El segundo trámite de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada está paralizado, debido a que hasta ahora no hay la traducción oficial del documento de rechazo de Estados Unidos al pedido boliviano, ni la notificación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, lamentó ayer que la traducción que fue enviada por el Tribunal Supremo de Justicia no sea la oficial. “Nosotros requerimos una traducción oficial y esperamos que la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia corra en traslado a la Fiscalía General del Estado, para asumir esa competencia”, expresó la autoridad.
El 6 de septiembre, este diario informó que el Gobierno de Estados Unidos rechazó la solicitud boliviana de extradición del expresidente Sánchez de Lozada, conocido como Goni, debido a problemas de carácter legal existentes en las legislaciones de ambos Estados.
La Justicia boliviana demandó la extradición de Sánchez de Lozada para que éste asuma su defensa en el país por la acusación de genocidio que pesa en su contra, dentro de un juicio de responsabilidades que se le sigue por la muerte de más de 60 personas en las jornadas violentas de octubre de 2003, en el caso que después fue denominado Octubre.
Guerrero reveló que su autoridad recibió una nota del TSJ con una fotocopia simple de la traducción no oficial del documento. “Mientras no tengamos eso, nosotros no podemos asumir la competencia e iniciar el procedimiento de extradición”, sostuvo la autoridad en conferencia de prensa.
Reiteró que el Ministerio Público tiene listo el nuevo memorial de extradición con todos los elementos ya subsanados que fueron observados por el Gobierno de Estados Unidos. “Son temas procedimentales que están impidiendo que nosotros podamos efectivizar eso (el pedido de extradición)”, destacó Guerrero.
El jueves, en la ciudad de La Paz, el fiscal superior Orlando Riveros sostuvo una reunión con personal de la Cancillería del Estado para definir la estrategia que utilizará el Estado boliviano para solicitar la extradición de Sánchez de Lozada, que se encuentra en Estados Unidos luego de huir del país el 17 de octubre de 2003. En agosto de 2011, la Suprema dictó su fallo en contra de los generales (r) Juan Véliz, Gonzalo Rocabado, Luis Aranda, Roberto Claros y Gonzalo Quiroga por este caso.