El Gobierno defiende el proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes en Favor del Estado y asegura que el Tribunal Constitucional Plurinacional dirá que el texto no atenta contra la Constitución. El exministro Wilfredo Chávez hizo tres observaciones.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, quien se reunió con dirigentes de sectores que cuestionan el alcance de este proyecto de ley, afirmó que no existe duda sobre la constitucionalidad de esta norma, pero que, a la vez, respetan la decisión del presidente Evo Morales de remitirlo a consulta en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “Respetaremos el resultado y acataremos el resultado que emane de esa consulta como Asamblea Legislativa”, afirmó Montaño.
El citado proyecto de ley prevé el decomiso de bienes, valuados en Bs 70 mil o más, provenientes del narcotráfico, contrabando, legitimación de ganancias ilícitas y corrupción. Los choferes y gremialistas rechazan la norma porque creen que se verán afectados. Morales, ante el debate que se inició, envió el borrador al TCP para que defina si va o no contra la Constitución Política del Estado (CPE).
Crítica. Chávez calificó esa determinación presidencial como “una medida políticamente saludable”, aunque refirió que “se han advertido varios rasgos que podrían ser tachados de inconstitucionales”. Indicó que se vulneraba la presunción de inocencia en ese proyecto, por cuanto “disponía una acción administrativa paralela cuando ni siquiera la acción penal había terminado”.
A ese punto sumó el de los plazos para demostrar el derecho propietario lícito y que abría la posibilidad de darle al Procurador “funciones que no son acordes con la CPE”, ya que esta autoridad “no está para juzgar o para definir propiedades, sino para defender los intereses del Estado”.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que no hay indicio que atente contra la CPE. “Quienes han dicho que (el proyecto) es inconstitucional no han dicho en qué artículo es inconstitucional”, dijo. Anunció que será el borrador que irá al TCP.
La presunción de inocencia —explicó— se garantiza porque antes debe haber una investigación y se dispone un plazo para presentar pruebas, la acción de extinción no se activa a sola denuncia, puede aceptar pruebas testificales y se estudia ampliar los plazos. Abrió la posibilidad de modificar el proyecto de acuerdo con las observaciones del TCP y ratificó que “la acción va a ir finalmente”.
En ese afán, el lunes el Legislativo se reunió con “cuentapropistas” y ayer con el sector transporte. Montaño, al final de ambas citas, informó que estos sectores cambiaron de postura ante una explicación de la norma. Hoy se prevé continuar la socialización con la Confederación de Choferes.
Consensúan con choferes y gremiales
Minoristas
El lunes, la Confederación de Comerciantes Minoristas y la Confederación Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia expresaron su respaldo a la norma. Plantearon elevar el valor de los bienes de Bs 7 mil hasta Bs 350 mil.
Choferes
Ayer se reunieron con las presidentas de las dos cámaras de la ALP y el Ministro de Gobierno. Se les informó que se remitió al TCP el proyecto del Ejecutivo y que las modificaciones podrían ir tras conocer el fallo del TCP. Volverán a reunirse hoy para analizar el proyecto.
Gremialistas anuncian huelga para el martes
El sector gremialista decretó un paro nacional de 24 horas para el martes 13 de noviembre, en rechazo al proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes que fue remitida al Tribunal Constitucional por el Gobierno. El mismo día, los choferes cruceños cumplirán una huelga.
Los gremialistas, en un ampliado nacional realizado en la ciudad de Santa Cruz, ratificaron el rechazo al citado proyecto y sellaron un acuerdo con los choferes para ir al paro general. Pese a la intensa lluvia caída ayer en la capital oriental, la familia gremial participó del ampliado nacional que se desarrolló en el mercado La Ramada.
El dirigente de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia Magno Mamani informó a este diario que a partir de la próxima semana se radicalizarán las medidas de presión en rechazo de la normativa.
El secretario Ejecutivo de Micros y Colectivos Santa Cruz, Mario Guerrero, confirmó la huelga. “No se moverá ninguna herramienta de trabajo durante esa jornada”, advirtió. Mamani desacreditó el análisis que pueda realizar el Tribunal Constitucional porque, dijo, “la justicia está encuadrada al Gobierno y que el fallo que emita no les preocupa”. “Vamos a continuar con nuestras medidas de presión”, agregó el dirigente.