El asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gabriel Pinto Tola fue suspendido hoy de su cargo por el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz para que asuma responsabilidades ante la justicia, que en 2010 lo sentenció a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por el asesinato de Benjamín Altamirano, alcalde de Ayo Ayo el año 2004. En septiembre de 2010 Pinto solicitó licencia temporal de su cargo.
La Comisión Legislativa, Jurídica y de Régimen Electoral de la Asamblea Departamental avaló antes del medio día de hoy el informe que dio paso a la suspensión de Pinto, mismo que al promediar las cinco de la tarde fue leído íntegramente al pleno de la Asamblea en presencia de unos 44 legisladores departamentales. El jefe de Bancada del MAS en la Asamblea, Juan Córdova, aseveró que se aprobó una “suspensión temporal”.
“El pleno de la Asamblea aprobó esta tarde la suspensión de Pinto”, declaró por su parte a La Razón Digital la asambleísta opositora por Unidad Nacional (UN) Claudia Bravo quien desde 2012 cuestionó la presencia de Pinto en la Asamblea Departamental por tener una sentencia ejecutoriada en su contra por la muerte de Altamirano.
Bravo cuestionó también que el pleno de la Asamblea Legislativa Departamental, integrada en su mayoría por legisladores del MAS, hayan aplazado sin fecha la elección del o la suplente de Pinto cuando. dijo la asambleísta opositora, el caso debió ser tratado inmediatamente se aprobó la suspensión de Pinto Tola.
Según Bravo, la suplencia debe recaer en la asambleísta del MAS por la provincia Murillo Marilú Aguilar. “No sé porque los asambleístas del MAS no quisieron elegir a Aguilar como suplente de Pinto. Esto contradice el artículo 45 de la Ley de Régimen Electoral”, cuestionó.
Gabriel Pinto Tola fue elegido como asambleísta del MAS por la Provincia Aroma, en mayo de 2010, pese a que tenía un proceso penal en su contra. Junto a Pinto Tola, también fueron sentenciados a 20 años prisión Pedro Flores Mamani, José Luis Herrera Cejas y Guillermo Mamani Ramos, por los delitos de secuestro y asesinato en grados de complicidad. En tanto que Olga Jacoba Aguirre Alavi, fue condenada a ocho años de prisión. Ciro Buenaventura Loza Castrillo y Cecilio Gamarra Mamani, a dos años, por encubrimiento en el asesinato del Alcalde de Ayo Ayo. Hasta la fecha se desconoce el paradero de Pinto.