Tras nueve horas de debate intenso el pleno de la Cámara de Diputados aprobó hoy en la noche el proyecto de Ley de Participación y Control Social en su estación ‘en detalle’ y los trasladó a la Cámara de Senadores para su revisión, debate y sanción.
La norma sufrió una serie de modificaciones. De acuerdo al proyecto de Ley, al que accedió la ANF, la Participación y el Control Social se ejercerán mediante la sociedad civil organizada, que podrán hacer una fiscalización a la gestión pública de los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral, juntamente a las Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, Entidades Territoriales Autónomas y los servicios básicos.
Entre las modificaciones al proyecto que dio a conocer el jefe de bancada del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados, Roberto Rojas, están las que se refieren al presupuesto que recibían los comités de vigilancia que luego de la promulgación de la Ley pasarán al fortalecimiento de las unidades de transparencia de los gobiernos municipales.
«Lo que es el presupuesto de comités de vigilancia cada municipio tiene que hacer, dentro de tres meses mediante legislación interna a través del Concejo Municipal, establecer la vigencia de los Comités de Vigilancia», dijo Rojas.
Además, mencionó que para garantizar la Participación y el Control Social de la sociedad civil organizada en las entidades territoriales autónomas, departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesina ello debe estar estipulado en los respectivos estatutos, cartas orgánicas y normativa correspondiente.
En horas de la mañana, y durante el debate legislativo, diputados de oposición observaron algunos artículos de este proyecto de ley. El diputado Alex Orozco (CN) sostuvo que la aprobación de esta norma eliminará la existencia de las Juntas Vecinales que tiene su representación en las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs), con sus brazos operativos que son los Comités de Vigilancia.
«Queremos convocar a las Fejuves (Federación de Juntas Vecinales), a los Comités de Vigilancia a emitir un pronunciamiento de rechazo respecto a esta violación de los derechos constituidos de las juntas vecinales y no permitamos que una acción política en esta ley de Control Social elimine el rol histórico que han desempeñado», manifestó Orozco.
La diputada Norma Piérola (CN) cuestionó que el proyecto no prevea de manera directa como actores del control social a los Comités Cívicos, la Universidad y otros sectores. «Por qué esa abierta discriminación», se cuestionó. El documento contempla como actores sociales a los sindicatos, juntas vecinales, sectores sociales, comunitarios y circunstanciales.
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardy Suxo, explicó que este proyecto de ley fue consensuado con las diferentes organizaciones sociales del país.
El 30 de octubre numerosas organizaciones sociales presentaron el proyecto de Ley de Participación y Control Social al presidente Evo Morales.
“La plata del pueblo depende de ustedes. Sin hay un control realmente social y participación de las distintas fuerzas sociales (…) con seguridad se destinará bien la plata del pueblo”, dijo Morales tras recibir en Palacio de Gobierno el documento.