A pesar de las disputas internas que datan de hace más de un año y medio, el Movimiento Al Socialismo (MAS) se encuentra en un “círculo vicioso” a raíz del artículo 13 de su estatuto orgánico que frena la convocatoria a un congreso partidario único.

“El Congreso Nacional Ordinario se reunirá cada dos años, será convocado públicamente, con un plazo máximo de 90 días y mínimo de 60 días antes de su realización, por la Dirección Nacional del MAS-IPSP de acuerdo a temario, previo consenso con las organizaciones matrices nacionales”, señala la carta vigente desde el 22 de septiembre de 2022.

Develada la crisis partidaria a inicios de septiembre de 2022, cuando el expresidente y líder de esa organización política, Evo Morales, cuando dijo que es víctima de una “plan negro” del gobierno de Luis Arce, la situación del MAS se complicó debido a la necesidad de renovación de su dirección nacional en congreso.

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Congreso

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre sus últimas decisiones, rechazó las solicitudes de supervisión planteadas paralelamente por las facciones arcista —el Pacto de Unidad— y evista del MAS. La primera planteaba congreso ordinario para los días 3, 4 y 5 de mayo en El Alto y la segunda, 10 de junio en Villa Tunari.

En el caso interpuesto por los dirigentes Lucio Quispe, Esteban Alavi y Guillermina Kuno, el TSE emitió la Resolución 140/2024, que considera que su solicitud no cumplió el mandato del artículo 13 del estatuto del MAS respecto de la acreditación de la dirección nacional partidaria.

Y sobre la solicitud del ala liderada por Morales, el tribunal promulgó la Resolución 141/2024, que resolvió que la solicitud no cumple con el mismo artículo 13 respecto de la coordinación para la convocatoria con las confederaciones Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CMCIO-BS) y Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSIOB).

Ambas resoluciones fueron publicadas el 17 de abril y el TSE otorgó 72 horas al Pacto de Unidad para que subsane las observaciones y recordó al ala evista cumplir la conminatoria hasta el 22 de abril, por mandato del auto judicial del 20 de marzo. Dichos plazos están vencidos y la Sala Plena del TSE tendrá, otra vez, la última palabra.

¿Será un círculo vicioso el hecho de que el TSE exija el cumplimiento del estatuto y el partido no cumpla? La pregunta fue planteada ayer por La Razón Radio al vocal Tahuichi Tahuichi. “Es verdad lo que dice”, respondió.

Al respecto, el lunes, en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, otro vocal, Francisco Vargas, recordó que la tarea del TSE no es propiciar consensos y que “todos los partidos tienen que tener dirigencia vigente, no prorrogada”.

“Este estatuto lo han escrito ellos; nosotros no nos inmiscuimos en su democracia interna, pero sí supervisamos que se cumpla su estatuto”, insistió Tahuichi.

Sobre el estancamiento del MAS en la convocatoria a su congreso, el exvicepresidente Álvaro García Linera advirtió ayer, en entrevista con DTV, que el MAS está en riesgo de proscribirse. “De continuar esta negativa a encontrar un acuerdo y una convocatoria conjunta, que sería lo ideal, el riesgo de que el MAS desaparezca como sigla es inminente”, afirmó.

Fracaso

El MAS no puede organizar su congreso desde el fallido encuentro de Lauca Ñ (Cochabamba) del 3 y 4 de octubre de 2023. Si bien el TSE supervisó esa reunión, no la validó debido a observaciones en la convocatoria y la elección de la dirigencia.

Ante esa situación, el tribunal amplió el mandato de Morales y de su dirección electos en 2017 hasta un nuevo congreso.

La cuarta ampliación del plazo para que las organizaciones políticas cumplan con la elección de directivas, la adecuación de estatutos, la actualización de listas de militantes y la rendición de cuentas vence el próximo 5 de mayo.

Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural determinaron este martes asumir acciones legales contra los jueces y vocales que sacaron resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y paralizaron el proceso de la preselección para las elecciones judiciales. 

El presidente de la Comisión de Justicia Plural en la Cámara de Diputados, Froilán Mamani, informó que tras la reunión sostenida entre ambas comisiones se determinó activar acciones penales contra las autoridades judiciales que de “manera maliciosa y mal intencionada” suspendieron y paralizaron el proceso de preselección.

“No vamos a decir quiénes, pero (son) personas que han estado en contra de manera maliciosa y quieren que este trabajo quede ahí y culmine este proceso. (Esas) autoridades que serán denunciadas penalmente”, dijo el legislador.

El 16 de abril, el proceso de preselección fue paralizado tras dos amparos constitucionales presentados por dos postulantes inhabilitados. El primer amparo fue presentado por Margarita Medrano en la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz y el segundo fue presentado por Herculiano Capusiri, en la Sala Constitucional Primera de La Paz.

Ante estas acciones judiciales, la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz ordenó paralizar el proceso de preselección hasta que se resuelva la misma. La audiencia que estaba programada para lunes 22 fue reprogramada para el viernes 26. Esto en razón que se debe notificar a los 83 postulantes habilitados para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como terceros interesados.

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El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla, antes del ingreso a reunión de ambas comisiones, señaló que estás acciones serán contra las autoridades judiciales que se “atribuyen a sacar resoluciones contrarias a la Constitución y también usurparon funciones”.

“Queremos presentar una acción legal por prevaricato para que los jueces respeten de manera disciplinada nuestra Constitución. Lo que queremos es que no nos quiten esa atribución de habilitar a los postulantes”, señaló Padilla.

El senador también informó que a las comisiones mixtas llegaron siete procesos judiciales, de los cuales seis son amparos constitucionales y una acción popular.

“De los seis amparos, hemos estado presentes en tres amparos, pero estos han sido suspendidos para este viernes. Nos faltaría una acción popular que (todavía) no estamos notificados. (Además) nos faltaría dos amparos constitucionales que están para el viernes, espero que no suspendan, porque la mayoría de los otros no se han desarrollado”.

Ayer la Sala Constitucional de Pando también dispuso la “paralización del cronograma que se encuentra en etapa de evaluación de méritos y examen… (en las comisiones mixtas) hasta que se resuelva la presente acción”.

La demanda judicial fue interpuesta a través de una acción popular contra el presidente nato de la Asamblea Legislativa y los senadores y diputados de las comisiones mixtas que se encargar del proceso de preselección para las judiciales.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, confirmó este martes que el proceso de evaluación de exámenes orales para los altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y demás instancias del Órgano Judicial fue suspendido mientras se resuelvan los amparos constitucionales presentados por postulantes inhabilitados.

“Nosotros pasamos una notificación a los postulantes, pero también a través de nuestras redes y páginas de las cámaras de Senadores y Diputados, de que hasta que podamos subsanar el tema de los amparos, queda paralizado o queda en cuarto intermedio (la fase de los exámenes orales), por lo menos hasta el viernes”, dijo el legislador.

El proceso de preselección fue paralizado desde el martes 16, tras el conocimiento de dos amparos constitucionales presentados por dos personas inhabilitadas que consideraron que se vulneraron sus derechos constitucionales.

El primer amparo fue presentado por la inhabilitada Margarita Medrano en la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Supremo de Justicia de Santa Cruz. El segundo fue presentado por Hercuiliano Capusiri, en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

La Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz ordenó paralizar el proceso de preselección hasta que se realice la audiencia y se resuelva la misma. La audiencia estaba programada para lunes 22, pero esta fue diferida para el viernes 26, toda vez que se debía notificar a los terceros interesados, es decir los postulantes habilitados en esta fase de la preselección.

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El secretario técnico de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Richard Fuertes, informó en sesión de esa comisión que lo que llama la atención “poderosamente” es el caso de la postulante inhabilitada Medrando, ya que es la única acción constitucional que dispuso como medida cautelar la paralización o suspensión del proceso de preselección en su totalidad.

“En las demás acciones tutelares que se han planteado en diferentes partes del país, las salas constitucionales solo han dispuesto como medida cautelar solo con relación a suspender o paralizar los efectos de las resoluciones que afectarían a los derechos o garantías del postulante que ha formulado su amparo constitucional”.

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla, también informó que a las comisiones mixtas les llegó siete procesos, de los cuales seis son amparos constitucionales y una acción popular.

“De los seis amparos, hemos estado presentes en tres amparos, pero estos han sido suspendidos para este viernes. Nos faltaría una acción popular que (todavía) no estamos notificados. (Además) nos faltaría dos amparos constitucionales que están para el viernes, espero que no suspendan, porque la mayoría de los otros no se han desarrollado”.

También señaló que se reunirán con la directiva de la Comisión Mixta de Constitución para asumir acciones legales contra los jueces y vocales que se atribuyeron en sacar resoluciones contrarias a la Constitución y por la usurpación de funciones.

Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Derechos Humanos en 2023 señala que en Bolivia no hubo cambios importantes en ese periodo. El documento, igualmente, destaca entre los “asuntos importantes” reportes sobre ‘torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o denigrantes por parte de funcionarios gubernamentales’.

“No hubo cambios significativos (…) en Bolivia durante el año”, dice el documento, citado en una nota de ANF.

En el texto también se expone las condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, y los graves problemas con la independencia del Órgano Judicial, el arresto y la detención arbitraria.

En su sección de Respeto por la integridad de la persona, el documento establece que hay funcionarios que utilizan la tortura, coerción y violencia física, pese a que la Constitución Política del Estado lo prohíbe.

Derechos humanos

“Organizaciones No Gubernamentales (ONG) informaron que las investigaciones policiales se basaron, en gran medida, en la tortura para obtener información y extraer confesiones”, añade el documento publicado este martes.

“Al parecer, la mayoría de los abusos ocurrieron mientras los funcionarios trasladaban a los detenidos a instalaciones policiales o mantenían detenidas a las personas”, señal.

El informe incluye una crítica a la “impunidad policial”, a la que califica como “un problema significativo”, debido a la “corrupción” y la “politización” del sistema judicial.

“Rara vez se hicieron cumplir los mecanismos para investigar los abusos. Con frecuencia, las investigaciones no se completaron debido a sobornos pagados a los investigadores por parte de las personas investigadas”, complementa la nota.

A través de sus redes sociales, la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, informó este martes sobre la aprehensión de 18 personas y el desbaratamiento de una organización criminal que se dedicaba a la internación de droga desde Bolivia.

“¡18 detenidos en 30 allanamientos! Toda una banda que traía droga de Bolivia, la escondía en Salta y la trasladaba a Rosario y al conurbano bonaerense, desbaratada. Al principal investigado lo agarramos infraganti”, escribió la autoridad de Argentina.

El Ministerio de Seguridad del vecino país también informó que el operativo denominado Centauro, tras una investigación por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), realizó 30 allanamientos en las provincias de Santa Fe, Salta y Buenos Aires, en las que se desbarató una banda peligrosa del narcotráfico.

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“Detuvimos a 18 criminales e incautamos drogas, armas, vehículos y una suma millonaria de dinero en efectivo”, escribió el Ministerio de Seguridad.

Señaló también que la investigación permitió detectar a “las personas que traían la droga desde Bolivia, quiénes la enfriaban en la provincia de Salta y aquellos que la transportaban en motos hasta Rosario y el conurbano bonaerense”.

De acuerdo con el medio digital El Ciudadano de Salta, Argentina, en la investigación se corroboró un modus operandi novedoso de abastecimiento de droga, no solo en la ciudad de Rosario y sus alrededores, sino también para el conurbano bonaerense y ciudad de La Plata.

“En cada ciudad existía una persona que recibía la provisión de estupefaciente y la redistribuía en esa localidad, la mayoría de los receptores de la cocaína ya tenían antecedentes por haber estado involucrado en causas en infracción a la ley 23.737”.