Ante la paralización del proceso de las judiciales por seis amparos interpuestos contra las comisiones de la Asamblea Legislativa encargadas de llevar adelante el proceso de preselección, el diputado Freddy Velasco, miembro de la Comisión Mixta de Constitución, señaló que a las 15.00 de este martes tomarán “algunas decisiones” para no frenar el proceso.

“Tenemos la convocatoria de la comisión para las tres de la tarde. Vamos a entrar en un análisis por todo lo que está sucediendo. Veremos también qué magnitud y alcance tienen (los amparos) para que nos haya dejado sin continuar el trabajo de preselección. Se va a hacer un análisis de fondo y tomar algunas decisiones para poder continuar. La idea es no frenar y seguir con el proceso que ya está agendado en la ley”, dijo el legislador.

El proceso de las judiciales fue paralizado tras la presentación de dos recursos constitucionales de postulantes inhabilitados que sintieron vulnerados sus derechos constitucionales.

El primer amparo fue interpuesto por la postulante inhabilitada Margarita Medrano, en la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz y el segundo por el también inhabilitado Herculiano Capusiri, quien pidió que se active una medida cautelar a la Sala Constitucional Primera del Tribunal de La Paz.

El pasado martes, la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz ordenó paralizar el proceso de preselección hasta que se realice la audiencia y se resuelva la misma. La audiencia de medida cautelar estaba programada para este lunes, empero, los vocales de esta instancia judicial decidieron postergarla hasta el viernes 26 de abril.

Según el criterio de la Sala Constitucional, no se no notificó a los terceros interesados, es decir, a los postulantes habilitados para la fase de los exámenes orales.

Velasco también indicó que se tiene “todas las intenciones” de continuar con este proceso, pero tras la llegada de estos amparos, se frenó la evaluación de los postulantes, por lo que hoy tomarán una determinación “para continuar” y ver el alcance de los amparos.

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Israel Quino, director de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores, reiteró ayer que son seis amparos por los que se  ha notificado a las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural. Reiteró que el proceso de preselección no fue suspendido, en razón que hay contracción entre los jueces.

“El proceso de preselección no ha sido suspendido. Vea las contradictorias, Santa Cruz, los jueces ordenan suspender el proceso; en La Paz orden continuar el proceso, en Tarija ordenan continuar el proceso.  Estas medidas contradictorias develan que son de forma arbitraria y discrecional, desconociendo el procedimiento constitucional, por lo que el procedimiento de preselección continua en la Asamblea”, dijo el jurista.

Por su parte, Medrano quien activó el amparo constitucional dijo que se mantiene las medidas cautelaras dictadas por el Tribunal Constitucional, por lo que no se puede continuar con el proceso mientras no se lleve la acción de amparo correspondiente.

“Son órdenes judiciales y de acuerdo ley deben obedecerse. Y hay normas que dicen que deben dar cumplimiento”, dijo la abogada.

En medio de la crisis interna del Movimiento Al Socialismo (MAS), el vicepresidente David Choquehuanca señaló este lunes que “los colores (y) las siglas” no van a “dividirnos”. Dijo también que el Gobierno tiene el compromiso de trabajar en favor del pueblo y “jamás” mostrarán preferencia por «algún sector».

“Queremos el bienestar de todos los bolivianos, no tenemos que discriminar a nadie, nuestra obligación es trabajar para el pueblo boliviano. Los colores no nos pueden dividir hermanos, las siglas no van a dividir a nuestras comunidades, a nuestros ayllus”, sostuvo la autoridad, en el colocado de la piedra fundamental para la construcción de una nueva unidad educativa en la localidad de Coroma, Potosí.

Añadió que “hemos escuchado a las autoridades (de Coroma), el primero que ha intervenido ha dicho: ‘como nosotros hemos ido a las oficinas, el hermano vicepresidente no nos ha preguntado de qué partido somos’. Nosotros no trabajamos para el partido hermanos, nosotros trabajamos para el pueblo. No queremos el bienestar solo de los militantes del partido, queremos el bienestar de todos los bolivianos”.

Las declaraciones de la autoridad surgen en medio de una crisis interna del MAS que surge por los liderazgos que representan el presidente Luis Arce y Evo Morales. Esta problemática también alcanzó a la estructura legislativa y a las organizaciones sociales, con la conformación de bloques paralelos que buscan una representatividad legal. 

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“Tenemos que escucharnos, no podemos seguir profundizando la división y confrontación entre nosotros, por culpa de unos cuantos. El único ganador de la división, confrontación y sabotaje, es la pobreza. Y nuestra lucha es contra la pobreza”, sentenció.

Choquehuanca recordó también que los pueblos demandan nuevos liderazgos jóvenes, hombres y mujeres, pero estos deben estar apegados a la verdad y que no “mientan y no roben” a su pueblo.

En la oportunidad, destacó la riqueza cultural y productiva que posee la región de Coroma, esto gracias a la crianza de camélidos, producción de quinua y enorme patrimonio en textiles ceremoniales.

De igual forma, hizo referencia a que el 2024 fue declarado como Año Internacional de los Camélidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, lo cual abre un abanico de oportunidades para potenciar esta actividad en el país.

Tras la presentación de la documentación ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Pacto de Unidad afín al presidente Luis Arce ratificó el congreso nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la ciudad de El Alto del 3 al 5 de mayo. 

Vidal Gómez, representante de la Comisión de Política del Pacto de Unidad, indicó que se presentó un memorial de ratificación y el fundamento para que la Sala Plena del TSE pueda dar el visto bueno al acompañamiento del congreso del MAS.

“El Tribunal Supremo Electoral debe tratar en Sala Plena a detalle toda la documentación que ha sido presentada. Lo que sí, vamos a llevar adelante el congreso el 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad de El Alto, y la invitación (es) a toda la militancia. El estadio de Villa Ingenio vamos a llenar con más de 50.000 militantes, más de 6.000 acreditados, pero también queremos decir a la población que el cinco de mayo estamos haciendo conocer al nuevo directorio y ese mismo día fenece el mandato prorrogado de la dirección nacional del MAS”, dijo Gómez.

Milán Verna, delegado del Pacto de Unidad, indicó que con el memorial presentado ante el TSE se ratifica el congreso del MAS en mayo, el cual se realizará “sí o sí”.

Dijo que para la realización de este congreso se cumplió con los procedimientos legales, técnicos y en coordinación con las organizaciones legalmente reconocidas y la dirección nacional del partido a la cabeza de la directiva de la comisión orgánica.

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“Ellos son los que firman la convocatoria, se ha emitido en el membretado del MAS, bajo el consenso de las organizaciones legal y legítimamente constituidos. Bien claro dice el estatuto del MAS, indica que la dirección nacional MAS, directiva del MAS son las que tienen que firmar y no solo una persona”, señaló.

Añadió que “incluso respetuosamente hemos emitido invitación pública y escrita más de cinco veces al compañero Evo (Morales), en el marco de unidad y el marco de poder consensuar como estipula el Tribunal Supremo Electoral hemos convocado y ayer no se ha presentado Evo Morales y eso es una traición a sus organizaciones fundadoras”. 

En alusión de la nueva convocatoria del congreso del MAS evista para el 10 de julio en Villa Tunari, Cochabamba, Gómez indicó que como Pacto de Unidad desconocen cualquier convocatoria “simplemente” con intereses “partidarios y de proclamación”.

“Los congresos que han sido convocados por el ala radical (del MAS) netamente ha sido direccionado para ratificar único candidato y por lo tanto desconocemos”, dijo el dirigente.

El exministro Branko Marinkovic denunció que fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, Argentina, por la activación de una orden internacional de búsqueda emitida cuando era investigado en el caso Terrorismo.

“Vine a Buenos Aires a una cena con (el presidente Javier) Milei y otros líderes liberales. En el Aeropuerto Ezeiza fui retenido porque el gobierno boliviano mantiene la orden internacional de búsqueda contra los bolivianos que fuimos perseguidos en el caso Terrorismo, a pesar de haber sido absueltos en Bolivia”, escribió la tarde de este lunes en su cuenta de X.

La exautoridad del gobierno de Jeanine Áñez calificó el hecho como un “abuso más contra los derechos humanos de los opositores”, agregó en su publicación. “Tomaré acciones legales”, advirtió.

Marinkovic

Marinkovic fue uno de los 39 imputados en el caso terrorismo. Fue acusado por la supuesta colaboración con el grupo armado de Eduardo Rozsa, que perdió la vida en un violento operativo policial en el hotel Las Américas, en 2009.

Con un proceso abierto en su contra, el además empresario salió del país y regresó cuando la Justicia cerró su caso, en 2020, en la administración de Áñez.

El operativo del 16 de abril de 2009, en el gobierno de Evo Morales, la Policía buscaba desarticular un grupo armado liderado por Rozsa. Esa acción derivó en la muerte del croata-húngaro-boliviano Eduardo Rozsa, el rumano Magyarosi Arpád y el irlandés Michael Dwyer.

También estuvieron implicados Elöd Tóásó y Mario Tadic, ambos sobrevivientes de la acción policial. Los investigaron porque formaban parte de un denunciado complot que pretendía un magnicidio y el separatismo de Santa Cruz.

En febrero de 2015, un tribunal de La Paz los condenó a cinco años de prisión tras acogerse a un juicio abreviado por el delito de alzamiento armado; contra la seguridad y soberanía del Estado; en grado de complicidad. Semanas después, salieron de la cárcel porque ya habían cumplido la condena en la detención preventiva y abandonaron el país.

El 13 de abril de este año, el caso terrorismo dio un giro. Tadic y Előd informaron que el Estado abrió un proceso penal contra los responsables del operativo.

La audiencia en Santa Cruz para la resolución de un amparo constitucional que frenó el proceso de calificación de méritos para de postulantes de las elecciones judiciales fue suspendida hasta el viernes de esta semana.

Un reporte de Bolivisión informó de la suspensión del acto judicial por la tutela que concedió la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz a un amparo presentado por Margarita Medrano, postulante rechazada en su postulación al Consejo de la Magistratura, quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese proceso.

En la mañana, el presidente de la Comisión de Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, Miguel Rejas, negó que en el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales de haya vulnerado los derechos de algunos de ellos.

Amparo

“No ha habido ninguna vulneración (de derechos) a ningún postulante”, defendió ante los medios el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Dicha sala constitucional dictó una medida cautelar que mandó a paralizar la preselección, que desde el martes de la semana pasada debió entrar a la fase de exámenes.

Son 405 profesionales habilitados para esa etapa.

Rejas atribuyó eso a una “mano negra que busca “boicoterar” las elecciones judiciales.

Miguel Rejas

Defendió, además, la independencia de los órganos del Estado y dijo que esa medida cautelar no puede frenar el trabajo de la Asamblea Legislativa.

“No hay un mandato de un órgano (del Estado) a otro. No podemos responder a un órgano que estaría pisoteando los derechos y la misma Constitución (Política del Estado). Nosotros, en las comisiones vamos a seguir con nuestro trabajo (…). Nosotros, desde mañana (martes), arrancamos con la fase de preguntas y entrevistas a los postulantes”, anunció que el martes comenzarán los exámenes y entrevistas a los postulantes.

La batería de preguntas de esa fase fue elaborada por las facultades de Derecho de las universidades, colegios de abogados y otras instituciones y está en custodia a una Notaría de Fe Pública; determinó guardarlas en una oficina del edificio antiguo de la Asamblea Legislativa, bajo precinto.