Tres años después de la expulsión de la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, el diario The New York Times destaca que el control social y satelital de las plantaciones de coca en Bolivia, junto a otras iniciativas nacionales, han contribuido a avanzar en la lucha antidrogas.
En un reportaje titulado “Los permisos para cultivar coca son un arma en la guerra boliviana contra las drogas”, el cotidiano hace un recuento desde 2009, año en el que el presidente Evo Morales ordenó la expulsión de la agencia estadounidense.
El texto explica cómo en estos tres años se han implementado niveles de control social en las zonas de producción de coca, cómo se sanciona a los productores afiliados a federaciones que violan esas normas y cómo se recurrió a la tecnología para medir las extensiones permitidas de cultivo.
El corresponsal del diario, que escribió desde Ivirgarzama, señala que, pese a los informes negativos que periódicamente publica el Gobierno estadounidense, “para sorpresa de muchos” Bolivia ha avanzado en su “heterodoxo enfoque de control, que se desvía marcadamente de una guerra abierta contra las drogas”, para incluir un monitoreo de alta tecnología sobre los catos de coca.
El “experimento”, dice el periódico, ha llevado a una significativa reducción de los cultivos de la hoja en Bolivia, “un logro obtenido sin los asesinatos y otros tipos de violencia que se han convertido en el sangriento producto colateral de iniciativas estadounidenses para controlar el narcotráfico” en Colombia, México y otros países.
Erradicación. El reportaje matiza que los narcotraficantes han desarrollado métodos más efectivos de producción, sin embargo recuerda que la Oficina de la ONU para las Drogas y la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca han reconocido que la extensión de los cultivos de coca en Bolivia se redujo en un 13% en el último año.
“Al mismo tiempo el Gobierno boliviano aumentó sus esfuerzos para erradicar cultivos ilegales de coca y además reportó un incremento en las incautaciones de cocaína y pasta base”, afirma The New York Times.
Explica que aunque en el país la cocaína es ilegal, están permitidos los usos tradicionales. El hilo conductor del reportaje son las experiencias de cocaleros entrevistados en Villa Tunari y otras poblaciones de Chapare. Éstos relatan que el cato de coca es la máxima extensión de cultivo permitida a cada afiliado a una federación y que la idea de que “todos deben tener por igual” es la manera de asegurar el control de la comunidad.
El reportaje asegura que mantener controlada la extensión de los cocales ayuda a mantener estable el precio de la hoja y que la administración de Morales se ha centrado en erradicar la coca plantada en áreas fuera del control de las federaciones, como los parques nacionales.
Contrastes. El diario estadounidense registra, sin embargo, que “vastas cantidades” de la coca producida legalmente van a parar al narcotráfico, que, a su vez, tiene como principal mercado a Brasil, ya que “virtualmente nada” de la cocaína que se fabrica cada año en Bolivia va a parar a mercados de Estados Unidos.
Entrevistado al respecto, César Guedes, representante de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), dice al periódico estadounidense que casi la mitad de los cocales del país producen hoja que tiene usos ilícitos. El reportaje concluye en que el esfuerzo por reducir la extensión de los cocales ocurre en momentos en que Bolivia hace campaña para que el uso tradicional de la coca sea admitido por la convención de la ONU sobre estupefacientes.
Cocales y hoja que va al tráfico
A favor
En el reportaje, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, asegura que el país mostró que puede erradicar sin violar derechos humanos.
En contra
Cocales nuevos permiten a narcos producir más cocaína.
El control se basa en que todos se vigilan
El registro de miles de cocaleros en el Chapare, realizado este año, es parte de un sistema de control que se basa en que los productores se vigilen unos a otros, explica el reportaje de The New York Times. Si a un cocalero registrado en una federación se le encuentra que tiene una plantación más grande que lo permitido, la federación llama a la Fuerza de Tarea Conjunta, que tiene a su cargo la erradicación de cocales fuera de norma, para que haga cumplir las normativas sobre cultivos.
Si el productor viola los límites por segunda vez, todo su cato es erradicado y pierde su derecho a plantar más coca. Una federación también puede ser castigada si hay evidencia de que varios de sus miembros están sobrepasando la extensión de cocales permitida, asegura el reportaje.
“Tenemos que ser vigilantes constantemente”, asegura un productor de coca al reportero del diario estadounidense. El periódico da cuenta de que el registro de cocaleros alcanzó a casi 43 mil este año, pero que la lista todavía debe ser depurada para evitar que algún afiliado pueda figurar más de una vez o tener más de un cato.