El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, afirmó hoy que se impone la necesidad de realizar cambios de fondo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la hagan “más efectiva, incluyente, independiente y menos burocrática”, aunque ratificó que una eventual decisión de retirarnos de ese organismo puede generar graves distorsiones en nuestra relación con el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos.
Villena, quien se encuentra en Argentina en una reunión internacional para tratar el tema de la migración regional, señaló que en la sociedad boliviana y aún en esferas de Gobierno, parece haber una falta de información suficiente respecto a las funciones, intervención y naturaleza de la CIDH, un entidad autónoma creada en 1967 por la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo fin es la promoción, la observación y la defensa de los derechos humanos, que responde y está incluida en una serie de declaraciones, acuerdos y tratados internacionales, suscritos por todos los países miembros, incluido Bolivia, como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“Durante todos estos años, la CIDH ha aportado en la tramitación, denuncia y derivación de casos individuales y colectivos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de elaborar informes tanto de situación de derechos humanos de los Estados parte como de temáticas especiales de pueblos indígenas, mujeres, niñez que han aportado a las políticas y las normativas de los Estados en la materia”, manifestó Villena, según nota de prensa de esa institución.
La autoridad recordó además que, en atención al propio mandato de la entidad y los acuerdos citados, principalmente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “nuestra salida no inhibiría a la Comisión su función de promover la observancia y defensa de derechos humanos en Bolivia”, pero tendría consecuencias para nuestro país, sobre la mayoría de los acuerdos citados, generando un vacío, sobre todo, en lo referido al Sistema de Petición Individual y el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA, dos de las funciones sustantivas de la CIDH.
El Defensor boliviano señaló sin embargo, que existen argumentos y razones suficientes que ameritan una reflexión profunda y honesta al interior de la OEA y su propio Sistema de Protección de Derechos Humanos, que nos conduzca a una reforma profunda de la CIDH, “reforma que debe estar guiada por el principio de una plena independencia de intereses políticos o ideológicos, mayor pluralidad e incorporación en sus análisis de las realidades distintas de cada país.
Es importante, señaló Villena, que estos cambios también se den al interior de nuestros Estados ya que “no resulta coherente que por ejemplo en 2010, el 34% del presupuesto para el funcionamiento de la CIDH, lo provea Estados Unidos, el 28% países europeos, el 27% Organismos No Gubernamentales y tan sólo el 10% lo financien seis países de la región”, afirmó.
“Nuestro Estado debería aportar al proceso de reforma de la CIDH, generando un espacio amplio de análisis interno para valorar la situación y resultados de los diferentes mecanismos del Sistema Interamericano en relación a Bolivia, además de evaluar la pertinencia de la denuncia de ciertos tratados y sus efectos sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país”, finalizó.