La red de extorsión administraba nueve casos ‘clave’ del Gobierno
Uno de los principales procesos en los que Fernando Rivera y Dennis Rodas actuaron por el Ministerio de Gobierno fue el caso Terrorismo, que habría iniciado los despojos
Los abogados Dennis Rodas y Fernando Rivera administraban y daban seguimiento a al menos nueve procesos “clave” del Ministerio de Gobierno; uno de ellos, el caso Terrorismo, fue identificado como el que dio inicio a las extorsiones que realizaba la red.
Una de las primeras “víctimas” de la red que conformaron los ahora exabogados de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno fue Juan Carlos Guillén, persona que pagó los hoteles del grupo terrorista de Eduardo Rózsa Flores y prestó el vehículo que fue usado para el atentado a la casa del cardenal Julio Terrazas, en abril de 2009.
Esta versión fue ofrecida por el exviceminsitro de Régimen Interior Gustavo Torrico. “Él (Guillén) debía ser uno de los primeros procesados en el caso Terrorismo, pero no aparece en la acusación particular que presentan Rivera y Rodas a nombre del Ministerio de Gobierno”, querellante en el caso, dijo. Según Torrico, “ahí han visto que había una mina de oro y con el poder que les habían dado, podían extorsionar, cambiar fallos y demás”, indicó a La Razón.
Procesos. Tanto Rodas como Rivera actuaban en las audiencias del caso Terrorismo con un poder especial proporcionado por el Ministerio de Gobierno. De hecho, a Rivera se lo aprehendió el lunes, aprovechando un cuarto intermedio de este juicio oral que se desarrolla en la ciudad de Tarija. En el proceso se juzga a 39 acusados, entre extranjeros y nacionales, por pretender dividir el país a través de la instauración de un presunto grupo terrorista.
Derivado de este proceso se abrió el caso Terrorismo II, en el que el exfiscal Harry Suaznábar investigaba a los “financiadores” de la célula terrorista de Rózsa y en el que Rivera y Rodas se apersonaban hasta que el fiscal renunció en julio de este año.
Gastos Reservados I y II, en los que se habría extorsionado a algunos de los investigados de beneficiarse con pluses, también estaba a cargo de Suaznábar. La hija de Guillermo Fortún, quien falleció recientemente en una clínica, siendo preso del penal de San Pedro, afirmó que a su familia le pidieron $us 20 mil para dar curso a una detención domiciliaria. En Gastos Reservados II, el exfiscal Harry Suaznábar imputó al exviceministro Víctor Hugo Canelas, presuntamente por presiones de Rivera.
La red también dio seguimiento al caso de Dirk Schmidt, un alemán que fue acusado de alzamiento armado y sedición en 2010. Para liberarlo le pidieron que ceda sus tierras y, como no lo hizo, le pidieron pagar $us 10 mil. A este ciudadano, según Gustavo Torrico, le armaron el caso junto con el exviceministro Marcos Farfán y el exdirector de Régimen Interior Boris Villegas.
Otro de los procesos en los que la red utilizaba un poder para realizar las diligencias, es el que involucra al general (r) René Sanabria con un grupo de narcotraficantes que enviaba droga a EEUU. Este caso goza de relevancia porque supuestamente Sanabria implicó a gente del Gobierno con el narcotráfico. No se reportó denuncias sobre algún tipo de presión para favorecer o no a los inculpados o partes que conocieron el proceso desde febrero de 2011.
A este juicio se suma el caso de René Navía, un oficial de la Policía implicado en un caso de narcotráfico y lavado de dinero, que también era seguido por Rivera y otros. Gustavo Céspedes (identificado como hombre de confianza de Rivera) habría exigido $us 40 mil para dar curso a su traslado de Chonchocoro a Palmasola.
Además, se apersonaron en el caso del reo Franz Reynaldo Gonzales, alias Vinchita. El acusado del asesinato de Jessika Borda denunció que le exigieron $us 10 mil para trasladarlo del penal de Chonchocoro a Palmasola. El reo apareció muerto en julio de 2012. Por último, se cita el caso de Jacob Ostreicher, que destapó la red de corrupción y extorsión.
Encuentro que llamó la atención
Cena
El exfiscal anticorrupción Harry Suaznábar, el exdirector de Régimen Interior Boris Villegas, el exdirector Jurídico del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera y el abogado de esa entidad Dennis Rodas, presuntos integrantes de la red de extorsión, fueron encontrados cenando juntos en un local de Sopocachi, a fines de mayo de 2011. Dijeron que fue un encuentro casual.
Mafias rusa y francesa con vínculos en la red
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, reveló ayer que la red de corrupción y extorsión estaría vinculada a mafias rusas y francesas. “Estamos reforzando la seguridad porque tiene que ver ya con organizaciones internacionales”, dijo.
“Tenemos información sobre la participación de varios fiscales de materia y uno o tres jueces que deben explicar y brindar información, ahí el Ministerio Público determinará si forman parte de la red o en realidad han sido obligados a cambiar fallos en 24 horas”, dijo la autoridad del Gobierno nacional a El Deber Radio.
Pérez señaló: “Estamos peleando con gente vinculada a mafias, ésta es una organización criminal relacionada a casos de corrupción y extorsión, por las denuncias que hay ellos no están cuidando $us 50 mil ni $us 100 mil”.
El viceministro reveló que desde el inicio de la investigación de este caso porta arma de fuego por la aparente peligrosidad de la organización desarticulada el martes. “Por temas de seguridad optamos por resguardarnos”.
Denunció que está siendo objeto de seguimiento. “Una noche, llegando a mi casa, veo a una persona cerca de la puerta de ingreso y al ser descubierta por mi hijo, el individuo lo miró como increpándolo, y a unos 15 metros se pone de cuclillas al lado de una barda; estoy seguro que fue a buscarme”. “Se ha obtenido información importante relacionada a la red desarticulada y la verdad hasta asusta, pero lo vamos a comprobar”.
La pena más dura es 8 años de prisión
En caso de que los acusados en el caso de la red de extorsión fueran declarados culpables en los delitos por los que les acusan, la pena máxima que tendrían sería de ocho años de prisión, según lo estipulado en las normas vigentes.
El Ministerio Público imputó a José Manuel Antezana Pinaya, exempleado del Ministerio de la Presidencia; Gustavo Céspedes Rosales, Hugo Pedraza Suárez y Edward Stefane Bellido por la comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas (1 a 6 años de prisión), favorecimiento al enriquecimiento ilícito (3 a 8 años), beneficio en razón del cargo (1 a 3 años), y uso indebido de influencias (2 a 8 años).
Sanción. La Fiscalía también imputó ayer a Fernando Rivero Tardío y Dennis Rodas Limachi, exempleados legales del Ministerio de Gobierno, por los delitos de uso indebido de influencias (2 a 8 años), beneficio en razón del cargo (1 a 3 años) y contribución y ventajas ilegítimas (1 a 3 años).
A Ramiro Ordóñez López el Ministerio Público lo imputó por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y complicidad en enriquecimiento ilícito. La pena mayor es de ocho años. La legislación vigente establece que la condena por los delitos cometidos no es acumulativa, sino que se debe cumplir la pena mayor.
