En el caso extorsión, el Gobierno confirmó para hoy la declaración del representante ante la ONU, Sacha Llorenti, y los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Transparencia, Nardi Suxo. El Ejecutivo insiste en que las autoridades declaran en calidad de testigos.
“Entiendo que sí, las autoridades han confirmado su asistencia; el exministro Llorenti va a prestar declaración a las 09.00 y los otros dos ministros en horas de la tarde, todos en calidad de testigos”, informó a La Razón el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
De acuerdo con el cronograma de la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz, Quintana fue citado para las 15.00 y Suxo para las 17.00 a fin de comparecer ante la Comisión Nacional de Fiscales que indaga el caso Extorsión.
Este proceso fue iniciado a raíz de las denuncia que hizo el norteamericano Jacob Ostreicher, acusado por legitimación de ganancias ilícitas. Tras la pesquisa preliminar, se logró desarticular una red de extorsión que vinculó y envió a la cárcel a cuatro exfuncionarios de Gobierno. Asimismo, el Ministerio Público informó que prepara la orden de captura internacional para el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Ariel Rocha.
Político. Sobre la citación a las tres autoridades, Romero aseguró que la oposición politiza el tema al intentar “forzar” el grado de responsabilidad de esos funcionarios. “El exdirector de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia (José Manuel Antezana, detenido preventivamente), tenía a su cargo la sistematización de información programática de la gestión pública y el ministro Quintana dijo que con ese funcionario se cruzó una sola vez en este año, en un pasillo del Palacio. Seguro que esa información se va a esclarecer y por eso hay que esperar que se desarrollen esas declaraciones”, aseveró Romero.
La autoridad recalcó que sí era una red con presuntos nexos entre fiscales y jueces, pero que la oposición, “en un afán de sacar ventaja, intenta mostrar que es una estructura montada desde el más alto nivel del Estado”. “Mientras más se politice el debate de este tema, más protegidos estarán los responsables de haber montado esa estructura de corrupción”, advirtió.
En tanto, la diputada Marcela Revollo (MSM) dijo que la responsabilidad de altos niveles en el caso fue encubierta por la mayoría oficialista, luego de una petición de informe registrada el pasado fin de semana. Esto abre la posibilidad de presentar una acción penal en contra de esas autoridades, remarcó Revollo.
El fiscal Henry Herrera, encargado de la comisión especial que investiga el caso, informó que está en trámite la orden de captura internacional contra el presidente del TDJ, Ariel Rocha. Se presume que huyó a Argentina. El fiscal Olvis Egües, miembro de la comisión, sostuvo que el lunes se amplió la declaración de dos acusados en este caso; de manera extraoficial se sabe que uno de ellos fue Boris Villegas, el exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno.
Autoridades convocadas
Dato
A la fecha, prestaron declaraciones el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y los exministros, también de Gobierno, Wilfredo Chávez y Alfredo Rada, quien ahora cumple funciones de viceministro en la Cancillería.
Analizan otra citación al exfiscal Mario Uribe
El fiscal Henry Herrera, encargado de la comisión especial que investiga el caso Extorsión, informó que esa instancia analiza una segunda convocatoria al ex fiscal general, Mario Uribe, para ampliar sus declaraciones. “Se va a analizar, otra vez, la convocatoria al exfiscal para que aporte con más elementos en la investigación, en un nuevo escenario”, manifestó Herrera.
El funcionario del Ministerio Público explicó que cuando Uribe declaró por primera vez, en calidad de testigo, aseguró que no conocía “los actos ilícitos en los que se hallan involucradas algunas personas”, en referencia al exfiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez (nombrado en su gestión), ahora encarcelado luego de ser implicado en el caso. “Si hubiera conocido en ese momento las irregularidades, hubiera tomado las medidas que corresponde conforme a ley. Esos aspectos (…) no los conocía en ese momento”, dijo entonces Uribe.
Sin embargo, Herrera dio cuenta de que la defensa de Ostreicher reveló la existencia de una carta que el extranjero envió, en 2011, a la Fiscalía General del Estado, cuando Uribe aún fungía como máxima autoridad, en la que denunció la extorsión de que era objeto.