Luego de observar el accionar de un juez y fiscales que llevan el proceso contra la red de extorsión desarticulada la pasada semana, el Ministerio de Gobierno denunció ayer que éstos favorecen al grupo delictivo, lo que demuestra que las influencias de los procesados “están intactas”.
“Las últimas actuaciones del juez cautelar y de los fiscales encargados de esclarecer este caso de interés nacional han develado, no obstante, la intención cuestionable de favorecer a los principales responsables de la red de corrupción y extorsión que presumiblemente mantienen intacta su capacidad de influencia y sometimiento de la justicia”, sostiene el Ministerio de Gobierno en un documento.
La pasada semana, el Gobierno informó que desarticuló una red de corrupción y extorsión en el Órgano Ejecutivo. En este proceso detuvo a José Antezana Pinaya, del Ministerio de la Presidencia, y a Fernando Rivera Tardío y Denis Rodas Limachi, exempleados jurídicos de la cartera de Gobierno. Los acusó de ser cabecillas del grupo que actuaba en diferentes casos, como el del estadounidense Jacob Ostreicher, sindicado de legitimación de ganancias ilícitas, a quien le habrían pedido $us 50 mil para su libertad.
Para indagar a esta red se conformó una comisión de ocho fiscales y el caso llegó a manos del juez 6° de Instrucción en lo Penal, Juan José Zubieta. Antezana fue enviado al penal de Palmasola, pero Rivera y Rodas fueron detenidos en una celda policial, el viernes. A esta actuación se suma la de la comisión de fiscales que, tras interrogar al fiscal Roberto Achá Torres, lo dejó en libertad, siendo que —según el Gobierno— es sindicado de forzar la acusación contra Ostreicher.
“No nos gustan estas decisiones de las autoridades judiciales, nos llaman a la reflexión. Resulta que a (la cárcel) Palmasola no van los principales acusados, van los funcionarios administrativos”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero, a la red Unitel. Añadió que llama la atención que ambos fallos hayan sido emitidos después de la medianoche.
Rechazo. Tras conocer la posición del Gobierno, el fiscal Anuncio Piérola, que es parte de la comisión que indaga, rechazó esa posición. “El Ministerio Público es autónomo, si van a seguir presionando desde el Ejecutivo, también la Fiscalía va a tomar medidas. No hay ningún favorecimiento en lo absoluto, sólo estamos siendo objetivos con cada una de las personas que están siendo investigadas”, afirmó.
“Estamos trabajando de acuerdo con la ley, la Constitución y nuestra conciencia, porque después se puede tomar cualquier medida apresurada y de qué va a servir si aquí estamos combatiendo a los que presionaban y no vamos a combatir con otros que están presionando”, añadió Piérola.
Mientras tanto, el presidente Evo Morales, en un acto realizado en Sabaya (Oruro), indicó que algunos de sus compañeros le dicen que dentro de las funciones públicas aún permanece “gente de antes” que roba. Para ellos pidió a la justicia castigo porque hacen daño a la economía nacional.
El vicepresidente Álvaro García, en la ciudad de Santa Cruz, demandó sanciones drásticas en contra de los implicados en la red de extorsión en el caso Ostreicher, según un despacho de la agencia ANF. En la Unidad de Transparencia del Ministerio de Gobierno, hasta ayer, se recibieron diferentes denuncias de extorsión cometidas por la red delictiva desarticulada. Sin embargo, se informó que serán nueve las quejas que se someterán a un análisis.
Posiciones contrarias
Denuncias
Nardi Suxo, ministra anticorrupción, planteó enjuiciar a quienes pagaron dinero a fiscales. Pero el ministro de Gobierno, Carlos Romero, dio garantías a víctimas de la red de extorsión.
Fijan la audiencia para Jacob Ostreicher
El 11 de diciembre, el estadounidense Jacob Ostreicher, encarcelado preventivamente desde hace 18 meses por cargos de enriquecimiento ilícito, buscará obtener por vigésima tercera vez su libertad condicional. Sus abogados trabajan en la acumulación de los requisitos para obtener ese beneficio.
Uno de los dos abogados del extranjero, Jimmy Montaño, se mostró optimista después de la desarticulación de una supuesta red de corrupción y extorsión incrustadas en el Gobierno. “Vamos a hacer valer los derechos constitucionales de Ostreicher en las instancias que correspondan”, dijo.
La audiencia de apelación al fallo judicial emitido por la jueza Eneas Gentile, sobre la negación a la cesación de la detención preventiva del estadounidense, será resuelta por la Sala Penal 1ª este martes a las 08.40 en la Corte Suprior de Justicia.
Montaño dijo que en los últimos días se descubrió que la detención de año y medio de su defendido ha respondido únicamente a una situación de carácter extorsivo por los abogados del Ministerio de Gobierno que están detenidos y procesados.
“Hemos presentado más de 1.400 documentos, los mismos no fueron valorados correctamente porque estas personas hoy aprehendidas en un recinto penitenciario hacían presión sobre los jueces y fiscales que atendían el caso”, afirmó el jurista Montaño.
Guerrero supervisa la labor de la comisión
La comisión de fiscales que investiga los nexos de la red de extorsión que se atribuye a los exfuncionarios del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Denis Rodas, es supervisada por el Fiscal General, quien les instruyó no tener contacto con los abogados del Gobierno. “Los fiscales de Santa Cruz y mi persona están viendo muy de cerca el trabajo de esa comisión”, dijo a La Razón el fiscal general, Ramiro Guerrero.
La máxima autoridad del Ministerio Público indicó que se garantiza la labor de la comisión conformada hace una semana y reiteró su pedido de que no se politice esta investigación. “El tema es encontrar a todos los culpables, sea quien sea, sea de donde sea, no se trata aquí de decir que es de este partido o de este otro”, señaló.
Por ser un tema jurídico, legal y de investigación, aseguró que será en ese ámbito en que lo manejará la Fiscalía. En ese marco, se dispuso que los fiscales que ven procesos en los que el Estado es parte, no pueden fijar reuniones de coordinación con abogados del Gobierno, aspecto que se extiende a los funcionarios que ahora ven el caso de extorsión.
Además, anunció que desde el Ministerio Público se impulsará auditorías a todos los procesos en que Rivera y Rodas se apersonaron a nombre del Ministerio de Gobierno. Este medio contabilizó al menos nueve procesos de relevancia, entre ellos el caso Rózsa o Terrorismo. Esta auditoría permitirá reactivar los casos y, si es necesario, se conformará comisiones de fiscales para que los mismos concluyan a la brevedad posible.