Nacional

martes 25 ene 2022 | Actualizado a 00:49

Comisión de Ética aprueba la pérdida de mandato de Diputada con sentencia ejecutoriada

La Cámara Baja aplazó el tratamiento del caso por la presentación de dos memoriales por la afectada, la asambleísta suplente por Potosí Elizabeth Soto Mamani.

/ 8 de noviembre de 2012 / 14:45

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados aprobó un informe que avala la pérdida de mandato de la diputada suplente por Alianza Social (AS) de Potosí, Elizabeth Soto Mamani, porque tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada. El plenario suspendió el tratamiento del informe, porque la afectada presentó dos memoriales para evitar su alejamiento del Legislativo.

El presidente de la Comisión de Ética, el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) Evaristo Peñaloza afirmó que esa instancia aprobó la pérdida de mandato en aplicación del artículo 157 de la Constitución Política del Estado (CPE) que señala –recordó– que un asambleísta nacional pierde el cargo por fallecimiento, revocatoria de mandato (a través de un referéndum), sentencia condenatoria ejecutoriada en causas penales o abandono injustificado de sus funciones.

El asambleísta explicó que Soto fue demandada penalmente ante la justicia por los delitos de apropiación indebida, abuso de confianza y estafa. “No quisiera comentar nada al respecto”, respondió Soto a La Razón Digital.

Según Peñaloza, la justicia liberó a Soto de los casos de apropiación indebida y estafa pero falló en contra de la asambleísta al encontrar pruebas de haber incurrido en el delito de abuso de confianza que, según el artículo 346 del Código Penal fija una pena de reclusión de tres meses a dos años.

“Se la sentenció con una pena de tres mes de reclusión; ella se acogió al perdón judicial y no estuvo recluida. Ella ha hecho las apelaciones en primera sentencia, posteriormente se presentó el recurso de casación a Sucre, pero el Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia” explicó Peñaloza.

El tratamiento del informe sobre la pérdida de mandato de Soto estaba programado para las 15.30 de hoy, pero fue diferida para el análisis jurídico de las resoluciones presentadas por la diputada suplente de AS, evaluación que estará a cargo de la Presidencia de Diputados.

Peñaloza insistió en que una de las causas para la pérdida de mandato de un asambleísta nacional es tener una sentencia ejecutoriada. “El artículo 28 del Reglamento de la Cámara de Diputados también establece que la pérdida de mandato es por tener sentencia ejecutoriada”.

Este es el segundo caso de pérdida de mandato que es elevado al pleno de la Cámara de Diputados. El primero fue evaluado en noviembre de 2011 contra el diputado de Convergencia Naciona (CN), Andrés Gallardo,  quien, sin embargo fue absuelto tras presentar justificativos de ausencias a sesiones plenarias.

En septiembre, la Comisión de Ética presentó un informe al pleno de Diputados donde requirió la suspensión de la diputada de Convergencia Nacional (CN), Adriana Gil, por supuesta discriminación contra el presidente Evo Morales. La Cámara Baja no logró reunir los dos tercios de votos requeridos para avalar el informe.

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Envían a la cárcel a Dávila, la Fiscalía identifica a ocho personas de su círculo cercano y los citará

El exjefe de la FELCN Maximiliano Dávila fue enviado a la cárcel por el delito de legitimación de ganancias ilícitas. La Fiscalía estableció que viajó a Colombia y Brasil

El exdirector de la FELCN, Maximiliano Dávila.

/ 24 de enero de 2022 / 23:45

La Fiscalía tiene identificadas a ocho personas que serán citadas a declarar como testigos y sindicados en el marco de la investigación contra el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila, quien este lunes fue enviado a la cárcel acusado de legitimación de ganancias ilícitas.

Se trata de Karen Carlota G.D., Galia D.P., Fernando D.P., Marcos P.S., Alfredo A.Fl., Rocio L., Bernardo D.G. y Mónica G.D., según la imputación presenta por la fiscal Lupe Zabala en contra de Dávila y a la que tuvo acceso La Razón. Esta acción fiscal de “declaraciones en calidad de testigos y sindicados” es parte de los “actos pendientes” a realizar.

El coronel Dávila fue enviado este lunes a la cárcel de San Pedro por seis meses. Se lo acusa por legitimación de ganancias ilícitas, sin embargo el Gobierno espera un informe de la estadounidense DEA sobre una investigación que vincula al exjefe policial con el narcotráfico y una organización delictiva desarticulada en Colombia, donde se detuvo a un expolicía boliviano, Omar Rojas Echeverría.

Fue detenido la noche del sábado cuando intentó cruzar hacia Argentina desde Villazón, Potosí, adonde llegó desde Cochabamba a través de vías alternas. Ya era seguido por policías y, una vez capturado, fue trasladado a La Paz, donde radica el caso. Se lo presentó a la prensa el domingo enmanillado y resguardado por uniformados armados.

En la imputación también se reveló que Dávila hizo viajes a Colombia y Brasil, además de movimiento bancario de más de $us 42.000 que no supo explicar su origen de forma sólida. También se reportó Bs 1.000.000 como patrimonio.

El nombre de Dávila figura en el trámite de extradición que gestiona Estados Unidos en Colombia del expolicía boliviano Rojas.

Dávila es el tercer jefe antidroga que cae, luego de los generales René Zanabria y Óscar Nina. Zanabria cumplió una condena en Estado Unidos, luego de ser detenido en Panamá acusado de traficar droga al país del norte, y fue expulsado a Bolivia, donde guarda detención preventiva.

Nina también fue acusado de legitimación de ganancias ilícitas.

Entre otras acciones fiscales pendientes está la triangulación de llamadas entre Dávila y testigos.

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Tras 14 días, Cox vuelve a la función pública como Director Jurídico del Ministerio de Culturas

El 10 de enero fue destituido del Viceministerio de Régimen Interior por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en medio de cuestionamientos por la contratación de un abogado, Óscar Villarroel, acusado de tener relación con Arturo Murillo

Nelson Cox

/ 24 de enero de 2022 / 21:55

Nelson Cox fue destituido el 10 de enero del Viceministerio de Régimen Interior y 14 días después volvió a la función pública, esta vez como Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización.

“Desde hoy he empezado en Culturas como Director de Asuntos Jurídicos (…) La hermana (la ministra) Sabina Orellana gentilmente me ha invitado a trabajar con ella como su Director Jurídico”, explicó Cox a La Razón.

El 10 de enero fue destituido del Viceministerio de Régimen Interior por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en medio de cuestionamientos por la contratación de un abogado, Óscar Villarroel, acusado de tener relación con el exministro de Gobierno Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos por pago de sobornos y lavado de dinero.

Cox aseguró en ese entonces que no renunció e insistió en que fue destituido.

Fue exdelegado defensorial en Cochabamba, exviceministro de Justicia y candidato a la alcaldía de Cochabamba por el MAS.

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Ministro de Justicia acusa a CC y Creemos de obstaculizar juicio de responsabilidades contra Áñez

Dice que hay un “manto de impunidad” de ambas organizaciones políticas para blindar a la expresidenta y que no se investigue las masacres de Sacaba y Senkata, donde unas 20 personas perdieron la vida.

El ministro de Justicia, Iván Lima

/ 24 de enero de 2022 / 21:09

El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, afirmó este lunes que hay un “manto de impunidad” de las bancadas de Comunidad Ciudadana y Creemos en la Asamblea Legislativa para obstaculizar el inicio de un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez por las masacres de Sacaba y Senkata, acaecidos en noviembre de 2019.

“Tanto Carlos Mesa como Luis Fernando Camacho, a través de sus bancadas, están blindando (a Jeanine Áñez), están otorgando un manto de impunidad a ella y no permiten que los casos vayan a un juicio de responsabilidades”, dijo Lima en una entrevista con La Razón Radio.

Dentro del caso denominado como Golpe de Estado II, Lima aclaró que no corresponde un juicio de responsabilidades contra Áñez porque no era presidenta constitucional, “ni de facto, ni de ningún otro tipo” y recordó que sólo ocupaba la segunda vicepresidencia de la Cámara Alta.

“Lo que se juzga es toda la parte previa a la decisión que asume (de presidir el país) y esto no necesita de un juicio de responsabilidades; es un juicio ordinario, porque ninguno de los actores que están siendo imputados en ese momento tenía la protección o el privilegio constitucional de ser juzgado por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que se habilita la vía ordinaria para su juzgamiento”, explicó.

El sábado, Lima aseguró que la sanción que podría recibir la exmandataria y las otras ocho personas, entre jefes policiales y militares durante el gobierno transitorio, puede ser de hasta 12 años de privación de libertad. Ese Juicio comenzará el 10 de febrero y la primera persona en declarar será, justamente, la expresidenta.

En noviembre de 2019, después de que Evo Morales renunciara a la presidencia asediado por protestas cívicas de 21 días alentadas por denuncias de fraude electoral (luego puestas en duda), un motín policial y la “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimita, la entonces senadora Jeannine Áñez se declaró, primero, titular de la Cámara de Senadores y dos días después, presidenta del Estado.

Ante movilizaciones de grupos que respaldaban al dimisionario Morales, Áñez emitió el Decreto Supremo 4078, que eximía de culpa a policías y militares de posibles excesos por el uso de la fuerza. El 15 de noviembre se produjo la masacre de Sacaba (Cochabamba) con 10 decesos, y cuatro días después, la masacre de Senkata (El Alto), con otras 10 muertes por impactos de bala.

Actualmente Áñez cumple detención preventiva desde marzo del año pasado en la cárcel de Miraflores.

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La Fiscalía de Tarija imputa a Montes y Torres por el paro de noviembre

La denuncia fue formalizada por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija Aldo Velásquez Gareca, el 11 de noviembre

Oscar Montes y Johnny Torres. Foto: RRSS

/ 24 de enero de 2022 / 20:40

El Ministerio Público de Tarija formalizó una imputación penal en contra del gobernador de Tarija, Oscar Montes, del alcalde Johnny Torres y del cívico Adrián Ávila por el presunto delito de instigación pública a delinquir debido a la convocatoria al paro cívico de noviembre en rechazo a las leyes 1386 y 342 de lucha contra las ganancias ilícitas.

“Se presume que los ahora imputados tenían la intención de dividir la unidad del Estado y colaborando a la incitación a la violencia, a que la población se enfrente porque se dijo públicamente por parte de las autoridades en ejercicio de sus cargos”, se lee en la imputación emitida por la fiscal de materia anticorrupción, Adriana Flores, según informó el diario El País de Tarija.

También figuran el ejecutivo del autotransporte, Gabriel Pérez.

La denuncia fue formalizada por el ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Aldo Velásquez Gareca, el 11 de noviembre, tres días después de iniciada la medida de presión contra el gobierno nacional.

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Justicia envía al exjefe de la FELCN Maximiliano Dávila a la cárcel de San Pedro por seis meses

El exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila fue detenido en Villazón, cuando pretendía fugar hacia Argentina

Presentación del exdirector de la FELCN a la prensa en La Paz, la noche del domingo.

/ 24 de enero de 2022 / 18:45

El exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila fue enviado este lunes a la cárcel de San Pedro con detención preventiva por seis meses, por la denuncia de legitimación de ganancias ilícitas.

Fue aprehendido la noche del sábado en Villazón, Potosí, cuando pretendía pasar a Argentina, en un intento de fuga. Se lo trasladó por vía terrestre a La Paz y desde el domingo permaneció en celdas policiales, luego de haber sido presentado a los medios enmanillado.
Como solicitó la Fiscalía, Dávila fue enviado a la cárcel con detención preventiva por seis meses.

Se conoció que la Administración de Control de Drogas (DEA por su sigla en inglés) lo investigaba por delitos vinculados al narcotráfico y como parte de una red delictiva que envió droga a Estados Unidos.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó el domingo que se requirió información a la Embajada de Estados Unidos en Bolivia sobre la investigación al exjefe de la fuerza encargada de la lucha contra el narcotráfico.

“Hemos solicitado a la embajada de los Estados Unidos, a través de la cancillería, mayor información sobre el caso denunciado por la DEA, lo que nos permitirá contrastar datos e información con la investigación que está realizando actualmente”, sostuvo.

También fueron realizados cuatro allanamientos en inmuebles relacionados con Dávila en Santa Cruz y Cochabamba.

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