Evo para ley confiscatoria y la deriva al Constitucional
Fallo. El TCP analizará la validez del proyecto con relación a la CPE
El presidente Evo Morales decidió enviar el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Mientras el TCP defina si el proyecto de ley no viola la Constitución, la Asamblea Legislativa no lo considerará.
El Mandatario informó que se llegó a esa decisión tras reunirse con el gabinete ministerial y evidenciar cuestionamientos en torno a la supuesta inconstitucionalidad del proyecto de ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y en voz de dirigentes de algunos sectores, en alusión a transportistas y gremialistas.
La norma busca afectar el patrimonio de narcotraficantes, contrabandistas, corruptos y quienes legitimaron ganancias ilícitas a través de una acción de extinción de dominio, que se activa previo proceso penal a los acusados, sobre bienes cuyo valor individual o en conjunto sea igual o superior a Bs 70 mil y surjan como fruto de esos ilícitos.
“El Gobierno nacional ha decidido —respetando el numeral 7 del artículo 202 de la Constitución Política del Estado (CPE)— elevar el anteproyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en Favor del Estado al Tribunal Constitucional para la consulta correspondiente”, señaló el Jefe del Estado, en conferencia de prensa.
El texto de la CPE, en el artículo citado, estipula: “Son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, además de las establecidas en la Constitución y la ley, conocer y resolver: (…) 7. Las consultas de la Presidenta o del Presidente de la República (sic), de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental sobre la constitucionalidad de proyectos de ley. La decisión del Tribunal Constitucional es de cumplimiento obligatorio”.
Fallo. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce (MAS), explicó que el sistema de control constitucional fija mecanismos de control a priori, que permiten conocer el criterio del TCP antes de que una ley sea promulgada. La consulta paraliza el tratamiento y el fallo debe darse en un plazo de 30 días.
Morales comentó que en el gabinete se debatió ampliamente este proyecto de ley antes de presentarlo a la ALP y que su objetivo es afectar al crimen organizado en Bolivia, específicamente al narcotráfico y al contrabando que, según dijo, “corrompen a la justicia”.
El tratamiento del proyecto está detenido desde el 1 de octubre, fecha en que la ALP lo aprobó en grande. Transportistas y gremialistas se constituyeron en los principales opositores a esta norma y tras convocar a jornadas de paro de 24 horas el 23 y 30 de octubre, respectivamente, advirtieron con un paro nacional indefinido si se continuaba con su tratamiento, ya que arguyen que ambos sectores resultarían afectados.
Mientras tanto, además, se gestó una polémica entre el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, respecto a la constitucionalidad de la norma propuesta. “Dirigentes de algunos sectores observan que esta norma sería inconstitucional o anticonstitucional (…) nosotros tenemos todos los argumentos para defender este proyecto de ley”, afirmó Morales.
El diputado Jaime Navarro (UN) cuestionó a Romero por no haber coordinado “lo suficiente” este proyecto de ley con la Asamblea, razón por la que se observó la constitucionalidad o no del borrador de ley, reportó ANF.
La dirigencia de gremiales aplaza la negociación
La dirigencia de los gremiales de Bolivia saludó la determinación del presidente Evo Morales de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en Favor del Estado y, en tanto éste no se pronuncie, calificó innecesaria la posibilidad de acudir a un diálogo. “Es una buena acción del Presidente, pero vamos a estar vigilantes para ver lo que pasa en el Tribunal, vamos a enviar a nuestros abogados”, afirmó Francisco Figueroa, ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia.
En ese marco, y pese a que en horas de la tarde de ayer la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado, ratificó la convocatoria para dialogar sobre los puntos en discrepancia, Figueroa descartó la posibilidad de asistir a ese llamado mientras no se conozca el fallo del TCP. El dirigente confirmó, sin embargo, un ampliado nacional del sector para hoy, en Santa Cruz, en el que se prevé delinear un posicionamiento de todo el sector.
En la noche, el dirigente gremial Braulio Rocha informó que suscribió un acuerdo con la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, para que se respete las mercaderías valuadas entre Bs 2.000 y Bs 5.000. Agregó que respaldan el proyecto de ley cuestionado porque está encaminado a luchar contra los contrabandistas. Franklin Durán, de la Confederación de Choferes de Bolivia, indicó que “las movilizaciones quedan sin efecto en tanto el TCP ve si es o no constitucional el proyecto”.
El Tribunal tiene plazo de 30 días hábiles
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) debe pronunciarse en un plazo de 30 días hábiles respecto a la consulta sobre la constitucionalidad del proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en Favor del Estado, planteado ayer por el presidente Evo Morales. Este plazo y el procedimiento que seguirá la consulta están contemplados en los artículos 111 al 115 del Código Procesal Constitucional (CPC).
“Se remitirá el proyecto de ley que envió el Ejecutivo, pero como antecedente también se envía lo aprobado por la comisión y lo que se estaba trabajando”, indicó a La Razón el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce (MAS).
Los plazos que otorgaba el proyecto de ley, de 48 horas y hasta cinco días en casos de existir o no flagrancia, respectivamente, merecieron un cambio: de 10 y 15 días, modificación que —junto a otras realizadas a la norma— será derivada al TCP. En Sucre, Ruddy Flores, presidente del TCP, señaló que aún no se recibió ese recurso y luego aclaró que, de hacerlo, paralizará inmediatamente el tratamiento del proyecto de ley.
De hecho, Arce explicó que “la interposición de una consulta previa sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley suspende su trámite de aprobación mientras el TCP no se pronuncie”. El TCP puede señalar, si encuentra conflictos con el texto constitucional, cuáles serán las alternativas legales y constitucionales. Empero, si declara la constitucionalidad del proyecto, la ley que se apruebe ya no puede ser demandada de inconstitucional porque ya se conoce el criterio del TCP.
Como proyectista, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en días previos afirmó que “no hay ningún elemento que pueda ser tachado de inconstitucional en el proyecto de ley”.
