Los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, y el exministro de Gobierno y actual embajador ante la ONU, Sacha Llorenti, fueron citados por la Fiscalía para declarar el miércoles por el caso de la red de corrupción y extorsión, informó el fiscal de Distrito de Santa Cruz, Henry Herrera.
En La Paz, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, consideró que la red delictiva que operaba desde los ministerios de Gobierno y de la Presidencia fue desmantelada, mientras que la diputada del opositor MSM, Marcela Revollo, anunció que pedirá una investigación penal.
La declaración de Llorenti, embajador de Bolivia en la Organización de Naciones Unidas (ONU), está prevista para las 09.00 del miércoles, mientras que Quintana fue convocado para las 15.00 y Suxo para las 17.00 del mismo miércoles 26 en la ciudad de Santa Cruz, donde radica la investigación. Declararán en calidad de testigos, explicó Herrera a la red Erbol.
Hasta el momento, entre otros convocados prestaron declaraciones el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y los exministros también de Gobierno Wilfredo Chávez y Alfredo Rada, quien cumple funciones de viceministro en la Cancillería del Estado.
Una investigación sobre irregularidades en el proceso contra el estadounidense Jacob Ostreicher, hoy en libertad condicional y acusado de supuesta legitimación de ganancias ilícitas, permitió descubrir y desarticular la red delictiva. Fernando Rivera, Dennis Rodas y Boris Villegas, exfuncionarios del Ministerio de Gobierno; José Manuel Antezana, exfuncionario del Ministerio de la Presidencia, y el exfiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez fueron encarceladas, junto a otras personas. La Fiscalía declaró prófugo al presidente del Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Ariel Rocha.
Herrera anunció que se convocará a los ex y actuales viceministros y a los ex y actuales directores Jurídicos de los ministerios en los que fueron descubiertas personas vinculadas con la red delictiva.
Los ministros Romero, Quintana y Suxo fueron interpelados entre el sábado y madrugada del domingo en la Asamblea Legislativa a petición del Movimiento Sin Miedo (MSM). Los ministros respondieron 126 preguntas y los legisladores les ratificaron su confianza.
Dávila consideró hoy que la red delictiva está desmantelada ya que sólo habría actuado a nivel de un grupo de persona, hoy detenidas, mientras que Revollo, una de las parlamentarias que planteo el pliego interpelatorio, anunció que requerirá una investigación penal.