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viernes 22 oct 2021 | Actualizado a 18:28

Hay al menos 105 conflictos que ‘esperan’ a la nueva Ley de Límites

El proyecto de Ley de Delimitación de Unidades Territoriales está en su etapa de socialización en el Senado; se prevé que hasta diciembre sea promulgado para dar soluciones de forma paulatina

/ 11 de noviembre de 2012 / 06:32

Hasta la fecha, se acumularon al menos 105 conflictos de límites entre municipios y departamentos, que esperan ser resueltos con la futura Ley de Delimitación de Unidades Territoriales, la cual, si todo va bien, deberá ser promulgada en diciembre.   

El director general de Límites del Ministerio de Autonomías, Camilo Carvajal, explicó que la socialización de los procedimientos de resolución de conflictos, contemplados en la propuesta normativa, ya permitió apaciguar el problema en varias regiones.

En distintos municipios, con base en la propuesta de ley, ya se está trabajando en consensos previos, se espera la norma para “homologar” los acuerdos hasta ahora alcanzados.
El funcionario afirmó que fue “una labor compleja”, sobre todo en el caso de Coroma-Quillacas (región limítrofe entre Potosí y Oruro), donde el conflicto tiene una historia de más de 400 años.

De los 105 problemas por límites registrados en el Ministerio de Autonomías, 75 ocurren entre municipios, 16 entre departamentos y 14 son casos especiales.

Informe. “En total, tenemos 105 conflictos que están en proceso y están paralizados, según dispone la Ley Marco de Autonomías; en el caso de los municipios a nivel nacional, el 93% no cuenta con un límite saneado”, explicó el funcionario a La Razón.

Carvajal indicó que en el pasado se aprobaba leyes de creación de municipios sin haber hecho antes un trabajo de campo; por ejemplo, muchas veces, se excluía a las comunidades que deberían estar dentro un territorio.

“Ahora será distinto, se va a hacer el trabajo de campo respectivo; es decir, se levantará coordenadas, georeferenciaciones y toda la labor técnica pertinente en coordinación con las instancias adecuadas para que al final se apruebe una ley”, agregó.

Según el proyecto de Ley de Delimitación, cuyo tratamiento se realiza en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, la resolución de los conflictos por límites municipales y departamentales se basará en la conciliación entre las partes.

Sin embargo, si esa instancia fracasa, se recurrirá a distintos mecanismos según cada unidad territorial.

En el caso de los municipios, las Direcciones de Límites de las Gobernaciones promoverán la conciliación; de no llegar a un acuerdo, se recurrirá a un referendo, donde las comunidades involucradas votarán para decidir a qué municipio quieren pertenecer.

Carvajal aclaró que en la consulta no participará todo el municipio sino únicamente las localidades inmersas en el conflicto; además dijo que al tratarse de un tema técnico-administrativo, deberán participar también reparticiones como los institutos Geográfico Militar, Nacional de Reforma Agraria y el Nacional de Estadística.

En conflictos entre departamentos, el Ministerio de Autonomías podrá conciliar; si no se llega a un acuerdo, a iniciativa de una de las partes, el caso será visto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Deberá ser el gobernador quien se apersone al Órgano Judicial, el cual convocará a las partes para iniciar el proceso. Se presentarán pruebas y el TSJ emitirá su fallo.

Actores de resolución

Institutos

La ministra Claudia Peña aclaró que siendo un problema técnico-administrativo en los problemas por límites, también participarán en su solución los institutos  Geográfico Militar, Nacional de Reforma Agraria y el Nacional de Estadística.

Perfilan ley  para crear unidades territoriales

Luis Mealla

La ministra de Autonomías, Claudia Peña, anunció la elaboración de una nueva norma para crear y modificar unidades territoriales, que será complementaria a la ley que delimitará los espacios geográficos de los municipios y departamentos.

“Estamos trabajando un anteproyecto de ley, no lo hemos terminado todavía; esperemos que hasta fin de año podamos enviarlo a la Asamblea Legislativa. El tema de creación de unidades territoriales no sólo tiene que ver con municipios, sino también con las autonomías indígenas”, dijo.

La autoridad agregó que este proyecto deberá ser trabajado en coordinación con todas las organizaciones que estarán involucradas en el tema municipal y en las autonomías indígenas.

El año pasado, el Órgano Ejecutivo propuso la Ley de Unidades Territoriales, que incluía la delimitación y la creación de entidades territoriales; sin embargo, debido a la urgencia de resolver los conflictos limítrofes, el Órgano Legislativo dividió en dos el proyecto de ley, dando prioridad a trabajar en una norma de delimitación.

“Entonces, quedó pendiente la creación y modificación de unidades territoriales, que será trabajada en otra ley”, señaló el director de Límites, Camilo Carvajal.

La socialización del texto reveló cuatro grandes cuellos de botella

El principal nudo a desatar es el alcance y límites del referendo.

El senador opositor Germán Antelo, de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, informó que durante el proceso de socialización se pudo registrar al menos cuatro posibles problemas que se pueden presentar tras la aprobación de la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales.

Las observaciones sobre todo se refieren al proceso de resolución que se prevé aplicar en los municipios donde hay conflictos limítrofes, en los que se realizará un referendo.

Los cuatro problemas son: el padrón electoral; la limitación legal de que en un año se debe hacer un solo referendo; los recursos económicos; y, la propaganda. Son aspectos que en lo inmediato deberán ser resueltos por la Asamblea Legislativa, a fin de evitar trabas en la aplicación de la nueva norma. 

Votantes. “La primera observación es el padrón a ser usado en el área urbana; además que por iniciativa legislativa sólo se puede hacer un referendo por año, según la Constitución. Otra duda planteada es si los recursos para este proceso ya estarían garantizados y, por último, si habrá propaganda para incentivar el voto del ciudadano por una u otra alternativa”, explicó.

El legislador aclaró que hechas las observaciones, también se plantearon posibles soluciones a algunos temas en cuestión.

Por ejemplo, en el caso de la limitación legal de hacer un referendo al año, se propuso identificar los procesos con leyes específicas para diferenciarlos de los establecidos por la norma.

“Se sugirió, además, que en las áreas de conflicto, antes de llegar  a un referendo, se debe establecer un padrón  previo del área en conflicto para emparejar la cantidad de gente que participará en el proceso y así conseguir un resultado equilibrado”, agregó.

Antelo además manifestó que, en cuanto a los recursos y la propaganda, aún no se ha discutido ninguna posible solución.

De acuerdo con informes del Ministerio de Autonomías, por año se presentan unos 70 casos de problemas de límites entre municipios o departamentos. Los sectores involucrados tendrán la potestad de recusar a las autoridades encargadas de resolver sus problemas territoriales.

Norma será acordada hasta noviembre

 Luis Mealla

Según Camilo Carvajal, director general de Límites, el proyecto de ley será socializado hasta el 20 de noviembre; explicó que hasta esa fecha también se recibirán las observaciones de las instituciones que participaron del proceso, para luego enviar un informe al pleno del Senado.

“Hemos socializado el proyecto con la Comisión de Tierra y Territorio del Senado, las nueve gobernaciones, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) y el Órgano Electoral; el único que nos falta es el Órgano Judicial”, precisó.

Procedimiento. En tanto, la senadora Mirtha da Costa, presidenta de esa comisión legislativa, indicó que hasta el 25 de noviembre esa instancia deberá elaborar un informe final sobre la socialización y las observaciones. Dicha acta será elevada, de inmediato, a la presidencia de la Cámara Alta.

“Esa autoridad deberá ser  quien programe el debate en el pleno del Senado; tras ser aprobado el proyecto de ley, pasará para su revisión a la Cámara de Diputados y, si se aprueba en esa instancia, se enviará al Órgano Ejecutivo para su correspondiente promulgación”, indicó la legisladora.

Una vez que entre en vigencia la nueva Ley de Delimitación de Unidades Territoriales, hay un plazo de 60 días para trabajar una reglamentación; posterior a esa etapa, se tienen 180 días para reanudar el trabajo de delimitación, luego de una pausa administrativa, tal como establece la Ley Marco de Autonomías.

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El MAS llama a disidentes para unirse, éstos lo desahucian

Tras analizar la primera encuesta de intención de voto que le da a ese frente el 31,6%, el senador Efraín Chambi (MAS) informó que la organización política se abrió a un “reencuentro” con la gente que se alejó, para consolidar el aparato político.

Evo Morales junto con Román Loayza. Foto: AFP

/ 3 de marzo de 2020 / 10:18

El Movimiento Al Socialismo (MAS) convocó a líderes indígenas, disidentes, ideólogos y exautoridades de ese partido para unir fuerzas y garantizar su victoria en las elecciones del domingo 3 de mayo; los “invitados” expresaron su rechazo.

Tras analizar la primera encuesta de intención de voto de Ciesmori, que le da a ese frente el 31,6%, el senador Efraín Chambi (MAS) informó ayer que la organización política se abrió a un “reencuentro” con la gente que se alejó, para consolidar el aparato político.

“Hay varias personas a quienes estamos convocando: el gobernador de La Paz, Félix Patzi; líderes indígenas como Felipe Quispe, cuadros como Damián Condori, Édgar Sánchez; o fundadores como Román Loayza y Rebeca Delgado, entre otros”, remarcó.

El asambleísta explicó que “se necesita de ellos”, pues con la unidad se garantizará que el MAS gane en primera vuelta. “Según la reciente encuesta, habrá segunda vuelta y todos nuestros opositores juntos nos ganan de lejos, con más del 53%”, admitió Chambi.

De acuerdo con ese estudio de intención de voto, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), obtendría el 17,1%; la presidenta Jeanine Áñez, de Juntos, el 16,5%; Luis Fernando Camacho, de Creemos, el 9,6%; y el resto de los cuatro postulantes se ubicaría entre el  5,4% y el 0,5% de preferencia.

Ante este escenario, el MAS intenta superar el 50% de votación, como lo hizo en pasadas elecciones, y para ello busca el respaldo de sus entonces aliados. Sin embargo, los convocados desahuciaron la idea de retornar y/o respaldar al partido de Evo Morales.

“Yo soy fundador, hacía todo el trabajo político. Ahora el MAS es un partido tradicional, por tanto, voy a apoyar a cualquiera, menos a los masistas; no voy asistir”, afirmó Loayza, quien fue diputado y exconstituyente por este frente, pero en 2009 decidió alejarse después de diferencias con Morales.   

Posiciones

Delgado evitó dar declaraciones, lo hará hoy. En 2014, aún como diputada del MAS, fue calificada como disidente tras autodenominarse “librepensante”.

Mientras que Patzi, líder del Movimiento Tercer Sistema (MTS), descartó un acercamiento, ya que ahora tiene su propio proyecto político. “Mi partido decidió no apoyar al MAS (…). Están acostumbrados a hacer eso en cada elección, no es novedad,  tampoco nadie acude”.

Patzi fue ministro de Educación en 2006, en el primer gobierno de Morales. En 2009 se postuló a la Gobernación, pero fue descartado tras protagonizar un accidente de tránsito en estado de ebriedad. Fue sancionado por el MAS y luego se declaró disidente.

En tanto, el líder campesino Felipe Quispe, El Mallku, sostuvo que él “nunca fue del MAS”. “He nacido en el Movimiento Túpac Katari, soy indianista y por mi esencia no acepto estar ahí (en ese partido); me voy a mantener independiente, por eso no voy a asistir a esa convocatoria”. (03/03/2020)

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PAT: piden aprehender a Iturri y a dos ejecutivos

La investigación se activó tras la denuncia que hizo la senadora Eva Gonzales respecto a que el presidente del directorio de ATB, Marcelo Hurtado, junto a Iturri presionaron al dueño de PAT.

Jaime Iturri, exaccionista de la red ATB. Foto: Archivo-La Razón

/ 31 de enero de 2020 / 10:38

La Fiscalía dictó la orden de aprehensión en contra de Jaime Iturri, exaccionista de la red televisiva ATB, además de los ejecutivos José Luis Valencia y Óscar Lijerón, en el caso PAT.

Los tres son investigados por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, asociación delictuosa, organización criminal, entre otros, en el marco de la pesquisa que se hace por la presunta venta irregular de la red televisiva PAT.

“Estamos con el trabajo coordinado con las unidades especializadas de la institución, así como los organismos y la coordinación con Migración e Interpol, para poder dar con el paradero y ejecutar estas órdenes de aprehensión”, informó el coronel Iván Rojas, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

La investigación se activó tras la denuncia que hizo la senadora Eva Gonzales (UD) respecto a que el presidente del directorio de ATB, Marcelo Hurtado, junto a Iturri presionaron a Abdallah Daher, dueño de PAT, para que venda sus acciones. Acusó a esas y otras personas de “tomar por asalto” medios de comunicación, a través del chantaje económico.

Por ese motivo, la Policía recibió las órdenes de captura. Se conoce que Iturri está en Argentina, mientras que los dos ejecutivos están aún en el país. En una anterior entrevista, desde Buenos Aires, Iturri negó las acusaciones y pidió que Daher presente pruebas. 

(31/01/2020)

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Con posturas opuestas, el MAS define su binomio este domingo en Argentina

La reunión, en la capital argentina, Buenos Aires, se registra en momentos en los que en el MAS surgieron opiniones divididas respecto al binomio. El Pacto de Unidad demanda respeto a la dupla David Choquehuanca-Andrónico Rodríguez.

Morales recibió el sábado a representantes indígenas, interculturales y delegados del MAS. Foto: Twitter

/ 19 de enero de 2020 / 11:22

Durante un encuentro en Argentina, este domingo, el Movimiento Al Socialismo (MAS) definirá su binomio presidencial para las elecciones generales del 3 de mayo, en medio de posiciones encontradas al interior del partido.

El encuentro se realizará entre el expresidente y jefe de campaña de ese partido, Evo Morales, representantes del Pacto de Unidad y tres precandidatos: el exministro de Economía Luis Arce Catacora y los excancilleres David Choquehuanca y Diego Pary, con quienes se firmó un documento en el que se insta a la unidad, para tomar la “última decisión”.

La reunión, en la capital argentina, Buenos Aires, se registra en momentos en los que en el MAS surgieron opiniones divididas respecto al binomio; mientras unos demandan respeto a la dupla Choquehuanca-Andrónico Rodríguez (definido hace poco por el Pacto de Unidad), otros apelan por el consenso con otros sectores sociales, pues hay otros nombres que pueden surgir para ajustar la candidatura oficial.

“Vamos a respetar las decisiones que se tomen al más alto nivel del instrumento político, junto a los movimientos sociales; con ellos se va a tomar una decisión (sobre) quiénes nos van a representar en las elecciones el 3 de mayo”, afirmó ayer Choquehuanca durante una entrevista concedida a la emisora radial CEPRA.

En esa línea, Eva Copa, presidenta del Senado, declaró a La Razón que “siempre ha sido complicado poder llegar a un consenso” y que, si bien el Pacto de Unidad apostó por Choquehuanca y Rodríguez, serán las bases las que definirán al binomio.

Encuentre más información en la edición impresa de este domingo.

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Salvador Romero: ‘El país debe debatir si se unen comicios generales con subnacionales’

Afirma que los nuevos vocales deberán contar con experiencia y talento profesional. Detectó al menos tres problemas en las elecciones. Ve prioritario devolverle la institucionalidad al TSE.

El presidente del TSE, Salvador Romero. Foto: Álvaro Valero

/ 27 de noviembre de 2019 / 12:15

Salvador Romero Ballivián, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) designado por la presidenta transitoria Jeanine Áñez, afirmó que se debe abrir un debate nacional para que el país defina la conveniencia o no de unir en una sola las elecciones generales con los comicios subnacionales.

Según la ley de convocatoria para nuevas elecciones nacionales, el TSE tendrá 120 días para llevar a cabo el proceso. Por tanto —según algunos expertos— los comicios se realizarían entre abril o mayo y la posesión presidencial en junio. Esos plazos se cruzarían con la otra elección.

Los vocales del anterior TSE tenían previsto ejecutar las subnacionales en abril y posesionar, hasta el 30 de mayo, a las nuevas autoridades regionales. Al respecto, Romero insistió que más allá de una decisión de la sala plena, se apelará al consenso nacional.

—Tras conocer su nombramiento, ¿cuál fue el primer objetivo que se trazó?

—Nuestro reto principal es asegurar que la elección de 2020 se realice de manera impecable, es decir, respetando escrupulosamente la voluntad popular, la votación de la ciudadanía; este es el desafío, pero no es solamente del organismo electoral, es un reto colectivo del país, por lo tanto, involucra al conjunto de las instituciones, las fuerzas vivas, los medios, de los partidos políticos y de la ciudadanía en general.

—¿Cómo recuperará la institucionalidad del TSE luego de que el Gobierno trastocó la entidad?

—Es fundamental que el organismo electoral recupere su independencia frente a los poderes del Estado, su imparcialidad frente a los actores políticos, su autonomía y sobre estos pilares la ciudadanía volverá a confiar en el organismo.

—¿Cómo recobrar la confianza en esta institución?

—Es un reto significativo y dentro de estas tareas para recuperar la confianza está la designación de personas con un perfil idóneo e imparcial en el organismo electoral nacional y en los tribunales electorales departamentales.

—¿Qué perfil deberán tener los nuevos vocales electorales?

—Se puede pensar en un esquema donde algunos de los vocales, nacionales o departamentales, tengan una sólida experiencia en asuntos electorales y otros vocales que respondan a un criterio de imparcialidad, de trayectoria profesional destacada, aunque no necesariamente tengan un conocimiento específico y especializado en asuntos electorales (…). Se puede pensar en una combinación de esos talentos.

—¿Qué problemas identificó en los comicios de octubre?

—Se han identificado puntos críticos, por ejemplo, en el área informática; aspectos problemáticos en la cadena de custodia del material electoral; además del problema central, que fue identificado por estos distintos sectores, que fueron siguiendo el proceso electoral, que fue la falta de imparcialidad política.

—Hay 120 días para realizar las nuevas elecciones generales, por tanto, hasta el 22 de enero no habrá comicios…

—No van a haber elecciones en enero, el plazo de los 120 días es, en sí mismo, muy ajustado y pensar en elecciones que no se den en este lapso implicaría elevar de manera considerable los riesgos, por tanto, este plazo va a ser usado por el organismo electoral, porque es el plazo que le da la ley.

—Dado que el tiempo es ‘corto’ y estaban en puertas las subnacionales, ¿es posible unir con las elecciones generales?

—Ese es uno de los temas sobre el cual el organismo electoral tiene que tomar una decisión, pero no solo el organismo, creo que es importante una reflexión conjunta de la institucionalidad, de los partidos políticos, para ver la conveniencia de la elección local con la elección general. Es uno de los temas que merece un debate amplio en el país.

—Personalmente, ¿ve factible fusionar ambos procesos?

—Esto requiere una valoración de la sala plena, pero excede la reflexión el análisis del organismo electoral y creo que es importante una reflexión nacional sobre la conveniencia o no de la simultaneidad de la elección presidencial con la elección subnacional. Es decir, creo que es más bien un debate que debe tener el país sobre la conveniencia o no de que la elección nacional y la subnacional sean en simultáneo o sea en una fecha distinta.

—Abrir un debate…

—Con el conjunto de la sociedad, creo que es un momento donde los actores están demostrando voluntad de acuerdo, voluntad de consenso y este es uno de los temas que, sin lugar a dudas, requiere un análisis amplio.

—¿Cómo habrá que hacer la depuración o saneamiento del padrón electoral?

—El saneamiento del padrón está fijado como una obligación y va a ser una tarea que va a cumplir el organismo electoral, con un trabajo de los técnicos y de las capacidades nacionales, pero también con una importante cooperación y colaboración internacional, que ya ha quedado comprometida por varios organismos internacionales, que han señalado su interés de colaborar con el organismo y el proceso electoral.

—La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE)…

—Ellos han señalado esta predisposición y será uno de los elementos que, por supuesto, quedan por concretar en los detalles, pero ahí este anuncio inicial que por supuesto es importante.

—¿Qué tipo de cooperación específicamente dará cada organización internacional?

—Creo que no conviene entrar en un análisis tan detallado por el momento porque hay que primero reunirse con estos actores, para ver cuáles pueden ser las posibilidades de cooperación.

Perfil

Nombre: Salvador Romero Ballivián.

Profesión: Politólogo.

Cargo: Vocal del TSE

Trayectoria

Nació en La Paz en 1971, es politólogo, investigador y escritor boliviano. Es hijo del fallecido intelectual Salvador Romero Pittari. En 1995 fue designado por el extinto Congreso Nacional como vocal de la Corte Departamental Electoral de La Paz. En 2004, el entonces presidente Carlos Mesa lo nombró vocal de la Corte Nacional Electoral (CNE), donde ejerció la presidencia y vicepresidencia hasta 2008. Esta semana, la presidenta Jeanine Áñez lo designó como nuevo vocal del TSE.

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Hay 5 opciones para las nuevas elecciones

La senadora opositora Jeanine Áñez (UD), quien por prelación constitucional, es posible que asuma como primera autoridad  del Senado y, por ende, la presidencia del país, sostuvo que todas las alternativas serán analizadas, pero evitó adelantar cuáles serían los pasos para convocar a nuevas elecciones.

Órgano. La Asamblea Legislativa Plurinacional será el principal escenario para resolver la elección. Foto: Miguel Carrasco

/ 11 de noviembre de 2019 / 09:08

Actores políticos, cívicos y expertos barajan al menos 5 posibilidades para gestionar las realización de nuevas elecciones generales, luego de que se anuló el proceso del 20 de octubre. Analistas afirman que lo ideal es apegarse a lo que dispone la Constitución Política, sobre la convocatoria.

El especialista en derecho constitucional, Franklin Pareja, afirmó que una de las primeras alternativas que franquea la Carta Magna, en su artículo 170, dispone que en caso de ausencia del Presidente, Vicepresidente y las principales autoridades del Senado y Diputados —como es el actual escenario— “se convocarán a nuevas elecciones en el plazo máximo de noventa días”.

“La renuncia del presidente Morales no quiere decir que hay que romper el hilo constitucional;   ahora corresponde elegir a los vocales del Órgano Electoral, un nuevo calendario, pero todo esto debe ser en el marco de un gran consenso político-institucional, con partidos, cívicos y todos los actores”, afirmó el experto. 

En su criterio, el Legislativo deberá, primero aceptar la renuncia de Morales y, por prelación, elegir a la nueva autoridad transitoria,  anular las elecciones, emitir “leyes cortas” para designar a nuevos vocales y aprobar la convocatoria y el respectivo calendario electoral.

En esa línea, el candidato por Comunidad Ciudadana (CC),  Carlos Mesa, convocó a respetar el orden institucional, por lo que pidió al Legislativo convocar a un gran “un gran acuerdo nacional” para conformar la nueva entidad electoral, para ejecutar los comicios a la brevedad posible, con el fin de posesionar a las nuevas autoridades el 22 de enero de 2020.

Incluso, Mesa sostuvo que ni  Morales ni Álvaro García Linera “no podrán ser candidatos”.

Para el abogado Marcelo Silva,  el 22 de enero es un plazo fatal, pues luego de esa fecha, los actuales legisladores acabarán su mandato y carecerán de facultades para aprobar leyes, elegir autoridades electorales y validar los resultados finales de los comicios.

Para el expresidente Jorge Tuto Quiroga, la prioridad es ahora nombrar a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y sugirió que esos cargos estén ocupados por “notables”, como ocurrió en 1991, cuando se registró una crisis similar. Para ese cometido, incluso, propuso algunos nombres (ver infografía).

Por su parte, el presidente del  Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue más allá y propuso, incluso, prescindir de la Asamblea Legislativa y convocar a una “junta de gobierno transitorio” conformada por personalidades del ámbito político, social y cívico, además de “notables” para que se hagan cargo del Órgano Electoral, que convocará a nuevas elecciones generales en un plazo “no mayor a 60 días”.

Una última alternativa fue planteada ayer por el alcalde de La Paz. Luis Revilla, aliado de Mesa, quien sostuvo que “si hay voluntad política”, el Legislativo puede recomponer el TSE “en el curso de 48 horas”, a través de una ley corta o de excepción.

Sobre la base de estas opciones, el Legislativo ahora deberá evaluar la mejor salida para convocar a elecciones,  no obstante, los asambleístas primeros deberán instalar la respectiva sesión.

La senadora opositora Jeanine Áñez (UD), quien por prelación constitucional, es posible que asuma como primera autoridad  del Senado y, por ende, la presidencia del país, sostuvo que todas las alternativas serán analizadas, pero evitó adelantar cuáles serían los pasos para convocar a nuevas elecciones.

“Primero hay que resolver el tema de la sucesión constitucional, y si yo asumo esto será transitorio, pues la prioridad será elegir a los nuevos vocales”.

La legisladora informó ayer que se encontraba en su región y que esta jornada prevé retornar a la sede de gobierno para reasumir sus funciones en el Legislativo.

Por su parte, Óscar Ortiz, senador de oposición y candidato por  Bolivia Dice No (21F) sostuvo que   se presentó una “situación compleja por el vacío de poderes” por lo que ahora corresponde buscar un camino “institucional y democrático” para ingresar a una transición en plazos cortos.

“De esa forma, debemos ir a nuevas elecciones, con nuevos vocales, que tengan toda la credibilidad necesaria para lograr reestablecer la normalidad  democrática y plena, además que se recupere la paz social. Estaremos en La Paz, con otros parlamentarios para concertar lo que debe ser una salida institucional a esta situación compleja que vive el país, con los distintos actores que han sido fundamentales de este triunfo democrático y también se deberá consultar con los expertos que tengamos en materia constitucional”, afirmó el legislador.

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