Convergencia Nacional (CN), a través de su jefe de bancada en Diputados, Luis Felipe Dorado, pidió que, para evitar actos de corrupción, se destine una remuneración a los actores encargados del control social, participación consignada en un proyecto de ley que será debatido en 2013. El legislador opositor señaló que el control social es un concepto “muy ambiguo” en la Constitución Política del Estado y que puede ser usado para llevar adelante formas de persecución.
“Los municipios deberían prever un recurso mínimo para que los actores puedan tener la facilidad de acción para poder fiscalizar las obras; las gobernaciones de la misma forma. Si el Gobierno quiere implementar el control social sin recursos para hacer las verificaciones de las obras, se estaría retrocediendo”, indicó Dorado.
Hay que recordar que para sostener el nuevo control social, el proyecto de ley señala que en todos los presupuestos que se haga para la gestión pública deberá figurar una parte destinada al ítem “participación y control social”, aunque no para dar una remuneración económica a sus actores, sino sólo para generar un espacio y condiciones para su trabajo.
En este último punto, el nuevo sistema de control social es similar al actual comité de vigilancia en los municipios, en cuya normativa expresamente se prohíbe el pago de remuneraciones a los miembros del comité (artículo 151 de la Ley de Municipalidades 2028, recuperado en el Decreto 28966 de diciembre de 2006).
El proyecto de ley de control social fue entregado hace una semana al Presidente. “Hay que afinar el proyecto, es una ley marco que incluye a las entidades autónomas municipales, indígena originarias, y gobernaciones y entidades privadas que prestan servicios al Estado. En este caso se elimina a los comités de vigilancia y las alcaldías deberán elaborar una nueva reglamentación”, apuntó el senador masista Eugenio Rojas.
Comités. El diputado Dorado criticó que en la nueva norma se supriman los comités de vigilancia. “Lo que se está haciendo es poner movimientos afines al Gobierno y eso no debería ser; los recursos son de todos y tienen que ser bien fiscalizados para evitar la corrupción”.
El analista Iván Arias explicó que la figura del control social no es nueva y que nació con la Ley del Diálogo, en 2000, cuando se intentó ampliar la fiscalización a la sociedad civil, y que “fracasó” porque muchas organizaciones eran parte de esta actividad.
“Otras son las instancias llamadas a ejecutar el proceso (…) la Contraloría, la Asamblea Legislativa y otras instancias que deben tener un equipo de técnicos y profesionales que realicen el control social”, expresó. Para Arias, antes de aprobar una nueva norma, se debe fortalecer dichas instancias, para evitar un “nuevo fracaso y que esta ley no sea un mecanismo de presión y chantaje político”.
Si una persona quiere ejercer control social y no está capacitada ni cuenta con recursos, cómo podrá controlar, se preguntó Arias, por ejemplo la edificación de un hospital de tercer nivel. “La gente necesita vivir día a día, quién de su buena voluntad se va a prestar a realizar ese servicio”, señaló.
Consejo nacional
Personal
Ejecutivos de movimientos sociales y presidentes de colegios de profesionales serán parte del directorio del Consejo Nacional de Control Social, instancia que reunirá a representantes de 305 sectores, incluyendo la COB.