Nacional

jueves 21 oct 2021 | Actualizado a 23:10

La Fiscalía iniciará el segundo trámite para extraditar a Goni

Oficial. La Cancillería entregó la traducción con la negativa de EEUU

Acusado. Sánchez de Lozada, en el último gabinete antes de huir a EEUU en octubre de 2003.

/ 2 de febrero de 2013 / 05:15

La Fiscalía General del Estado está lista para iniciar el segundo trámite de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, luego de que la Sala Plena del Tribunal Supremo notificó al Ministerio Público con el rechazo del Gobierno de EEUU a la primera solicitud boliviana.

El fiscal superior y encargado del caso, Orlando Riveros, dijo que pese a que hasta la tarde de ayer no llegó la comunicación oficial del Tribunal Supremo, su despacho actuará inmediatamente para iniciar el segundo proceso por los conductos legales establecidos.

“Lo importante acá es que una vez que el Ministerio Público sea notificado con esta nota y legalizada —ese actuado ocurrirá en cualquier momento—, la Fiscalía General del Estado inmediatamente va a generar la nueva solicitud de extradición que está en consideración del señor Fiscal General, pero ése es un trabajo que ya está elaborado y sólo es un tema de aprobación interno”, expresó Riveros.

Sin embargo, Riveros aclaró que la Cancillería envió la copia legalizada de la respuesta de Estados Unidos y no la traducción oficial porque, según la propia Cancillería, no sería necesario para continuar con los trámites de extradición de las tres exautoridades bolivianas refugiadas en ese país.

El fiscal Riveros explicó que la segunda solicitud de extradición se diferencia en dos aspectos de la primera. En primer lugar, se está reduciendo la cantidad de delitos por los cuales se solicita la extradición, teniendo en cuenta las observaciones planteadas por la justicia estadounidense y en un segundo aspecto se profundizará los temas de orden procesal y probatorio.

De acuerdo con los tratados y convenios internacionales y normas bolivianas, la Fiscalía General planteará el pedido de extradición y remitirá el caso a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Esta instancia deberá emitir un exhorto suplicatorio con destino a las autoridades judiciales de Estados Unidos a través de la Cancillería del Estado Plurinacional.

El 6 de septiembre de 2012, La Razón reveló que el Gobierno de Estados Unidos rechazó la solicitud boliviana de extradición de Sánchez de Lozada. Desde ese momento se realizaron trámites administrativos para llegar hasta la decisión asumida esta semana por la Sala Plena, de habilitar al Ministerio Público para iniciar el segundo trámite de extradición.

La magistrada del Tribunal Supremo, Maritza Suntura, confirmó que la Sala Plena determinó remitir a la Fiscalía General la carta con la traducción oficial enviada por la Cancillería, en la que el Gobierno de Estados Unidos manifiesta su rechazo al pedido de extradición de Sánchez de Lozada y sus exministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague.

El 14 de enero, el Ministerio Público demandó a la Cancillería la contratación de un bufete de abogados estadounidenses, además de un presupuesto extraordinario para iniciar y continuar con los trámites de extradición de Estados Unidos del expresidente para que responda por los hechos ocurridos en octubre de 2003.

Entonces el fiscal Rivero explicó que al margen de los trámites diplomáticos, se requiere que abogados estadounidenses ejecuten toda la estrategia jurídica boliviana con base en las leyes estadounidenses y que, además, se disponga de recursos adicionales para cubrir todos los gastos que demanden el eventual traslado.

Cargo al que debe responder 

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada debe asumir defensa en el país por la acusación de genocidio, en el marco de un juicio de responsabilidades que se le sigue por la muerte de más de 60 personas y 400 heridos.

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El Gobierno califica de ‘fracaso’ protesta, gremiales se dividen y una facción firma acuerdo

La dirigencia de Rodolfo Mancilla sostiene que la ley 1386 de lucha contra las ganancias ilícitas no los alcanza. Francis Figueroa, desde Santa Cruz, declaró un cuarto intermedio en las protestas

Protesta gremial en la ciudad de La Paz.

/ 21 de octubre de 2021 / 20:29

Un grupo de la dirigencia nacional de los gremiales se reunió con el Gobierno y acordó trabajar en el reglamento de la ley de estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas 1386, mientras que el bando liderado por Francisco Figueroa declaró un cuarto intermedio en la protesta y el lunes definirá nuevas acciones. Para el Gobierno, las protestas de esta jornada fueron un fracaso.

Gremiales del ala de Figueroa convocaron a un paro para este jueves y viernes, pero en los últimos días optaron por ir solo a las movilizaciones. En La Paz, Cochabamba y Santa Cruz hubo, en la mañana, marchas en demanda de la anulación de la ley que consideran hará un mayor control sobre su sector.

En Potosí, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), determinó cumplir con el paro de 48 horas que había definido la dirigencia de Figueroa, quien desde Santa Cruz organiza en la llamada cumbre intersectorial más protestas. Se determinó un cuarto intermedio y el lunes se retomará reuniones para definir nuevas acciones de protestas.

Mientras que en La Paz, otro grupo de gremiales se reunió con autoridades del Gobierno. “Se nos ha explicado y se ha establecido que la ley 13 86 no tiene alcance ni afecta a comerciantes minoristas de Bolivia y los gremialistas participaremos en la reglamentación de la ley”, informó el dirigente Rodolfo Mancilla tras la reunión en la Casa Grande del Pueblo.

Mancilla cuestionó la dirigencia de Figueroa y lo vinculó con los intereses del excívico y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. “Nuestro compromiso es firme con nuestro proceso de cambio”.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, calificó de fracaso el paro que convocó inicialmente Figueroa y descartó que la ley que aprueba la estrategia de lucha contra las ganancias ilícitas afecte los intereses de los gremiales, choferes o de cualquier ciudadano.

“Ha sido un total fracaso este paro convocado por el Comité Cívico de Santa Cruz y por el gobernador Camacho y alguno que otro loco en algún departamento”, afirmó en alusión a que el bloque de oposición política-cívica se pronunció en apoyo a la protesta.

“Es mentira que esta ley, la 1386, afecte la economía de los hermanos transportistas y de los hermanos gremiales, es mentira. Están queriendo utilizar este instrumento para gestar un segundo golpe de Estado, lo ratifico”, insistió.

Figueroa explicó que se declaró un cuarto intermedio en las protestas y que el lunes se retomará la coordinación para nuevas movilizaciones, sin embargo aseguró que persistirán protestas en Potosí, Cochabamba y Tarija.

El ministro Edgar Montaño (c) durante la conferencia de prensa de este jueves conjuntamente representantes de dos sectores de transportistas. Foto: Min Obras Públicas

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Jueces se declaran en emergencia por aprehensión de la jueza Lima y advierten ‘desprotección’

Melina Lima, jueza Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer, fue aprehendida el miércoles por haber cerrado el caso de las hermanas de Doria Medina

La jueza, el jueves, en dependencias de la FELCC de La Paz. Foto: APG

/ 21 de octubre de 2021 / 18:27

La Asociación de Magistrados y Jueces de La Paz (Amalap) se declaró en emergencia por la aprehensión y proceso abierto contra la jueza Melina Lima por haber cerrado el caso contra las hermanas del empresario y político Samuel Doria Medina.

“En condición de autoridades judiciales, es evidente que no gozarnos de fuero o privilegio alguno, empero, si se consolidan estos hechos por demás infundados y arbitrarios se genera una desprotección total para la administración de justicia, ya que nuestro trabajo es precisamente resolver los conflictos penales y este trabajo no puede considerarse delictivo”, establece el comunicado de la Amalap.

Lima, jueza Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer, fue aprehendida el jueves por haber cerrado el caso de las hermanas de Doria Medina, vinculadas a una empresa relacionada con paraísos fiscales. Acusan a la jueza por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

La Amalap aclaró que no se opone a la investigación, pero no se entiende la razón para aprehender a la jueza Lima.

Lee también: La Fiscalía deja en libertad a la hermana del político y empresario Samuel Doria Medina

En el comunicado difundido por la red Erbol se recuerda dos sentencias constitucionales por las cuales ninguna autoridad “está facultada para calificar de correcta o incorrecta la conducta de un juez y que, en ningún caso, las decisiones de autoridades jurisdiccionales pueden dar lugar a sanción alguna”, puesto que en el principio de independencia judicial supone la libre apreciación y resolución.

“El Estado está en la obligación de garantizar el desarrollo de la función jurisdiccional libre de presiones, en base al principio de independencia e imparcialidad”, demanda la entidad.

Alertó que con el caso de la jueza Lima “se sienta un precedente contra el trabajo de todos los Jueces del país, que en cualquier momento, por un criterio subjetivo de aplicación normativa u otros intereses, pueden ser aprehendidos y detenidos”. Los jueces se declararon en estado de emergencia.

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El Legislativo anula decreto de amnistía e indulto para procesados en el gobierno de Áñez

El decreto presidencial de amnistía fue aprobado en febrero para beneficiar a los perseguidos y sentenciados en el gobierno de Jeanine Áñez, sin embargo el GIEI advirtió que puede ser distorsionada su aplicabilidad

El pleno de la Cámara de Diputados en la Asamblea Legislativa.

/ 21 de octubre de 2021 / 17:47

La Asamblea Legislativa Plurinacional anuló este jueves el decreto presidencial de amnistía e indulto aprobado por el gobierno de Luis Arce en favor de los procesados en la gestión de Jeanine Áñez, en cumplimiento del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo.

El senador del MAS Adolfo Flores explicó que con la abrogación de la norma aprobada en febrero de 2021 se cumple una de las recomendaciones de los expertos que investigaron la violencia y muerte de 2019.

“Hemos tomado la decisión de abrogar el decreto y expresar que ese decreto tenía el perdón de penas de sentenciados y por el camino político los perseguidos políticos. Entendemos que solo han sido beneficiados los que tienen sentencia”, sostuvo.

El decreto de febrero establece que serán beneficiadas las “personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.

El GIEI advirtió que esa norma debe ser anulada porque solo cuestiona el procedimiento y puede llegar a beneficiar a quienes fueron parte de la violencia y muerte de noviembre de 2019, en el gobierno de la expresidenta Áñez.

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Silva dice que es difícil convocar al diálogo a gremiales porque tienen ‘varias dirigencias’

El viceministro de Defensa del Consumidor aseguró que las medidas de protestas que protagoniza el sector gremial responden a amenazas de sus dirigentes y a la coordinación con autoridades y políticos de oposición.

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, en entrevista con La Razón Radio

Por Mauricio Diaz

/ 21 de octubre de 2021 / 14:33

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, afirmó este jueves que el Gobierno está dispuesto a que el sector gremial participe de los “ajustes” a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, aunque ante la presencia de “varias dirigencias” es difícil convocarlos.

“Es complicado convocar a todos, porque unos van a aceptar, como los que ya han aceptado y han ido al diálogo y otros, por más que se les invite, se van a hacer ‘q’illis’” afirmó el viceministro Silva en una entrevista con La Razón Radio.

Aseguró que las medidas de protesta son coordinadas con cívicos regionales, autoridades y políticos opositores al gobierno del presidente Luis Arce.

Además afirmó que los gremiales asumen esa medida de protesta por “amenazas de sus dirigentes”, que los amedrentan con una multa económica o el cierre temporal de sus negocios.

Silva explicó que la ley en cuestión es una estrategia “para combatir a los narcotraficantes, aquellos que se dedican a la trata y tráfico de personas, los que falsifican sellos, billetes y corruptos”.

Por su parte, el dirigente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Toño Siñani, afirmó que solo los dirigentes de algunas federaciones de El Alto están marchando y amenazó con movilizar a sus bases si son agredidos por la Policía.

En la jornada pasada, el Comité Cívico Potosinista confirmó el paro con bloqueos en contra de esa ley, mientras que la dirigencia gremial a la cabeza de Francisco Figueroa descartó ese tipo de acciones, aunque anunció que se realizarán movilizaciones en el eje troncal del país. No descartó un paro de 48 horas en caso de que el Gobierno no abrogue la Ley 1386.

Ante esa medida, la Policía Boliviana aseguró que garantizará la normalidad de las actividades y habilitarán rutas alternas para que la circulación de vehículos no sea perjudicada.

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Richter califica de ‘contundente’ el pedido de EEUU y anuncia que la Cancillería le responderá

El vocero presidencial cree que las plataformas políticas todavía quieren preservar los “grupos irregulares” como un “último reservorio de esperanza para (…) desestabilizar el país”.

Jorge Richter en entrevista con La Razón. Foto: Oswaldo Aguirre.

/ 21 de octubre de 2021 / 14:23

El vocero presidencial, Jorge Richter, consideró este jueves que es “contundente” el pedido realizado por la Embajada de Estados Unidos en Bolivia para el desmantelamiento de “grupos irregulares” en el país.

“La Embajada americana lo que está señalando es un pedido contundente de decir: señores en Bolivia esto está existiendo y hay que (desarticular)”, afirmó Richter en una entrevista con el programa Piedra, Papel y Tinta de La Razón.

En pasados días, la Embajada de Estados Unidos denunció que “grupos paraestatales violentos” amenazan a activistas de derechos humanos y demandó al gobierno de Luis Arce su “desmantelamiento”.

Ese pronunciamiento surgió después de que la activista de derechos humanos Kathryn Ledebur y el abogado Thomas Becker –ambos ciudadanos estadounidenses– denunciaron que sufren constantes amenazas en Bolivia por parte de grupos, como la Resistencia Juvenil Cochala, que fueron identificados como “parapoliciales” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

También puede leer: EEUU alerta a Bolivia sobre ‘grupos paraestatales violentos’ y pide su desmantelamiento.

Ahora, “a través de la Cancillería se va a tomar contacto (con Estados Unidos) para realizar la respuesta que corresponde, pero, de manera clara, el presidente (Arce), cuando se presentó el informe del GIEI, ya anunció que estos grupos van a ser desmantelados”, agregó Richter.

También puede leer: Arce demanda juicio de responsabilidades y anuncia eliminación de grupos ‘parapoliciales’.

El funcionario señaló que la desarticulación de estos grupos se realizará “aunque desde las plataformas políticas, (como) Creemos y Comunidad Ciudadana, se los trate todavía de preservar como un último reservorio de esperanza para ver si con ello pueden desestabilizar el país”.

Sin embargo, “no tienen futuro ni perspectiva”, concluyó el vocero.

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