Un decreto supremo o presidencial dará paso al indulto; debaten incluir a microtraficantes
Al menos 100 presos serán beneficiados el 24 de diciembre. El director de Régimen Penitenciario apunta a que el indulto llegue a cerca de 3.000 personas
En el Gobierno debaten si benefician con el indulto humanitario al menos a 1.000 privados de libertad que cumplen con una sentencia de entre ocho a 10 años por delitos vinculados a microtráfico de droga; esta lista la engrosarían otros 1.000 presos por diversos delitos y simular número de extranjeros encarcelados. Un decreto supremo o un decreto presidencial pondrá en marcha la iniciativa, se informó.
El director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, informó a La Razón Digital que el objetivo es aliviar el hacinamiento en los distintos centros penitenciarios que albergan a 13.500 reclusos, la mayoría con detención preventiva. La idea es beneficiar a personas que cometieron delitos menores.
“No están queriendo que entren personas de la Ley 1008 (Régimen de la Coca y Sustancias Controladas) de microtráfico (de droga). Queremos que entren, nosotros de Régimen queremos que entren los de la 1008 con delitos menores y con microtráfico porque trafican con pequeñas cantidades”, explicó Llanos.
El 24 de diciembre, noche de Navidad, empezará a aplicarse la iniciativa con un grupo de 100 de al menos 1.000 primeros beneficiarios del indulto. Llegar al menos a 3.000 indultados “sería un gran avance para aliviar el hacinamiento”.
En el Ejecutivo aún analizan si la iniciativa entrará en vigor a través de un decreto supremo o decreto presidencial. El indulto de carácter humanitario para las personas privadas de libertad volverá a ejecutarse en Bolivia después de 12 años.
En octubre de 2000, durante el mandato del extinto presidente Hugo Banzer, el entonces Congreso Nacional aprobó la Ley 2133 de Indulto Extraordinario por única vez, “en celebración del Gran Jubileo y el advenimiento del Tercer Milenio”, de acuerdo a su artículo primero.
La normativa benefició con un tercio de la pena privativa de libertad a las personas condenadas con sentencia ejecutoriada antes del 30 de agosto de 2000. Los mayores de 60 años o menores de 21 y a los padres o madres de familia con hijos menores que hayan cumplido el 50% de su pena fueron beneficiados.
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, detalló que el proyecto previsto para diciembre llegará a los reos que cometieron “delitos de escasa relevancia social, delitos cuya pena no haya sido mayor a ocho años”.
