Hay al menos 105 conflictos que ‘esperan’ a la nueva Ley de Límites
El proyecto de Ley de Delimitación de Unidades Territoriales está en su etapa de socialización en el Senado; se prevé que hasta diciembre sea promulgado para dar soluciones de forma paulatina
Hasta la fecha, se acumularon al menos 105 conflictos de límites entre municipios y departamentos, que esperan ser resueltos con la futura Ley de Delimitación de Unidades Territoriales, la cual, si todo va bien, deberá ser promulgada en diciembre.
El director general de Límites del Ministerio de Autonomías, Camilo Carvajal, explicó que la socialización de los procedimientos de resolución de conflictos, contemplados en la propuesta normativa, ya permitió apaciguar el problema en varias regiones.
En distintos municipios, con base en la propuesta de ley, ya se está trabajando en consensos previos, se espera la norma para “homologar” los acuerdos hasta ahora alcanzados.
El funcionario afirmó que fue “una labor compleja”, sobre todo en el caso de Coroma-Quillacas (región limítrofe entre Potosí y Oruro), donde el conflicto tiene una historia de más de 400 años.
De los 105 problemas por límites registrados en el Ministerio de Autonomías, 75 ocurren entre municipios, 16 entre departamentos y 14 son casos especiales.
Informe. “En total, tenemos 105 conflictos que están en proceso y están paralizados, según dispone la Ley Marco de Autonomías; en el caso de los municipios a nivel nacional, el 93% no cuenta con un límite saneado”, explicó el funcionario a La Razón.
Carvajal indicó que en el pasado se aprobaba leyes de creación de municipios sin haber hecho antes un trabajo de campo; por ejemplo, muchas veces, se excluía a las comunidades que deberían estar dentro un territorio.
“Ahora será distinto, se va a hacer el trabajo de campo respectivo; es decir, se levantará coordenadas, georeferenciaciones y toda la labor técnica pertinente en coordinación con las instancias adecuadas para que al final se apruebe una ley”, agregó.
Según el proyecto de Ley de Delimitación, cuyo tratamiento se realiza en la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Senadores, la resolución de los conflictos por límites municipales y departamentales se basará en la conciliación entre las partes.
Sin embargo, si esa instancia fracasa, se recurrirá a distintos mecanismos según cada unidad territorial.
En el caso de los municipios, las Direcciones de Límites de las Gobernaciones promoverán la conciliación; de no llegar a un acuerdo, se recurrirá a un referendo, donde las comunidades involucradas votarán para decidir a qué municipio quieren pertenecer.
Carvajal aclaró que en la consulta no participará todo el municipio sino únicamente las localidades inmersas en el conflicto; además dijo que al tratarse de un tema técnico-administrativo, deberán participar también reparticiones como los institutos Geográfico Militar, Nacional de Reforma Agraria y el Nacional de Estadística.
En conflictos entre departamentos, el Ministerio de Autonomías podrá conciliar; si no se llega a un acuerdo, a iniciativa de una de las partes, el caso será visto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Deberá ser el gobernador quien se apersone al Órgano Judicial, el cual convocará a las partes para iniciar el proceso. Se presentarán pruebas y el TSJ emitirá su fallo.
Actores de resolución
Institutos
La ministra Claudia Peña aclaró que siendo un problema técnico-administrativo en los problemas por límites, también participarán en su solución los institutos Geográfico Militar, Nacional de Reforma Agraria y el Nacional de Estadística.
Perfilan ley para crear unidades territoriales
Luis Mealla
La ministra de Autonomías, Claudia Peña, anunció la elaboración de una nueva norma para crear y modificar unidades territoriales, que será complementaria a la ley que delimitará los espacios geográficos de los municipios y departamentos.
“Estamos trabajando un anteproyecto de ley, no lo hemos terminado todavía; esperemos que hasta fin de año podamos enviarlo a la Asamblea Legislativa. El tema de creación de unidades territoriales no sólo tiene que ver con municipios, sino también con las autonomías indígenas”, dijo.
La autoridad agregó que este proyecto deberá ser trabajado en coordinación con todas las organizaciones que estarán involucradas en el tema municipal y en las autonomías indígenas.
El año pasado, el Órgano Ejecutivo propuso la Ley de Unidades Territoriales, que incluía la delimitación y la creación de entidades territoriales; sin embargo, debido a la urgencia de resolver los conflictos limítrofes, el Órgano Legislativo dividió en dos el proyecto de ley, dando prioridad a trabajar en una norma de delimitación.
“Entonces, quedó pendiente la creación y modificación de unidades territoriales, que será trabajada en otra ley”, señaló el director de Límites, Camilo Carvajal.
La socialización del texto reveló cuatro grandes cuellos de botella
El principal nudo a desatar es el alcance y límites del referendo.
El senador opositor Germán Antelo, de la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías, informó que durante el proceso de socialización se pudo registrar al menos cuatro posibles problemas que se pueden presentar tras la aprobación de la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales.
Las observaciones sobre todo se refieren al proceso de resolución que se prevé aplicar en los municipios donde hay conflictos limítrofes, en los que se realizará un referendo.
Los cuatro problemas son: el padrón electoral; la limitación legal de que en un año se debe hacer un solo referendo; los recursos económicos; y, la propaganda. Son aspectos que en lo inmediato deberán ser resueltos por la Asamblea Legislativa, a fin de evitar trabas en la aplicación de la nueva norma.
Votantes. “La primera observación es el padrón a ser usado en el área urbana; además que por iniciativa legislativa sólo se puede hacer un referendo por año, según la Constitución. Otra duda planteada es si los recursos para este proceso ya estarían garantizados y, por último, si habrá propaganda para incentivar el voto del ciudadano por una u otra alternativa”, explicó.
El legislador aclaró que hechas las observaciones, también se plantearon posibles soluciones a algunos temas en cuestión.
Por ejemplo, en el caso de la limitación legal de hacer un referendo al año, se propuso identificar los procesos con leyes específicas para diferenciarlos de los establecidos por la norma.
“Se sugirió, además, que en las áreas de conflicto, antes de llegar a un referendo, se debe establecer un padrón previo del área en conflicto para emparejar la cantidad de gente que participará en el proceso y así conseguir un resultado equilibrado”, agregó.
Antelo además manifestó que, en cuanto a los recursos y la propaganda, aún no se ha discutido ninguna posible solución.
De acuerdo con informes del Ministerio de Autonomías, por año se presentan unos 70 casos de problemas de límites entre municipios o departamentos. Los sectores involucrados tendrán la potestad de recusar a las autoridades encargadas de resolver sus problemas territoriales.
Norma será acordada hasta noviembre
Luis Mealla
Según Camilo Carvajal, director general de Límites, el proyecto de ley será socializado hasta el 20 de noviembre; explicó que hasta esa fecha también se recibirán las observaciones de las instituciones que participaron del proceso, para luego enviar un informe al pleno del Senado.
“Hemos socializado el proyecto con la Comisión de Tierra y Territorio del Senado, las nueve gobernaciones, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) y el Órgano Electoral; el único que nos falta es el Órgano Judicial”, precisó.
Procedimiento. En tanto, la senadora Mirtha da Costa, presidenta de esa comisión legislativa, indicó que hasta el 25 de noviembre esa instancia deberá elaborar un informe final sobre la socialización y las observaciones. Dicha acta será elevada, de inmediato, a la presidencia de la Cámara Alta.
“Esa autoridad deberá ser quien programe el debate en el pleno del Senado; tras ser aprobado el proyecto de ley, pasará para su revisión a la Cámara de Diputados y, si se aprueba en esa instancia, se enviará al Órgano Ejecutivo para su correspondiente promulgación”, indicó la legisladora.
Una vez que entre en vigencia la nueva Ley de Delimitación de Unidades Territoriales, hay un plazo de 60 días para trabajar una reglamentación; posterior a esa etapa, se tienen 180 días para reanudar el trabajo de delimitación, luego de una pausa administrativa, tal como establece la Ley Marco de Autonomías.
