La población penal aumenta en 15,5 % por detenidos preventivos
Hacinamiento. Este año sumaron 2.123 presos sin sentencia
Una evaluación de la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP) señala que la población penal subió este año en 15,55% sólo con detenidos preventivos, hasta llegar a 13.654 reos. Del total de reclusos en cárceles del país, más del 77% está en el eje central y el 84% no tiene sentencia.
Las estadísticas realizadas por la DGRP dan cuenta de que, de enero a la fecha, la población penitenciaria se engrosó con 2.123 nuevos detenidos preventivos. La cifra representa el 15,55% más respecto al número que se tenía a finales de la gestión 2011.
De las 13.654 personas que guardan detención en las 53 cárceles y carceletas del país, 11.380 no cuentan con una sentencia, es decir, el 84%, según el estudio. El restante 16% representa 2.274 reclusos sentenciados, principalmente en cárceles del eje central.
El mayor número de presos que no cuenta con una sentencia se encuentra en el eje central del país, que concentra a 9.046 personas, de 11.380 registradas. Santa Cruz es el departamento que tiene la tasa más alta en cuanto a este sector poblacional, de 5.121 presos (37,5% del total nacional) sólo 569 cumplen sentencia, los demás, 4.552 reclusos, son preventivos.
La Paz ocupa el segundo lugar en cuanto a presos sin sentencia, de los 3.143 registrados por la DGRP (23,02% del total nacional) 2.734 purgan encierro preventivo, frente a 409 que cuentan con sentencia. Luego sigue Cochabamba, que tiene el 16,66% de los presos del país, traducidos en 1.760 preventivos frente a 515 sentenciados.
Evaluación. Estos datos, sin embargo, revelan una baja respecto a la gestión anterior, cuando se registró un incremento de la población penal del 22,43%. En 2011, de acuerdo con cuadros comparativos de la DGRP, se tenía 1.890 personas con sentencia en todo el país, mientras que este año son 2.274. Lo que no varió es el porcentaje, tanto en 2011 como en lo que va de 2012, 84% no cuenta con sentencia, el 88% son varones y 12% mujeres.
Sin embargo, sí se advierte un alza en cuanto a los índices de hacinamiento. Sólo en el caso del penal de San Pedro de La Paz, se hace notar que fue construido para 300 personas y que tiene una ampliación para que albergue hasta 600 internos. Pero, a la fecha, supera los 2.300, es decir, cuenta con una sobrepoblación del 380%.
En la carceleta de Montero el índice es superior al 500%, mientras que en penales como Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, no sólo se debe considerar a los 4.865 internos (4.318 varones y 547 mujeres), sino también a los 752 niños que viven junto a sus padres en ese centro penitenciario.
Ante esta realidad, desde el Ministerio de Justicia se proyectó una ley de indulto que prevé sacar de las cárceles al menos al 40% de los reclusos. Por su parte, Régimen Penitenciario planteó la cifra de 3.000 internos si es que el perdón llega a presos por narcotráfico y que tengan sentencias de hasta diez años, además de extranjeros, mayores de 58 años y menores de 24.
Ramiro Llanos, responsable de la DGRP, propuso en una anterior entrevista con este diario que el beneficio se amplíe para detenidos por narcotráfico y que tengan penas de hasta diez años, debido a que el 62% de la población penitenciaria es gente ligada con el tema de la Ley 1008.
Para Llanos, si se busca dar una respuesta real al tema del hacinamiento, se debe incluir en la ley de indulto, por ejemplo, a quienes fueron detenidos por llevar droga en sus estómagos o a acusados por microtráfico. La previsión es que el perdón judicial se dé antes de fin de año. El 24 de diciembre, noche de Navidad, se empezaría con la liberación de un grupo de 100 personas. A la fecha, todavía se analiza si el beneficio se dará a través de una ley o de un decreto.
A 12 años del indulto del ‘jubileo’
Perdón
En 2000, la Ley 2133 de Indulto Extraordinario por única vez benefició con un tercio de la pena privativa de libertad a sentenciados. Los mayores de 60 años y menores de 21 con el 50% de su pena cumplida fueron beneficiados en razón del “Jubileo”.
DDRR emite informe sobre predios de Obrajes
La oficina de Derechos Reales (DDRR) de La Paz, tras un proceso de consulta rápida requerido por la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP), informó que el Ministerio de Gobierno es el actual titular del derecho propietario de un inmueble colindante con la cárcel de mujeres de Obrajes de La Paz, predios que también son reclamados por una empresa constructora.
“Bajo la Partida 1702, fojas 1702 del libro C de fecha 19/08/1975, se halla registrado el derecho propietario de: Ministerio del Interior, Migración y Justicia (con destino a la cárcel de mujeres), sobre una casa quinta, situado: En la zona de Obrajes de esta ciudad”, señala el informe emitido por la subregistradora de DDRR, Lilian Sandi O. el 8 de noviembre.
El documento también consigna que ese predio fue adquirido mediante “expropiación”, según testimonio de la copia legalizada franqueada por Irma Vera C. Empero, se hace constar que “la parte interesada debe demostrar en forma fehaciente que pretende mejor derecho al pago de la indemnización por la expropiación” y que la partida está vigente.
Para conocer su posición, este diario buscó al abogado Willy Sánchez Peña, quien patrocina a la parte que debería ser indemnizada, pero no logró ubicarlo. No obstante, en una anterior entrevista, señaló que ese proceso de expropiación se había desvirtuado y, por tanto, calificó como “ilegal” la posesión que llevó adelante Régimen Penitenciario. El pago por el inmueble expropiado quedó suspendido hasta que el órgano jurisdiccional determine la titularidad del derecho propietario. El Ministerio de Gobierno podría erogar $us 1,8 millones.
