Nacional

Wednesday 15 May 2024 | Actualizado a 20:02 PM

Carlos Romero: ‘La investigación es en cascada (…) desde hoy declaran fiscales’

Desde el 26 de noviembre, la agenda del Ministro de Gobierno está saturada. El caso de Jacob Ostreicher permitió detectar una red de extorsión que no sólo implicaría a dos ministerios y gente de Dircabi, sino a jueces y fiscales. Las declaraciones están programadas, dice en entrevista realizada en la autopista La Paz-El Alto. No cree que Rada, Llorenti y Chávez estén implicados.

/ 3 de diciembre de 2012 / 04:24

— Detectada la red de corrupción y extorsión, hechas las aprehensiones y audiencias cautelares, ¿cuál es el siguiente paso en esta investigación?

— A partir del lunes (hoy) vamos a tener declaraciones de fiscales, ahí vamos a ver si también en la red aparecen nexos con el Ministerio Público y el Órgano Judicial. Creo que ésta es una investigación en cascada.

— ¿Por qué ese término?

— Porque primero tenemos funcionarios y exfuncionarios vinculados al Ministerio de Gobierno, Dircabi y un exdirector del Ministerio de la Presidencia como integrantes; luego aparece gente externa, como el intermediario (Gustavo) Céspedes, quien les hacía las gestiones. Entonces, digo en cascada porque no podemos tener certeza todavía de los alcances verdaderos de la red ni cuantificar realmente la gente comprometida con esta estructura

— ¿Hay fiscales y jueces involucrados con este grupo?

— Podría existir. El mundo litigante a veces genera nexos entre abogados, jueces, fiscales, entonces hay que investigar.

— ¿La comisión de fiscales está emitiendo las notificaciones para algunos jueces y fiscales?

— Evidentemente, hay varios fiscales que están siendo convocados para prestar declaración informativa, vienen desde el lunes (hoy).

— Y… ¿si encuentran nexos entre la red y esas autoridades?

— (Responde con otra pregunta): ¿(Qué pasará) si hay fiscales detenidos el lunes…?

– ¿Se indicó de que la red de extorsión tiene nexos con mafias rusas y francesas, es evidente?

— La información que conozco es que esos grupos han estado ligados a casas de juegos, entonces habrá que ver si sus procesos se llevaron regularmente o si hubo extorsiones o irregularidades.

— ¿Implican a Boris Villegas en esta red, él sería quien la organizó o fue Fernando Rivera?

— Esa información la hizo conocer el exviceministro (Gustavo) Torrico, obviamente hay que tener en cuenta esa declaración de prensa para hacer investigaciones.

— Tras salir del Ministerio de Gobierno, Villegas termina en Transparencia, ¿fue esto de conocimiento de su despacho?

— No, a Villegas le pedimos su renuncia porque no tenía un buen nivel de coordinación con el viceministro (Jorge) Pérez.

— ¿Había sospechas sobre él?

— Sospechamos que Villegas podía estar involucrado en algunas acciones de seguimiento hacia su propio viceministro y, siendo estos cargos de confianza, teníamos elementos de desconfianza hacia él.

— ¿Qué buscaba Villegas con ese seguimiento a Pérez?

— Seguramente estaban intentando deshacerse del viceministro —en sentido figurado—, encontrar algo que le pueda comprometer.

— Rivera trabajaba en el Ministerio de Gobierno desde 2007, ¿por qué se tardó en descubrirlo?

– Quiero presumir que era una red muy hábil, con mucha experiencia, capacidad y vínculos (…). En el caso de Ostreicher diseñamos operativos, pero éstos se caían (…) cuando entra (el coronel Víctor Hugo) Maldonado personalmente, recién pudimos colectar otros elementos y evidencias.

— ¿Habrán tenido protección de autoridades de alto nivel?

— No creo, a (Alfredo) Rada lo conozco hace años y fue siempre una persona muy honorable, limpia y recta; Sacha Llorenti, igualmente, imposible que pueda estar comprometido en algún hecho irregular; Wilfredo Chávez ha estado un corto tiempo en realidad.

— ¿Se sabe desde cuando operaba esta red de extorsión?

— Esta estructura se formó y consolidó con el paso del tiempo, fue  adquiriendo su propia experticia; no me animaría a establecer desde cuándo empiezan a cometer irregularidades.

— ¿El trabajo realizado por Maldonado abre la posibilidad de que sea ratificado como Comandante General de la Policía en una próxima gestión?

– Eso es muy prematuro, no quiero entrar aún en ese debate.

Perfil

Nombre: Carlos Romero

Profesión: Abogado

Cargo: Ministro de Gobierno

Abogado e investigador

Además de abogado, es investigador en temas constitucionales, problemática agraria e indígena de tierras bajas, analista social y escritor. Desde su juventud se relacionó con movimientos sociales y desempeñó cargos dirigenciales en la Universidad Mayor de San Andrés.

Entre 1995 y 2000 fue responsable del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social CEJIS-Trinidad. A fines de 2000, asumió la dirección ejecutiva nacional del CEJIS. Representó a Santa Cruz en la Asamblea Constituyente. A partir de 2008 ocupó el Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario, de Autonomías, de la Presidencia y su actual cargo en Gobierno.

La extorsión se daba en cuatro tipos de casos

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que la red de extorsión, que involucra a los abogados Dennis Rodas y Fernando Rivera, tenía un modo de operar que se centraba en cuatro objetivos. Las denuncias que surgieron en los últimos días le dan la razón.

“Las investigaciones permiten establecer una forma de operación: se presenta en procesos donde está en juego mucho dinero, en casos relevantes de narcotráfico, corrupción y (aquellos donde) hay retardación de justicia”, indicó Romero a través de medios estatales.

 Las condiciones para la extorsión mejoran cuando el acusado está con detención preventiva e intenta revertir esa situación y advierte que se dilata el proceso. A ello se suman la presión que ejerce la red sobre autoridades judiciales y fiscales, e incluso la posible participación de éstos, según Romero, quien dijo que por lo menos eso fue lo que demostró en el caso del estadounidense  Jacob Ostreicher.

Según el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, hay al menos 15 denuncias contra la red. Por ejemplo, en el caso del subteniente René Navía se habla de una extorsión de $us 40 mil por traslado de penal y en la de Franz Reynaldo Gonzales, alias Vinchita, de $us 10 mil por el mismo tema. Al alemán  Dirk Smith le habrían exigido $us 10 mil por retirarle una imputación, y a Ostreicher le pidieron $us 50 mil. Además, se habla de un decomiso de madera por $us 3 millones.

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Hijo del general René Sanabria pasea en las calles sin escolta pese a tener detención domiciliaria

Sanabria Nava fue aprehendido el 1 de febrero de 2012, luego de que la comisión de fiscales que lleva el caso en Bolivia determinó que el 25 de febrero de 2011 acompañó a su madre Lourdes Nava de Sanabria a las oficinas del Cigein para que ésta saque documentos que presuntamente implicaban al exjefe policial en narcotráfico.

/ 7 de febrero de 2013 / 16:01

El juez 9° de Instrucción en lo Penal, Jorge Castillo, determinó en horas de la mañana de hoy la detención domiciliaria de Víctor Hugo Sanabria Nava, hijo del general (r) René Sanabria Oropeza, quien fungía como director del Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigein) cuando fue detenido en Panamá, acusado de traficar 144 kilos de cocaína a Estados Unidos.

A minutos de haberse dictado el fallo, La Razón pudo advertir que Sanabria Nava se encontraba en la calle, sin escoltas, cuando la resolución judicial indica que antes de gozar del beneficio se debe cumplir con los trámites de ley y los requisitos en un plazo de hasta 72 horas.

Sanabria Nava fue aprehendido el 1 de febrero de 2012, luego de que la comisión de fiscales que lleva el caso en Bolivia determinó que el 25 de febrero de 2011 acompañó a su madre Lourdes Nava de Sanabria a las oficinas del Cigein para que ésta saque documentos que presuntamente implicaban al exjefe policial en narcotráfico.

“Después de un año que estuve injustamente detenido, hoy el juez ha determinado darme arresto domiciliario. Después de un año han podido creer que tengo un domicilio fijo y una familia”, indicó Sanabria Nava, tras argüir que desde su detención —el 1 de febrero de 2012— y posterior remisión a una audiencia cautelar —5 de febrero de 2012— el Ministerio Público y la acusación particular asumida por el Ministerio de Gobierno postularon esos extremos para impedir que el juez cambie la detención domiciliaria que cumplía en la sección Posta de la cárcel de San Pedro por una detención domiciliaria.

En exclusiva, contó a La Razón que tras más de un año  preso se encuentra “psicológica y físicamente  cansado”, no obstante estará más tranquilo  porque podrá reunirse con su familia, tíos, primos y hermanos, pues su padre está preso en Estados Unidos y su madre considerada prófuga desde el 25 de febrero de 2011, un día después de que detuvieron a René Sanabria.

“Me acusan de que yo he sustraído documentos (de la oficina del Cigein) pero el hecho de que yo he acompañado a mi madre, no quiere decir que yo haya traficado (con drogas) en ningún momento”, manifestó Sanabria Nava.

Las medidas sustitutivas que le otorgaron consisten en detención domiciliaria y una fianza de Bs 50.000. No se le impuso escolta policial para que cumpla la medida, pero sí la obligatoriedad de presentarse a firmar un libro ante el juez, todos lunes.

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Involucrados en caso Extorsión acusan a Pérez de ‘pinchazos’

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:19

Abogados implicados en una red de extorsión relevaron a través de un memorial que el viceministro Jorge Pérez “pinchó” el teléfono de la diputada Marcela Revollo (MSM) e incluso al presidente Evo Morales. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se refirió a esa denuncia como una “canallada”.

Los detalles fueron expuestos en un memorial en que Boris Martín Villegas, Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas interponen una acción de libertad junto al exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, y Pedro Ramiro Ordóñez López, “por violación permanente de derechos constitucionales”, mismo que pasó a conocimiento del Juzgado 1° de Sentencia de La Paz.

De acuerdo con el memorial, el viceministro Pérez ordenó escuchas telefónicas y espionaje a la diputada Revollo. “Fue desde el Ministerio de Gobierno, en la persona de Jorge Pérez Valenzuela los que activaron y ejecutaron la interceptación de comunicación privada (…). Tanta fue la falta de vergüenza y cinismo que nos ordenó presentar una querella penal en contra de la asambleísta  (…) por el delito supuesto de sedición, teniendo como principal prueba dicha conversación interceptada”, señala una parte del documento.

La grabación correspondía a una charla telefónica de Revollo con dirigentes del TIPNIS, a quienes —según el Gobierno— financiaba el MSM. “Ha llegado una denuncia anónima y, una vez evaluada, el Ministerio de Gobierno consideró importante que la población conozca estos hechos”, dijo el viceministro Pérez en mayo de 2012.  

“Que estos señores prueben sus denuncias, me parece que son una canallada”, indicó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, según ANF.

En otra parte del documento, se lee: “Estos equipos han permitido llevar a cabo grabaciones clandestinas a la asambleísta e incluso se grabó al presidente Evo Morales cuando sostenía reuniones con el Alto Mando Policial”. Este extremo fue denunciado por el Mandatario durante la posesión  del coronel Alberto Aracena como comandante de la institución y refirió que fue en anteriores gestiones.

“Rechazo ese tipo de sindicaciones (…), qué podemos esperar de personas que están privadas de libertad, que tienen más de 80 denuncias por casos de extorsión”, dijo Pérez a Patria Nueva.

Anunció la posibilidad de iniciar un proceso penal en su defensa.

El diputado Juan Carlos Cejas (MAS) consideró esa “revelación” como una forma de presión de parte de esos exfuncionarios y que, de verificarse esos extremos, se los podría procesar por encubrimiento. Si hubo “pinchazos” debieron denunciarlo, dijo el legislador. En tanto, el secretario político del MSM, Edwin Herrera, adujo que “con esto se confirma lo que vino diciendo el MSM: hay una estructura de persecución y seguimiento de gente de la oposición”.

Equipos adquiridos por UELINC

Denuncia

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

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Involucrados en caso Extorsión acusan a Pérez de ‘pinchazos’

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:19

Abogados implicados en una red de extorsión relevaron a través de un memorial que el viceministro Jorge Pérez “pinchó” el teléfono de la diputada Marcela Revollo (MSM) e incluso al presidente Evo Morales. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se refirió a esa denuncia como una “canallada”.

Los detalles fueron expuestos en un memorial en que Boris Martín Villegas, Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas interponen una acción de libertad junto al exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, y Pedro Ramiro Ordóñez López, “por violación permanente de derechos constitucionales”, mismo que pasó a conocimiento del Juzgado 1° de Sentencia de La Paz.

De acuerdo con el memorial, el viceministro Pérez ordenó escuchas telefónicas y espionaje a la diputada Revollo. “Fue desde el Ministerio de Gobierno, en la persona de Jorge Pérez Valenzuela los que activaron y ejecutaron la interceptación de comunicación privada (…). Tanta fue la falta de vergüenza y cinismo que nos ordenó presentar una querella penal en contra de la asambleísta  (…) por el delito supuesto de sedición, teniendo como principal prueba dicha conversación interceptada”, señala una parte del documento.

La grabación correspondía a una charla telefónica de Revollo con dirigentes del TIPNIS, a quienes —según el Gobierno— financiaba el MSM. “Ha llegado una denuncia anónima y, una vez evaluada, el Ministerio de Gobierno consideró importante que la población conozca estos hechos”, dijo el viceministro Pérez en mayo de 2012.  

“Que estos señores prueben sus denuncias, me parece que son una canallada”, indicó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, según ANF.

En otra parte del documento, se lee: “Estos equipos han permitido llevar a cabo grabaciones clandestinas a la asambleísta e incluso se grabó al presidente Evo Morales cuando sostenía reuniones con el Alto Mando Policial”. Este extremo fue denunciado por el Mandatario durante la posesión  del coronel Alberto Aracena como comandante de la institución y refirió que fue en anteriores gestiones.

“Rechazo ese tipo de sindicaciones (…), qué podemos esperar de personas que están privadas de libertad, que tienen más de 80 denuncias por casos de extorsión”, dijo Pérez a Patria Nueva.

Anunció la posibilidad de iniciar un proceso penal en su defensa.

El diputado Juan Carlos Cejas (MAS) consideró esa “revelación” como una forma de presión de parte de esos exfuncionarios y que, de verificarse esos extremos, se los podría procesar por encubrimiento. Si hubo “pinchazos” debieron denunciarlo, dijo el legislador. En tanto, el secretario político del MSM, Edwin Herrera, adujo que “con esto se confirma lo que vino diciendo el MSM: hay una estructura de persecución y seguimiento de gente de la oposición”.

Equipos adquiridos por UELINC

Denuncia

De acuerdo con los accionantes, fue la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelinc) la que adquirió radioescuchas y aparatos de interceptación telefónica, mismas que estuvieron en poder de Jorge Pérez durante el primer semestre de 2012.

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Fiscalía confirma TEC en muerte de oficial Espinal

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:18

El fiscal de Distrito de Tarija, Gilbert Muñoz, informó que las FFAA coadyuvan en la investigación de la muerte del subteniente Ceooly Espinal Prieto en Sanandita. Tras las primeras diligencias se estableció que el deceso se debió a un trauma craneal y que no se halló otras lesiones en el cuerpo.

“Se hizo la autopsia médico legal y se determinó que la causa de la muerte es un trauma encéfalo craneal (TEC) y a consecuencia de un impacto muy grave (…). No se ha determinado la existencia de otro tipo de lesiones en el resto del cuerpo”, señaló Muñoz a La Razón.

La familia del subteniente, sin embargo, denunció que al momento de preparar el cadáver para el sepelio, el lunes, evidenció signos de lesiones en la espalda, la nariz y la parte genital, de los cuales se tomó placas fotográficas.

El certificado de defunción firmado por el forense Wálter Flores Espinoza detalla TEC y hemorragia intracraneal entre las causas de muerte, por lo que la investigación que dirige la fiscal Narda Dorado se calificó por homicidio culposo.

Además, se indaga el hecho de que se haya tardado en auxiliar al subteniente, quien, de acuerdo con un comunicado oficial del Comando General del Ejército, se desvaneció durante una “marcha administrativa” de ocho kilómetros.  

De momento, el Ministerio Público hizo el registro del lugar donde se practicó el entrenamiento militar ese día, también se procede a la toma de declaraciones informativas de oficiales de Ejército y otros que estaban en el lugar.

También se solicitó toda la información documentada que conste en los registros de la Escuela de Cóndores Bolivianos (Esconbol), para demostrar en todas las diligencias la cooperación de la institución castrense. “Hay colaboración del organismo militar en la investigación y actos investigativos que se están realizando”, indicó Muñoz.

Dos casos en dos años

Drama

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado. Hace dos años se produjo otra muerte, la del subteniente Gróver Poma, aparentemente, a raíz de una golpiza. El caso no se esclareció.

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Fiscalía confirma TEC en muerte de oficial Espinal

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado.

/ 7 de febrero de 2013 / 08:18

El fiscal de Distrito de Tarija, Gilbert Muñoz, informó que las FFAA coadyuvan en la investigación de la muerte del subteniente Ceooly Espinal Prieto en Sanandita. Tras las primeras diligencias se estableció que el deceso se debió a un trauma craneal y que no se halló otras lesiones en el cuerpo.

“Se hizo la autopsia médico legal y se determinó que la causa de la muerte es un trauma encéfalo craneal (TEC) y a consecuencia de un impacto muy grave (…). No se ha determinado la existencia de otro tipo de lesiones en el resto del cuerpo”, señaló Muñoz a La Razón.

La familia del subteniente, sin embargo, denunció que al momento de preparar el cadáver para el sepelio, el lunes, evidenció signos de lesiones en la espalda, la nariz y la parte genital, de los cuales se tomó placas fotográficas.

El certificado de defunción firmado por el forense Wálter Flores Espinoza detalla TEC y hemorragia intracraneal entre las causas de muerte, por lo que la investigación que dirige la fiscal Narda Dorado se calificó por homicidio culposo.

Además, se indaga el hecho de que se haya tardado en auxiliar al subteniente, quien, de acuerdo con un comunicado oficial del Comando General del Ejército, se desvaneció durante una “marcha administrativa” de ocho kilómetros.  

De momento, el Ministerio Público hizo el registro del lugar donde se practicó el entrenamiento militar ese día, también se procede a la toma de declaraciones informativas de oficiales de Ejército y otros que estaban en el lugar.

También se solicitó toda la información documentada que conste en los registros de la Escuela de Cóndores Bolivianos (Esconbol), para demostrar en todas las diligencias la cooperación de la institución castrense. “Hay colaboración del organismo militar en la investigación y actos investigativos que se están realizando”, indicó Muñoz.

Dos casos en dos años

Drama

La muerte de Ceooly Espinal se produjo en Sanandita (provincia Gran Chaco de Tarija) durante un ejercicio militar programado por la Esconbol, el sábado. Hace dos años se produjo otra muerte, la del subteniente Gróver Poma, aparentemente, a raíz de una golpiza. El caso no se esclareció.

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