Nacional

miércoles 16 jun 2021 | Actualizado a 19:04

La Fiscalía iniciará el segundo trámite para extraditar a Goni

Oficial. La Cancillería entregó la traducción con la negativa de EEUU

Acusado. Sánchez de Lozada, en el último gabinete antes de huir a EEUU en octubre de 2003.

/ 2 de febrero de 2013 / 05:15

La Fiscalía General del Estado está lista para iniciar el segundo trámite de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, luego de que la Sala Plena del Tribunal Supremo notificó al Ministerio Público con el rechazo del Gobierno de EEUU a la primera solicitud boliviana.

El fiscal superior y encargado del caso, Orlando Riveros, dijo que pese a que hasta la tarde de ayer no llegó la comunicación oficial del Tribunal Supremo, su despacho actuará inmediatamente para iniciar el segundo proceso por los conductos legales establecidos.

“Lo importante acá es que una vez que el Ministerio Público sea notificado con esta nota y legalizada —ese actuado ocurrirá en cualquier momento—, la Fiscalía General del Estado inmediatamente va a generar la nueva solicitud de extradición que está en consideración del señor Fiscal General, pero ése es un trabajo que ya está elaborado y sólo es un tema de aprobación interno”, expresó Riveros.

Sin embargo, Riveros aclaró que la Cancillería envió la copia legalizada de la respuesta de Estados Unidos y no la traducción oficial porque, según la propia Cancillería, no sería necesario para continuar con los trámites de extradición de las tres exautoridades bolivianas refugiadas en ese país.

El fiscal Riveros explicó que la segunda solicitud de extradición se diferencia en dos aspectos de la primera. En primer lugar, se está reduciendo la cantidad de delitos por los cuales se solicita la extradición, teniendo en cuenta las observaciones planteadas por la justicia estadounidense y en un segundo aspecto se profundizará los temas de orden procesal y probatorio.

De acuerdo con los tratados y convenios internacionales y normas bolivianas, la Fiscalía General planteará el pedido de extradición y remitirá el caso a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Esta instancia deberá emitir un exhorto suplicatorio con destino a las autoridades judiciales de Estados Unidos a través de la Cancillería del Estado Plurinacional.

El 6 de septiembre de 2012, La Razón reveló que el Gobierno de Estados Unidos rechazó la solicitud boliviana de extradición de Sánchez de Lozada. Desde ese momento se realizaron trámites administrativos para llegar hasta la decisión asumida esta semana por la Sala Plena, de habilitar al Ministerio Público para iniciar el segundo trámite de extradición.

La magistrada del Tribunal Supremo, Maritza Suntura, confirmó que la Sala Plena determinó remitir a la Fiscalía General la carta con la traducción oficial enviada por la Cancillería, en la que el Gobierno de Estados Unidos manifiesta su rechazo al pedido de extradición de Sánchez de Lozada y sus exministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague.

El 14 de enero, el Ministerio Público demandó a la Cancillería la contratación de un bufete de abogados estadounidenses, además de un presupuesto extraordinario para iniciar y continuar con los trámites de extradición de Estados Unidos del expresidente para que responda por los hechos ocurridos en octubre de 2003.

Entonces el fiscal Rivero explicó que al margen de los trámites diplomáticos, se requiere que abogados estadounidenses ejecuten toda la estrategia jurídica boliviana con base en las leyes estadounidenses y que, además, se disponga de recursos adicionales para cubrir todos los gastos que demanden el eventual traslado.

Cargo al que debe responder 

El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada debe asumir defensa en el país por la acusación de genocidio, en el marco de un juicio de responsabilidades que se le sigue por la muerte de más de 60 personas y 400 heridos.

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Defensora le dice al papa Francisco que la Conferencia Episcopal ‘miente’ sobre noviembre 2019

La defensora del Pueblo, Nadie Cruz, cuestionó el informe de la Conferencia Episcopal Boliviana sobre su rol y versión en torno a lo ocurrido en las reuniones extralegislativas que acabaron dando el poder a Jeanine Áñez

Nadia Cruz, defensora del Pueblo.

/ 16 de junio de 2021 / 18:01

La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, le advierte al papa Francisco que la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) “miente” en su informe en el que hace conocer su accionar y versión de los hechos de noviembre de 2019. Además, aseguró que es una “falta de respeto a la memoria de las víctimas”, porque busca deslindar responsabilidad de las fuerzas conjuntas en las muertes de Sacaba y Senkata.

La falsedad genera injusticia. Querido @Pontifex¬_es la CEB miente y humilla a dignidad y memoria de 20 hombres que fueron MASACRADOS en Sacaba y Senkata por un Gobierno que junto a policías y militares a título de darnos paz, solo dieron muerte. La CEB poco hizo por ese Pueblo”, expresó en un mensaje citando al papa Francisco en Twitter.

La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) presentó el martes la “Memoria de los hechos del proceso de pacificación en Bolivia octubre 2019–enero 2020”, documento en el que da un contexto de la situación social y política de las reuniones extralegisaltivas que acabaron dando el poder a Jeanine Áñez.

“Esta institución defensorial ve con preocupación que la Iglesia Católica pretenda generar la idea de que las muertes del conflicto poselectoral fueron fruto de ‘enfrentamientos’ entre ciudadanos o de la violencia de un grupo de personas, cuando esta institución defensorial ha verificado que esos fallecimientos pertenecen a la población civil y que fueron producto de la acción combinada de fuerzas estatales y paraestatales”, cuestionó Cruz.

El informe de la Iglesia Católica consta de 25 páginas y en la 17 habla de “enfrentamientos” en Sacaba, donde perdieron la vida 10 personas por impactos de bala en medio del operativo policial-militar que impidió que cocaleros movilizados entren a la ciudad de Cochabamba.

“Ese día también se suscita un hecho muy lamentable: los enfrentamientos violentos en sacaba”, refiere parte de la página 17. Cruz critica esos términos porque, sostuvo, no hubo un enfrentamiento sino “actos violentos cometidos por los gobernantes de turno, grupos paraestatales, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas en el periodo poselectoral de 2019 desembocaron en la muerte de 20 ciudadanos en las denominadas masacres de Sacaba y Senkata”.

Sobre Senkata, donde también actuaron fuerzas policiales y militares el 19 de noviembre con el saldo de 10 muertos a bala, el informe de la Iglesia Católica habla de “violencia”. Las protestas en ambas zonas, una en Cochabamba y la otra en El Alto, eran en apoyo a Evo Morales, quien para entonces ya había renunciado presionado por denuncias de fraude electoral, protestas cívicas, motín policial y la “sugerencia” militar de renuncia.

El informe de la CEB fue enviada al papa Francisco y a otras autoridades de la Iglesia Católica.

“Esta posición (de la Iglesia Católica) pretende deslindar responsabilidad a las fuerzas conjuntas que operaron el 14 de noviembre de 2019 y niegan la represión ejercida contra una población civil estigmatizada. Existe una falta de respeto a la memoria de las víctimas fallecidas, a los heridos y a sus familiares”, afirmó Cruz, según un boletín institucional.

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Asambleísta Leopoldo Chui dona parte de su sueldo a niños necesitados

El asambleísta departamental y presidente de la agrupación Jallalla, Leopoldo Chui, cumplió con su compromiso de entregar parte de su sueldo a organizaciones como de niños. Entregó cerca de Bs 10.00.

Leopoldo Chui, jefe de Jallalla, en la transmisión La Razón Radio.

/ 16 de junio de 2021 / 17:08

El asambleísta departamental y presidente de la agrupación Jallalla, Leopoldo Chui, confirmó a La Razón que la mañana de este miércoles entregó Bs 10.000, parte de su remuneración, en beneficio de niños necesitados. Similar actividad realizará este jueves en El Alto.

“Hoy hemos entregado alrededor de Bs 10.000 a entidades de niños y mañana entregaremos otra parte en El Alto y así sucesivamente”, declaró.

En abril pasado, Chui se comprometió a bajar su sueldo al mínimo nacional Bs 2.122 y dijo que Bs 9.800 irá a sectores necesitados como los lustrabotas.

Chui dijo en aquella oportunidad que “esta determinación es el inicio del cumplimiento a las promesas electorales y una de las primeras medidas del partido ganador de la Gobernación paceña Jallalla los Pueblos”.

Asimismo, en abril, pidió que sus correligionarios, la alcaldesa electa de El Alto, Eva Copa, y el gobernador de La Paz, Santos Quispe, concejales y asambleístas de su partido, hagan lo mismo. Copa lo descartó.

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Exministro Díaz dice que Áñez tenía un minigabinete y ‘seguro trabajaba mucho más de cerca con ellos’

El exministro de Planificación para el Desarrollo Carlos Díaz afirmó que Arturo Murillo era una persona muy allegada a Jeanine Áñez y que siempre se mostró dinámico y activo dentro del gabinete

El exministro Carlos Melchor Díaz Villavicencio después de declarar ante el Ministerio Público en La Paz

Por Ghilka Sanabria

/ 16 de junio de 2021 / 16:56

El exministro de Planificación para el Desarrollo, Carlos Díaz, declaró este miércoles en la Fiscalía en el marco del caso “Gases lacrimógenos” y confirmó que en el gobierno de Jeanine Áñez «existía» “un minigabinete” formado por el entorno de confianza de la expresidenta.

“La presidenta tenía un grupo de ministros de confianza y seguramente ella trabajaba mucho más de cerca con ellos. En lo personal yo no me sentí excluido porque estaba desarrollando mi trabajo, mis funciones dentro de lo que mandaba el ministerio de Planificación para el Desarrollo”, explicó.

Exministros como de Gobierno, Arturo Murillo, de Defensa, Fernando López y de la Presidencia, Yerko Núñez, formaron parte del círculo de confianza de Áñez. López y Murillo son citados como los principales responsables en la denuncia de sobreprecio de $us 2,3 millones en la compra de gases lacrimógenos en 2020.

El Ministerio Público investiga desde diciembre la compra de gases lacrimógenos con presunto sobreprecio, tras denuncias de los hoy exdiputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) Elvira Rojas, Sonia Brito, Edgar Montaño, Ayda Villarroel, Juana Quispe, Remberto Calani y Franklin Flores.

El exministro en la calle Potosí tras declarar en la Fiscalía. Foto: Álvaro Valero

Murillo fue detenido en Estados Unidos por la corrupción vinculada a la compra de la munición no letal y López se encuentra en Brasil.

El fiscal Alexis Vilela citó en el caso como testigos a los exministros de Desarrollo Rural Mauricio Ordoñez; de Minería Carlos Fernando Huallpa; de la Presidencia Yerko Núñez; de Deportes Milton Navarro; de Trabajo Oscar Mercado; de Salud Aníbal Cruz; de Desarrollo Productivo Wilfredo Rojo; de Medio Ambiente María Pinckert; de Economía José Luis Parada; y de Planificación Carlos Díaz. Y en la víspera también fue incluida la exministra de Comunicación Roxana Lizárraga.

“Murillo era el ministro de Gobierno, una persona muy allegada a la presidenta y era una persona bastante activa”, refirió Díaz.

“La Fiscalía me preguntó cómo se trataron los decretos (que viabilizaron la compra de los gases lacrimógenos) y luego si es que sabía yo cómo se habían hecho las compras que son de estricta responsabilidad de los entes que las realizan, por lo tanto yo desconocía cualquier tipo de procedimiento o cualquier tipo de acciones que se hubiera hecho en el proceso de adquisición”, sostuvo en un contacto con la prensa a la conclusión de su declaración.

Respecto a la firma de los tres decretos para la compra de material no letal para la Policía, Díaz aseguró que solo participó en la firma de dos.

“Yo no percibí en su momento ningún tipo de presión para la firma de los decretos que autorizaban la compra, simplemente se presentaron en el gabinete por la vía rápida y estos decretos solicitaban que el material se lo debía comprar en el exterior dado que no existía en el país, de acuerdo a la información del Ministro de Defensa”, relató.

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Evo Morales cree que la Iglesia Católica justifica el ‘golpe’ y trata de ‘esquivar su culpa’

El martes, la Iglesia Católica dio a conocer un informe de 25 páginas sobre su accionar en la crisis de 2019 y en dicho documento aseguró que Jeanine Áñez “se hallaba jurídicamente habilitada” para asumir la presidencia.

La reunión previa a la posesión de Áñez en noviembre de 2019. Foto: RTP.

/ 16 de junio de 2021 / 15:48

El expresidente Evo Morales consideró este miércoles que los jerarcas de la Iglesia Católica, con su reciente pronunciamiento sobre el conflicto poselectoral de 2019, justifican el supuesto golpe de Estado en el país y tratan de “esquivar su culpa”.   

“Algunos jerarcas de la Iglesia Católica, que callaron cuando el gobierno de facto masacraba al pueblo y asaltaba al Estado, ahora justifican el golpe con sus comunicados políticos. Tratan de esquivar su culpa, pero lo que hacen es confesar que fueron cómplices”, expresó el exmandatario mediante su cuenta en Twitter.

La pasada jornada, la Iglesia Católica dio a conocer un informe de 25 páginas sobre su accionar en la crisis de 2019 y en dicho documento aseguró que Jeanine Áñez “se hallaba jurídicamente habilitada” para asumir primero la presidencia del Senado y luego del Estado Plurinacional.

Áñez asumió ese cargo el 12 de noviembre de 2019 en medio de un cuestionado y rápido proceso de transición, después de que dos días antes renunció Morales a la jefatura del Estado agobiado por una ola de protestas que denunciaban un supuesto fraude electoral, un motín policial e incluso una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimita.

El documento de la Iglesia también señala que en reuniones extralegislativas surgieron las opciones de que la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y primera vicepresidenta de Diputados, Susana Rivero, asumieran el mando del país (ante la serie de renuncias de otras autoridades en la línea de sucesión), empero, ellas rechazaron “alegando que sus vidas corrían peligro”.

Sin embargo, esta versión inicialmente fue desmentida el mismo día por Rivero. “En reunión del 12 (de noviembre) a la que me llamaron a incorporarme JAMÁS se me consultó nada, menos se habló de mí. Tratamos procedimientos”, escribió la exdiputada del MAS en Twitter.

Este miércoles, Salvatierra también se pronunció a través de la misma red social y remarcó que “nunca” aceptó la presidencia de Áñez. “Ella asumió en una sesión sin quórum y por tanto ilegal, impidiendo el ingreso de los parlamentarios y reprimiéndonos con violencia policial. Claramente la sucesión constitucional no era su interés”, añadió.

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La Fiscalía afirma que Áñez estableció que Mesa tuvo un ‘rango de decisión fuerte’

Carlos Mesa está convocado a declarar el jueves ante la Fiscalía de La Paz en calidad de testigo por el caso Golpe de Estado.

/ 16 de junio de 2021 / 15:21

El secretario de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, aseguró este miércoles que la expresidenta Jeanine Áñez, en su declaración ampliatoria sobre el denominado caso Golpe de Estado, estableció de manera clara que el exmandatario y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, participó con un “rango de decisión fuerte” durante el conflicto poselectoral de 2019 y las determinaciones que se asumieron entonces.

“Necesitamos que los actores que hubieran participado en este hecho (de presunto golpe de Estado) puedan manifestar su verdad y de ahí viene la importancia de la declaración de Carlos Mesa, (quien) pues nos dirá su versión toda vez que la señora Jeanine Áñez, de forma clara, establece múltiples momentos en los que hubiera participado con un rango de decisión fuerte el expresidente Mesa”, dijo Quispe en entrevista con La Razón Radio

Mesa fue convocado a declarar ante la Fiscalía de La Paz en calidad de testigo y según Quispe deberá presentarse “en su condición de ciudadano político activo” porque, según insistió, “ha tomado decisiones” en el conflicto que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales y la posesión de la mandataria transitoria.

Ahora “nosotros queremos conocer cuáles eran los fundamentos o por qué se han tomado esas decisiones para (que luego) en función a ello nosotros también analicemos la pertinencia de a quiénes más podríamos convocar, porque entiendo que no serán solamente (llamadas las) 32 personas (que mencionó Áñez en su declaración), existen muchos otros actores que también deben ser convocados”, señaló.

Áñez realizó su declaración informativa ampliatoria el 7 y 8 de junio en el penal de Miraflores debido a que se encuentra recluida desde hace más de tres meses por el supuesto “golpe de Estado” de noviembre de 2019, que derivó en la renuncia de Morales en medio de denuncias de presunto “fraude” electoral y la presión de movimientos cívicos, un motín policial e incluso una “sugerencia” de las Fuerzas Armadas para que dimita.

“La declaración informativa de la señora Jeanine Áñez para nosotros fue bastante reveladora toda vez de que empezó a mencionar y hacer referencia a la sucesión de los hechos que se hubieran presentado a partir de su conocimiento (…) y refiere a 32 personas, entre ellas Carlos Mesa, José Antonio Quiroga, Ricardo Paz, Manuel Canelas, Jerjes Justiniano, Luis Fernando Camacho, Waldo Albarracín, Óscar Ortiz, Arturo Murillo, entre otros”, ratificó.

Asimismo, confirmó que todas estas personas inicialmente serán convocadas como testigos para que luego “en función a sus declaraciones informativas se pueda determinar lo que en derecho corresponda”.

En la declaración de Áñez, se atribuye a Mesa la oposición a que la entonces senadora Adriana Salvatierra (MAS) asuma la presidencia del Estado. Más aún, el 10 de noviembre de 2019, Mesa indicó en la plaza Murillo que ningún político del MAS podía reemplazar a Evo Morales.

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