Marco Aurelio García, asesor de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo que ese país no devolverá a Róger Pinto. Al respecto, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, señaló que el Gobierno se ratifica en exigir la entrega del senador.

“Devolverlo para Bolivia, no; no-sotros no lo devolveremos”, indicó sobre Pinto el Asesor para Asuntos Internacionales en una entrevista con el diario brasileño Folha de Sao Paulo. Lo dijo en referencia a que en el tema hay dos posibilidades: que el senador boliviano obtenga el asilo en Brasil o que se pueda ir a otro país.

En respuesta, la ministra Dávila señaló: “Nosotros siempre vamos a pedir eso (la devolución al país del senador), porque lo tenemos que hacer, porque es una persona que tiene procesos en su contra, por delitos cometidos de manera personal en gestiones pasadas que no tienen nada que ver con nuestro gobierno”.

Pinto se refugió en la Embajada de Brasil en La Paz el 28 de mayo de 2012; el 8 de junio, Brasil le concedió el asilo político; tras calificar de equivocada la decisión brasileña, el Gobierno no le concedió el salvoconducto para que abandone el país. Así, el legislador estuvo en la legación 15 meses; y entre el 23 y 24 de agosto de 2013 huyó del país por tierra, en vehículos diplomáticos de Brasil y bajo la protección del encargado de Negocios, Eduardo Saboia. Pinto enfrenta en Bolivia al menos cinco juicios por supuesta corrupción y ya fue condenado en uno.  

A la fecha, Pinto se encuentra a la espera de lo que decida el Consejo Nacional para los Refugiados (Conare) de Brasil.  
Al lamentar la forma en que se dio el asilo y la huida del senador, García añadió que, “por la información que él tenía”, en un primer momento el Gobierno boliviano habría estado dispuesto a dar el salvoconducto. Dávila negó enfáticamente ese extremo: “No es cierto, en ningún momento se pensó en dar el salvoconducto”.

García, en la entrevista con Folha, no dejó de criticar una reciente reunión entre Pinto y legisladores evangelistas brasileños. “Creo que fue un error; una de las normas del asilo es la boca cerrada”, indicó.

Marco Aurelio García, asesor de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, dijo que ese país no devolverá a Róger Pinto. Al respecto, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, señaló que el Gobierno se ratifica en exigir la entrega del senador.

“Devolverlo para Bolivia, no; no-sotros no lo devolveremos”, indicó sobre Pinto el Asesor para Asuntos Internacionales en una entrevista con el diario brasileño Folha de Sao Paulo. Lo dijo en referencia a que en el tema hay dos posibilidades: que el senador boliviano obtenga el asilo en Brasil o que se pueda ir a otro país.

En respuesta, la ministra Dávila señaló: “Nosotros siempre vamos a pedir eso (la devolución al país del senador), porque lo tenemos que hacer, porque es una persona que tiene procesos en su contra, por delitos cometidos de manera personal en gestiones pasadas que no tienen nada que ver con nuestro gobierno”.

Pinto se refugió en la Embajada de Brasil en La Paz el 28 de mayo de 2012; el 8 de junio, Brasil le concedió el asilo político; tras calificar de equivocada la decisión brasileña, el Gobierno no le concedió el salvoconducto para que abandone el país. Así, el legislador estuvo en la legación 15 meses; y entre el 23 y 24 de agosto de 2013 huyó del país por tierra, en vehículos diplomáticos de Brasil y bajo la protección del encargado de Negocios, Eduardo Saboia. Pinto enfrenta en Bolivia al menos cinco juicios por supuesta corrupción y ya fue condenado en uno.  

A la fecha, Pinto se encuentra a la espera de lo que decida el Consejo Nacional para los Refugiados (Conare) de Brasil.  
Al lamentar la forma en que se dio el asilo y la huida del senador, García añadió que, “por la información que él tenía”, en un primer momento el Gobierno boliviano habría estado dispuesto a dar el salvoconducto. Dávila negó enfáticamente ese extremo: “No es cierto, en ningún momento se pensó en dar el salvoconducto”.

García, en la entrevista con Folha, no dejó de criticar una reciente reunión entre Pinto y legisladores evangelistas brasileños. “Creo que fue un error; una de las normas del asilo es la boca cerrada”, indicó.

En la última sesión antes de su vacación, la Asamblea Legislativa conformó la comisión que investigará el proceso de privatización de las empresas estatales entre 1989 y 2000.

Se trata de una comisión especial mixta, compuesta por nueve asambleístas (senadores y diputados), seis del oficialismo y tres de la oposición, dio cuenta el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Adolfo Mendoza.

Dicha institución surgió a raíz de los cuestionamientos que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, hiciera a la gestión de Samuel Doria Medina, otrora ministro del gobierno de Jaime Paz Zamora (1989-1993). El empresario cuestiona el programa de gobierno Bolivia Cambia, Evo Cumple.

Por el oficialismo, fueron comisionados los senadores Tania Melgar y Adolfo Mendoza, y los diputados Emiliana Ayza, Javier Zavaleta, Marcelo Elío y Héctor

Arce. Del lado de oposición, los tres representantes, un senador y dos diputados, serán designados próximamente.
Mendoza definió el objeto de la investigación como las privatizaciones en general: “Todo el proceso de privatización de las empresas estatales, desde 1989 hasta 2000, que fue el tiempo que duró este proceso”. Aún no se definió el tiempo de trabajo que tendrá la nueva comisión.

Una vez aprobada la conformación de la comisión que investigará las privatizaciones, el presidente de la Asamblea, Álvaro García, encomendó a las presidencias de cámara a que no escatimen recursos para facilitar el trabajo de los investigadores.

“Felicito la conformación de esta comisión y pido a las presidentas de los diputados, Betty Tejada, y de senadores, Gabriela Montaño, otorguen todos los recursos necesarios para que esta comisión convoque a todos los involucrados, difunda todos los elementos de los procesos de capitalización y de la venta de la patria” que hubo en el pasado.

Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, el que el Tribunal Constitucional haya excluido el contrabando del proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes no invalida este texto. Por eso, dice, “recibimos muy bien” el fallo del TCP al respecto.

El anteproyecto legal a favor del Estado disponía el decomiso de bienes, inmuebles y herencias que sean producto del narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en reciente fallo, excluyó de esto al contrabando.

Al margen de dicha exclusión, para Romero “el TCP ha declarado la constitucionalidad del instituto jurídico de la extinción de dominio de bienes en Bolivia, consiguientemente, la constitucionalidad del anteproyecto de Ley de Extinción (…)”.

Economía. El ministro apunta que haber sacado el contrabando del proyecto de ley no se debió a una razón jurídica, sino sobre todo social: “Se ha excluido el contrabando no por razones de inconstitucionalidad, sino por razones sociales; se ha decidido eliminarlo como causal porque dicen que nuestro país históricamente ha tenido altos índices de desempleo, que la economía informal está muy extendida y, en consecuencia, es difícil establecer fronteras entre el contrabando y lo informal”.

De los 15 artículos que contempla el anteproyecto, recordó el ministro, nueve fueron declarados constitucionales, cuatro inconstitucionales y dos deben ser adecuados en su redacción porque mencionan la palabra contrabando, apuntó Romero.

“La sentencia la hemos recibido muy bien”, destacó Romero, porque deja sin piso el debate sobre si esta ley afectaba el derecho a la propiedad privada o si se la iba a usar para perseguir opositores, “todo eso queda en el olvido porque el Tribunal ha establecido como punto de debate solamente el tema de contrabando y el procedimiento”.

El Tribunal también determinó que las acciones para el traspaso de los bienes ilegales al Estado no pueden ser activadas en la vía administrativa (como preveía el anteproyecto), ya que la extinción de la propiedad debe ser ejecutada a través de una instancia judicial.

Además, el TCP indicó que la participación de la Procuraduría General en el traspaso de la propiedad de los bienes hacia el Estado es inconstitucional, porque esta no es una función prevista para el procurador en la Constitución Política del Estado.

El ministro Romero adelantó que el Ejecutivo adecuará su anteproyecto al fallo del Tribunal. 

Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, el que el Tribunal Constitucional haya excluido el contrabando del proyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes no invalida este texto. Por eso, dice, “recibimos muy bien” el fallo del TCP al respecto.

El anteproyecto legal a favor del Estado disponía el decomiso de bienes, inmuebles y herencias que sean producto del narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en reciente fallo, excluyó de esto al contrabando.

Al margen de dicha exclusión, para Romero “el TCP ha declarado la constitucionalidad del instituto jurídico de la extinción de dominio de bienes en Bolivia, consiguientemente, la constitucionalidad del anteproyecto de Ley de Extinción (…)”.

Economía. El ministro apunta que haber sacado el contrabando del proyecto de ley no se debió a una razón jurídica, sino sobre todo social: “Se ha excluido el contrabando no por razones de inconstitucionalidad, sino por razones sociales; se ha decidido eliminarlo como causal porque dicen que nuestro país históricamente ha tenido altos índices de desempleo, que la economía informal está muy extendida y, en consecuencia, es difícil establecer fronteras entre el contrabando y lo informal”.

De los 15 artículos que contempla el anteproyecto, recordó el ministro, nueve fueron declarados constitucionales, cuatro inconstitucionales y dos deben ser adecuados en su redacción porque mencionan la palabra contrabando, apuntó Romero.

“La sentencia la hemos recibido muy bien”, destacó Romero, porque deja sin piso el debate sobre si esta ley afectaba el derecho a la propiedad privada o si se la iba a usar para perseguir opositores, “todo eso queda en el olvido porque el Tribunal ha establecido como punto de debate solamente el tema de contrabando y el procedimiento”.

El Tribunal también determinó que las acciones para el traspaso de los bienes ilegales al Estado no pueden ser activadas en la vía administrativa (como preveía el anteproyecto), ya que la extinción de la propiedad debe ser ejecutada a través de una instancia judicial.

Además, el TCP indicó que la participación de la Procuraduría General en el traspaso de la propiedad de los bienes hacia el Estado es inconstitucional, porque esta no es una función prevista para el procurador en la Constitución Política del Estado.

El ministro Romero adelantó que el Ejecutivo adecuará su anteproyecto al fallo del Tribunal.