La batalla jurídica con Chile recién empezó y Evo Morales anunció “sorpresas” en la demanda marítima que fue presentada ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda. El objetivo de la causa boliviana es la reintegración al océano Pacífico. Pero es tal la complejidad del hecho, que el Mandatario boliviano anunció que habrá argumentos nuevos que serán conocidos “en su momento”.
“Como se trata de estrategia, no quiero comentar nada. En cualquier momento van a seguir habiendo sorpresas, porque tenemos argumentos jurídicos, argumentos históricos, elementos económicos inclusive”, enumeró el Jefe de Estado en un acto público en la Gobernación de Oruro.
Morales destacó la labor del agente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien, según el Presidente, realizó los últimos ajustes al documento. Una comisión encabezada por el canciller David Choquehuanca y Eduardo Rodríguez presentó la demanda marítima a la Corte de La Haya. Morales realzó el trabajo de la delegación y ratificó su esperanza de lograr un fallo positivo.
Así, el Jefe de Estado destacó que entre los fundamentos históricos que se introdujeron en el litigio, se logró incluir cuatro textos constitucionales de Chile, en los cuales se revela que Bolivia nació con acceso a las costas del Pacífico. “Todo el litoral boliviano (es) reconocido por cuatro Constituciones de Chile, y así seguirán aportando investigadores e historiadores”, prometió. En otra de sus peticiones, el dignatario pidió a los profesores que enseñen a los alumnos que Bolivia perdió en 1879 su acceso al océano Pacífico en una invasión y no en una guerra.
Pedido. “Nos dicen que ha habido guerra (…) Yo discrepo con el término de guerra, para mí ha sido invasión y no una guerra. La invasión ha empezado un 14 de febrero de 1879; avanzó la invasión y recién el 23 de marzo de ese año ha habido resistencia. ¿Cuántos días de invasión? Más de un mes”, comentó Morales.
Sobre el tema, la clase política boliviana cerró filas en cuanto al apoyo a la demanda marítima. El expresidente Jorge Quiroga aplaudió la iniciativa jurídica e identificó afanes políticos en Santiago sobre el diferendo bilateral.
“No se podía esperar otra cosa, Chile tiene que defender su interés, criticaron la demanda porque están en campaña electoral, está claro que va a afectar la campaña en Chile”, vaticinó el exdignatario. Por su parte, el senador opositor Marcelo Antezana brindó total respaldo al proceso que se instaló en el tribunal internacional.
Observan rol de Perú
El primer paso que debe tomar Bolivia para lograr una salida soberana al mar es iniciar un proceso de diálogo con Perú, consideró el candidato chileno Marco Enríquez-Ominami, quien criticó la demanda boliviana instalada en la Corte de La Haya. “Si Bolivia quiere salida al mar, debería preguntarle primero a Perú. Este es un tema de tres, no sólo de Chile (y Bolivia)”, sugirió el postulante a la presidencia chilena.
Bolivia denunció a Chile sobre la base jurídica de los derechos expectaticios. La idea es que la Corte pida a Santiago que dialogue para cumplir ofertas pasadas, que se centraron en una salida soberana al mar mediante un corredor en la frontera chileno-peruana.
“El truco de la diplomacia peruana es que Chile y Bolivia se peleen, con lo cual Perú nunca paga los costos de integración. Hay que preguntarle a la diplomacia peruana si están dispuestos a perder la frontera con nosotros. Yo creo que no”, comentó Enríquez. Perú ratificó su posición. Dijo que el litigio marítimo es un tema bilateral.
Hay validez jurídica en las ofertas incumplidas
Aunque pueden considerarse como un elemento válido en la materia internacional, los derechos expectaticios no tienen precedente en litigios en la Corte de La Haya, según expresaron expertos en el tema. Bolivia centró su demanda marítima en que el tribunal obligue a Chile a abrir un proceso de diálogo para que cumpla promesas anteriores que tenían como objetivo una salida soberana al océano Pacífico.
La profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, Astrid Espaliat Larson, consideró que los derechos expectaticios (referidos a promesas incumplidas) son argumentos válidos en materia de derecho internacional.
“Sí, existe la posibilidad que un Estado le reclame a otro para el cumplimiento de lo que él estima ha sido una promesa, y es una promesa incumplida (…) Es tan válido como alegar el incumplimiento de un tratado, de algo escrito, porque el derecho internacional responde a otras lógicas”, explicó la experta en declaraciones a la radio chilena Oasis.
Sin embargo, Espaliat detalló que no existen precedentes jurídicos en el derecho internacional sobre el argumento que instaló Bolivia en el tribunal. En esa línea, el diplomático y exvicecanciller boliviano Gustavo Aliaga destacó que los derechos expectaticios son argumentos válidos, en el marco de la materia penal, en tribunales internacionales.
Chile evaluará la competencia de la Corte
En Chile ya está en proceso de análisis jurídico la demanda boliviana, presentada el miércoles en la Corte de La Haya. Entre las posibilidades legales, Santiago evalúa impugnar —dentro del plazo de un año y medio— la competencia del tribunal internacional al que accedió Bolivia.
“Chile puede solicitar la incompetencia de la Corte en un plazo de 18 meses (…) Lo primero que pasará es que la Corte (de La Haya) nos citará a una reunión para fijar procedimientos, eso va a ser en dos o tres meses más, cuando el presidente de la Corte lo determine”, dijo el canciller Alfredo Moreno en una entrevista con TV Chile, un día después de que Bolivia demandó al país vecino ante el máximo tribunal de justicia de Naciones Unidas.
Fuentes de la Corte aclararon a EFE que el tribunal es el único que puede decidir sobre jurisdicción en un juicio contencioso de un Estado contra otro.
El diplomático recordó que, en el caso del litigio que instaló Perú a Chile, el plazo otorgado para la presentación de la memoria fue un año. “Si fuera el mismo plazo, serían dos o tres meses para una reunión en la Corte, más un año de plazo para la memoria. Después de eso, recién Chile tendría el plazo final para pedir la incompetencia, lo que sería casi un año y medio”, consideró.
El presidente Sebastián Piñera volvió a cuestionar la demanda. Dijo que no tiene base legal.