Límites, el motivo más común en Latinoamérica para recurrir a la CIJ
Chile, el demandado hoy por Bolivia, afronta otra demanda planteada por Perú, que ha pedido a la CIJ que establezca los límites marítimos entre ambas naciones, por considerar que no están fijados, al contrario de lo que opinan las autoridades chilenas.
Los problemas de límites, el fondo de la cuestión de la acción judicial planteada hoy por Bolivia contra Chile para conseguir una salida al Pacifico con soberanía, son los motivos más comunes en las demandas interpuestas por los países latinoamericanos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Chile, el demandado hoy, afronta otra demanda planteada por Perú, que ha pedido a la CIJ que establezca los límites marítimos entre ambas naciones, por considerar que no están fijados, al contrario de lo que opinan las autoridades chilenas.
El fallo en el caso de los límites marítimos peruano-chilenos se espera para mediados de este año, así que posiblemente no coincidirán en el tiempo ambas demandas contra Chile, país que se enfrentó a Bolivia y Perú en la llamada Guerra del Pacífico (1879-1883) y que, como vencedor, pudo aumentar su territorio.
Bolivia perdió una línea costera de 400 kilómetros y 120.000 kilómetros cuadrados de superficie territorial.
El Gobierno boliviano, que no basa su demanda en el tratado bilateral por el que se fijaron en 1904 los límites tras la guerra, espera que la CIJ dictamine que «Chile tiene la obligación de negociar de buena fe con Bolivia un acuerdo pronto y efectivo que le otorgue una salida plenamente soberana al océano Pacífico».
La demanda boliviana «carece de todo fundamento jurídico de hecho y de derecho», dijo el canciller chileno, Alfredo Moreno, mientras el presidente Sebastián Piñera aseguro: «no vamos a ceder soberanía a ningún país».
El Gobierno chileno debe decidir ahora si acepta la jurisdicción de la CIJ para juzgar el caso en concreto y en caso afirmativo nombrar un agente y discutir con el agente boliviano y la propia CIJ un calendario del proceso.
Si Chile rechaza entrar en el caso, correspondería al propio tribunal decidir los siguientes pasos.
El último fallo de la CIJ en un caso latinoamericano también fue por un problema territorial y causó una gran polémica en Colombia, país demandado por Nicaragua por los límites en el Caribe.
El Gobierno colombiano decidió retirarse del Pacto de Bogotá de 1948, en el que se reconoce la jurisdicción de la CIJ, después del fallo emitido en 2012 por el que la Corte ratificó la soberanía colombiana sobre unos islotes pero concedió a Nicaragua los derechos económicos de hasta 90.000 hectáreas de mar rico en pesca e hidrocarburos.
Previamente, en 2007, la Corte había determinado que las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pertenecen a Colombia.
Colombia también afronta desde el 2008 una demanda de Ecuador por los supuestos efectos en su territorio de las fumigaciones aéreas colombianas con herbicidas tóxicos sobre plantaciones de coca.
Un sonado caso entre Uruguay y Argentina, con sendas acciones de uno contra el otro en la CIJ, tuvo como cuestión de fondo los riesgos medioambientales de una planta papelera instalada en el primer país pero a orillas de un río fronterizo.
La primera demanda fue presentada en 2006 por Argentina y unos meses después Uruguay solicitó al mismo tribunal una medida cautelar para poner fin al bloqueo de un paso fronterizo por un grupo de ecologistas argentinos contrarios a la papelera.
En 2010 la CIJ resolvió que aunque Uruguay violó un tratado bilateral porque no consultó al vecino país al instalar la planta, está podía seguir operando porque no había pruebas de que contaminara.
En 2004 la CIJ determinó, en respuesta a una demanda de México, la obligación de Estados Unidos de revisar y reconsiderar las condenas de 51 mexicanos sentenciados a muerte en ese país, porque no recibieron la debida asistencia consular.
Un año después el entonces presidente de EE.UU., George W. Bush, ordenó a las cortes estatales del país seguir la decisión del tribunal de La Haya, pero el Tribunal Supremo estadounidense dictaminó en 2008 que las decisiones de la CIJ no se pueden aplicar a los estados.
En 1992, la Corte de La Haya dirimió un contencioso limítrofe, terrestre y marítimo entre El Salvador y Honduras que abarcaba unos 420 kilómetros cuadrados distribuidos en seis «bolsones».
La Corte le ratificó a Honduras unas dos terceras partes de esa superficie y el resto a El Salvador.
La sentencia también delimitó la jurisdicción marítima de ambos países en el golfo de Fonseca (Pacífico, compartido por Nicaragua), y le ratificó a El Salvador las islas Meanguera y Meanguerita.
Guatemala no ha sido ni demandante ni demandado ante la CIJ, pero acordó junto a Belice acudir a esa instancia para resolver el litigio territorial que mantienen desde hace más de un siglo, previa consulta a guatemaltecos y beliceños, aun no efectuada.
Costa Rica demandó a Nicaragua ante la CIJ en 2005 en busca de derechos de navegación sobre el fronterizo río San Juan, que es de soberanía nicaragüense, y en 2009 los obtuvo, salvo para los policías armados.
Otras dos disputas entre Costa Rica y Nicaragua elevadas a la CIJ quedaron unidas en un solo proceso la semana pasada y tienen que ver ambas con acusaciones mutuas de haber causado daños medioambientales en la zona del río San Juan con obras de infraestructura.
Brasil no ha tenido que vérselas con la corte, pero Honduras llegó a iniciar en octubre de 2009 los trámites para demandarlo por «injerencia» en asuntos internos, por el refugio que le concedió en su embajada en Tegucigalpa al derrocado presidente Manuel Zelaya.
El proceso fue retirado en mayo de 2010 luego de que Porfirio Lobo asumiera el Gobierno hondureño.
