Gobierno evalúa antecedentes políticos de embajador propuesto por EEUU y ve entorpecida relación bilateral
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, señaló que es un proceso complejo la evaluación para dar el beneplácito a embajadores propuestos. Sostiene que la injerencia en asuntos internos afecta el proceso orientado a reencaminar la relación bilateral
El gobierno de Evo Morales evalúa los antecedentes políticos del estadounidense James Nealon para dar o no el visto bueno a su designación como embajador de Estados Unidos y ve “entorpecido” los esfuerzos orientados a fortalecer el relacionamiento bilateral por lo que llamó acciones de injerencia en la justicia.
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, informó hoy que “es un proceso complejo” el análisis para otorgar el beneplácito a los embajadores propuestos ya que se toma en cuenta diferentes aspectos. En el caso del país del norte, adelantó que se toma en cuenta los antecedentes políticos y si tiene alguna denuncia de “intromisión” en asuntos internos.
Hace mes y medio que el gobierno de Barack Obama propuso a la Cancillería a Nealon como su representante diplomático, informó hoy La Razón. Si asume funciones, el diplomático ocupará por primera vez el cargo de embajador, tras 29 años de experiencia en el Departamento de Estado (Cancillería).
“Tiene que ver con los antecedentes políticos…¿cuál ha sido su actuación?, si ha estado en misión diplomática en América Latina, ¿cuál ha sido su misión de relacionamiento en otros países?, obviamente, Bolivia no aceptará a embajadores que tengan, por ejemplo denuncias de intromisión en América Latina”, explicó la ministra.
De aprobarse el nombramiento de Nealon en La Paz, será el Senado estadounidense, por primera vez, el que lo ratifique. Posteriormente, el gobierno de Obama lo designará oficialmente. Ese es el procedimiento de designación de embajadores en Bolivia.
La Paz y Washington mantienen una relación compleja. En 2011 la administración boliviana expulsó de Bolivia al embajador Philip Goldberg por supuestas acciones de injerencia en asuntos internos; similar acción asumió el país del norte con el embajador Gustavo Guzmán.
Ambos países trabajaron y firmaron en noviembre de 2011 un nuevo Acuerdo Marco que sentó las bases de una nueva relación bilateral, aunque no resolvió las diferencias.
“En este caso (del beneplácito) porque se trata de Estados Unidos, saben (periodistas que) hubo una expulsión anterior de embajadores, es un tema delicado para Bolivia y Estados Unidos, por eso se ha trabajado inicialmente en el Acuerdo Marco de relaciones para ir estrechando los lazos, sin embargo toda esa situación se ve entorpecida por situaciones que a juicio del Gobierno no son las más correctas. Situación, por ejemplo de injerencia que se da por parte de algunas misiones diplomáticas en casos que tienen que ver exclusivamente con la justicia y decisiones del Órgano Ejecutivo”, afirmó.
La ministra aludió al proceso contra el estadounidense Jacob Ostreicher. “Es cierto que la embajada de Estados Unidos tiene derecho a expresar la necesidad de ayuda humanitaria (para sus nacionales) acusados o personas detenidas…pero de allí intentar manejar a una persona que está en una situación frente a la justicia para involucrarse en temas políticos y hacer cuestionamientos al gobierno, -el Presidente ya lo ha dicho- es algo que no vamos a aceptar”, sostuvo.
Dávila informó que el Gobierno garantizó el derecho a la defensa del estadounidense al desbaratar una red de extorsión y corrupción que operaba desde los ministerios de Gobierno y de la Presidencia. «A partir de ahí no va a aceptar injerencia de ningún otro tipo en el tema político», insistió.
Una investigación sobre irregularidades en el proceso contra Ostreicher permitió desarticular la red delictiva. La Justicia remitió a la cárcel a una docena de acusados, entre ellos a los asesores jurídicos del Ministerio de Gobierno, Fernando Rivera y Dennis Rodas; al exdirector de Régimen Interior Boris Villegas; al exfiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez.
Ostreicher, acusado por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas, se benefició con detención domiciliaria.