Nacional

miércoles 16 jun 2021 | Actualizado a 19:48

Juez pide detención de Alcibia y Humana por riesgo de fuga

Violación. Organizaciones sociales exigen que la víctima denuncie

/ 24 de enero de 2013 / 06:56

Los asambleístas departamentales de Chuquisaca Domingo Alcibia y Javier Humana fueron enviados ayer a prisión preventiva en el penal de San Roque y serán procesados por los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos y por uso indebido de influencias.

El juez 1° de Instrucción de la Capital, René Conde, determinó anoche la detención preventiva por riesgo de fuga y por no haberse presentado voluntariamente a prestar su declaración informativa ante el Ministerio Público, en el marco del escándalo sexual ocurrido el 20 de diciembre en el hemiciclo de la Asamblea, donde ocurrió la supuesta violación a una empleada de limpieza de la institución.

Horas antes de la audiencia, al menos 20 organizaciones sociales —la mayoría de defensa de los derechos de la mujer— pidieron a la víctima denunciar a su agresor. Y mediante la carta “En repudio a la violación sexual de una servidora pública” solicitaron al fiscal departamental, Fernando Pacheco, que actúe de oficio y tome las acciones necesarias para la protección de la prueba del delito de violación sexual con una investigación inmediata.

Martha Noya, directora del Centro Juana Azurduy de Padilla, pidió la denuncia de la víctima “ya que su voz romperá la impunidad en la que muchos violadores viven, devolviendo a las mujeres la dignidad ultrajada históricamente en el país”. También exigió que no se distraiga ni se invisibilice la violación con delitos colaterales.

En la audiencia —que duró casi cinco horas—, luego de escuchar los argumentos del Ministerio Público como también de la defensa, el juez tomó la decisión de remitirlos a Alcibia y Humana al penal de San Roque.

Ese acto fue instalado con base en la acusación de los fiscales contra ambos legisladores por la comisión de los delitos de uso indebido de bienes y servicios públicos, y uso indebido de influencias por haber utilizado los bienes del Estado para un festejo y la challa de un vehículo el 20 de diciembre. Las cámaras de seguridad de la Asamblea chuquisaqueña captaron en esa fecha imágenes de gente ebria, al asambleísta Humana acosando a una funcionaria y a su colega Alcibia en pleno acto sexual con una persona que da muestra de inconsciencia por el consumo de bebidas alcohólicas. 

Tras conocer la determinación de la justicia, tanto Alcibia como Humana dijeron que se sintieron traicionados por sus compañeros asambleístas. El presunto violador afirmó que pedirá la ampliación de su declaración. “No somos nosotros nomás, hay otros compañeros asambleístas inclusive el mismo Presidente (Gregorio Vela) y su asesor”, anunció Alcibia.

Humana calificó de injusta su detención porque considera que se basa en mentiras de la Fiscalía. También dijo que es una traición de sus compañeros del partido y que fue mal asesorado por el abogado de la Asamblea.

“La investigación debe ser para todos, acaso los que están en el video son fantasmas, será que el Ministerio Público no ve a esas personas que andan en los pasillos, será que el informe del policía es el verdadero”, se preguntó Humana al anunciar que también pedirá ampliar su declaración. Una vez emitida la orden de detención por el juez Conde, la Policía trasladó a ambos asambleístas al penal de San Roque. Los abogados de la defensa anunciaron que apelarán la decisión judicial en el plazo de 72 horas.

Bartolinas piden duras sanciones

La Ejecutiva de la Confederación de Mujeres Indígenas – Bartolina Sisa, Juanita Ancieta, dijo que los violadores se sienten “machos” y esconden el delito para no ser juzgados por lo que pidió endurecer la ley que sanciona ese delito.

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Comisión aprueba juicio de responsabilidades contra dos exprefectos y cuatro exministros

Las proposiciones de juicios de responsabilidades apuntan a incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, y a conductas antieconómicas

El exprefecto de Pando Leopoldo Fernández. Foto: Archivo

/ 16 de junio de 2021 / 19:26

Una comisión legislativa aprobó este miércoles las propuestas de juicios de responsabilidades contra los exprefectos Sergio Medinaceli Soza y Leopoldo Fernández, los exministros Hugo Salvatierra (2006), Silvio Javier Comboni Salinas (2004), Javier Gonzalo Cuevas (2004) y Jorge Joaquín Berindoague Alcocer (2004).

La información la dio a conocer la presidenta de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Asamblea Legislativa, la senadora Patricia Arce.

Las proposiciones de juicios de responsabilidades, en el caso de los exministros, apuntan a incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, y a conductas antieconómicas, según un boletín de la Cámara de Senadores.

En el caso de Medinaceli Soza, exprefecto de Potosí, los delitos que se le atribuyen son incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, mientras que a Fernández, exprefecto de Pando, se lo acusa de resoluciones contrarias a las leyes y conducta antieconómica.

Según Arce, hasta la fecha se aprobaron peticiones para 10 juicios de responsabilidades en la Comisión Mixta. “Serán remitidos a la Asamblea Legislativa, esperamos contar con los dos tercios y solucionar este tema que ha sido de preocupación y ha retardado mucho la justicia”, dijo.

Las solicitudes de juicios de responsabilidades a exautoridades de la gestión 2008 fueron remitidos a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento respectivo.

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Legislativo amplía hasta diciembre indagación sobre retardación de la justicia en violencia contra la mujer

La Comisión Especial Mixta de Investigación Sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidios tendrá un plazo adicional para investigar y establecer recomendaciones

Mensaje contra la no violencia en el pleno de la Asamblea Legislativa.

Por Karina Pérez

/ 16 de junio de 2021 / 19:19

El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) amplió hasta el 15 de diciembre el trabajo de la Comisión Especial Mixta de Investigación Sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidios.

«La Asamblea nos ha aprobado la ampliación hasta diciembre para que sigamos con este trabajo coordinado y también revisando las auditorías jurídicas que faltan por concluir y así también seguir incidiendo en seis pilares que ha trabajado la comisión mixta», informó la diputada Estefanía Morales.

El trabajo se concentra en fortalecer las medidas de prevención, el tema comunicacional y de las acciones de las entidades territoriales autónomas.

Asimismo, la Comisión recomendó ampliar las competencias del Comité de Derechos de Género para la fiscalización en retardación de justicia en violaciones, feminicidio e infanticidio.

También consideró necesario plantear un proyecto de ley de endurecimiento de penas para autoridades judiciales que operan y administran justicia, en particular para casos de corrupción.

Además, recomendó que se forme una Comisión Especial Mixta de Investigación y Atención en Casos de Feminicidios en la siguiente legislatura, para que haga el seguimiento a las auditorias jurídicas solicitadas este año, y se apruebe el proyecto de ley de medidas de asistencia estatal integral a hijas e hijos víctimas de feminicidio, presentado por la Defensoría del Pueblo.

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Proyecto de ley de ascensos a generales en la Policía pasa al pleno de Diputados

Fue el Ministerio de Gobierno el que propuso la norma que consta de 38 artículos y disposiciones transitorias y complementarias.

/ 16 de junio de 2021 / 19:13

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Magalí Gómez informó este miércoles que la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas aprobó en grande y detalle el proyecto de ley de ascenso a generales de la Policía Boliviana, por lo que fue derivada al pleno de la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación.

«Hemos aprobado en grande y detalle, por tanto vamos a proceder a enviar al pleno de la Cámara de Diputados para su tratamiento correspondiente», informó.

La iniciativa legal busca «generar los espacios necesarios y respeto a la institucionalidad de la Policía».

Fue el Ministerio de Gobierno el que propuso la norma que consta de 38 artículos y disposiciones transitorias y complementarias.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, explicó que el objetivo es que en la carrera de los uniformados prevalezca su formación académica y la recomendación de alguna autoridad.

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La Fiscalía acusa y pasa a juicio interno a ocho policías por el motín de 2019

El fiscal departamental de La Paz, Julio Rivera, informó de la decisión tomada al final de un proceso de investigación a denuncia, en enero, del Viceministerio de Descolonización

El motín policial en Cochabamba, en 2019, es un casos de investigación judicial. Foto: La Razón-archivo

/ 16 de junio de 2021 / 19:06

Por el motín policial de 2019 ocho policías fueron acusados formalmente en La Paz por la Fiscalía e irán a un juicio disciplinario, informó el fiscal departamental de La Paz, Julio Rivera.

Los policías están procesados como consecuencia de la denuncia interpuesta en enero por el Viceministerio de Descolonización contra 26 policías por faltas graves cometidas al haber participado en el motín de noviembre de 2019 que agravó la crisis y derivó en la dimisión de Evo Morales.

Rivera informó que se presentó la acusación fiscal como resultado de la investigación, colección de indicios y declaraciones.

Se acusó a ocho policías de diferentes grados en el proceso disciplinario por el motín policial de 2019, explicó, según citó Detrás de la Verdad en su muro de Facebook.

En la denuncia se asegura que los uniformados incurrieron en faltas como formular peticiones colectivas verbales o escritas, que estén al margen de la ley y que sean contrarias al régimen interno; hacer pública ostentación de su militancia política haciendo proselitismo en las unidades estando en servicio activo; fomentar la organización o formar parte de logias, incurrir en actos públicos, deshonrando los símbolos nacionales, la institución o el uniforme policial; instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medidas de presión; agresión física y/o sexual por motivos racistas o discriminatorios.

Por este proceso hay al menos dos otros procesos en etapa de juicio. A principios de este mes fue suspendido en Sucre el juicio oral en el Tribunal Disciplinario de la Policía contra la sargento Cecilia Calani porque tres de los miembros del tribunal juzgador habrían contraído el COVID-19.

Otro suboficial está en juicio.

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Defensora le dice al papa Francisco que la Conferencia Episcopal ‘miente’ sobre noviembre 2019

La defensora del Pueblo, Nadie Cruz, cuestionó el informe de la Conferencia Episcopal Boliviana sobre su rol y versión en torno a lo ocurrido en las reuniones extralegislativas que acabaron dando el poder a Jeanine Áñez

Nadia Cruz, defensora del Pueblo.

/ 16 de junio de 2021 / 18:01

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, le advierte al papa Francisco que la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) “miente” en su informe en el que hace conocer su accionar y versión de los hechos de noviembre de 2019. Además, aseguró que es una “falta de respeto a la memoria de las víctimas”, porque busca deslindar responsabilidad de las fuerzas conjuntas en las muertes de Sacaba y Senkata.

La falsedad genera injusticia. Querido @Pontifex¬_es la CEB miente y humilla a dignidad y memoria de 20 hombres que fueron MASACRADOS en Sacaba y Senkata por un Gobierno que junto a policías y militares a título de darnos paz, solo dieron muerte. La CEB poco hizo por ese Pueblo”, expresó en un mensaje citando al papa Francisco en Twitter.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) presentó el martes la “Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia octubre 2019–enero 2020”, documento en el que da un contexto de la situación social y política de las reuniones extralegisaltivas que acabaron dando el poder a Jeanine Áñez.

“Esta institución defensorial ve con preocupación que la Iglesia Católica pretenda generar la idea de que las muertes del conflicto poselectoral fueron fruto de ‘enfrentamientos’ entre ciudadanos o de la violencia de un grupo de personas, cuando esta institución defensorial ha verificado que esos fallecimientos pertenecen a la población civil y que fueron producto de la acción combinada de fuerzas estatales y paraestatales”, cuestionó Cruz.

El informe de la Iglesia Católica consta de 25 páginas y en la 17 habla de “enfrentamientos” en Sacaba, donde perdieron la vida 10 personas por impactos de bala en medio del operativo policial-militar que impidió que cocaleros movilizados entren a la ciudad de Cochabamba.

“Ese día también se suscita un hecho muy lamentable: los enfrentamientos violentos en sacaba”, refiere parte de la página 17. Cruz critica esos términos porque, sostuvo, no hubo un enfrentamiento sino “actos violentos cometidos por los gobernantes de turno, grupos paraestatales, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas en el periodo poselectoral de 2019 desembocaron en la muerte de 20 ciudadanos en las denominadas masacres de Sacaba y Senkata”.

Sobre Senkata, donde también actuaron fuerzas policiales y militares el 19 de noviembre con el saldo de 10 muertos a bala, el informe de la Iglesia Católica habla de “violencia”. Las protestas en ambas zonas, una en Cochabamba y la otra en El Alto, eran en apoyo a Evo Morales, quien para entonces ya había renunciado presionado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, motín policial y la “sugerencia” militar de renuncia.

El informe de la CEB fue enviada al papa Francisco y a otras autoridades de la Iglesia Católica.

“Esta posición (de la Iglesia Católica) pretende deslindar responsabilidad a las fuerzas conjuntas que operaron el 14 de noviembre de 2019 y niegan la represión ejercida contra una población civil estigmatizada. Existe una falta de respeto a la memoria de las víctimas fallecidas, a los heridos y a sus familiares”, afirmó Cruz, según un boletín institucional.

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