Minutos después de ser beneficiado con la medida sustitutiva de detención domiciliaria, el acusado de narcotráfico René Sanabria Nava fue descubierto ayer, libre y sin custodio, en una calle de la ciudad de La Paz.

El juez 9° de Instrucción en lo Penal, Jorge Castillo, determinó en horas de la mañana la detención domiciliaria del implicado, hijo del general (r) René Sanabria Oropeza, quien fungía como director del Centro de Inteligencia y Generación de Información (Cigein) cuando fue detenido en Panamá acusado de traficar 144 kilos de cocaína a Estados Unidos.

A minutos de haberse dictado el fallo, un periodista de este medio pudo advertir que Sanabria Nava se encontraba conversando en la calle con otra persona. La resolución judicial indica que antes de gozar del beneficio se debe cumplir con los trámites de ley y los requisitos en un plazo de hasta 72 horas. Más tarde, el propio implicado llamó a este diario para aclarar que en ese momento su escolta se encontraba a unos metros de él, aunque en la conversación cara a cara no había explicado esa situación.

Aquél fue aprehendido el 1 de febrero de 2012, luego de que la comisión de fiscales que lleva el caso en Bolivia determinó que el 25 de febrero de 2011 acompañó a su madre, Lourdes Nava de Sanabria, a las oficinas del Cigein para que ésta saque documentos que presuntamente implicaban en narcotráfico al exjefe policial.

Acusado de delitos de asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas, Sanabria Nava se declaró “injustamente detenido” y cansado “psicológicamente y físicamente”.

El Tribunal 6° de Sentencia de La Paz resolvió otorgar la detención domiciliaria al exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, luego de que éste permaneciera cuatro años y cuatro meses preso, acusado de ser principal responsable de la masacre de Porvenir del 11 de septiembre de 2008.

Antes de emitir esa resolución, el Tribunal solicitó informes médicos que permitan establecer el estado de salud de Fernández, quien fue sometido a una intervención quirúrgica la semana pasada. Se pidió que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realice una evaluación forense y también lo hagan los médicos de la clínica Cemes, donde se encuentra internado.

El tratamiento de la solicitud de modificación de medidas cautelares estaba programado para el jueves; sin embargo, el presidente del Tribunal, César Portocarrero, lo resolvió ayer.

Los informes llegaron el lunes y se vio conveniente, sobre el análisis de esos medios médicos, que ameritaba una modificación de medidas cautelares. “En aplicación del artículo 250 del Código de Procedimiento Penal se modificó la detención para Leopoldo Fernández a detención domiciliaria, en La Paz, con dos escoltas de la Policía Boliviana”, señaló Portocarrero.

La determinación debió tomarse en una audiencia, pero el Tribunal actuó de puro derecho y favoreció a la petición de la defensa del exprefecto. “Creo que el Tribunal ha velado el tema de la salud, que es lo más importante”, dijo Karlo Brito, abogado de Fernández, quien, no obstante, hizo notar que jurídicamente correspondía que se le dé libertad, porque según la legislación nadie puede estar detenido más de tres años y él cumplió más de cuatro años y cuatro meses preso.

Portocarrero añadió que la detención domiciliaria rige una vez que sea dado de alta, lo cual, según Pamela Fernández, hija de la exautoridad, se hará efectiva en una vivienda de la zona de Cota Cota, en La Paz, luego de que se someta a una operación de próstata y supere su recuperación en unos 20 días.

En tanto, el juez informó que la audiencia fijada para mañana no se suspendió y la abogada Mary Carrasco, quien representa a las víctimas de Porvenir, aseguró que “no se apelará la decisión del Tribunal para garantizar la continuidad del juicio oral”.

El fiscal del caso, Eduardo Morales, a través de un contacto telefónico con La Razón, manifestó que su autoridad desconocía ese fallo y que éste debió emitirse en una audiencia en la que participe el representante del Ministerio Público. El fiscal se enteró de esa determinación mientras se encontraba en Sucre, aunque inicialmente no anunció una apelación.

La defensa de Fernández confía en que “cualquier tribunal confirmará esta decisión del juez porque se está anteponiendo la salud y la vida”.

Su salud se encuentra deteriorada

Proceso

Es acusado de terrorismo, asesinato, homicidio, lesiones graves y leves, y asociación delictuosa tras la masacre del 11 de septiembre de 2008, en Porvenir. Le detectaron cáncer y tuberculosis, le extirparon un riñón y debe someterse a una cirugía de la próstata.

El Tribunal 6° de Sentencia de La Paz resolvió otorgar la detención domiciliaria al exprefecto de Pando Leopoldo Fernández, luego de que éste permaneciera cuatro años y cuatro meses preso, acusado de ser principal responsable de la masacre de Porvenir del 11 de septiembre de 2008.

Antes de emitir esa resolución, el Tribunal solicitó informes médicos que permitan establecer el estado de salud de Fernández, quien fue sometido a una intervención quirúrgica la semana pasada. Se pidió que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realice una evaluación forense y también lo hagan los médicos de la clínica Cemes, donde se encuentra internado.

El tratamiento de la solicitud de modificación de medidas cautelares estaba programado para el jueves; sin embargo, el presidente del Tribunal, César Portocarrero, lo resolvió ayer.

Los informes llegaron el lunes y se vio conveniente, sobre el análisis de esos medios médicos, que ameritaba una modificación de medidas cautelares. “En aplicación del artículo 250 del Código de Procedimiento Penal se modificó la detención para Leopoldo Fernández a detención domiciliaria, en La Paz, con dos escoltas de la Policía Boliviana”, señaló Portocarrero.

La determinación debió tomarse en una audiencia, pero el Tribunal actuó de puro derecho y favoreció a la petición de la defensa del exprefecto. “Creo que el Tribunal ha velado el tema de la salud, que es lo más importante”, dijo Karlo Brito, abogado de Fernández, quien, no obstante, hizo notar que jurídicamente correspondía que se le dé libertad, porque según la legislación nadie puede estar detenido más de tres años y él cumplió más de cuatro años y cuatro meses preso.

Portocarrero añadió que la detención domiciliaria rige una vez que sea dado de alta, lo cual, según Pamela Fernández, hija de la exautoridad, se hará efectiva en una vivienda de la zona de Cota Cota, en La Paz, luego de que se someta a una operación de próstata y supere su recuperación en unos 20 días.

En tanto, el juez informó que la audiencia fijada para mañana no se suspendió y la abogada Mary Carrasco, quien representa a las víctimas de Porvenir, aseguró que “no se apelará la decisión del Tribunal para garantizar la continuidad del juicio oral”.

El fiscal del caso, Eduardo Morales, a través de un contacto telefónico con La Razón, manifestó que su autoridad desconocía ese fallo y que éste debió emitirse en una audiencia en la que participe el representante del Ministerio Público. El fiscal se enteró de esa determinación mientras se encontraba en Sucre, aunque inicialmente no anunció una apelación.

La defensa de Fernández confía en que “cualquier tribunal confirmará esta decisión del juez porque se está anteponiendo la salud y la vida”.

Su salud se encuentra deteriorada

Proceso

Es acusado de terrorismo, asesinato, homicidio, lesiones graves y leves, y asociación delictuosa tras la masacre del 11 de septiembre de 2008, en Porvenir. Le detectaron cáncer y tuberculosis, le extirparon un riñón y debe someterse a una cirugía de la próstata.

El exjefe militar y senador opositor Marcelo Antezana (CN) solicitará la conformación de una comisión interinstitucional y parlamentaria que investigue las irregularidades en la Escuela de Cóndores Bolivianos (Esconbol) de Sanandita, donde el sábado falleció el subteniente Ceooly Espinal, durante un ejercicio militar.

“Algo está ocurriendo y se tiene que esclarecer, por lo que vamos a solicitar conformar y ser parte de una comisión interinstitucional y parlamentaria que acompañe las investigaciones”, señaló Antezana, quien en el ánimo de transparentar estos hechos espera que el oficialismo apoye la iniciativa.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, demandó que se realice una “investigación imparcial, minuciosa y transparente” para que se establezca la verdad de los hechos.

En ese marco, se conformó una comisión defensorial que seguirá el proceso investigativo y garantice que los responsables “sean sancionados por la justicia ordinaria, como lo mandan las leyes”.

El Comando General del Ejército habla de un desvanecimiento como causa de muerte, pero el certificado de defunción señala un traumatismo craneal. La familia advirtió otras lesiones en el cadáver y la Fiscalía ya inició las pesquisas por homicidio culposo.

El exfiscal General del Estado Mario Uribe reveló que coordinó la designación de Isabelino Gómez como fiscal de Distrito de Santa Cruz con el Gobierno.

Según se desprende de la declaración emitida por Uribe el 17 de diciembre, en Santa Cruz —en el marco de la investigación de la red de extorsión que implica a exfuncionarios de dos ministerios que presionaban a jueces y fiscales para que emitan fallos y exigían dinero a sus víctimas—, éste admitió que mantuvo contactos con el Gobierno para esa nominación.

“No recuerdo exactamente, me parece que (la coordinación) era (con) el doctor Wilfredo Chávez cuando ejerció el cargo de Viceministro de Coordinación Gubernamental o Ministro de Gobierno. Debo aclarar que esa coordinación se refiere a que si el doctor Isabelino Gómez reunía o no las condiciones y requisitos para ser Fiscal de Distrito”, señala su declaración firmada y a la que tuvieron acceso Erbol y Cadena A.

Lo que no queda claro es si el exfiscal General duda sobre el cargo que tenía Chávez en ese entonces o sobre su identidad.

Justificación. Sin embargo, en el interrogatorio también mencionó que la coordinación con otros poderes del Estado estuvo ligada a la lucha contra el delito y que la designación de Gómez, ahora con detención preventiva, se enmarcó en la Ley 003, que prorrogaba su gestión, en tanto no se institucionalice el cargo.

“No encontramos ningún óbice en cuanto a requisitos y condiciones” para que Gómez fuera Fiscal de Distrito, señala en otra parte de su declaración.

Chávez fue convocado por la comisión de fiscales que indaga el caso Extorsión en dos oportunidades (20 y 26 de diciembre de 2012). Afirmó no tener responsabilidad en hechos irregulares y develó que la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, intercedió por Denis Rodas y Fernando Rivera.