Nacional

lunes 25 oct 2021 | Actualizado a 16:18

Diputado pide que el Presidente se pronuncie sobre el caso de la red de extorsión

La oposición demanda un pronunciamiento político del presidente Evo Morales acerca del caso de la red de extorsión en dos ministerios. Pide, además, conformar una comisión parlamentaria que investigue por su lado el hecho.

/ 29 de noviembre de 2012 / 16:03

El diputado de la opositora Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, pidió hoy que el presidente Evo Morales se pronuncie ante el caso de la red de extorsión descubierta en los ministerios de la Presidencia y de Gobierno.

«Lo único que hemos escuchado hasta ahora del Presidente es que se siente dolido; lo que necesitamos saber es qué va hacer frente a este hecho», dijo Navarro.

Para el parlamentario, el descubrimiento de la referida red de extorsión, significa el fracaso de la lucha contra la corrupción promovida por el Gobierno.

En declaración a radio Panamericana, Navarro añadió que también es tiempo de que la «Asamblea Legislativa tome las cartas en el asunto»; se conforme una comisión especial que por su cuenta investigue el caso.

Esta es la hora del MAS, dijo Navarro, en sentido en que corresponde sobre todo al partido de gobierno empezar a investigar y terminar de revelar el caso; como opositor, dijo, Navarro no hizo mayor comentario para evitar que se «politice» el hecho (que digan que la oposición está aprovechando las cosas). 

El diputado opositor sugirió que en el caso de la red de extorsión tienen responsabilidad los propios ministros: «después de siete años se habían dado cuenta que la corrupción está institucionalizada en el gobierno de Evo Morales»; recordó el caso del general Sanabria.

El parlamentario señaló además que lo que le falta al Gobierno en su lucha contra la corrupción es que ésta sea básicamente «preventiva».

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Académicos: La auditoría tiene fallos básicos

Mínimo, el Informe de la OEA tendría que retirarse de la web del organismo, reclaman.

Cómputo oficial en las elecciones de octubre de 2019; este acto ‘manual’ es el que vale para el resultado oficial

Por Iván Bustillos

/ 24 de octubre de 2021 / 18:11

El punto sobre la i

El viernes 22 por la mañana, en Washington D.C., en el Salón de las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA), tuvo lugar el conversatorio presencial ¿Qué pasó al final en las elecciones de Bolivia de 2019? Expertos comparten sus hallazgos, organizado por la Misión Permanente de Bolivia ante la OEA, en colaboración con sus pares de Argentina y México. En la cita expusieron sus observaciones Jake Johnston, investigador del Centro de Investigaciones en Economía y Política (CEPR, Center for Economic and Policy Research); Francisco Rodríguez, economista, profesor de la universidad de Tulane; y Jack Williams, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). Si hay una coincidencia entre los tres expertos en análisis estadístico electoral es que tanto el Informe Preliminar como el Final de la OEA sobre las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia tienen errores de análisis, un hecho que reiteradamente se le hizo notar a la Secretaría General, pero que nunca se obtuvo mayores explicaciones.

Fue la embajadora de México, Luz Elena Baños, que apuntó lo peculiar de la cita: éstos y otros estudiosos debían exponer directamente sus críticas, dentro de la OEA, hace casi dos años. “Recuerdo muy bien el rechazo del Consejo Permanente en 2019 ante la solicitud de México de escuchar a los expertos que hoy están aquí. Nos tardamos dos años en escucharlos, pero ha valido la pena”, destacó Baños.

EVASIÓN. Es una actitud evasiva recurrente de la OEA a debatir su Informe, protestó la embajadora mexicana, pues para la cita del viernes nuevamente dos altos funcionarios que tienen que ver con el tema negaron su participación. “Los serios y graves cuestionamientos que la Misión de Observación Electoral de la OEA ha tenido, no serán superados con prácticas antidemocráticas cerrándose al diálogo y defendiendo de manera absurda los argumentos de la Secretaría General de la Organización, que ante la posibilidad de debatir optó inexplicablemente por no participar en este conversatorio. Es preocupante, porque eso reitera que desean hacer prevalecer de manera unilateral su actuación que ha sido fuertemente cuestionada por científicos. Lo más alarmante es que esa negativa viene de los dos funcionarios de la organización que se encargan de fortalecer y de velar por la democracia en el hemisferio”.

La embajadora se refiere a Gerardo Icaza, director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), y Francisco Guerrero, responsable de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD).

Los tres expertos que expusieron el viernes, en realidad son viejos conocidos en el estudio de los procesos electorales en la región: Johnston, investigador del CEPR, publicó su primer trabajo (Análisis preliminar de los hallazgos del informe final de la auditoría de la OEA) el 12 de diciembre de 2019, a la semana de que se publicara el Informe final de la OEA, el 4 de diciembre. Rodríguez fue quien, junto con Dorothy Kronick, en un artículo en el The New York Times dijo que el análisis de la OEA era deficiente; y, Williams, que con John Curiel en febrero de 2020 publicó en el Washington Post que el análisis estadístico completo antes que ver un incremento drástico, más bien encontraba algo que se podía esperar.

El viernes, los tres estudiosos se refirieron al manejo estadístico por parte de la OEA en su análisis sobre todo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y su tesis del “cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia”, que fue lanzada el 21 de octubre por la noche.

Al día siguiente, cuenta Johnston, él analizó los datos y encontró que “no había justificación para los reclamos de la OEA”; lo que ocurrió luego fue lo llamativo: “ese día le mandé un mensaje a un oficial de la OEA que estaba participando en la Misión de Observación, le expliqué esto; y la respuesta fue: ‘lo sabemos, pero Morales nunca debería de haber sido candidato’; en ese momento entendí que no era cuestión (si había o no) fraude sino del deseo político de la OEA”.

RESULTADO. Al revisar el Informe final de la OEA (4 de diciembre), Johnston remarcó el viernes que si bien el texto “menciona verdaderos problemas en la administración de la elección, contrariamente a lo que dijo la OEA, no muestra evidencia de que eso haya cambiado el resultado de la elección, o incluso que haya habido un esfuerzo parcial de cambiar ese resultado”.

Sobre el ‘súbito’ incremento de votación para el MAS en el último 5% del TREP, que “la interrupción real de la tendencia ocurrió en el último 5% de los votos procesados”, Johnston hace notar que en el propio informe se revela que “el desempeño de Morales en el 5% final de la votación disminuyó comparado con el 5% inmediatamente anterior, lo que desacredita el propio análisis de la OEA que alega demostrar un cambio de tendencia”.

Ahora, ese incremento en la tendencia en el último 5% de votos, dice, “es absolutamente predecible en vista de la tendencia ya evidenciada en las zonas geográficas de donde provienen estos votos finales” (de sectores donde era mayoritario el voto masista).

Otra observación que hace Johnston es que en su tiempo su equipo comparó las “actas irregulares” que seleccionó la OEA para mostrar el ‘fraude’, con actas “regulares” de los mismos recintos, y ambas tenían similares resultados, peor aún cuando en la elección de 2020, concluye, en esos recintos se volvió a repetir ese voto mayoritario por el MAS, por Luis Arce.

Por su parte, además de recordar que el origen de todas las sospechas fue la alarma de la OEA de que hubo un quiebre, un cambio drástico en la tendencia en el último 5%, Rodríguez señaló que en todas las elecciones existen estos quiebres y si se los ve sin considerar el contexto de la elección, pues fácilmente se los califica de una anomalía electoral.

Exhibiendo la gráfica de la elección de la segunda vuelta en Perú, por ejemplo, mostró lo mismo el incremento acelerado en el último tramo para uno de los dos candidatos, lo que no llevó a calificar el hecho como una anomalía, menos un ‘fraude’.

Sobre el drástico cambio de tendencia en el último 5%, Rodríguez cuestiona a la OEA que en estimación no haya incluido un 4,4% de las actas que llegaron al final y que incluyéndolas, el gráfico de la tendencia ya no se muestra ‘drástico’. El economista también hizo referencia al error que habría cometido el estadístico de la OEA que en el último tramo, en vez de usar el criterio de ordenamiento de las actas cronológico, usó el alfabético. “Cuando se publicaron estos datos, lo que pasó fue que los investigadores que hicieron esta sección del Informe de auditoría, ordenaron mal las mesas; las ordenaron por orden alfabético en vez de por orden cronológico. Eso quiere decir, por ejemplo, que después de la mesa 701 de la mañana tienes la mesa 701 de la tarde, luego la 702 de la mañana y después la 702 de la tarde. (Pero) cuando las ordenas correctamente, no te encuentras con este quiebre en la pendiente” (de la gráfica), ejemplifica Rodríguez.

CONSISTENCIA. En rigor, añadió el economista, el análisis estadístico no prueba si hubo o no fraude, lo que hace es ver la consistencia de los datos, de la data, en relación al proceso de votación. “Y esto es extremadamente relevante frente a lo que se alegó en el Informe de Auditoría de la OEA, que los datos eran inconsistentes con un proceso de escrutinio limpio; nosotros hallamos que éstos son exactamente los datos que uno esperaría ver si el proceso hubiese sido uno en el que no hubiese habido ningún proceso de interferencia”.

Rodríguez no dejó de quejarse de la persistente negativa de la OEA de publicar los datos y “el código” que había utilizado para llevar adelantes sus análisis, pese a los constantes pedidos de los investigadores. Reveló que pasados cinco meses de la elección, “un periodista de investigación del The New York Times consiguió la base de datos” y recién se pudo trabajar a fondo.

Finalmente, Williams, en una exposición más bien breve enfatizó en que para tener una idea completa u objetiva de la tendencia cómputo o del conteo rápido, lo principal es no quedarse en el análisis o estudio solo del último tramo donde se presentó la variación inesperada.

Lo que hay que hacer, remarcó Williams, es que el análisis de la tendencia debe ser detallado antes y después del corte del TREP. “Hicimos mil simulaciones, y aquí ven los resultados de las simulaciones; básicamente, lo que estamos tratando de demostrar es que al usar los datos disponibles antes del corte, se puede ver que Morales podía haber obtenido un margen de diez por ciento, fácilmente”, afirmó.

Fue Rodríguez el que dio la estocada final, cuando afirmó que a la pregunta de que si el caso está “cerrado”, pues por todo lo que se dijo es que técnicamente el tema no está cerrado. Y no lo está porque se evidenciaron errores de análisis y de aplicación.

“Es muy importante entender que investigadores que participaron en ese Informe han admitido públicamente que cometieron estos errores; los consultores que fueron contratados para hacer la parte estadística finalmente publicaron su código y los datos, y se identificaron esos errores, y ellos han reconocido que existen esos errores. ¿Por qué es que hay un informe en la página web de la OEA, que los mismos investigadores que participaron en ese informe reconocen que ahí hay gráficos y análisis que están basados en un error?”.

Todos están de acuerdo en que ahora tal vez corresponda una investigación independiente de lo hecho por la OEA, pero, demanda Rodríguez, en lo inmediato, “mínimo se debería pedir que se enmendase o corrigiese ese Informe o se lo retirase de la página web de la OEA. Esto no está en disputa. Lo que sí es un caso cerrado es que hay una parte muy importante del Informe que está basado sobre errores analíticos”.

Procurador: Apenas 15 actas con problemas

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, que estuvo presente en el conversatorio en Washington, compartió con los presentes el informe oficial de la revisión que junto a un equipo hizo de las 34.555 actas de cómputo de las elecciones del 20 de octubre de 2019.

“Esta información va a ser objeto obviamente de una publicación oficial; hoy la estoy dando oficialmente a ustedes con datos completos de esta investigación”, aseveró.

El Procurador hizo un extenso listado: hay 10 actas poco legibles, con baja resolución o definición de imagen; 3 actas con ausencias de datos en las casillas de papeletas en ánfora y habilitadas que emitieron su voto; 1 acta con ausencia de huella dactilar de un jurado electoral al cierre de la mesa; 94 actas con error aritmético en la casilla de votos válidos, lo que fue subsanado luego por el Tribunal Supremo Electoral; 15 actas con error de datos en la casilla correspondiente a cada organización política, subsanado por el TSE; 1 acta con sobreescritura en la casilla de votos válidos; 1 acta donde falta la firma de jurados al cierre; 1 acta con error numérico en la casilla de papeletas en ánfora; 37 actas conteniendo un error en la sumatoria de votos válidos, también subsanados por los jurados electorales; 15 actas con error aritmético de votos válidos para una organización política.

El total del supuesto fraude verificado, analizado por nosotros, 15 actas en que algún momento se han equivocado en poner datos de un frente político por otro frente, pero que en su momento fueron subsanados por el Tribunal Electoral, es decir, nada, concluyó Chávez.

También se pudo constatar que ni una de las 34.555 fue impugnada en el momento en que debió de hacerse, cuando los delegados de partidos están en pleno control del escrutinio.

 (*)Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Enmanillado, Costas sufrió un ‘callejón oscuro’; a Mamani le quitaron sus fármacos anti COVID

Los exvocales electorales fueron detenidos en 2019 por el caso Fraude, que recientemente fue archivado por la Fiscalía.

Fotos: Oswaldo Aguirre

/ 19 de octubre de 2021 / 09:24

El exvocal electoral Antonio Costas, tras ser detenido en octubre de 2019, fue llevado a un recinto policial; allí, enmanillado, sufrió un “callejón oscuro”. A su colega Idelfonso Mamani, contagiado con el COVID-19, simplemente se le quitó sus medicamentos.

Estas fueron algunas de las penosas circunstancias que revelaron las dos autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de 2019, entrevistados en el programa por streaming de La Razón Piedra, papel y tinta.

Los dos, junto al resto de los vocales del TSE de entonces, fueron acusados de delitos electorales con base en el polémico Informe Preliminar de Auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), después de la elección del 20 de octubre de 2019.

Costas relató que fue detenido un domingo por la noche en su domicilio. Fue enmanillado desde su casa. En vez de llevarlo a la Fiscalía, como correspondía, lo trasladaron al Comando de la Policía para exhibirlo, junto con los vocales detenidos, ante los medios de comunicación.

El exvocal electoral Antonio Costas.

Fue en el recinto policial que tuvo que pasar por el “callejón oscuro”, dos filas paralelas que forman las personas haciendo un callejón por el cual tiene que pasar la víctima bajo los golpes que le propinan desde ambos lados.

“Abuso. ¿Tú sabes lo que es el callejón oscuro, no? Yo soy una persona de 64 años. Estaba ahí ese grupo de policías que parecían las tortugas ninja… A mí me hubiera gustado, al que me estaba dando un golpe, contestarle, pero no podía, estaba agarrado (enmanillado); me golpearon”, contó Costas sobre lo que le pasó.

Medio en broma, medio en serio, el ingeniero Costas contó a Piedra, papel y tinta que siendo su persona el impulsor de la biometrización del padrón electoral, vio cómo de humillante era el acto del prontuariado del detenido.

“Debemos ser tal vez de las personas que más veces hemos entregado nuestras huellas biométricas. En todos los lugares que pasábamos, nos hacían ese procedimiento, tan humillante, de prontuariarnos; en las celdas, en la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen)”.

Idelfonso Mamani, por su parte, reveló un hecho que no se conocía: antes de la elección (18 de octubre), tanto fuera del órgano electoral como en sus domicilios, los vocales eran objeto de hostigamiento. “El Tribunal ha estado cercado, los domicilios de los vocales han estado cercados”.

Lo que Mamani deplora es la saña con que las autoridades judiciales, fiscales y policiales trataron a los vocales del TSE, la máxima instancia del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), el cuarto órgano de poder del Estado.

El exvocal electoral Idelfonso Mamani.

“Para los exvocales, se eliminó cualquier garantía constitucional. Durante la audiencia cautelar, por ejemplo, a mí no me permitieron ni hablar, apenas dos palabras; pero los acusadores eran toda la sala, que gritaban, insultaban”.

Mientras Costas estuvo en el penal de San Pedro tres meses, logrando su detención domiciliaria el resto de 2020, Mamani estuvo recluido en dicho centro penitenciario paceño durante un año.

Ambas autoridades fueron contagiadas con el COVID-19. Lo peor fue para Mamani. Contagiándose en junio (2020), el exvocal, “gracias a Dios, simplemente”, logró salir del penal a un hospital; empezando a recuperarse, por la falta de camas que había, decidieron derivarlo a un centro de recuperación, munido más bien de un lote de medicamentos para su recuperación; pero fue ahí que empezó su calvario.

“Me están llevando al centro de recuperación, pero los del gobierno, seguramente, se enteran y antes de que termine de sentarme en el centro de aislamiento, con un grupo de patrullas, me conducen al penal. Para ingresar al penal, me quitan todo el medicamento, la lista que tenía que comprar luego; me meten  a una celda de castigo, de puro cemento, que no tiene ni cama ni nada”.

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Primera sospecha de la OEA de fraude fue hecha con base en un error de aplicación informática

El reiterado “cambio drástico de tendencia” difundido por la OEA al día siguiente de la elección de 2019 desató la crisis poselectoral.

/ 18 de octubre de 2021 / 14:32

El ya célebre “cambio drástico de tendencia” en el sistema de conteo rápido de las elecciones de octubre de 2019, difundido por el excanciller de Costa Rica Manuel González (jefe de la misión de la OEA) fue hecho con base en un error de uso de una aplicación informática, precisó este lunes el exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de 2019, Antonio Costas. En la entrevista también estuvo el exvocal del mismo TSE, Idelfonso Mamani.

Hay que recordar que el anuncio del cambio drástico de tendencia fue lo que disparó la crisis poselectoral de octubre de 2019, hecho el lunes 21 por la noche. El anuncio ocasionó que sectores “confirmaran” el presunto “fraude” y que en las siguientes horas se incendiaran los tribunales electorales departamentales de Santa Cruz y Potosí.

El cambio drástico de tendencia habría ocurrido en el último 5% del conteo rápido y era “difícil de explicar” había dicho González la noche del 21, implicando una fundada sospecha de que se manipuló el resultado.

“Este señor Irfan Noorudin [politólogo de la universidad de Georgetown contratado por la OEA para el análisis de los resultados de las elecciones de 2019] reconoce que se equivocó en el ordenamiento de la cronología para hacer el análisis de la tendencia; en lugar de colocar la variable cronológica ‘fecha-hora’, utiliza una variable alfanumérica”, detalló Costas al programa por streaming de La Razón Piedra, Papel y Tinta, hoy, lunes 18.

De modo que (como también desde otro estudio lo denunciara el Centro de Investigaciones en Política y Economía —CEPR, por sus siglas en inglés— en junio de 2020), el susodicho “cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares” (Manuel González), era una presunción basada en ese error.

Noorudin reconoció este hecho públicamente, y pese a esto la OEA no rectificó su informe sobre el “fraude” en Bolivia sobre la base del “cambio de tendencia”.

“La tendencia es cronología, y cuando aportó una variable que no tiene el formato correcto, destruye la cronología, porque a continuación del 1, está el 10, luego el 100, cuando está en formato alfanumérico. Entonces, ya vemos nomás que el informe de la OEA era absolutamente intencionado y político”, señaló el ingeniero Costas.

Por su parte, Mamani reclamó de los partidos que denunciaron fraude en 2019 el que hasta ahora no presentaran pruebas sobre el supuesto ilícito.

Todos los partidos (nueve) que participaron de la elección, dijo, tienen “su propio cómputo”, en el sentido en que a todos se les entregó una copia (de 12) del acta de cómputo de cada mesa. De modo que si vieron que el resultado publicado por el Órgano Electoral era fraudulento, todos tenían la posibilidad de impugnarlo con las actas como prueba.

“A partir de esto, ellos tienen sus propios cómputos; pero ocultan sus propias actas y cómputo y dicen que se hizo fraude”, destacó Mamani en la entrevista.

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En 2003 también se usó eso de que ‘iban a volar la planta’

En 2003, la clase media apoyaba a las víctimas; hoy es diferente, la sociedad está muy polarizada.

Thomas Becker, abogado estadounidense de las víctimas de octubre de 2003, testigo directo de las masacres de noviembre de 2019

Por Iván Bustillos

/ 17 de octubre de 2021 / 18:56

El punto sobre la i

En 2003 también se usó eso de que ‘iban a volar la planta’

Thomas Becker, estadounidense, abogado de las víctimas de octubre de 2003; también colabora con los familiares de las víctimas de las masacres de 2019. Becker estuvo en Sacaba (Cochabamba) el día de la masacre, el 15 de noviembre de 2019; por su trabajo, también conoció de cerca lo ocurrido en Senkata el 19. Pocos como este activista en derechos humanos para sopesar las similitudes y diferencias de lo ocurrido en Senkata en octubre de 2003 y noviembre de 2019.

—De primera, ¿qué similitudes hay entre 2003 y 2019 en relación a las muertes en Senkata?

—Voy a comenzar por los decretos, porque éstos abrieron la puerta para la violencia más extrema. En 2003, el Decreto 27209, que movilizó a las fuerzas estatales para transportar el gas, fue llamado el ‘Decreto de la muerte’; Goni mandó a los soldados y mucha gente murió el 12 de octubre. En 2019, Áñez dictó el Decreto 4078, que también movilizó las fuerzas estatales, pero esto fue más extremo que en 2003, porque ofreció inmunidad a los soldados que maten a personas; es un decreto totalmente ilegal; muchos especialistas en derechos humanos expresaron su preocupación.

—¿Un mismo discurso también?

—Hemos visto pretextos y excusas muy similares. Los dos gobiernos dijeron que los responsables son terroristas, comunistas, narcotraficantes; el discurso era casi igual. Es importante recordar que hay miembros de los dos gobiernos. Jaime Aparicio fue embajador de Goni y de Áñez. Él fue testigo de Sánchez Berzaín y de Goni en nuestro caso, y su discurso era casi igual en 2003 y 2019; ha dicho que en los dos casos los manifestantes estaban allá para explotar la planta. Y en la Clínica de Harvard hemos analizado si hubo el intento de explotar la planta, y en los dos casos no había ninguna prueba. El Grupo (Interdisciplinario) de Expertos (Independientes) GIEI analizó esto y tampoco encontró prueba. Yo hablé con los fiscales durante el gobierno de Áñez, y ellos me dijeron que no podían encontrar ningún cartucho de dinamita. Pero la narrativa sigue, en 2003 y en 2019: hay todavía mucha gente que piensa que iban a explotar la planta.

—¿Muertos en ambos lados?

—En 2019 es más en blanco y negro; en 2003, del lado de las fuerzas estatales hubo dos muertos y dos heridos. En 2019, en Sacaba y en Senkata, cero policías, cero militares recibieron bala, ni un policía ni militar murió, ni fue herido.

—Lo de 2019 parece más urbano; en 2003 había gente del campo.

—En 2003 había más apoyo de la clase media, y ahora (2019) hay una división más fuerte, y la clase media no está apoyando a las víctimas tanto como en 2003; la diferencia es que en 2003 no había muchas investigaciones; ahora tenemos investigaciones de la CIDH, del Grupo de Expertos, de la ONU, de la Red Universitaria de Derechos Humanos, de la Clínica de Harvard, Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo; muchas instituciones han investigado lo que pasó y han dicho que son masacres, hubo ejecuciones extrajudiciales; hay mucha prueba imparcial, internacional, que ojalá pueda impulsar los casos un poco más rápido que en 2003, porque entonces no existió como ahora.

—El GIEI destaca la violencia racista en 2019.

—En 2003 y 2019 los que murieron fueron indígenas, los que mataron, aunque eran una mezcla, pero generalmente no eran indígenas. Es casi igual, las víctimas en 2003 son aymaras y quechuas, lo mismo que en 2019. Nosotros hemos investigado muchísimo los dos casos; las palabras son casi exactas; yo he recibido muchos testimonios de personas que han dicho que los soldados dijeron cosas muy racistas, cuando disparaban a la gente, como: ‘indios de mierda’, ‘animales’, ‘perros de mierda’, ‘maricones’, etc., muchas palabras antiindígenas, muy machistas, en los dos casos. Pasó también que mientras había personas que trataban de ayudar a otras, soldados les disparaban; esto pasó en 2003 y en 2019.

—La teoría de Murillo de que se han matado entre ellos. ¿Se llegó a decir lo mismo en 2003?

—Sí, han culpado a las víctimas; han dicho que las víctimas han disparado, en los dos casos. La tecnología ha complicado y ha ayudado. Por un lado, cuando el ministro de Defensa López dijo ¡ningún soldado disparó una bala!, hay pruebas, hay videos, mostrando a soldados disparando; pero hay personas que todavía creen esta narrativa, pero es absolutamente claro que es una mentira. Por un lado, hay más evidencia, videos, pero también la tecnología está complicando las cosas, porque muchas personas, especialmente en esta situación tan polarizada, buscan información en las redes sociales; miran memes, y deciden qué es verdad o no basados en información de redes sociales, pero no en información concreta, académica, clínica, como las investigaciones del GIEI, de la Clínica de Harvard o de la ONU.

—En 2019, dicen los informes, se obstaculizó las investigaciones, las autopsias. ¿Pasó lo mismo en 2003 o esto fue exclusivo de 2019?

—No, no. También había bloqueos de investigación. En 2003 fue un mes de violencia, y las familias, como en 2019, temían que iban a desaparecer cuerpos, han dicho que no recibieron información concreta. Para el juicio de responsabilidades de 2003, con Rogelio Mayta, teníamos que conseguir necropsias, porque las autopsias no eran suficientes, y en 2019 han bloqueado personas y han destruido pruebas. En 2019, en Sacaba, por ejemplo, varios testigos me dijeron que los militares, después de matar personas, usaron mangueras de agua para limpiar la sangre y recogieron las balas, para que la gente no pudiera tener pruebas.

—En todos los informes sobre 2019 se destaca la existencia de grupos civiles que se daban la autoridad para detener. ¿Pasó lo mismo en 2003?

—Ha pasado un poquito, pero no como en 2019. En parte porque, por ejemplo, el grupo de los motoqueros estaban trabajando como policías; había policías vestidos de civil, trabajando juntos. En El Alto, en 2003 fue casi El Alto contra el gobierno; pero en 2019, en general El Alto se manifestaba, pero en algunos barrios, en Ciudad Satélite, por ejemplo, he hablado con varias víctimas de abusos, cuando los soldados o los policías han trabajado con los vecinos para detener a una persona, para atacarla, para torturarla. En 2019, grupos como los motoqueros son muy organizados, han recibido apoyo directo del gobierno de Áñez y han cometido abusos, y son abusos documentados. Todo lo que digo está basado en investigación, en documentación, no es una simple opinión. Son grupos paraestatales que recibieron plata, armas, apoyo y han trabajado junto con los policías; y eso no había tanto en 2003.

—¿Qué posibilidades de justicia hubo y hay en 2003 y en 2019?

—Complicado decirlo. Inmediatamente después de 2003 había mucha población que quería un juicio, pero las víctimas tenían que pelear y pelear, no había dos tercios (en el Congreso de entonces); todos en esta época dicen que Goni y Sánchez Berzaín son responsables, pero al principio no querían apoyar un juicio. Lo bueno es que el juicio de responsabilidades que manejó Rogelio Mayta y el juicio contra Goni (en Estados Unidos) sirven como precedentes, que pueden presionar muchísimo más. La comunidad internacional, en general, sabe que hubo masacres en Sacaba y Senkata; y yo creo que será una vergüenza si los políticos no apoyan un juicio de responsabilidades; pueden complicar la situación política internacional, porque la comunidad internacional sabe que hubo masacres en Sacaba y Senkata; el informe del Grupo de Expertos es muy claro sobre lo que pasó, el informe de Harvard es muy claro, la ONU, etc.; esto no pasó en 2003. Que haya estos informes puede abrir el camino a una justicia más rápida, pero hay una polarización ahora, que es fuerte, y la clase media no apoya como apoyaba en 2003. En 2019 hay prueba más fuerte y más directa, lo que no existía en 2003.

—¿Alguna diferencia?

—Lo que le pasó a Patricia Arce (exalcaldesa de Vinto), por ejemplo; fue secuestrada y torturada; esto se hizo viral; en todos los países del mundo se ha visto lo que pasó con Patricia Arce. Yo creo que internacionalmente la gente sabe qué gobierno fue Áñez, Murillo está preso en Estados Unidos por soborno y lavado de dinero; hay muchas señales de que este gobierno fue violento y que ha cometido varios delitos. Entonces, la sociedad internacional puede ayudar a presionar más que en 2003, cuando no había mucha información.

—Ud. estuvo en Sacaba el día de la masacre; nadie se lo contó.

—La verdad, lo que vi nunca voy a olvidar; tengo pesadillas. Yo recuerdo los momentos, por ejemplo, cuando tenía que entrar al hospital, tenía que hacerlo en forma secreta, porque me bloqueaban. Hablé con una víctima, él perdió su ojo; al ayudar a una persona, un soldado le disparó en el ojo. Yo fui la primera persona con quien habló. Y lloraba con el ojo que todavía tenía. Y me decía: ‘tú vas a ver, mañana van a decir que es nuestra culpa, que somos comunistas, narcotraficantes, somos indios’. Y, la verdad, fue muy difícil creer esto porque fue tan extremo; lo que vi fue que todos los huecos de las balas mostraban que las balas llegaban desde donde estaban los soldados; la evidencia fue muy clara. Varios medios de comunicación han dicho exactamente lo que dijo el gobierno, que se dispararon entre ellos, que fue un conflicto. No fue un conflicto, fue una masacre. Y lo que fue muy triste para mí era la falta de esperanza; en 2003 había más esperanza, pero en 2019, la gente tenía miedo; ellos decían: ‘la sociedad boliviana no va a creernos’, y eso pasó. En 2003 Goni se fue y la sociedad sabía lo que pasó, pero en 2019, después de las masacres, ha habido una persecución extrema. Había un ambiente muy difícil para organizar, movilizar, buscar justicia; fue más complicado en 2019-2020 que en 2003.

 (*) Iván Bustillos es periodista de La Razón

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Expresidentes de Adepcoca son vetados para las elecciones del 22 de noviembre

La organización procurará que los candidatos sean electos desde las comunidades, pasando por todas las instancias intermedias. La elección es por asamblea.

/ 12 de octubre de 2021 / 13:26

Se confirmó para el lunes 22 de noviembre las elecciones de la nueva dirigencia de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), en Coripata; están prohibidos de participar todos quienes hayan sido presidentes de la institución, incluso de las organizaciones paralelas.

El anuncio fue hecho este martes por el presidente del Comité Electoral de Adepcoca, Maycol Reyes, en entrevista con La Razón Radio, programa por streaming de este medio.

Están vetados “todos los expresidentes”, aun considerando la división de la organización cocalera. Cuando se le preguntó si se considera, por ejemplo, expresidente de Adepcoca a Arnold Alanes, de una de las paralelas, Reyes ratificó: “Todos, en una magna asamblea la base les ha dado de baja; se les ha dicho: ‘Ustedes ya no son más presidentes, ni de un lado ni del otro lado’”.

En este sentido, no participarán ni Elena Flores ni Armin Lluta ni Arnold Alanes, menos Franclin Gutiérrez, detalló el presidente del Comité Electoral.

La elección del 22 será en el estadio Ramiro Castillo de Coripata. Como se sabe, en Adepcoca se practica la elección por asamblea. Se elegirá a un directorio compuesto por nueve personas, provenientes, según estatuto, de “cuatro postulantes de la provincia Nor Yungas, cuatro de Sud Yungas y uno de Inquisivi”, remarcó Reyes.

La postulación para la dirigencia en Adepcoca no es a título personal; el candidato tiene que haber “subido” desde las comunidades, remarcó Reyes: “La comunidad elige a la persona más idónea; de la comunidad va a la Subcentral, de allí a la Central, de la Central a la Federación Regional y de ahí viene el candidato”.

Entre los requisitos exigibles están que el candidato o candidata sean “nacidos en el lugar, que tenga su libreta de servicio militar, además de eso tiene que presentar una declaración jurada de cuántos bienes tiene, van a presentar también un perfil de proyecto, cómo van a manejar la institución”.

Los postulantes tienen que presentar todos estos requisitos hasta el 15 de noviembre.

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