Nacional

domingo 20 jun 2021 | Actualizado a 12:36

Carta del gobernador suspendido de Tarija, Mario Cossío

/ 27 de noviembre de 2012 / 19:42

A TARIJA…

Han pasado casi dos años desde mi partida, forzada por la persecución implacable de la dictadura boliviana. Desde la distancia acompañé en silencio a Tarija sin abandonarla un solo instante; viví su dolor y su frustración en medio de la tragedia que generó el Golpe de Estado ejecutado por el régimen de Evo Morales.

Vi con amargura la destrucción sistemática y vertiginosa de la obra que tanto nos costó construir en beneficio del pueblo. Constaté como la mezquindad política fue capaz de truncar una visión de futuro y un proyecto histórico de desarrollo que había sido apoyado repetidamente en las urnas; y como el capricho y la irresponsabilidad llevaron a paralizar las obras estratégicas que iniciamos, solamente para evitar que la historia registre la paternidad de nuestra gestión sobre ellas, sin importar los daños que se causa al Departamento y beneficiando a empresas que han sido liberadas ilegalmente de su obligación de concluirlas, en un juego descarado de intereses personales y económicos.

Observé como la improvisación y la ineptitud han dejado a Tarija sin rumbo; y cómo el asalto desvergonzado a los recursos departamentales y la corrupción se han convertido en la marca de la intervención golpista.

Causa dolor observar cómo los usurpadores del gobierno de Tarija han entregado el futuro de nuestro Departamento al centralismo, sometiéndolo de manera indigna y traicionando la conquista autonómica; hasta el extremo inadmisible de ofrecer nuestros recursos al gobierno nacional para que ejecute obras de su competencia en nuestro territorio, como si no existiese capacidad local para hacerlo. Indigna constatar como los golpistas han renunciado a defender nuestros intereses y como entregaron nuestras regalías, que son la base material de nuestro desarrollo; y cómo entregan ahora las empresas de propiedad de los tarijeños.

Observé también que el régimen no descansó un solo instante de atacarme, montado en la mentira que es su arma preferida; usando recursos públicos en campañas mediáticas dirigidas a desacreditarme y “fabricando” más procesos judiciales en mi contra, con la complicidad descarada de los fiscales y jueces que nombró a dedo, convertidos en el instrumento de la persecución política.

De igual manera, sentí impotencia y profunda tristeza al observar que el ataque llegó de manera infame y cobarde a todos los miembros de mi familia, aprovechando mi ausencia: mi madre, mi esposa, mis hijas, mis yernos, mis hermanos, mis cuñados, todos ellos perseguidos.

Lo mismo que aconteció con mis estrechos colaboradores y compañeros de lucha, casi todos procesados, encarcelados, algunos condenados sin culpa y otros también exiliados, cuyo único pecado fue luchar por Tarija.

Y es que al gobierno de Evo Morales le quita el sueño saber que no pudo destruirme y sobre todo que me encuentro vivo y libre. Le preocupa que no logró romper el vínculo de fidelidad recíproca que nos une con Tarija, a quien entregué los mejores años de mi vida y defendí con todas mis fuerzas y sin haberla traicionado jamás. Le preocupa saber que Tarija y Bolivia siguen siendo una razón fundamental de mi existencia y que lucharé sin descanso hasta que vuelvan a ellas la libertad y la democracia.

Pero a Evo Morales también le quita el sueño saber que él pasará a la historia como un golpista y un dictador; como el autor de haberle arrebatado a nuestro Departamento el primer Gobierno autónomo y democrático de su historia; como el responsable de haber sumido a Tarija en la peor crisis institucional de todos los tiempos.

Es por ello que ha introducido hábilmente en el debate nacional la idea de mi renuncia, buscando que ella pueda tapar sus culpas. El Gobierno de Morales quiere que renuncie al cargo de Gobernador para que sea yo quien borre con ese acto las huellas del golpe de Estado a Tarija y lo libere del costo político que debe pagar ante la historia por ese funesto hecho.

Hacen coro con esa estrategia oficialista algunos oportunistas, que creen que la desgracia del Departamento y el exilio de su Gobernador constituyen su mejor oportunidad para acceder al poder departamental y para sus acomodos personales y políticos.

Ellos son los que alientan mi renuncia, confundiendo al pueblo y aludiendo cosas como estas:

•             Dicen que yo debería renunciar al cargo de Gobernador, porque Lino Condori y su equipo de golpistas hacen una gestión desastrosa y se requiere un cambio; como si yo fuese el responsable  de su nombramiento o de su incapacidad.

Si el interventor lo hace tan mal, porqué no le piden la renuncia a él, o lo cambian? Son los responsables de sustituir un Gobernador democrático por un impostor, quienes deben resolver la crisis que generaron.

•             Dicen que hay que restituir la democracia en Tarija, pero no la respetan ni la hacen respetar. Creen que la democracia se defiende presionando a que renuncie la “víctima” del golpe; cuando lo coherente es que pidan la renuncia de los golpistas que entraron por la ventana y la restitución del Gobernador elegido por el pueblo con el 50 % del voto popular, derrocado de manera antidemocrática. Ello delata su falta de convicción democrática.

•             Hablan de la necesidad de restituir el estado de derecho, pero me piden que acepte con mi renuncia el pisoteo a la Constitución Política del Estado y a los Tratados Internacionales que ha perpetrado el régimen.

Olvidan que quien ha roto el orden constitucional y arrebató a Tarija su condición de Departamento democrático es Evo Morales, a quien no tienen el coraje de reclamarle y peor aún ponerlo ante los tribunales para que responda por esos atropellos.

•             Dicen que una nueva elección permitiría sacar al MAS de la Gobernación tarijeña, cuando conocen que la Corte Electoral está tomada por militantes de ese partido para manipular la voluntad popular y simular triunfos oficialistas.

Pero además cuando varios de los que claman mi renuncia se han vendido vergonzosamente al gobierno, con quien seguramente presentarían una candidatura conjunta.

•             Saben también que una elección no garantiza que el elegido permanezca en su cargo. Al contrario, lo haría solo hasta que aparezca un fiscal servil al gobierno totalitario como Gilbert Muñoz, que fabrique otra Acusación para suspenderlo ilegalmente; quien seguramente sería designado Fiscal de Distrito en premio por un nuevo Golpe a Tarija, como aconteció con éste.

•             Dicen que el costo político de no renunciar sería muy alto para mi; pero me pregunto cual sería el costo de renunciar? Quien podría volver a creer en mi palabra y en la sinceridad de mi lucha, si el calculo político sería el que marque mis actos? Si para ellos los principios y los valores democráticos dejaron de ser sus referentes, para mi están más vivos que nunca.

•             Y a propósito de costos políticos, quienes debieran estar muy preocupados por ello son los dirigentes del MAS, del PAN y la bancada indígena, que con un cinismo extremo piden que se restituya la democracia en Tarija, cuando fueron ellos los que la mataron derrocándome por orden del gobierno central; algunos para salvar los pellejos de sus líderes ante la justicia.

También debieran preocuparse los 15 Asambleístas Departamentales que ejecutaron materialmente el golpe, violando la Constitución Política del Estado; quienes además deben explicar porque no aplicaron la misma ley (N° 031) y suspendieron a los Asambleístas del MAS y a otras autoridades que tienen acusación fiscal, como lo hicieron conmigo?.

Me refiero a esos asambleístas que se acusaron públicamente entre si de haber recibido veinte mil dólares ($us. 20.000) de soborno para derrocarme. Todos ellos sin autoridad moral ni política para hablar de renuncias o de democracia.

•             Los Fiscales también debieran preocuparse; esos que promovieron mi derrocamiento, contrariando la carta magna; los que presionaron a la Asamblea Departamental para que me suspenda, pero que ahora callan y no exigen suspender a otras autoridades vinculadas al gobierno que también tienen acusación fiscal.

Entonces, a qué debería renunciar?

Al mandato de  la Constitución y a los derechos reconocidos por ella?, a la democracia?, al estado de derecho?, al voto del pueblo?, a los valores y principios?, a la autonomía, conquistada con tanto sacrificio? al cargo que la dictadura busca arrebatarme inconstitucionalmente?.

Que sentido tendría la lucha si habría que renunciar a todo ello? Mejor sería renunciar a la política de manera definitiva, porque hacerlo sería traicionar los principios que la sustentan.

Si mi renuncia hubiese sido una solución al verdadero problema que vive Tarija, la hubiese presentado hace mucho tiempo.

El pueblo me conoce y nadie puede dudar de mi lealtad y amor por Tarija. A ella le di todo lo que pude, como muy pocos lo hacen y sin recibir nada a cambio; hasta el punto de sacrificar lo que más quiero, como es mi familia; de exponer mi libertad, mi vida y ahora de soportar el exilio. Por tanto renunciar por ella seria un acto natural en condiciones normales.

Renunciar es un gesto de nobleza que lo he practicado muchas veces. Cuando tuve que renunciar por una causa justa lo hice sin dudar un instante; incluso renuncié a ser Presidente de Bolivia, declinando la sucesión constitucional que me correspondía como Presidente de la Cámara de Diputados, luego que dejaba el poder Carlos Meza. Entonces, lo hice para preservar la democracia boliviana.

Pero el problema que hoy tenemos al frente es mucho más grave de lo que expresa el debate sobre mi renuncia. El problema es que Bolivia se encuentra atrapada por una Dictadura que ha tomado el control de todos los órganos del Estado y que busca perpetuarse en el poder; que ha arrebatado la libertad y la democracia al pueblo boliviano.

Y la toma de Tarija hace parte de ese problema. Mi derrocamiento, como el de otras autoridades opositoras, obedece a la decisión del régimen de tomar todos los espacios de poder que se encontraban en manos de la oposición, usando la justicia como su instrumento; convertida en el brazo principal de la persecución política.

Por ello y en tanto permanezca la dictadura, Tarija no podrá restituir verdaderamente su democracia. Por esa misma razón es una ingenuidad creer que mi renuncia puede resolver el problema de fondo que aqueja a nuestro Departamento; al contrario, lo profundizaría.

En ese contexto me siento moralmente obligado a no renunciar, porque hacerlo significaría aceptar que el régimen puede violar la voluntad popular cuando le venga en gana; o puede pisotear la Constitución Política del Estado y los derechos humanos a su capricho. Hacerlo sería también lavarle el rostro a la dictadura, cuando lo que corresponde es evidenciar su acción antidemocrática y combatirla en todos los escenarios posibles, dentro y fuera del país; incluidos los tribunales internacionales ante los cuales he demandado al Estado boliviano.

Esto es lo que no comprenden o no les conviene comprender a los falsos demócratas que piden mi renuncia, quienes con su pedido no están defendiendo la democracia, sino avalando y encubriendo la dictadura. Al parecer a ellos solo les interesa generarse oportunidades políticas mezquinas de corto plazo, sin importarles la dimensión de un acto de esa naturaleza.

Mi renuncia constituiría un acto de traición a la causa democrática boliviana. Y para Tarija, la renuncia de su Gobernador sería el acto de rendición final ante la dictadura y yo no seré jamás el instrumento de una rendición de mi pueblo.

Por todo ello el nuevo desafío es recuperar Bolivia de manos de la dictadura. Pero para lograrlo se requiere de un proyecto alternativo de cambio para el país. Que no implique retornar al pasado, pero tampoco avanzar en la aventura totalitaria de hoy. Que impulse una propuesta de igualdad social y se conduela de los más necesitados, pero que no los use a ellos para instalar a su nombre nuevas versiones de dictadura.

Un proyecto que se construya sobre la base de la unidad; y ésta en torno a propuestas, a ideales y a una visión de futuro. Que su razón de ser no sea la de destruir a nadie, como lo es para los gobernantes de hoy; sino construir una mejor vida para todos.

Este es el camino que debe recorrer Tarija, no solo para recuperar su propia democracia, sino para alentar con su liderazgo a toda Bolivia a recuperar la democracia para todos los bolivianos.

En tanto eso ocurra, los Asambleístas Departamentales del MAS, PAN e indígenas que son los responsables de esta tragedia, deben utilizar los mecanismos a su alcance para encontrar las soluciones. Ojalá fuese enmendando el error histórico que cometieron.

Esta es la hora de luchar y no de rendirse o renunciar. La realidad le exige al pueblo de Tarija a levantar su voz y detener esta acción, porque los “tiranos y déspotas” que pisotean día a día su dignidad, están a punto de “abatir su orgullo”.

De mi parte seguiré ese camino, así sea el último soldado de esta causa. Lo haré en honor a las 100.000 mujeres y hombres que me dieron su voto y que confiaron en mí, a quienes jamás defraudaré.

La historia nos juzgará,… pero a todos sin excepción!!

26 de Noviembre de 2012

MARIO COSSIO CORTEZ

GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE TARIJA

EN EL EXILIO

Comparte y opina:

Morales pide investigar a Romero y vocales del TSE por el caso Golpe de Estado II

El expresidente Evo Morales aseguró que estaban preparando el nuevo “golpe” antes, durante y después de las elecciones de octubre de 2020.

Evo Morales en su programa dominical en la radio Kawsachun Coca.

/ 20 de junio de 2021 / 10:49

El expresidente Evo Morales pidió este domingo que se investigue al expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Salvador Romero y a todos los vocales de esa institución por el supuesto plan de un segundo “golpe de Estado” en Bolivia que, según grabaciones difundidas, buscaba impedir que Luis Arce asuma la presidencia en 2020.

“Había todo un plan, no sé si (el exministro Arturo) Murillo ha recibido instrucciones de Estados Unidos para que desde (ahí se) afirme que ellos van a entregar la banda presidencial, pero no a Lucho Arce, no al MAS; (entonces) estaba cantado el golpe de Estado y el día domingo (18 de octubre de las elecciones no informaron resultados) en boca de urna a las ocho (de la noche como suele ocurrir siempre) y Salvador Romero tiene una responsabilidad, debe ser investigado”, dijo Morales en su programa dominical en la radio Kawsachun Coca.

Recordó que esa noche de los comicios, mientras la población esperaba los resultados preliminares de las empresas encuestadoras, Romero dio una conferencia de prensa “como una hora y no dijo nada”.

Por tanto, eso “era para desviar, yo diría, la información correspondiente; (…) y casi a la medianoche recién informaron (los primeros resultados), aunque yo ya tenía información de la misma empresa Ciesmori que habíamos ganado con 51%, pero no informaban. ¿Qué estaban montando? (Hemos) esperado cuatro horas (para conocer los primeros resultados, entonces) estaban tramando (algo) y los cinco miembros (del TSE), a la cabeza de Salvador Romero (que renunció a su cargo en abril), tienen que ser investigados, no estoy diciendo procesados, (sino) investigados profundamente (porque) ahí sí ellos estaban preparando el fraude correspondiente”, afirmó.

El intento de un supuesto nuevo “golpe” en Bolivia se investiga después de que la revista electrónica The Intercept apuntó a Luis Fernando López, ministro de Defensa en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y prófugo de la justicia, de haber hecho gestiones para que “mercenarios” de Estados Unidos intervengan en Bolivia para impedir la posesión de Arce tras su victoria electoral con el 55,10% en octubre del año pasado.

También puede leer: The Intercept: Exministro López buscó a mercenarios para impedir la posesión de Arce en 2020.

Entonces, “estaban preparando el golpe antes de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones (…) intentando (también) cohesionar a las Fuerzas Armadas para que se haga carga del Gobierno”, puntualizó Morales.

También puede leer: Lima anuncia investigación sobre el intento de un supuesto segundo ‘golpe de Estado’.

Comparte y opina:

Los senadores que impusieron la presidencia de Jeanine Áñez

Los instigadores de la inconstitucionalidad llegaron a puertas del Senado, cerradas por Óscar Ortiz, Arturo Murillo y Jeanine Áñez para cocinar la materialización de la sucesión.

Jeanine Áñez, flanqueada principalmente por Yerko Núñez, Arturo Murillo y Óscar Ortiz.

/ 20 de junio de 2021 / 00:04

Aproximadamente a las seis de la tarde del domingo 10 de noviembre de 2019, en la residencia de la Embajada de México situada en la exclusiva Rinconada de la ciudad de La Paz, llegó, vía celular, un mensaje que confirmaba las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera a la presidencia y vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. El mensaje era taxativo, pues se trataba de una instrucción que no admitía debate: los representantes parlamentarios del MAS en la línea sucesoria constitucional debían renunciar a sus cargos para que no se produjeran dudas acerca de las características conspirativas y golpistas con las que se estaba operando la sucesión presidencial.

En tal escenario, Evo Morales y Carlos Mesa coincidían, por motivaciones obviamente opuestas, en que Adriana Salvatierra no debía asumir la presidencia del Estado. El argumento de preservar la vida de Evo era una prioridad y por ello, el lunes 11 de noviembre, en reunión realizada en la Universidad Católica con los articuladores de la anulación de las elecciones y la renuncia de Morales, a fin de acelerar los acontecimientos, se trataba en primer lugar de generar las condiciones para la salida de Bolivia de los exmandatarios, sanos y salvos. La violencia, los secuestros, las quemas de viviendas de parlamentarios y dirigentes, las órdenes de detención policial contra dirigentes masistas, pero sobre todo contra quienes formaban parte de la línea sucesoria constitucional eran objeto de una gran manipulación mediática para generar la versión de una pretendida —¡y heroica!— gesta civil.

Un oficial coloca la banda presidencia a Jeanine Áñez. Foto: Óscar Ortiz

Tuto Quiroga se encargó de comprometer al comandante de la Fuerza Aérea, general Jorge Gonzalo Terceros, para que tal condición, previa a cualquier diálogo, se cumpliera. Las representantes del MAS que conversaron con Quiroga entre el  lunes 11 y el martes 12 no sabían que cuando Morales, García Linera y Gabriela Montaño aterrizaron en Chimoré (domingo 10 por la noche) estaban siendo inicialmente conducidos a la zona militar del aeropuerto muy probablemente para ser detenidos, decisión cambiada por el piloto de la nave ante una advertencia hecha por García Linera, que dijo que con la marea cocalera que esperaba en la plataforma principal podía generarse una tragedia espeluznante. Una vez en tierra, los exmandatarios y la exministra de Salud fueron envueltos por sus compañeros hasta ser internados monte adentro, donde policías y militares no pudieran llegar para capturarlos.

Para Evo Morales el golpe se tornaba en la estrategia perfecta, el hecho político que borraría casi mágicamente la ira que provocó violar la voluntad ciudadana del referéndum del 21 de febrero de 2016. Para los instauradores de la versión del fraude era la oportunidad de expulsar al MAS del poder y para siempre, y es ahí donde encaja la declaración de Mesa del mismo domingo 10: Salvatierra o cualquier otro masista no debían acceder a la sucesión presidencial, lo que en otras palabras significaba violar el artículo 169 de la Constitución y el reglamento de la Cámara de Senadores que exige la composición de la directiva con los representantes de la bancada mayoritaria en la presidencia y en la primera vicepresidencia.

Bronca

Mesa actuaba movido por la bronca de la derrota. En su fuero interno sabía que había perdido en las urnas y la estratagema en sociedad con los observadores de la OEA enviados por Luis Almagro era armar un escenario insoportable: los masistas, no contentos con haber escamoteado el resultado del 21F a través de una figura forzada por el Tribunal Constitucional —ser reelegible como derecho humano—, pretendían imponer un triunfo viciado de nulidad, del que hasta el día de hoy, dicho sea de paso, no se tienen pruebas fehacientes e irrefutables. A partir de ese momento, a Evo le empezaba a funcionar la instalación de la matriz del golpe de Estado, cosa que probablemente no hubiera sucedido si Mesa, Camacho y compañía optaban por política con la cabeza y no con el hígado, orientando su estrategia a que el MAS asumiera la sucesión según el precepto constitucional para someterlo a un desgaste final con la convocatoria a elecciones en 90 días y en ese breve lapso, lograr que la victoria contra Evo se diera en las urnas, legítima e irreversible, frente a otro binomio azul.

Mesa, Doria Medina, Ortiz, Jerjes Justiniano representando a Luis Fernando Camacho, Tuto Quiroga y sus “facilitadores” hicieron todo lo contrario. Decidieron y actuaron de acuerdo a lo que el MAS necesitaba para recomponerse en el lapso que al final se extendió por casi un año, aunque el precio en vidas humanas terminara siendo irreparable. Primero con Evo viajando entre México, Buenos Aires y La Habana en plan víctima internacional, recibido con honores y gestos de admiración por los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández. Segundo, intensificando una campaña sobre la ilegalidad/ilegitimidad de la presidencia asumida por Jeanine Áñez, que facilitó aún más las cosas cuando fue proclamada candidata (alianza Juntos) con el propio Mesa afirmando que con su intempestiva decisión se podría pensar que efectivamente su gobierno era producto de un golpe de Estado.

Evo decidió que Salvatierra no asumiera la presidencia del Estado para cuadricular como golpistas a quienes forzaron su renuncia. Mesa se hizo el despistado con la sucesión constitucional, convencido de que el MAS quedaría afuera del poder sin opciones de retorno. El tiempo transcurrido nos informa que la sagacidad del cocalero bloqueador de carreteras terminó imponiéndose a la ilustración desangelada del candidato de Comunidad Ciudadana, perfectamente mal asesorado. La sucesión que se produjo fue un garabato producido en tres reuniones —la primera sin representantes del MAS— auspiciadas por curas, embajadores de la derecha internacional y un par de exdefensores del Pueblo en las que las representantes del MAS —Salvatierra, Rivero, Morales — se limitaron a decir que no podían actuar sin consultar previamente a sus bancadas. Aguantaron y dieron la cara frente a unos mediadores con la camiseta opositora bien puesta bajo la dirección de monseñor Eugenio Scarpellini, secundado por el embajador de la Unión Europea León de la Torre.

Los hechos quedaron a la vista de la ciudadanía. Los negociadores —los expertos en Derecho Penal los llamarían instigadores— armaron las condiciones para una sucesión trucha, usando un comunicado de prensa del Tribunal Constitucional que seguramente era “lo más cercano a la Constitución” según Waldo Albarracín —el ipso facto pensado por Luis Vásquez Villamor—, poniendo en entredicho su transparencia como abogado con experiencia en derechos humanos, pues bien sabe que no hay un instrumento legal interpretativo para determinar, en este caso, la sucesión constitucional que llega solamente hasta el presidente de la Cámara de Diputados, y de ninguna manera a una segunda vicepresidencia por minoría del Senado, tal como aconteció con Jeanine Áñez, por más que otros abogados de dilatada trayectoria pública, para comenzar el propio Vásquez Villamor, argumentaran el “derecho prevalente (evitar un supuesto vacío de poder), porque fue imposible lograr el quórum con la bancada oficialista por su falta de voluntad”, una falsedad que la propia Adriana Salvatierra se ha encargado de desmentir en entrevista con la directora de La Razón, Claudia Benavente (Piedra, papel y tinta, 17 de junio de 2021).

Sucesión

Los negociadores o instigadores de la inconstitucionalidad llegaron hasta las puertas del Senado que el 12 de noviembre fueron cerradas por Óscar Ortiz, Arturo Murillo y Jeanine Áñez para cocinar la materialización de la sucesión: 1) El senador Ortiz acompaña en helicóptero a la senadora Jeanine Áñez a una reunión con Luis Fernando Camacho. ¿Los militares operativizando el cambio de mando presidencial? Sí. Los mismos que le sugirieron a Evo Morales renunciar. 2) El senador Murillo reconoce ante un funcionario del Senado que lo que van a perpetrar es inconstitucional, pero que hay legitimidad conseguida con las movilizaciones callejeras. 3) Jeanine Áñez recibe a la jerarquía de la Iglesia Católica en el despacho de la presidencia del Senado, oficina de la que dispone sin pedir permiso cuando todavía ni siquiera se había armado el sainete con el que se la habilita como presidenta de la Cámara Alta. 4) No hay registro de instalación de sesión de la Cámara en que se elige presidenta del Senado a Áñez, ni siquiera una sin quórum. Lo que se produce es nada más que un simulacro. 5) El senador Ortiz controla los accesos al edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional con “pititas”, policías y militares. Salvatierra y Rivero, presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, son impedidas de ingresar a la plaza Murillo por los uniformados (miércoles 13 por la tarde), uno de los cuales zamarronea a la presidenta del Senado y amaga con llevársela detenida, incidente que no tiene registro audiovisual, o que si existe fue cuidadosamente archivado por los medios afines a la conspiración senatorial. 6) El senador potosino Edwin Rodríguez, que en su momento formara binomio por los Demócratas junto a su colega Ortiz, y renunció a su candidatura para apoyar entre líneas a Mesa, es sustituido por su suplente sin justificación alguna. Él manifiesta que había entablado negociaciones con senadores del MAS para recomponer la directiva de la Cámara. 7) Los senadores del MAS Omar Aguilar, Efraín Chambi y Eva Copa establecen trato fluido y continuo con su excolega senador Murillo que el 13 de noviembre jura como ministro de Gobierno. Conforme se va consolidando el régimen de facto, Copa elude comunicarse con Evo Morales, que en ese momento ya se encontraba en Ciudad de México en calidad de asilado político. 

Jeanine Áñez con el clero de la Iglesia Católica antes de proclamarse. Foto: RTP

De facto

El 24 de enero de 2020, Jeanine Áñez ya no era solo presidenta transitoria de facto. Se convirtió en candidata para las elecciones que serían dos veces pospuestas con el pretexto del “estado de excepción” al que nos somete la invasión del coronavirus. Sus colegas senadores recibieron datos de una encuesta que la apuntaban como la opción de la unidad para enfrentar al MAS. Se emocionaron de tal manera con la posibilidad que creyeron tocar el cielo con las manos y en ese exacerbado estado de ánimo gobernaron operativizando tareas, que ahora se develan: 1) Decreto que libera de responsabilidades penales a militares ante la inminencia de la represión y masacre en Sacaba-Huayllani, Senkata y El Pedregal. 2) Combate a la pandemia con la compra irregular de unos respiradores que nunca funcionaron. 3) Combate a “sediciosos” y “terroristas” con gases lacrimógenos que también se compran a través de un business armado entre Murillo y sus amigos de juventud expertos en la materia, prófugos de la Justicia paraguaya, entre otros datos de prontuario. 4) Criminalización, persecución, apresamiento, detenciones domiciliarias, detenciones en centros médicos, extorsiones concertadas entre el poder político y fiscales, torturas, conjunto de acciones represivas contra exautoridades, dirigentes sociales, empresarios y exfuncionarios gubernamentales de la última administración de Evo Morales. 5) Puesta en funcionamiento de un aparato persecutor mediático (Unitel, Brújula Digital, Página Siete y un largo etcétera) con participación de civiles que hacen vigilias en puertas de domicilios particulares a cambio de vales para hamburguesas. 6) Permisividad con organizaciones irregulares como la Resistencia Juvenil Cochala que siembran el terror en la zona Sur de la ciudad. En resumidas cuentas, violaciones a los derechos humanos a la orden del día. ¿Y la presidenta de la Asamblea Permanente, Amparo Carvajal? Bien, gracias. Sigue en el cargo.

Hacia los seis meses de su ejercicio, el de Áñez se consolidó como un gobierno virulento en el literal sentido de la palabra. Murillo amenazaba, reprimía y giraba de cacería por todo el país. Ortiz continuó como senador hasta que en junio se contagió de COVID-19 ya como ministro de Desarrollo Productivo, que lo dejó fuera de combate por aproximadamente un mes para regresar directamente en julio a ocupar la cartera de Economía y Finanzas Públicas. Ortiz estaba en todas y en el show televisivo de estos días no figura. Parece haber quedado convenientemente escondido, perdiéndose de vista su rol como negociador en las reuniones de la Universidad Católica y como parte del equipo de senadores junto al propio Murillo, Áñez y Yerko Núñez de una sucesión en que una parte del partido de Rubén Costas, los verdes del Movimiento Demócrata Social (MDS), es decir ellos mismos, tomaron el control del gobierno.

Una vez capturado y consolidado el nuevo poder, los senadores Ortiz, Murillo y Núñez, según diversas versiones periodísticas, efectuaron declaraciones públicas vinculadas a aprietes contra empresarios sindicados por afinidad al MAS, que sufrieron presiones y extorsiones judiciales, y de otros negocios vinculados al diésel y a la gasolina.

Luis Fernando Camacho, protegido por un aparato de expertos guardaespaldas extranjeros durante los 21 días de la crisis de 2019, hijo de un empresario al que se vincula con el paramilitarismo del golpe de Banzer en 1971, es de convicciones anticomunistas, lo mismo que Tuto Quiroga y Óscar Ortiz, de acuerdo al manual de las dictaduras militares de los años 70. Al igual que Mesa y Doria Medina coinciden en que era hora de eliminar del sistema político a Evo Morales, un nacionalista de izquierda,  defensor de la soberanía de los recursos naturales, y de ninguna manera un socialista o comunista como lo pudieron haber sido Fidel Castro y el Che Guevara. Ese enceguecimiento caracterizado por una equivocada lectura sobre su perfil ideológico, los llevó a actuar de manera precipitada y sin horizonte estratégico. No previeron que a Murillo y a su aparato no les interesaba el país, ni proyecto político alguno. Solamente llegaron a tomar el poder para hacer unos cuantos negocios groseros que les pudieran asegurar el futuro cuando éstos quedaran fuera de la actividad pública.

Plan B

El Plan B era Jeanine presidenta. Sí o sí. Habría que corregir al autor de la frase, Samuel Doria Medina, en sentido de que ese fue desde un principio el Plan A de representantes políticos, Iglesia Católica y Unión Europea. Y para su ejecución armaron una figura pretendidamente jurídica en forma de comunicado institucional que no se sostiene constitucionalmente. Los participantes de las reuniones de la Universidad Católica fueron los negociadores del golpismo. Los senadores Ortiz, Murillo, Áñez, y un poco más atrás Núñez, son los autores de la consumación de los hechos. Un golpe de Estado es la toma ilegal del poder, más específicamente de la presidencia de un país, y eso es lo que sucedió entre el 10 y el 12 de noviembre de 2019.

Jeanine Áñez ha sido la víctima propiciatoria de este plan alocado, producto de la ansiedad y un grado de improvisación de gravísimas consecuencias para Bolivia. El golpe, a la larga, fue funcional al MAS. Regresó al poder luego de un paréntesis de un año con un contundente triunfo en las elecciones del 18 de octubre de 2020, sin que se necesitara al insustituible Evo en la papeleta. El precio más alto de este atentado contra la institucionalidad democrática es el de la masacre de 37 ciudadanos, cuyas familias hasta ahora no encuentran justicia.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

La Razón publica una serie de artículos relacionados con el poder y los medios de comunicación en Bolivia. El periodista Julio Peñaloza Bretel investiga trayectorias de la esfera política con peso específico, así como las relaciones complejas y conflictivas entre personalidades públicas y la estructura mediática urbana dominante en el país. La base de esta propuesta está inspirada en la necesidad de acudir a la memoria para combatir el olvido y el desconocimiento.

Comparte y opina:

Lima percibe una ‘estrategia intolerante’ contra el voto en el pedido de Calvo a la OEA

El líder de los cívicos cruceños se reunió el viernes con el secretario general de la OEA y le pidió, de ser necesaria, aplicar la Carta Democrática en Bolivia para evitar “la guerra”.

Reunión de Rómulo Calvo y Luis Almagro. Foto: Comité Pro Santa Cruz.

/ 19 de junio de 2021 / 17:40

El ministro de Justicia, Iván Lima, consideró este sábado que la solicitud del presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para la aplicación, de ser necesaria, de la Carta Democrática en Bolivia es “parte de una estrategia intolerante que no respeta el voto”. 

“La solicitud de que se aplique la Carta Democrática Interamericana y se hable de una guerra es parte de una estrategia intolerante que no respeta el voto del pueblo. (Sin embargo) el 55% de la victoria del presidente (Luis) Arce es la única verdad irrebatible y definitiva” en el país, escribió Lima en su cuenta en Twitter.

El viernes, el líder de los cívicos de Santa Cruz se reunió en Estados Unidos con el secretario general de la OEA e informó que en ese encuentro le pidió la aplicación de la Carta Democrática en Bolivia cuando llegue el momento para “evitar luto, dolor y la guerra en un país que solo busca libertad y democracia”.

La figura de la Carta Democrática implica la suspensión del Estado de participar en el organismo internacional por hechos antidemocráticos.

Calvo también dio a conocer que entregó a Almagro las pruebas del presunto fraude electoral de 2019, que recopilaron con apoyo ciudadano, y que pidió apoyo para el envío de vacunas contra el COVID-19.

También puede leer: Cívico Calvo pide a Almagro aplicar de ser necesaria la Carta Democrática para ‘evitar la guerra’ en Bolivia.

Comparte y opina:

Romero dice que los ‘golpistas’ decidieron ‘eliminar’ a Evo Morales no solo en 2019

El exministro de Gobierno Carlos Romero identificó al menos cinco momentos de supuesta insubordinación de los militares y policías.

El exministro Carlos Romero. Foto de archivo: La Razón.

/ 19 de junio de 2021 / 16:33

El exministro de Gobierno Carlos Romero aseguró este sábado que los “golpistas” decidieron eliminar físicamente al expresidente Evo Morales en varios momentos y no únicamente durante la crisis de 2019, cuando en medio de una serie de protestas por presunto fraude electoral renunció a su cargo y ese hecho ahora es investigado como un supuesto golpe de Estado.

“La decisión de los golpistas es que Evo Morales debía ser eliminado físicamente, no solo el 2019, (sino) muchas veces; muchas veces han soñado con eliminar físicamente a Evo Morales, en muchos intentos de golpes fallidos tenían como objetivo eliminar físicamente a Evo Morales”, dijo Romero.

La exautoridad del gobierno de Morales, en una transmisión en directo por su cuenta en Facebook, consideró que “la ultra derecha boliviana no soporta” al exmandatario porque le tiene “demasiado miedo”.

Pues “mencionar el nombre de Evo Morales, ver su cara en alguna declaración o ver un tuit firmado por (él), les hace temblar de miedo; por eso había que eliminarlo físicamente porque es un líder de raíz profundamente cultural, de la Bolivia más profunda, de lo más encarnado de lo popular y nacional”, afirmó.

En ese sentido, al referirse concretamente a la crisis de 2019, también supuso que el objetivo era el mismo y por eso, incluso antes de su renuncia, ya se habrían registrado varios actos de insubordinación de las fuerzas del orden.

Precisó que, por ejemplo, el 9 de noviembre de 2019 (un día antes de la renuncia), Morales solicitó la habilitación del avión presidencial para trasladarse a una reunión en el Chapare, pero el Comando de la Fuerza Aérea, según su versión, había comunicado que “ninguna aeronave será utilizada ni siquiera” por el todavía Jefe del Estado.

“Porque todas las aeronaves habían pasado a la Fuerza Aérea (…) y recién ante una airada protesta expresada por el entonces vicepresidente Álvaro García Linera habilitaron el avión presidencial y lo trasladaron a un recinto militar, es decir, se presentó (una) actitud de insubordinación al capitán general de las Fuerzas Armadas que es el presidente del Estado”, indicó.

Además, señaló que antes de ese episodio, “la Policía Boliviana ya se había insubordinado al Ministro de Gobierno y al Presidente del Estado”, pero “no solo a través del motín policial”, que también contribuyó a la renuncia de Morales junto a una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimitiera.

“Sino que mucho antes, (es decir) cuando los controles policiales, en el marco de la seguridad electoral (de los cuestionados comicios de octubre de ese año), fueron fácilmente rebasados permitiendo que en muchas ciudades se encendieran los tribunales electorales”, agregó.

Según el exministro, los que dicen “fraude” estaban “desesperados” y por eso, recurriendo a “grupos de choque”, procedieron a quemar edificios de tribunales electorales tratando de hacer “desaparecer físicamente la prueba de que el MAS (el partido de Morales) había ganado en esas elecciones y (extrañamente) muchos controles policiales fueron ‘fácilmente’ rebasados”.

Después, “cuando (el entonces líder cívico cruceño Luis Fernando) Camacho se traslada a La Paz en un segundo intento por ingresar a la ciudad, la Policía Boliviana lo protegió y escoltó; algunos desinformados dijeron que esa escolta y protección (…) había sido autorizada por el Ministro de Gobierno, pero yo quiero decir púbicamente que eso es falso, la escolta policial fue definida por la Policía al margen del Ministerio de Gobierno”, aseguró.

Por tanto, de acuerdo a Romero, la Policía “por cuenta propia” ya estaba trabajando de manera “coordinada y brindando protección” a Camacho y a otros impulsores de las protestas de ese momento como el exdirigente cívico de Potosí Marco Pumari.

“Es más, (en otro hecho), un policía pretendía aprehender a Evo Morales cuando todavía era presidente y anunció públicamente que había recibido la instrucción de aprehenderlo. (Entonces) Evo Morales, como presidente, no solo ya no podía usar el avión presidencial o había sido objeto de la insubordinación militar y policial, sino que, además, había una orden expresa para aprehenderlo porque seguramente había un plan conspirativo para eliminarlo físicamente y terminar con su vida”, insistió.

Comparte y opina:

La medalla presidencial fue retirada del BCB un día antes de la proclamación de Áñez

Jeanine Áñez admitió ante el fiscal que luego de su proclamación, el 12 de noviembre de 2019, un militar le “acomodó” la medalla en el Palacio de Gobierno.

Militares ponen la banda presidencial a Jeanine Áñez, el 12 de noviembre de 2019. Foto: Twitter de Óscar Ortiz.

/ 19 de junio de 2021 / 15:41

La tarde del 11 de noviembre de 2019, cuando se instaló una reunión en la Universidad Católica Boliviana (UCB) para discutir la sucesión presidencial, un oficial de las Fuerzas Armadas retiró la medalla presidencial de las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB).

Era el día previo de la proclamación de Jeanine Áñez en un acto sin quorum ni presencia del Movimiento Al Socialismo (MAS) y un día después de la renuncia del presidente Evo Morales.

El entonces jefe de la Casa Militar, general Milton Navia, “informó” al presidente del BCB, Pablo Ramos, que la insignia será retirada a las 15.30. “A través de la presente informo a su autoridad que el My. DEM. Rolando Gallardo, con CI 4799837-LP, ayudante de la Casa Militar es designado para realizar el recojo de la joya presidencial el día de hoy lunes 11 de noviembre de 2019”, señala la misiva de ese mismo día del jefe militar a la que accedió La Razón.

Para entonces, la Iglesia Católica y la Unión Europea (UE) ya habían propiciado reuniones en el afán de buscar la sucesión presidencial y, por consiguiente, la pacificación del país. Inmediatamente después de la renuncia de Morales y del vicepresidente Álvaro García, el 10 de noviembre, ambas instituciones incluso se habían comunicado con Áñez, entonces segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, para proponerle la sucesión presidencial.

Sin embargo, no había aún una definición sobre quién debía suceder al presidente dimisionario. El 2 de junio reciente, en entrevista con la transmisión digital Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, la exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) Teresa Morales expresó su extrañeza sobre el retiro del emblema cuando era incierto quién asumiría la sucesión presidencial.

Y el 17 de junio, en el mismo espacio de información de La Razón, la otrora presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, declaró lo mismo. “¿Por qué recogen la medalla presidencial el día 11 si no se habló absolutamente nada sobre la sucesión constitucional”, preguntó.

La última vez que la medalla de Simón Bolívar ingresó en las bóvedas del BCB fue a las 10.15 del jueves 7 de noviembre de 2019, tres días antes de la renuncia de Morales.

El acta de depósito 74/2019 señala que fue recibida en las oficinas de la Subgerencia de Operaciones del Material Monetario del BCB, a solicitud de la Casa Militar.

Tanto la banda como la medalla presidencial fueron impuestas la noche del 12 de noviembre a Áñez en ambientes del Palacio Quemado, minutos después de que la entonces senadora de Unidad Demócrata (UD) se proclamara presidenta transitoria en la Asamblea Legislativa.

Cuando el 8 de junio de este año el fiscal Omar Mejillones le preguntó a Áñez quién le puso la banda y la medalla presidenciales, ella respondió: “No recuerdo, y lo que quiero aclarar es que a mí no me posesiona ningún militar. El militar que sale en la foto solo está acomodándome la banda presidencial”. La insignia presidencial que usó Áñez el día de su proclamación fue devuelta al BCB a las 11.14 del jueves 14 de noviembre de 2019, bajo los protocolos de rigor por parte del mayor Gallardo. La recibieron en la antesala de la bóveda central del instituto emisor Lidia Morales, entonces supervisora Contable y Valores en Custodia del BCB; Jenny Herrera, jefa del Departamento de Operaciones del Material Monetario, y Teddy espejo, subgerente de Operaciones.

Comparte y opina: