Los privados de libertad beneficiados con el Decreto Presidencial 1445 de Indulto grabarán, antes de salir de la cárcel, en imágenes de video un pedido de perdón y el compromiso ante la sociedad de no volver a delinquir. Este material será publicado en caso de que los beneficiarios reinciden de tal manera que sean sancionados con el mayor rigor de la ley, se informó.
El director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, uno de los impulsores del beneficio, explicó que el indulto no elimina el delito sólo perdona la condena, por lo que los beneficiarios deben estar conscientes de que en caso de cometer un delito incurrirán en reincidencia y serán pasibles a una sanción penal severa.
Además, como un mecanismo de compromiso moral y ante la sociedad, los indultados deberán asumir ante la sociedad un compromiso de reinserción. “La gente antes de salir (en libertad) va a ser filmada y hará el compromiso de no afectar nuevamente a su víctima, de pedir perdón a la sociedad, de sensibilizarse (…) va a ser un testimonio del por qué está saliendo (en libertad) y si vuelve a incurrir en delito le vamos a mostrar ese video y también vamos a difundirlo a la sociedad”, declaró Llanos a la red PAT.
Una vez la Asamblea Legislativa ratificó el sábado la aprobación del DS 1445, empezará a trabajar una Comisión, integrada por representantes del Ministerio de Justicia, Régimen Penitenciario y del Órgano Judicial, en la revisión de cada una de las solicitudes de indulto.
“Evaluarán las carpetas, si se es o no reincidente, verificarán las sentencias legalizadas, cédulas de identidad, certificado de nacimiento para constatar que esa persona es la que corresponde. Verán el informe psicosocial para ver si esa persona está trabajado o no en la cárcel. Una persona que no esté trabajando, no sale; que no esté estudiando, no sale; alguien que esté consumiendo bebidas o drogas, no sale”, explicó.
Los beneficiarios son hombres mayores de 58 años y mujeres mayores de 55 con sentencia ejecutoriada, además de jóvenes hasta 25 años que cumplieron la tercera parte de su condena; quienes sufran una enfermedad grave o incurable en periodo terminal, con discapacidad grave o muy grave que hayan cumplido con una tercera parte de su condena; padres y madres que tengan a su cuidado a uno o varios de sus hijos menores de 12 años en la cárcel y que hayan cumplido dos quintas partes de su sentencia.
En los diferentes recintos carcelarios están 13.840 reos, más del 80% con detención preventiva. Los que no califican al indulto son quienes tienen condenas por asesinato, corrupción, violación, traición a la patria, espionaje, parricidio, secuestro, trata y tráfico de personas, terrorismo, robo agravado y contrabando, reincidentes y los acusados por narcotráfico.
El Gobierno calcula que al menso 1.900 privados de libertad, entre ellos los detenidos preventivos que se someten a un juicio abreviado previa declaración de culpable, serán beneficiados. Llanos explicó que la liberación del total de indultados podría demorar hasta dos años.