Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y el Ministerio Público desarticuló otra red de ciberestafas que operaba en la ciudad de Santa Cruz.

En seis allanamientos se aprehendió a 12 implicados, entre ellos venezolanos, paraguayos y bolivianos que realizaban llamadas de extorsión a sus víctimas. Además, se secuestraron computadoras, celulares, anotaciones y una serie de accesorios utilizados para el ilícito.

“Hemos realizado allanamientos a distintos inmuebles con la finalidad de investigar otro hecho relacionado a ciberestafas. Hemos encontrado evidencias que tienen que ver con el ilícito, 12 personas que fueron trasladadas a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FECC) para determinar su situación jurídica”, informó el coronel Gustavo Astilla, director de la FELCC.

Según la investigación preliminar, esta red operaba a través de la modalidad de préstamos de dinero con intereses elevados. Una vez que los interesados contraían la deuda, los ciberextorsionadores se contactaban mediante llamadas telefónicas para realizar el cobro.

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Una vez que entraban en mora, empezaban las amenazas usando la información personal de las víctimas. “A través de un sistema, trabajando con computadoras que llegan desde Perú para hacer el respectivo trabajo”, dijo una representante del Ministerio Público a la red DTV

De acuerdo con la Fiscalía, preliminarmente se investigarán los delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.

La semana pasada, en la zona de Equipetrol de Santa Cruz de la Sierra, se detuvo a más de un centenar de trabajadores de una empresa fachada, Legend Global, que operaba mediante un “call center” y bajo el mismo modus operandi.

Esta red de ciberestafas movía cada mes al menos Bs 400.000, según las investigaciones del Ministerio Público.

El sábado, un juez determinó la detención preventiva por seis meses de ocho de los 10 principales implicados; mientras que los otros dos recibieron arresto domiciliario, para lo cual pagaron primero una fianza.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución en la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso de nulidad por la convocatoria al pleno de la Asamblea hecha por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

De acuerdo con su argumento, “el hecho de que el vicepresidente David Choquehuanca (presidente nato del Legislativo) asuma temporalmente las atribuciones del Presidente (Luis Arce) no implica la pérdida de su calidad de Vicepresidente del Estado ni de presidente de la Asamblea, lo cual significa, a su vez, que no pierde sus atribuciones inherentes a dichos cargos”, publicó la red Unitel.

En la solicitud, Jauregui acusa a Rodríguez, asambleísta del bloque evista del oficialismo que se declaró presidente de la Asamblea por orden de prelación, de “usurpar funciones que no le competen, así como ejercer potestad que no emane de la Ley” (sic).

La tarde de este miércoles, el ministro de Justicia, Iván Lima y los diputados Jerges Mercado y Jáuregui sostuvieron una reunión para tratar la sesión de la Asamblea. Tras el encuentro, ambos legisladores no emitieron declaraciones.

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El presidente en ejercicio de la Asamblea emitió una convocatoria al pleno de la Asamblea Legislativa para el jueves a las 12.30. En su orden del día se contempla dos puntos: lectura de correspondencia y tratamiento del Decreto Presidencial 5137, del 26 de marzo de 2024, de “Concesión de Amnistía e Indulto por razones humanitarias”.

La polémica se da sobre la titularidad de la presidencia de la Asamblea, tras el viaje del presidente Luis Arce a Rusia y el traspaso del mando al vicepresidente Choquehuanca. Ante ello, Rodríguez se declaró, por orden de prelación, titular del Legislativo, en su condición de presidente del Senado.

La bancada del MAS que respalda a Arce (arcistas) anunció que no asistirá a la sesión de este jueves, ya que la catalogan de ilegal.

Jerges Mercado, jefe de bancada del MAS en la Cámara de Diputados; el diputado Rolando Cuéllar y la senadora Ana María Castillo anunciaron que el arcismo no participará de la sesión.

“Como no va a haber quorum, va a ser un fracaso total, va a ser un hazmerreír de Andrónico Rodríguez”, afirmó Cuéllar.

El presidente Luis Arce llegó este miércoles a Rusia para reunirse con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y además de participar en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países.

“En Rusia cumpliremos una importante agenda de trabajo que incluye nuestra participación en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, una conferencia en la Universidad Estatal y una importante reunión con el hermano presidente, Vladímir Putin” (sic), escribió el mandatario en sus redes sociales.

El mandatario dijo que se cumplirá una agenda importante de trabajo “con miras a fortalecer” las relaciones bilaterales en beneficio de ambas naciones.

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El Foro Económico Internacional de San Petersburgo es uno de los eventos empresariales más grandes y significativos del mundo, en el que participarán 139 naciones.

El evento, que comenzó este miércoles, albergará más de 400 eventos empresariales, incluidos seminarios, diálogos y discusiones en grupo, abarcando cuestiones desde la transición económica mundial hasta el desarrollo de la tecnología avanzada.

Desde su creación, en 1997, el foro se ha convertido en una plataforma de renombre global para la comunidad empresarial donde se analizan asuntos económicos críticos que afrontan Rusia y el mundo.

La parte del evento dedicada a la cooperación internacional cuenta con los formatos de diálogos entre Rusia y América Latina, África, China, Sudáfrica, así como entre la Unión Económica Euroasiática y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, según prensa Latina.

La Cámara de Senadores remitió este miércoles a la Presidencia de la Asamblea Legislativa cuatro proyectos de ley para su debate, entre ellas los referidos a la prórroga de mandato de los actuales magistrados, luego que se cumpliera el plazo para su revisión en la Cámara de Diputados.

Con Andrónico Rodríguez al frente de la Asamblea, el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la oposición buscan debatir las normas “antiprórroga”: la 073, sobre “Suspensión de plazos procesales y continuidad jurídica del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional”, y la 075, “Para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III y 200 de la Constitución Política del Estado”.

Además, se intenta poner en agenda el proyecto de ley 074, “de modificación de la Ley N° 044 Para el juzgamiento de la presidenta o presidente y/o vicepresidenta o vicepresidente, de las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público, modificado por la Ley N° 612”, y la Ley 104, “que abroga la Ley 1104” sobre la creación de las salas constitucionales.

“Habiéndose dado lectura y en atención a la nota y lectura del informe remitido por el primer secretario, se decreta su remisión a la presidencia de la Asamblea para su conocimiento y fines consiguientes”, informó la presidente en ejercicio del Senado, María Daly (CC), quien ocupa el cargo en lugar de Rodríguez.

Esta sesión se da luego de la polémica sobre la titularidad de la presidencia de la Asamblea, tras el viaje del presidente Luis Arce a Rusia y el traspaso del mando al vicepresidente David Choquehuanca. Ante ello, Rodríguez se declaró, por orden de prelación, titular del Legislativo, en su condición de presidente del Senado.

La bancada del MAS que respalda a Arce (arcistas) anunció que no asistirá a la sesión de este jueves a las 12.30, ya que la catalogan de ilegal. Asimismo, el orden del día de ese encuentro solo contempla dos puntos: lectura de correspondencia y tratamiento del Decreto Presidencial 5137, del 26 de marzo, sobre “concesión de amnistía e indulto por razones humanitarias”.

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El senador Julio Romaña, de Creemos, segundo secretario del Senado, de acuerdo con el informe a la Presidencia de esta Cámara, indicó que “los proyectos de Ley 073, 074, 075 y 104 se encuentran fuera de plazo, de acuerdo con el parágrafo 7 del artículo 163 (de la Constitución) para que la Cámara de Diputados, en su condición de cámara revisora, se pronuncie sobre los citados proyectos de ley, en consecuencia, corresponde que los mismos sean considerados de manera directa en el pleno de la Asamblea”.

Nely Gallo, senadora por Comunidad Ciudadana (CC), cuestionó la convocatoria de Rodríguez e indicó que es una estrategia más de llevar ese discurso falso sobre la preselección de candidatos y las judiciales. “Lo que me apena es que habiéndose otorgado una tutela por parte del Tribunal Constitucional a la Asamblea para que dé continuidad a la preselección de candidatos, me sorprende que ellos quieran empantanar y seguir perjudicando, planteando cosas que no proceden. Lamentablemente no están tomando en cuenta la Sentencia Constitucional 049/2023, donde indican que la 073 y 075 no tendrían que llevarse su tratamiento en el pleno”.

Añadió que le sorprende la “exigencia e insistencia” para tratar esos proyectos de ley, cuando el artículo 203 de la Constitución indica que el cumplimiento de las sentencias constitucionales es de “carácter obligatorio”. “No hacer caso amerita otra acción que va en contra del mismo Andrónico. Lamento, pero estamos viendo que, en su desesperación de tratar, hace cometer errores a la Asamblea”.

En marzo, el ministro de Justicia, Iván Lima, ratificó que los proyectos 073 y 075 son “anticonstitucionales”, por lo que “no tienen la posibilidad de ser aprobados” en ninguna de las cámaras de la Asamblea Legislativa.

Explicó que el proyecto que pretenda declarar la nulidad del pleno derecho de una declaración constitucional (49/2023) no admitiría “ninguna posibilidad de debate”.

Créditos

Para equilibras y apaciguar los ánimos del bloque arcistas, el evismo en el Senado incluyó dos créditos externos para que también se trate en el pleno de la Asamblea, al vencer el plazo de 30 días que tenía la cámara revisora (Cámara de Senadores). 

El primero es el proyecto de ley 079 que “Aprueba la adenda al contrato de préstamo CFA 9545, para financiar el ‘proyecto construcción de la doble vía Caracollo – Colomi: tramo 28 Confital – bombeo” que modifica el monto del contrato de préstamo CFA 9545 hasta $us 176 millones.

El segundo es el proyecto de ley 156, que “Aprueba el convenio de préstamo bv-c3 para el programa ‘apoyo de emergencia para respuesta a covid-19’”, por un monto de hasta $us 15 millones.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, consideró que el proyecto de ley “Lo jeno no se toca”, impulsado por el Ministerio de Gobierno, apunta a “un irracional uso de la detención preventiva” en el sistema penitenciario del país.

El funcionario basó su cuestionamiento en un análisis académico sobre el contenido de esa propuesta que fue publicado por su despacho.

“En un escenario donde el sistema penal se usa como forma de solucionar requerimientos sociales provocando el aumento correlativo de la detención preventiva, corresponde realizar una reflexión sobre los alcances de este tipo de proyectos en consideración al ser humano como sujeto de derechos y no como objeto de control”, dijo este miércoles el Defensor en una conferencia de prensa.

Actualmente, la población privada de libertad en las 46 cárceles del país, entre urbanas y provinciales, alcanzó un total de 30.659 personas, entre hombres y mujeres. Eso evidencia un hacinamiento del 191%, según datos de Régimen Penitenciario hasta abril de 2024.

Proyecto de ley

Del universo de reclusos, el 62,5% guarda detención preventiva, mientras que solo el 37,5% tiene sentencia.

En criterio de Callisaya, el uso desproporcionado de la detención preventiva provoca una “crisis casi de carácter humanitario en las cárceles de Bolivia”.

En su análisis, el Defensor del Pueblo consideró que, ese proyecto de ley hace que el “delincuente callejero” se constituya en el “enemigo simbólico interno del Estado”, objeto de control y ataque con el mayor “peso de la ley”.

El proyecto de ley “Lo ajeno no se toca” fue presentado por el Gobierno el 9 de mayo. Incluye un nuevo tipo penal denominado apoderamiento flagrante de la cosa ajena, cuya pena será de siete años de prisión. Incluye una agravante por reincidencia, cuya pena adicional será de dos años; es decir que, en caso de que un delincuente vuelva a cometer ese ilícito, la sanción con privación de libertad será de nueve.

Detención preventiva

En su aplicación, el proyecto plantea que, cuando un delincuente esté en flagrancia, puede ser aprehendido por particulares, ciudadanos o la Policía. Luego, el investigador policial emitirá un informe de acción directa “dentro del procedimiento sumarísimos penal”.

Precisamente La Razón consultó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sobre la incidencia de esa norma en el hacinamiento carcelario. Respondió que su despacho busca la descongestión de los recintos, principalmente con dos medidas: la amnistía o indulto y la construcción de pabellones.

“Si queremos mayor comodidad, si queremos pensar en el hacinamiento carcelario, también tenemos que pensar en que las personas privadas de libertad deben empezar a trabajar dentro de las cárceles”, dijo la autoridad.

Pero también recordó que existe un proyecto de ley referido a la implementación de manillas electrónicas, para el control de privados de libertad involucrados en casos de violencia familiar. El debate sobre esa norma e encuentra “dormido” en la Cámara de Diputados.