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Para Bolivia, la transformación del SIDH es una necesidad

La decisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) de prolongar el debate sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) refuerza la crítica del Gobierno, que exige la transformación de ese organismo a tono con la realidad del continente.

Tras más de 12 horas de asamblea extraordinaria, que se celebró el viernes en Washington, el resultado se puede resumir en empate, pues la resolución adoptada por consenso permite aportes financieros externos clave para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero también “continuar el diálogo sobre los aspectos fundamentales” del ente autónomo de la OEA.

En un paréntesis de ese encuentro, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde explicó que los países del Alba (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) esperan que “continúe el diálogo sobre el funcionamiento y el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, sin embargo, aclaró que ese proceso no debe ser indefinido.  

La posición del Vicecanciller fue reforzada por el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, quien advirtió que no son suficientes las reformas propuestas por una comisión en un documento de seis puntos, sino que es necesaria la transformación de todo el SIDH y de la CIDH.

“Está claro que hay muchas críticas hacia el SIDH y a la CIDH. El anuncio del presidente Evo Morales (de abandonar el SIDH, que hizo hace una semana) no es aislado y por eso estamos creando alternativas como el Alba, la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) o Unasur (Unión de Naciones de Suramericanas). Hay una fuerte influencia de Estados Unidos —pese a que no es miembro pleno de la CIDH— y de los centros de poder que anteponen sus intereses políticos al espíritu de integración. Lo que la CIDH y la propia OEA deben hacer es mirar lo que ocurre en el continente y transformarse para no quedar rezagadas”, reflexionó el viceministro.

Esta demanda de transformación es enarbolada en la OEA por Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua (miembros del Alba) y sus críticas se enfocan en el hecho de que la sede de la CIDH están en Washington      —pese a que EEUU no es miembro pleno de la comisión— y en el financiamiento condicionado de terceras partes que exigen trabajar en ciertas relatorías (principalmente la de libertad de expresión), en desmedro de otras.

El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, denunció en la reunión del viernes el desequilibrio que existe en la asignación de fondos, razón por la cual exigió autofinanciamiento y equilibrio en el trabajo de las temáticas que abordan las relatorías.

Esta demanda de transformación planteada por el Ejecutivo boliviano es compartida en la Asamblea, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Ever Moya, del MAS, señaló que la decisión debe ser tomada por la Cancillería. Sin embargo, recordó que el país “dio pasos agigantados” en la materia porque aprobó varias leyes y asumió medidas para velar por los derechos humanos de los bolivianos.

La CIDH debe ser promotora y protectora

De acuerdo con información de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es el órgano encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente.

Está integrada por siete miembros que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington. Fue creada en 1959 y, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instalada en 1979, es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que se inició formalmente con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la IX Conferencia Americana celebrada en Bogotá en 1948, en el marco de la cual también se adoptó la Carta de la OEA, que proclama los “derechos fundamentales de la persona humana” como uno de los principios en que se funda la organización.

De conformidad con ese instrumento, señala la información oficial, “el sentido genuino de la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de consolidar en América, dentro del marco de las instituciones democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre”. La Carta la Comisión como un órgano principal de la OEA, que tiene como función promover la observancia y la defensa de los derechos humanos adoptados en el Pacto de San Jose en 1969 y servir como órgano consultivo de la OEA en esa materia.

La CIDH realiza su trabajo con base en tres pilares de trabajo: el Sistema de Petición Individual; el monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros, y la atención a líneas temáticas prioritarias (relatorías).