Nacional

Monday 17 Feb 2025 | Actualizado a 19:30 PM

El Gobierno y Soza dicen que el audio es ‘montaje’

Proceso. El Ejecutivo remitió la grabación a la Fiscalía para que esclarezca su origen y veracidad

/ 6 de marzo de 2013 / 07:30

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el fiscal Marcelo Soza calificaron de un “montaje” el audio que le fue atribuido a este último y en el que se hace referencia a presuntos vínculos del Ejecutivo con los casos Terrorismo y Extorsión. Romero, en La Paz, afirmó que se trata de “una más de las campañas de desprestigio contra el presidente (Evo Morales), contra el vicepresidente (Álvaro García Linera), contra los ministros y contra el Gobierno nacional”.

Soza aseguró, en la ciudad de Santa Cruz, donde el lunes se reinstaló el juicio del caso Terrorismo, que se trata de una grabación manipulada, “pues la tecnología permite utilizar las voces de personas e imágenes”. Anunció que iniciará acciones legales.

El lunes, la senadora opositora Carmen Eva Gonzales (CN) presentó el audio de una supuesta conversación de Soza. En ese diálogo, el hilo conductor es el exoficial de la Policía Jorge Clavijo, quien fugó tras el asesinato de su esposa Hanalí Huaycho.

Según la conversación, el expolicía habría intervenido en la desarticulación del presunto grupo terrorista liderado por Eduardo Rózsa, que ocurrió en Santa Cruz el 16 de abril de 2009; pero además habría sido parte de la red de extorsión alojada en el Ministerio de Gobierno, que fue desarticulada en diciembre de 2012.

En la grabación, de casi 25 minutos, se menciona varias veces a Clavijo y se lo relaciona con los ministros de Gobierno, Carlos Romero; de Transparencia, Nardi Suxo; de la Presidencia, Ramón Quintana, así como el exministro  Sacha Llorenti, y con el actual viceministro Jorge Pérez. Se menciona también al Vicepresidente, a su hermano, Raúl, a la excandidata del Beni, Jessica Jordan, así como al Presidente.

Indagación. Romero explicó que el video, que llegó al Palacio de Gobierno, “presenta características de alteración, de que habría sido manipulado, montado” y llama la atención que haya sido presentado justo el día en que se reanudó el juicio por el caso Terrorismo en Santa Cruz.

Sin embargo, pese a que se trata de “enlodar” a personeros del Gobierno, la grabación fue enviada al Ministerio Público para que se investigue su “origen, las características, las personas involucradas”, indicó la autoridad. Agregó que pedirá a la Fiscalía celeridad y objetividad en la indagación.

Pero además conminó a que Soza se presente voluntariamente en la Fiscalía para esclarecer este hecho. “(Él está) en la obligación moral, ciudadana y jurídica de esclarecer, si realmente ha tenido una conversación de estas características, con quiénes y bajo qué circunstancias”, afirmó. Pidió también a la senadora Gonzales aclarar la fuente de esta grabación, cómo la obtuvo, quiénes se la proporcionaron y a través de qué medios.

Demanda. El fiscal Soza, luego de reafirmar que se trata de un “burdo montaje”, anunció que presentará una demanda contra la legisladora de oposición porque es la tercera vez que trata de involucrarlo con sobres que “llegan de manera anónima a su oficina  y, sin tener el mínimo reparo de lo que contiene, presenta denuncias calumniosas”.

Recordó que primero publicó el videosoborno, luego hizo aparecer un audio en el que presuntamente habla con abogados del Ministerio de Gobierno. Ahora, sostuvo, aparece este video que es montado porque hay cortes y se oculta a la otra persona que también aparece en ese video.

“Rechazo esta calumnia y mi abogado está iniciando las acciones correspondientes contra esta senadora”, manifestó el fiscal. Entretanto, Gonzales afirmó que está “acostumbrada” a las amenazas de Soza. “Lo que vaya a pasar con mi vida, mi familia, será de responsabilidad del Gobierno y del fiscal”, afirmó.

Negó que se trate de una campaña de desprestigio, tal como aseguró el ministro Romero. Sostuvo que en lugar de lanzar acusaciones en contra de su persona, el Ejecutivo debería esclarecer de quién son las declaraciones  que se oyen en el audio, en caso de que no fueran del fiscal Soza.

Parte del audio

Extorsión

“(El teniente de Policía Jorge) Clavijo trabajó en el Ministerio de Gobierno, con él trabajaba, él agarraba los mandamientos (de aprehensión) y los iba a mostrar; ve, aquí yo tengo un mandamiento, tengo control fiscal, ha empezado a extorsionar a la gente, como al (Carlos) Subirana”.

Perjuicio

“Quien está más jodido es el Denis (Rodas, exfuncionario del Ministerio de Gobierno), se ha dedicado a extorsionar a un montón de gente. Si este último, en las audiencias que teníamos e íbamos con el (fiscal) Sergio (Céspedes), el Sergio enojado me llama, che hermano ese Denis dice que había pedido plata a mi nombre, no sé qué huevadas (está haciendo)”.

Aprovechados

“El antecedente que le he puesto al (ministro de Gobierno Carlos) Romero, usted sabe, yo he hablado también, todito sabe el Presidente, y eso es cierto hermano, sabe, han extorsionado, se han aprovechado un montón de gente, hermano, (Jorge) Clavijo, (Carlos) Subirana, Ana Claudia Arruda, la misma Jessica Jordan, (Jorge) Pérez, toditos esos que estaban ahí y otra gente más que tal vez no sabemos quiénes son”.

Caso Terrorismo

“El ministro sabe, yo le he pasado el dato, (de que él ha sido quien ha metido el revólver, refiriéndose a Clavijo), sabe, hermano, toditos esos saben, yo le he pasado el dato; yo sé varias cosas de ahí adentro, a Clavijo yo creo que lo van a reventar. Cuando se han hecho allanamientos de esto y nos pasó la información, yo hablé antes con el (ministro) Sacha (Llorenti) y le he dicho lamentablemente se está filtrando la información, él (teniente Jorge Clavijo) está haciendo sus negocios”.

Piden inventariar pruebas en caso Terrorismo

El Tribunal 1º de Sentencia de La Paz ayer ordenó levantar un inventario minucioso de las pruebas presentadas junto a la acusación del caso Terrorismo y alzamiento armado, para despejar dudas de su desaparición.

La decisión fue asumida en Santa Cruz por el juez Sixto Fernández, titular de ese Tribunal, tras difundirse una grabación, atribuida al fiscal del caso, Marcelo Soza, en la que se revela que desaparecieron evidencias.

Juan Carlos Guedes, uno de los 21 procesados, en la defensa material que le concedió el juez, denunció que desapareció el arma de fuego que le vendió a Eduardo Rózsa, cabecilla del presunto grupo terrorista desarticulado en abril de 2009.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo en La Paz que la grabación no se constituye en medio probatorio, pues en la legislación nacional, así como a nivel externo, “un audio carece de valor jurídico”. El fiscal de Distrito de La Paz, José Ponce, dijo también que las grabaciones como tal no constituyen prueba y que deberá ser el Fiscal General el que determine si se abre o no una investigación sobre el mismo o se lo incluirá dentro de algún proceso judicial.

Comparte y opina:

FELCN confisca 104 kilos de cocaína en La Paz

Droga. En Santa Cruz hallan 6,5 t de marihuana

/ 6 de julio de 2013 / 06:34

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) dio dos golpes al tráfico de drogas. En el departamento de La Paz se incautó de 104 kilos de pasta base y clorhidrato de cocaína, mientras que en Santa Cruz descubrió 6,5 toneladas de marihuana.

El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, y el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), coronel Mario Centellas, informaron que el operativo se realizó en el municipio de Copacabana.

Pérez detalló que, en el marco del plan de seguridad ciudadana Chachapuma, la Policía confiscó 88,1 kilos de pasta base de cocaína y 16,1 kilos de clorhidrato, droga que provenía del Perú y cuyo destino era Brasil. En esta operación, tres personas fueron detenidas, dos bolivianas y una peruana, quien lideraría el grupo. Centellas sostuvo que ésta es una “organización importante”, debido a que se encargaba del traslado de droga de alta pureza.

Entretanto, en el departamento de Santa Cruz, los efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) destruyeron 6,5 toneladas de marihuana en el núcleo 42 del municipio de San Julián. Las plantaciones se encontraban en medio de una parcela, por lo que el propietario del predio fue aprehendido.

El coordinador de Umopar Montero, Juan Carlos la Fuente, informó que los cultivos ilegales descubiertos tenían una altura de dos metros. El fiscal antidroga Basilio Villca aseveró que la marihuana fue quemada.

Umopar desmantela dos narcolaboratorios

Los efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) de Santa Cruz intervinieron dos laboratorios de cristalización de droga, valuados en aproximadamente $us 400.000.

Esos recintos estaban ubicados en la provincia Ichilo, al norte de la ciudad de Santa Cruz. En el lugar se aprehendió a cuatro personas, entre ellas dos colombianas y dos bolivianas.

El primer laboratorio, que se presume operaba hace un mes, contaba con ocho ambientes y tenía la capacidad de producir cerca de 200 kilos por semana. Posteriormente, los efectivos antidroga dieron con otro recinto de refinación, donde se confiscó cerca de 240 litros de droga líquida, además de sustancias químicas que sirven de insumos para la cristalización.

Comparte y opina:

FELCN confisca 104 kilos de cocaína en La Paz

Droga. En Santa Cruz hallan 6,5 t de marihuana

/ 6 de julio de 2013 / 06:34

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) dio dos golpes al tráfico de drogas. En el departamento de La Paz se incautó de 104 kilos de pasta base y clorhidrato de cocaína, mientras que en Santa Cruz descubrió 6,5 toneladas de marihuana.

El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, y el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), coronel Mario Centellas, informaron que el operativo se realizó en el municipio de Copacabana.

Pérez detalló que, en el marco del plan de seguridad ciudadana Chachapuma, la Policía confiscó 88,1 kilos de pasta base de cocaína y 16,1 kilos de clorhidrato, droga que provenía del Perú y cuyo destino era Brasil. En esta operación, tres personas fueron detenidas, dos bolivianas y una peruana, quien lideraría el grupo. Centellas sostuvo que ésta es una “organización importante”, debido a que se encargaba del traslado de droga de alta pureza.

Entretanto, en el departamento de Santa Cruz, los efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) destruyeron 6,5 toneladas de marihuana en el núcleo 42 del municipio de San Julián. Las plantaciones se encontraban en medio de una parcela, por lo que el propietario del predio fue aprehendido.

El coordinador de Umopar Montero, Juan Carlos la Fuente, informó que los cultivos ilegales descubiertos tenían una altura de dos metros. El fiscal antidroga Basilio Villca aseveró que la marihuana fue quemada.

Umopar desmantela dos narcolaboratorios

Los efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) de Santa Cruz intervinieron dos laboratorios de cristalización de droga, valuados en aproximadamente $us 400.000.

Esos recintos estaban ubicados en la provincia Ichilo, al norte de la ciudad de Santa Cruz. En el lugar se aprehendió a cuatro personas, entre ellas dos colombianas y dos bolivianas.

El primer laboratorio, que se presume operaba hace un mes, contaba con ocho ambientes y tenía la capacidad de producir cerca de 200 kilos por semana. Posteriormente, los efectivos antidroga dieron con otro recinto de refinación, donde se confiscó cerca de 240 litros de droga líquida, además de sustancias químicas que sirven de insumos para la cristalización.

Comparte y opina:

Romero exige que Soza aclare denuncia de audio en su contra

Seguridad. Rubén Costas pide ‘protección’ para el fiscal a fin de que diga la verdad sobre caso Rózsa

/ 22 de marzo de 2013 / 05:37

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, convocó ayer al fiscal Marcelo Soza para que aparezca y esclarezca el contenido del audio que le fue atribuido y que la Fiscalía investiga. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, solicitó protección para el acusado.

“Lo convoco públicamente (…). Tiene que aparecer, no es un perseguido, nadie lo está persiguiendo, simplemente ha presentado una información una senadora (Carmen Eva Gonzales) y tiene que esclarecerla”, declaró Romero.

Soza, director funcional del caso Rózsa o Terrorismo, renunció irrevocablemente a su cargo de fiscal de materia el martes, luego de que Gonzales presentó, entre el 4 y 11 de marzo, un audio en el que supuestamente el fiscal implica a ex y actuales autoridades del Gobierno con el caso Rózsa. Además, difundió fotografías en las que el representante del Ministerio Público aparece junto a acusados de ser parte de una red de extorsión que operaba desde el Ministerio de Gobierno.

A raíz de esas denuncias, Soza dijo el viernes que recibió amenazas, incluso en contra de su familia. Su abogado, Moisés Ponce de León, aseveró el miércoles que la última vez que habló con su cliente fue el sábado, vía telefónica, oportunidad en la que le mencionó que atravesaba por problemas familiares.

Incluso el fiscal general, Ramiro Guerrero, afirmó el miércoles que no podía comunicarse con Soza, pese a que tiene pendiente la entrega de dos informes, uno para explicar los motivos de su falta a la audiencia del caso Rózsa del lunes, en Santa Cruz, y otro para darle un inventario de las pruebas recogidas en ese juicio.

Al referirse al audio presentado por Gonzales, Romero sostuvo que Soza es el principal testigo en este caso y, como tal, debería presentarse ante el Ministerio Público, instancia que abrió una investigación en contra de él por el delito de uso indebido de influencias.

Romero consideró que las amenazas que recibió Soza no son motivos para justificar su dimisión. “Él debería coadyuvar en esclarecer esos hechos, pero las responsabilidades son individuales y lo deseable sería que se presente, y por eso lo convoco para que esclarezca esas denuncias”, manifestó la autoridad. Respecto a los rumores en sentido de que Soza habría salido del país, Romero aseguró que en el Servicio General de Migración no se registró ningún movimiento migratorio del aludido.

Acotó que no hay ninguna orden de allanamiento ni persecución. El fiscal paceño Genaro Quenta, que indaga la grabación que se atribuye a Soza, informó ayer que se dejó la notificación en el domicilio del investigado, ya que no se lo encontró. Agregó que este proceso es válido y que, por lo tanto, se lo esperará a las 8.30 del lunes 1 de abril para que declare.

Seguridad. En la capital oriental, el Gobernador de Santa Cruz solicitó protección para Soza con el fin de que éste aparezca y “diga la verdad” sobre el caso Rózsa, referido a la desarticulación de un grupo supuestamente terrorista y separatista en abril de 2009.

“Este señor (Soza) tiene que dar la cara”, sostuvo Costas y añadió que si logró salir del país, debe ser extraditado. Entretanto, el Fiscal General, que estuvo ayer en Santa Cruz de la Sierra para reunirse en forma reservada con la comisión de tres fiscales que aún atiende el caso Rózsa, mantuvo silencio.

Guerrero, alrededor de las 14.00, se dirigió en su vehículo hasta la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz, donde lo esperaban los fiscales Sergio Céspedes, Iván Ortiz y Marco Antonio Rodríguez, los dos últimos fueron designados en reemplazo de Marcelo Soza. Guerrero —al igual que Rodríguez y Céspedes— no declaró a los medios de prensa que se encontraban apostados en el ingreso al edificio de la Fiscalía.

Suspenden audiencia

El juicio oral del caso Rózsa, que se sigue en Santa Cruz de la Sierra, fue suspendido ayer por la descompensación que sufrieron Ignacio Villa (El Viejo) y Alcides Mendoza, dos de los 21 imputados que participan en la audiencia.

Villa, durante la mañana, fue retirado de emergencia del penal de Palmasola y trasladado al hospital San Juan de Dios, a consecuencia de una trombosis (coágulo en el interior del vaso sanguíneo). El imputado inicialmente fue ingresado a la sala de emergencias por la gravedad de la situación y horas después fue trasladado a la sala de internación, donde fue dado de alta a raíz del paro médico en ese nosocomio.

Mendoza sufrió una crisis a consecuencia de la diabetes que le aqueja y de inmediato tuvieron que medirle la presión. Un abogado de la defensa solicitó la intervención de los paramédicos de la Policía. La audiencia se reanudará en el curso de este día.

Comparte y opina:

Romero exige que Soza aclare denuncia de audio en su contra

Seguridad. Rubén Costas pide ‘protección’ para el fiscal a fin de que diga la verdad sobre caso Rózsa

/ 22 de marzo de 2013 / 05:37

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, convocó ayer al fiscal Marcelo Soza para que aparezca y esclarezca el contenido del audio que le fue atribuido y que la Fiscalía investiga. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, solicitó protección para el acusado.

“Lo convoco públicamente (…). Tiene que aparecer, no es un perseguido, nadie lo está persiguiendo, simplemente ha presentado una información una senadora (Carmen Eva Gonzales) y tiene que esclarecerla”, declaró Romero.

Soza, director funcional del caso Rózsa o Terrorismo, renunció irrevocablemente a su cargo de fiscal de materia el martes, luego de que Gonzales presentó, entre el 4 y 11 de marzo, un audio en el que supuestamente el fiscal implica a ex y actuales autoridades del Gobierno con el caso Rózsa. Además, difundió fotografías en las que el representante del Ministerio Público aparece junto a acusados de ser parte de una red de extorsión que operaba desde el Ministerio de Gobierno.

A raíz de esas denuncias, Soza dijo el viernes que recibió amenazas, incluso en contra de su familia. Su abogado, Moisés Ponce de León, aseveró el miércoles que la última vez que habló con su cliente fue el sábado, vía telefónica, oportunidad en la que le mencionó que atravesaba por problemas familiares.

Incluso el fiscal general, Ramiro Guerrero, afirmó el miércoles que no podía comunicarse con Soza, pese a que tiene pendiente la entrega de dos informes, uno para explicar los motivos de su falta a la audiencia del caso Rózsa del lunes, en Santa Cruz, y otro para darle un inventario de las pruebas recogidas en ese juicio.

Al referirse al audio presentado por Gonzales, Romero sostuvo que Soza es el principal testigo en este caso y, como tal, debería presentarse ante el Ministerio Público, instancia que abrió una investigación en contra de él por el delito de uso indebido de influencias.

Romero consideró que las amenazas que recibió Soza no son motivos para justificar su dimisión. “Él debería coadyuvar en esclarecer esos hechos, pero las responsabilidades son individuales y lo deseable sería que se presente, y por eso lo convoco para que esclarezca esas denuncias”, manifestó la autoridad. Respecto a los rumores en sentido de que Soza habría salido del país, Romero aseguró que en el Servicio General de Migración no se registró ningún movimiento migratorio del aludido.

Acotó que no hay ninguna orden de allanamiento ni persecución. El fiscal paceño Genaro Quenta, que indaga la grabación que se atribuye a Soza, informó ayer que se dejó la notificación en el domicilio del investigado, ya que no se lo encontró. Agregó que este proceso es válido y que, por lo tanto, se lo esperará a las 8.30 del lunes 1 de abril para que declare.

Seguridad. En la capital oriental, el Gobernador de Santa Cruz solicitó protección para Soza con el fin de que éste aparezca y “diga la verdad” sobre el caso Rózsa, referido a la desarticulación de un grupo supuestamente terrorista y separatista en abril de 2009.

“Este señor (Soza) tiene que dar la cara”, sostuvo Costas y añadió que si logró salir del país, debe ser extraditado. Entretanto, el Fiscal General, que estuvo ayer en Santa Cruz de la Sierra para reunirse en forma reservada con la comisión de tres fiscales que aún atiende el caso Rózsa, mantuvo silencio.

Guerrero, alrededor de las 14.00, se dirigió en su vehículo hasta la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz, donde lo esperaban los fiscales Sergio Céspedes, Iván Ortiz y Marco Antonio Rodríguez, los dos últimos fueron designados en reemplazo de Marcelo Soza. Guerrero —al igual que Rodríguez y Céspedes— no declaró a los medios de prensa que se encontraban apostados en el ingreso al edificio de la Fiscalía.

Suspenden audiencia

El juicio oral del caso Rózsa, que se sigue en Santa Cruz de la Sierra, fue suspendido ayer por la descompensación que sufrieron Ignacio Villa (El Viejo) y Alcides Mendoza, dos de los 21 imputados que participan en la audiencia.

Villa, durante la mañana, fue retirado de emergencia del penal de Palmasola y trasladado al hospital San Juan de Dios, a consecuencia de una trombosis (coágulo en el interior del vaso sanguíneo). El imputado inicialmente fue ingresado a la sala de emergencias por la gravedad de la situación y horas después fue trasladado a la sala de internación, donde fue dado de alta a raíz del paro médico en ese nosocomio.

Mendoza sufrió una crisis a consecuencia de la diabetes que le aqueja y de inmediato tuvieron que medirle la presión. Un abogado de la defensa solicitó la intervención de los paramédicos de la Policía. La audiencia se reanudará en el curso de este día.

Comparte y opina:

FELCN arresta a 11 presuntos miembros del PCC de Brasil

Operativo. La Policía y la Fiscalía allanaron al menos seis viviendas

/ 16 de marzo de 2013 / 06:50

Once presuntos miembros del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil fueron detenidos ayer en Santa Cruz de la Sierra, en operativos realizados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y la Fiscalía. La fuerza antidrogas se incautó de armas y droga.

Entre los detenidos hay ciudadanos bolivianos, peruanos, colombianos y brasileños, según datos policiales. El fiscal Sergio Pedraza, que dirigió los operativos, sólo se refirió a brasileños y precisó que pidió los antecedentes de esas personas a la Policía Federal de Brasil.

Los operativos comenzaron durante la madrugada de ayer. Al menos seis condominios y domicilios particulares fueron allanados en las calles Manuel Ignacio Salvatierra, Radial 17 y medio, Alemania y la zona Norte de la ciudad de Santa Cruz.

En esos lugares se secuestró un número no precisado de armas de grueso calibre, droga, documentos, dinero en poca cantidad, y una camioneta Toyota blanca con placa de control 2910-KLB. Además, se precintó algunas de las casas allanadas.

Operativo. El comandante departamental de la FELCN de Santa Cruz, coronel Paúl Saavedra, no confirmó ni negó que las personas aprehendidas estén vinculadas al PCC. Sólo sostuvo que las intervenciones continuaban anoche, por lo que evitaron dar detalles de este operativo.

El fiscal Pedraza explicó que los aprehendidos fueron trasladados a la fuerza antidroga con fines de investigación, por lo que se procedió a tomarles las declaraciones.

El representante del Ministerio Público no especificó si se trata de una organización criminal que opere en Bolivia y dijo que ello será establecido a través de sus declaraciones. Además, de acuerdo con sus antecedentes, se determinará si participaron en actividades ilegales en el país. Se informó extraoficialmente que, en las próximas horas, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, se trasladará a la capital oriental para dar a conocer un informe sobre este caso.

Según los investigadores de la FELCN, la punta del ovillo para lograr la aprehensión de los extranjeros fue una camioneta identificada por la Policía como sospechosa. Los efectivos antidrogas pidieron a los ocupantes detenerse, pero éstos no lo hicieron y comenzaron a huir. Luego, tras una persecución, fueron detenidos.

Las personas que intentaron huir en el vehículo eran de nacionalidad colombiana, según reportó la red Uno. El 21 de enero, el Gobierno presentó a tres miembros del PCC, un peruano y dos colombianos, quienes fueron capturados por efectivos del Grupo de Investigaciones de Casos Especiales (GICE) y la FELCN.

En ese entonces, el ministro Romero aseguró que se trataba de “un golpe muy fuerte al narcotráfico”. Advirtió que la captura de esas personas impide la extensión de la influencia de los cárteles internacionales en el país. En ese operativo se decomisó droga y precursores que se utilizaban para fabricar el producto ilícito en domicilios particulares.

En noviembre de 2012, un reportaje publicado en el diario brasileño O Globo reveló que el PCC se expandió desde las cárceles de Sao Paulo a 22 de los 27 estados brasileños y que además tiene presencia en Bolivia y Paraguay. El PCC es una organización considerada ilegal por el Estado brasileño, compuesta inicialmente para defender los derechos de los presos en las cárceles de ese país.

El Primer Comando de la Capital

Ilegal

El Primer Comando de la Capital (PCC) fue fundado el 31 de agosto de 1993 por ocho presos en la Casa de Custodia de Taubaté (130 km de Sao Paulo). Ligada al narcotráfico, en 2012 asesinó al menos a 96 policías brasileños.

Comparte y opina: