Nacional

miércoles 16 jun 2021 | Actualizado a 19:12

Juez pide detención de Alcibia y Humana por riesgo de fuga

Violación. Organizaciones sociales exigen que la víctima denuncie

Acusados. Javier Humana y Domingo Alcibia aparecen en la audiencia realizada ayer en Sucre.

/ 24 de enero de 2013 / 06:56

Los asambleístas departamentales de Chuquisaca Domingo Alcibia y Javier Humana fueron enviados ayer a prisión preventiva en el penal de San Roque y serán procesados por los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos y por uso indebido de influencias.

El juez 1° de Instrucción de la Capital, René Conde, determinó anoche la detención preventiva por riesgo de fuga y por no haberse presentado voluntariamente a prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público, en el marco del escándalo sexual ocurrido el 20 de diciembre en el hemiciclo de la Asamblea, donde ocurrió la supuesta violación a una empleada de limpieza de la institución.

Horas antes de la audiencia, al menos 20 organizaciones sociales —la mayoría de defensa de los derechos de la mujer— pidieron a la víctima denunciar a su agresor. Y mediante la carta “En repudio a la violación sexual de una servidora pública” solicitaron al fiscal departamental, Fernando Pacheco, que actúe de oficio y tome las acciones necesarias para la protección de la prueba del delito de violación sexual con una investigación inmediata.

Martha Noya, directora del Centro Juana Azurduy de Padilla, pidió la denuncia de la víctima “ya que su voz romperá la impunidad en la que muchos violadores viven, devolviendo a las mujeres la dignidad ultrajada históricamente en el país”. También exigió que no se distraiga ni se invisibilice la violación con delitos colaterales.

En la audiencia —que duró casi cinco horas—, luego de escuchar los argumentos del Ministerio Público como también de la defensa, el juez tomó la decisión de remitirlos a Alcibia y Humana al penal de San Roque.

Ese acto fue instalado con base en la acusación de los fiscales contra ambos legisladores por la comisión de los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, y uso indebido de influencias por haber utilizado los bienes del Estado para un festejo y la challa de un vehículo el 20 de diciembre. Las cámaras de seguridad de la Asamblea chuquisaqueña captaron en esa fecha imágenes de gente ebria, al asambleísta Humana acosando a una funcionaria y a su colega Alcibia en pleno acto sexual con una persona que da muestra de inconsciencia por el consumo de bebidas alcohólicas. 

Tras conocer la determinación de la justicia, tanto Alcibia como Humana dijeron que se sintieron traicionados por sus compañeros asambleístas. El presunto violador afirmó que pedirá la ampliación de su declaración. “No somos nosotros nomás, hay otros compañeros asambleístas inclusive el mismo Presidente (Gregorio Vela) y su asesor”, anunció Alcibia.

Humana calificó de injusta su detención porque considera que se basa en mentiras de la Fiscalía. También dijo que es una traición de sus compañeros del partido y que fue mal asesorado por el abogado de la Asamblea.

“La investigación debe ser para todos, acaso los que están en el video son fantasmas, será que el Ministerio Público no ve a esas personas que andan en los pasillos, será que el informe del policía es el verdadero”, se preguntó Humana al anunciar que también pedirá ampliar su declaración. Una vez emitida la orden de detención por el juez Conde, la Policía trasladó a ambos asambleístas al penal de San Roque. Los abogados de la defensa anunciaron que apelarán la decisión judicial en el plazo de 72 horas.

Bartolinas piden duras sanciones

La Ejecutiva de la Confederación de Mujeres Indígenas – Bartolina Sisa, Juanita Ancieta, dijo que los violadores se sienten “machos” y esconden el delito para no ser juzgados por lo que pidió endurecer la ley que sanciona ese delito.

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La Fiscalía acusa y pasa a juicio interno a ocho policías por el motín de 2019

El fiscal departamental de La Paz, Julio Rivera, informó de la decisión tomada al final de un proceso de investigación a denuncia, en enero, del Viceministerio de Descolonización

El motín policial en Cochabamba, en 2019, es un casos de investigación judicial. Foto: La Razón-archivo

/ 16 de junio de 2021 / 19:06

Por el motín policial de 2019 ocho policías fueron acusados formalmente en La Paz por la Fiscalía e irán a un juicio disciplinario, informó el fiscal departamental de La Paz, Julio Rivera.

Los policías están procesados como consecuencia de la denuncia interpuesta en enero por el Viceministerio de Descolonización contra 26 policías por faltas graves cometidas al haber participado en el motín de noviembre de 2019 que agravó la crisis y derivó en la dimisión de Evo Morales.

Rivera informó que se presentó la acusación fiscal como resultado de la investigación, colección de indicios y declaraciones.

Se acusó a ocho policías de diferentes grados en el proceso disciplinario por el motín policial de 2019, explicó, según citó Detrás de la Verdad en su muro de Facebook.

En la denuncia se asegura que los uniformados incurrieron en faltas como formular peticiones colectivas verbales o escritas, que estén al margen de la ley y que sean contrarias al régimen interno; hacer pública ostentación de su militancia política haciendo proselitismo en las unidades estando en servicio activo; fomentar la organización o formar parte de logias, incurrir en actos públicos, deshonrando los símbolos nacionales, la institución o el uniforme policial; instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medidas de presión; agresión física y/o sexual por motivos racistas o discriminatorios.

Por este proceso hay al menos dos otros procesos en etapa de juicio. A principios de este mes fue suspendido en Sucre el juicio oral en el Tribunal Disciplinario de la Policía contra la sargento Cecilia Calani porque tres de los miembros del tribunal juzgador habrían contraído el COVID-19.

Otro suboficial está en juicio.

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Defensora le dice al papa Francisco que la Conferencia Episcopal ‘miente’ sobre noviembre 2019

La defensora del Pueblo, Nadie Cruz, cuestionó el informe de la Conferencia Episcopal Boliviana sobre su rol y versión en torno a lo ocurrido en las reuniones extralegislativas que acabaron dando el poder a Jeanine Áñez

Nadia Cruz, defensora del Pueblo.

/ 16 de junio de 2021 / 18:01

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, le advierte al papa Francisco que la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) “miente” en su informe en el que hace conocer su accionar y versión de los hechos de noviembre de 2019. Además, aseguró que es una “falta de respeto a la memoria de las víctimas”, porque busca deslindar responsabilidad de las fuerzas conjuntas en las muertes de Sacaba y Senkata.

La falsedad genera injusticia. Querido @Pontifex¬_es la CEB miente y humilla a dignidad y memoria de 20 hombres que fueron MASACRADOS en Sacaba y Senkata por un Gobierno que junto a policías y militares a título de darnos paz, solo dieron muerte. La CEB poco hizo por ese Pueblo”, expresó en un mensaje citando al papa Francisco en Twitter.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) presentó el martes la “Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia octubre 2019–enero 2020”, documento en el que da un contexto de la situación social y política de las reuniones extralegisaltivas que acabaron dando el poder a Jeanine Áñez.

“Esta institución defensorial ve con preocupación que la Iglesia Católica pretenda generar la idea de que las muertes del conflicto poselectoral fueron fruto de ‘enfrentamientos’ entre ciudadanos o de la violencia de un grupo de personas, cuando esta institución defensorial ha verificado que esos fallecimientos pertenecen a la población civil y que fueron producto de la acción combinada de fuerzas estatales y paraestatales”, cuestionó Cruz.

El informe de la Iglesia Católica consta de 25 páginas y en la 17 habla de “enfrentamientos” en Sacaba, donde perdieron la vida 10 personas por impactos de bala en medio del operativo policial-militar que impidió que cocaleros movilizados entren a la ciudad de Cochabamba.

“Ese día también se suscita un hecho muy lamentable: los enfrentamientos violentos en sacaba”, refiere parte de la página 17. Cruz critica esos términos porque, sostuvo, no hubo un enfrentamiento sino “actos violentos cometidos por los gobernantes de turno, grupos paraestatales, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas en el periodo poselectoral de 2019 desembocaron en la muerte de 20 ciudadanos en las denominadas masacres de Sacaba y Senkata”.

Sobre Senkata, donde también actuaron fuerzas policiales y militares el 19 de noviembre con el saldo de 10 muertos a bala, el informe de la Iglesia Católica habla de “violencia”. Las protestas en ambas zonas, una en Cochabamba y la otra en El Alto, eran en apoyo a Evo Morales, quien para entonces ya había renunciado presionado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, motín policial y la “sugerencia” militar de renuncia.

El informe de la CEB fue enviada al papa Francisco y a otras autoridades de la Iglesia Católica.

“Esta posición (de la Iglesia Católica) pretende deslindar responsabilidad a las fuerzas conjuntas que operaron el 14 de noviembre de 2019 y niegan la represión ejercida contra una población civil estigmatizada. Existe una falta de respeto a la memoria de las víctimas fallecidas, a los heridos y a sus familiares”, afirmó Cruz, según un boletín institucional.

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Asambleísta Leopoldo Chui dona parte de su sueldo a niños necesitados

El asambleísta departamental y presidente de la agrupación Jallalla, Leopoldo Chui, cumplió con su compromiso de entregar parte de su sueldo a organizaciones como de niños. Entregó cerca de Bs 10.00.

Leopoldo Chui, jefe de Jallalla, en la transmisión La Razón Radio.

/ 16 de junio de 2021 / 17:08

El asambleísta departamental y presidente de la agrupación Jallalla, Leopoldo Chui, confirmó a La Razón que la mañana de este miércoles entregó Bs 10.000, parte de su remuneración, en beneficio de niños necesitados. Similar actividad realizará este jueves en El Alto.

“Hoy hemos entregado alrededor de Bs 10.000 a entidades de niños y mañana entregaremos otra parte en El Alto y así sucesivamente”, declaró.

En abril pasado, Chui se comprometió a bajar su sueldo al mínimo nacional Bs 2.122 y dijo que Bs 9.800 irá a sectores necesitados como los lustrabotas.

Chui dijo en aquella oportunidad que “esta determinación es el inicio del cumplimiento a las promesas electorales y una de las primeras medidas del partido ganador de la Gobernación paceña Jallalla los Pueblos”.

Asimismo, en abril, pidió que sus correligionarios, la alcaldesa electa de El Alto, Eva Copa, y el gobernador de La Paz, Santos Quispe, concejales y asambleístas de su partido, hagan lo mismo. Copa lo descartó.

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Exministro Díaz dice que Áñez tenía un minigabinete y ‘seguro trabajaba mucho más de cerca con ellos’

El exministro de Planificación para el Desarrollo Carlos Díaz afirmó que Arturo Murillo era una persona muy allegada a Jeanine Áñez y que siempre se mostró dinámico y activo dentro del gabinete

El exministro Carlos Melchor Díaz Villavicencio después de declarar ante el Ministerio Público en La Paz

Por Ghilka Sanabria

/ 16 de junio de 2021 / 16:56

El exministro de Planificación para el Desarrollo, Carlos Díaz, declaró este miércoles en la Fiscalía en el marco del caso “Gases lacrimógenos” y confirmó que en el gobierno de Jeanine Áñez «existía» “un minigabinete” formado por el entorno de confianza de la expresidenta.

“La presidenta tenía un grupo de ministros de confianza y seguramente ella trabajaba mucho más de cerca con ellos. En lo personal yo no me sentí excluido porque estaba desarrollando mi trabajo, mis funciones dentro de lo que mandaba el ministerio de Planificación para el Desarrollo”, explicó.

Exministros como de Gobierno, Arturo Murillo, de Defensa, Fernando López y de la Presidencia, Yerko Núñez, formaron parte del círculo de confianza de Áñez. López y Murillo son citados como los principales responsables en la denuncia de sobreprecio de $us 2,3 millones en la compra de gases lacrimógenos en 2020.

El Ministerio Público investiga desde diciembre la compra de gases lacrimógenos con presunto sobreprecio, tras denuncias de los hoy exdiputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) Elvira Rojas, Sonia Brito, Edgar Montaño, Ayda Villarroel, Juana Quispe, Remberto Calani y Franklin Flores.

El exministro en la calle Potosí tras declarar en la Fiscalía. Foto: Álvaro Valero

Murillo fue detenido en Estados Unidos por la corrupción vinculada a la compra de la munición no letal y López se encuentra en Brasil.

El fiscal Alexis Vilela citó en el caso como testigos a los exministros de Desarrollo Rural Mauricio Ordoñez; de Minería Carlos Fernando Huallpa; de la Presidencia Yerko Núñez; de Deportes Milton Navarro; de Trabajo Oscar Mercado; de Salud Aníbal Cruz; de Desarrollo Productivo Wilfredo Rojo; de Medio Ambiente María Pinckert; de Economía José Luis Parada; y de Planificación Carlos Díaz. Y en la víspera también fue incluida la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga.

“Murillo era el ministro de Gobierno, una persona muy allegada a la presidenta y era una persona bastante activa”, refirió Díaz.

“La Fiscalía me preguntó cómo se trataron los decretos (que viabilizaron la compra de los gases lacrimógenos) y luego si es que sabía yo cómo se habían hecho las compras que son de estricta responsabilidad de los entes que las realizan, por lo tanto yo desconocía cualquier tipo de procedimiento o cualquier tipo de acciones que se hubiera hecho en el proceso de adquisición”, sostuvo en un contacto con la prensa a la conclusión de su declaración.

Respecto a la firma de los tres decretos para la compra de material no letal para la Policía, Díaz aseguró que solo participó en la firma de dos.

“Yo no percibí en su momento ningún tipo de presión para la firma de los decretos que autorizaban la compra, simplemente se presentaron en el gabinete por la vía rápida y estos decretos solicitaban que el material se lo debía comprar en el exterior dado que no existía en el país, de acuerdo a la información del Ministro de Defensa”, relató.

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Evo Morales cree que la Iglesia Católica justifica el ‘golpe’ y trata de ‘esquivar su culpa’

El martes, la Iglesia Católica dio a conocer un informe de 25 páginas sobre su accionar en la crisis de 2019 y en dicho documento aseguró que Jeanine Áñez “se hallaba jurídicamente habilitada” para asumir la presidencia.

La reunión previa a la posesión de Áñez en noviembre de 2019. Foto: RTP.

/ 16 de junio de 2021 / 15:48

El expresidente Evo Morales consideró este miércoles que los jerarcas de la Iglesia Católica, con su reciente pronunciamiento sobre el conflicto poselectoral de 2019, justifican el supuesto golpe de Estado en el país y tratan de “esquivar su culpa”.   

“Algunos jerarcas de la Iglesia Católica, que callaron cuando el gobierno de facto masacraba al pueblo y asaltaba al Estado, ahora justifican el golpe con sus comunicados políticos. Tratan de esquivar su culpa, pero lo que hacen es confesar que fueron cómplices”, expresó el exmandatario mediante su cuenta en Twitter.

La pasada jornada, la Iglesia Católica dio a conocer un informe de 25 páginas sobre su accionar en la crisis de 2019 y en dicho documento aseguró que Jeanine Áñez “se hallaba jurídicamente habilitada” para asumir primero la presidencia del Senado y luego del Estado Plurinacional.

Áñez asumió ese cargo el 12 de noviembre de 2019 en medio de un cuestionado y rápido proceso de transición, después de que dos días antes renunció Morales a la jefatura del Estado agobiado por una ola de protestas que denunciaban un supuesto fraude electoral, un motín policial e incluso una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimita.

El documento de la Iglesia también señala que en reuniones extralegislativas surgieron las opciones de que la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y primera vicepresidenta de Diputados, Susana Rivero, asumieran el mando del país (ante la serie de renuncias de otras autoridades en la línea de sucesión), empero, ellas rechazaron “alegando que sus vidas corrían peligro”.

Sin embargo, esta versión inicialmente fue desmentida el mismo día por Rivero. “En reunión del 12 (de noviembre) a la que me llamaron a incorporarme JAMÁS se me consultó nada, menos se habló de mí. Tratamos procedimientos”, escribió la exdiputada del MAS en Twitter.

Este miércoles, Salvatierra también se pronunció a través de la misma red social y remarcó que “nunca” aceptó la presidencia de Áñez. “Ella asumió en una sesión sin quórum y por tanto ilegal, impidiendo el ingreso de los parlamentarios y reprimiéndonos con violencia policial. Claramente la sucesión constitucional no era su interés”, añadió.

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