no será una especie de suprapoder. Dijo que la instancia se limitará a recoger denuncias para luego presentarlas a las autoridades competentes. “No tendremos incidencia ni influencia en las decisiones que tenga el Ejecutivo, nuestra labor será la fiscalización y proponer iniciativas para que exista un buen control social”, aseveró.
Apoyo. El dirigente de los denominados interculturales, Gustavo Aliaga, no mostró reparos a que profesionales y sectores opuestos al Gobierno sean parte del modelo fiscalizador.
“La idea es reunir a todos los actores de la sociedad. La intención es que exista transparencia en todas las instancias públicas y privadas, y que éstas respondan a los intereses de la población”, comentó Aliaga.
Según el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el proyecto de ley fue elaborado por 305 organizaciones sociales y 1.575 representantes del país. Este dato fue confirmado por Ramos y Machaca.
El proyecto de Ley de Participación y Control Social perfila la fiscalización de sectores a todas las empresas mixtas y privadas que presten servicios básicos, incluyendo a las cooperativas y entidades que manejen recursos económicos fiscales.
Sobre el tema, el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado, Eugenio Rojas, destacó que actores externos al oficialismo sean parte del control social. “Así se podrá denunciar los hechos de corrupción de las instancias”, dijo.
Recursos para los actores
Fiscalizar
En el ámbito de los recursos para sostener el nuevo mecanismo de control social, el proyecto de ley señala que en todos los presupuestos que se programen para la gestión pública deberá figurar una parte destinada al ítem “participación y control social”. Incluso en los convenios de cooperación internacional deberá haber un presupuesto para esa tarea. Los dirigentes sindicales rechazaron que los actores del modelo de fiscalización tengan remuneración. Incluso, establecieron sanciones para los “sobornables”.
Control se limita a denunciar
Los actores del control social —conformado por sectores, profesionales y personas individuales— se limitarán a denunciar hechos de corrupción y malos servicios a las autoridades competentes.
El dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Rodolfo Machaca, afirmó que el mecanismo de fiscalización no tendrá la potestad de sugerir el alejamiento de autoridades gubernamentales.
“Nuestra labor se limita a investigar y presentar denuncias. Es ahí donde las autoridades competentes harán su trabajo. Nosotros no pediremos cambios de ministros o de otras autoridades, esa no será la tarea del control social”, explicó el sindicalista campesino. En esa línea, la ejecutiva de las Bartolinas, Julia Ramos, dijo que el control social “no incidirá ni influenciará” en tareas que no sean de su competencia.
Además de fiscalizar, los actores podrán denunciar malos servicios a la población de cooperativas y empresas públicas y privadas que manejen recursos económicos fiscales.
Con la aprobación de la Ley de Participación y Control Social —se prevé que sea en el primer semestre de 2013— desaparecerán los comités de vigilancia en todos los municipios. Estas instancias tienen la capacidad de paralizar proyectos ante hechos de corrupción detectados. Además, según la Ley de Participación Popular, “articulan las demandas de las organizaciones, con la planificación participativa municipal, la vigilancia social de la administración municipal y la canalización de iniciativas y acciones”. Ramos descartó que el control social sea un suprapoder.
Dirigentes aceptan la fiscalización
La idea será incluida en la ley consultando a los sectores sociales
A iniciativa del mandatario Evo Morales, las organizaciones sociales introducirán en el proyecto de Ley de Participación y Control Social un parágrafo en el que se establezca la fiscalización de los recursos económicos que manejan los dirigentes.
“No tenemos problema en ser controlados. Las organizaciones sociales no manejamos recursos públicos, por eso estamos de acuerdo con que se haga la fiscalización”, adelantó Rodolfo Machaca, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB).
El dirigente campesino acotó que esta iniciativa será introducida en el proyecto de Ley de Participación y Control Social.
El Jefe del Estado, cuando propuso el control a los dirigentes, sobre todo se refirió a los recursos y a la incidencia que éstos tienen en programas y proyectos estatales.
Propuesta. El martes, cuando el Presidente recibió la iniciativa de los sectores, sugirió que el control social debería alcanzar a los dirigentes sociales.
Y fue así. La ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa, Julia Ramos, acogió la iniciativa presidencial. Dijo que su sector apoyará que se haga un control social a las organizaciones.
“Si quieren hacer control social a las Bartolinas, no tenemos ningún problema. Nuestros recursos son bien manejados, además no es dinero público”, sostuvo Ramos.
En esa línea, el dirigente de los Interculturales, Gustavo Aliaga, se mostró a favor de la iniciativa del Primer Mandatario. “No tenemos por qué ponernos en contra, si quieren revisar nuestro dinero, pues que lo hagan”, expresó.
El nuevo mecanismo de control social está conformado por dos tipos de actores: los colectivos y los individuales. Entre los primeros están los “orgánicos”, los “comunitarios” y los “circunstanciales”. El actor individual, dice el proyecto, es “toda persona que ejerza su derecho al control social de manera circunstancial”.
Para sostener económicamente al nuevo mecanismo de fiscalización, el proyecto de ley señala que en todos los presupuestos de la gestión pública deberá figurar una parte destinada a “participación y control social”. Incluso en los convenios con la cooperación internacional deberá existir un presupuesto para esta labor.
Machaca aclaró que estos recursos serán “autocontrolados” por el Consejo Nacional de Control Social, instancia que aglutinará a los dirigentes de movimientos sociales y presidentes de colegios profesionales. Organizaciones opuestas a la administración de Morales también serán parte del control social, dijo. Por su lado, el senador oficialista Eugenio Rojas ratificó que los actores del control social no recibirán remuneración y tampoco apoyo económico de ONG.
Ley de control social
Restricciones
“La Participación y el Control Social tendrán carácter amplio y participativo, salvo las siguientes restricciones: No podrán participar y ejercer Control Social en temas de seguridad del Estado sea interna o externa. No podrán acceder a la información de carácter secreto, reservado y/o confidencial definidos por Ley”. (Art. 11)
Prohibiciones
“Los actores de la Participación y Control Social no recibirán ningún tipo de remuneración, regalo, premio, ni aceptarán ofrecimientos o promesas de las entidades sobre las que ejercen la Participación y Control Social o de terceros (…) Los actores de la Participación y Control Social no podrán involucrar sus intereses personales y los intereses de sus mandantes, con los intereses personales o políticos de los controlados”. (Artículo 12)
Vinculante
“La Participación se ejercerá de manera amplia, decisoria y vinculante sobre la gestión pública en todos los niveles de Estado, siendo el control social complementario y consecuencia de aquella (…) El Control Social coadyuvará y complementará a la fiscalización y/o control fiscal. Recomendará con carácter vinculante, para las autoridades competentes, el inicio de peritajes técnicos, auditorías y/o en su caso, los procesos correspondientes. La fiscalización y/o control fiscal es función y competencia del Estado”. (Art. 24)