Choferes y gremiales suspenden medidas de presión hasta conocer fallo del Tribunal Constitucional
Ambos sectores sociales celebraron la decisión del Órgano Ejecutivo de suspender el tratamiento del polémico proyecto de Ley en el Legislativo, sin embargo anunciaron que estarán pendientes al fallo del TCP, al cual también harán conocer sus observaciones.
La Federación de Gremiales y la Confederación de Choferes de Bolivia decidieron suspender toda medida de presión en contra del anteproyecto de Ley de Extinción de Dominio, que fue enviada por orden del presidente Evo Morales al Tribunal Constitucional para su revisión, tras la observación de legisladores, organizaciones sociales y expertos.
Ambos sectores sociales celebraron la decisión del Órgano Ejecutivo, sin embargo anunciaron que estarán pendientes al fallo del TCP, al cual también harán conocer sus observaciones.
«Felicitamos al presidente por tomar una medida de esta naturaleza, sin embargo vamos a estar vigilantes, vamos asistir al Tribunal Constitucional para hacer conocer las observaciones que tenemos a este proyecto», manifestó Francisco Figueroa dirigente de los gremiales.
Asimismo, dijo que el ampliado nacional que se realizará este martes en Santa Cruz con las federaciones departamentales de todo el país continúa adelante, pues se tocarán otros temas relacionados al «tema del Código Tributario y la Ley General de Aduanas».
Por su parte, el secretario Ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Franklin Duran, tras conocer la determinación del Gobierno, habría decidido suspender toda medida de presión anunciada en contra de la Ley de Extinción de Bienes, hasta conocer el fallo del Tribunal Constitucional, informó la Red Uno.
Entre algunas de las observaciones de ambos sectores, el anteproyecto de Ley establece que en caso de flagrancia de contrabando, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y corrupción, la Procuraduría (a ser creada) procederá al decomiso e incautación de todos los bienes que sean producto de alguna de esas actividades ilícitas, otorgando a los afectados un plazo para que presenten sus descargos.