Los tres fiscales del caso Terrorismo descartaron ayer que el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, sea citado a declarar en el proceso, porque su denuncia en sentido de que fue presionado para involucrar a tres dirigentes en el juicio, es extemporánea.

En una entrevista, el viernes, con el periodista Carlos Valverde, la autoridad cruceña reveló que dos personeros del Gobierno le propusieron, dos semanas después del operativo en el que se desarticuló al grupo supuestamente separatista (16 de abril de 2009), que implicara en la investigación al excívico Branko Marinkovic, a Guido Nayar, al exdirigente empresarial Pedro Yhovio, y a una cuarta persona, a la que no se la identificó. La finalidad de esa acción, aseveró, era que él se salvara de ser vinculado con este caso.

Al respecto, los fiscales Sergio Céspedes, Iván Ortiz y Marco Antonio Rodríguez, que atienden el juicio del caso Terrorismo, coincidieron en afirmar que no es posible convocar a Costas para que declare porque la acusación para el inicio del juicio ya fue planteada, junto a las respectivas pruebas y una lista de testigos.

Entretanto, el Gobernador de Santa Cruz manifestó que le tiene sin cuidado si le convocan o no. “Muchas veces me mandaron articuladores y no he querido atenderlos nunca, a ningún tipo de extorsionador, ni miembros de este Gobierno”, sostuvo Costas.

Argumentos. Ortiz explicó que, de acuerdo con el procedimiento, las pruebas ya fueron ofrecidas en la etapa preparatoria de la investigación y sobre las cuales se pidió que se dé inicio al juicio oral, público y contradictorio. El fiscal Marco Antonio Rodríguez complementó que es inviable incluir las declaraciones de Costas porque el juicio se encamina hacia una sentencia. “Ni en la vía testifical, ni como prueba de careo judicial puede ingresar la autoridad porque no fue ofrecida en su momento”, declaró.

Según Céspedes, la única forma en que podría ser considerada la declaración de la autoridad cruceña es que éste hubiera sido ofrecido como testigo. “Ése es el momento para ofrecer sus pruebas (cuando se formula la acusación) y no nos olvidemos (de que) si el Gobernador fue presionado hace bastante tiempo, podían ofrecerlo como testigo (los de la defensa), si no está dentro de esa lista no corresponde presentarlo”, afirmó.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, planteó un careo judicial para esclarecer este tema. Consideró también que las acusaciones de un posible montaje de este caso por parte del Gobierno, como alegan los procesados, también debe desvirtuarse en el proceso judicial en curso. Céspedes precisó que es posible realizar un careo, siempre que haya sido ofrecido por la defensa.

Sugieren iniciar otro proceso

Caso

Sergio Céspedes, fiscal del caso Terrorismo, consideró que si el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, recibió presiones y no lo denunció en su momento, estaría encubriendo una posible extorsión.

Presión

Céspedes se mostró extrañado del porqué no denunció ese hecho. “¿No tuvo pantalones para eso?”, afirmó. Lo que corresponde, dijo, es que el Gobernador inicie otro proceso, pues se trata de otro hecho que debe ser investigado y que no tiene nada que ver con el juicio por Terrorismo.

Piden revertir arresto domiciliario de Prado

La comisión de fiscales del caso Terrorismo solicitó al Tribunal 1º de Sentencia de La Paz el cese del arresto domiciliario y el permiso de trabajo del coimputado Gary Prado Salmón, porque éste abandonó la audiencia del juicio oral que se desarrolla en la ciudad de Santa Cruz.

El fiscal Sergio Céspedes explicó ayer que ese pedido se sustenta en la inconducta demostrada por Prado, quien el viernes, junto a su abogado Otto Ritter, abandonó la sala de audiencias de este caso, luego de que el juez Sixto Fernández leyó la resolución en la que se determina que el juicio prosiga en la capital oriental, bajo la jurisdicción de autoridades de La Paz.

“Gary Prado está con detención domiciliaria y con permiso de trabajo. La Fiscalía ha solicitado al Tribunal (que) se revoque la medida sustitutiva y se proceda a la detención preventiva”, explicó Céspedes.

El representante del Ministerio Público también precisó que solicitó que Ritter sea apartado del proceso y que además se le aplique una multa equivalente al salario de un juez técnico. Céspedes espera que el juez Fernández fije una audiencia para resolver el pedido de reversión de la medida sustitutiva en la audiencia del 6 de mayo, día en que debe reanudarse este proceso en Santa Cruz de la Sierra.

La defensa de los acusados en el caso Rózsa o Terrorismo demanda el alejamiento del fiscal Marcelo Soza y la apertura de una investigación a los audios que se le atribuyen, porque será difícil que se los incluya como prueba en ese proceso.

Verónica Suárez, abogada del excívico de Beni Alberto Melgar, implicado en este caso —referido a la desarticulación de un presunto grupo terrorista al mando de Eduardo Rózsa, en abril de 2009—, afirmó que Soza “no debería seguir en el proceso por la actitud demostrada con su renuncia y la aparición del audio que se le atribuye”.

Alberto Morales, defensor de Elod Tóásó, otro acusado y detenido, calificó de “error garrafal” que el fiscal siga en esta causa. “Si la Fiscalía General no le aleja del cargo porque debe concluir los procesos disciplinarios, eso es entendible, pero el hecho de que siga en la dirección funcional del caso Terrorismo, eso es lamentable”, indicó Morales.

Renuncia. El fiscal general, Ramiro Guerrero, explicó el martes que no aceptó la renuncia de su colega porque aún no presentó los informes e inventarios sobre el caso Rózsa o Terrorismo. El fiscal Marco Antonio Rodríguez confirmó que Soza aún es director funcional, pero precisó que desde su reaparición, el lunes, la comisión no se reunió con él.

El juez Sixto Fernández, presidente del Tribunal 1º de Sentencia, explicó que en el proceso no tiene relevancia que Soza continúe o no, porque el Ministerio Público se rige por el principio de unidad y, en ese marco, presentó una acusación que deberá defender y sustentar.

La defensa de los acusados también pide que se investigue el contenido de los audios que se atribuyen a Soza, porque será difícil que se los incluya como “prueba” en el actual juicio. Gerardo Prado, abogado de Mario Tádic, otro procesado y detenido en el caso, aseguró que si bien los audios no tendrán “ningún efecto” en el juicio, intentará incorporarlos como nuevas pruebas. “Si esto salía a la luz en la etapa de investigación, sí tendría otro sentido”, afirmó el jurista.

Empero, el fiscal Rodríguez descartó que esos audios puedan ser incluidos, porque corresponde a otros delitos y ameritan una nueva investigación. El juez Fernández explicó también que se dictará una sentencia en base a la acusación y a los elementos probatorios que ya fueron presentados en el proceso.

En los audios que difundió la senadora Gonzales, y sobre uno de los cuales ya se inició una investigación, la persona que habla, que supuestamente es Soza, involucra a ex y actuales autoridades del Ejecutivo con los casos Rózsa y Extorsión, un grupo que operaba en el Ministerio de Gobierno.

El martes, Gonzales difundió una segunda grabación en la que se habla de fabricación de pruebas, la ejecución de Eduardo Rózsa y de que se involucró a personas en el caso Terrorismo sin tener los suficientes elementos. La defensa de Soza presentó otro audio que atribuye a Gonzales y en el que se habla de un montaje de audios y fotos, pero la asambleísta dijo que es un montaje.

El tribunal tomará decisiones

Plazo

El juez Sixto Fernández, presidente del Tribunal 1º de Sentencia, explicó que el 11 de abril debe reanudarse el juicio del caso Rózsa.

Enfermo

Si en esa fecha Ignacio Villa Vargas, testigo clave del caso Terrorismo, no se presenta porque sigue enfermo, el Tribunal asumirá una decisión para que el juicio avance.

Normativa

El juez explicó que, de acuerdo con la norma, puede ser suspendido o alejado del caso. Sin embargo, según reporte médico, Villa Vargas será dado de alta este viernes.

Hungría repite pedido de libertad de Tóásó

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría aseguró ayer que sólo dará por cerrado el caso de Elöd Tóásó, detenido en Bolivia y acusado de planear un atentado contra el presidente Evo Morales, si ese ciudadano húngaro es liberado, reportó EFE. Consultado sobre ese tema, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, se excusó de responder por respeto al presidente Evo Morales, ya que se encontraba en un acto convocado por él.

Según EFE, Gábor Kaleta, portavoz húngaro de Exteriores, explicó que “para Hungría sólo la liberación de Tóásó podrá cerrar el caso” y agregó que Budapest usará todos los medios posibles para mantener el tema vivo ante la opinión pública.

El portavoz pidió asimismo que las autoridades bolivianas investiguen el caso incluyendo a expertos extranjeros, ya que, según una grabación reciente filtrada a la prensa, “las autoridades bolivianas manipularon el lugar de las detenciones de 2009 colocando allí armas”. El audio al que se refiere es el que involucra al fiscal Marcelo Soza, que investigó ese caso.

Acusan a Eva Gonzales de recibir dinero

El abogado defensor del fiscal Marcelo Soza, Moisés Ponce de León, difundió ayer un video en el que, según afirmó, una persona le entrega dinero a la senadora Eva Gonzales (CN), asambleísta que publicó dos audios y fotografías en contra de su defendido.

El video fue difundido a través de la red ATB. Este diario intentó comunicarse con la senadora Gonzales, pero uno de sus asistentes afirmó que estaba en reunión. Luego ya no respondieron el teléfono móvil.

Ponce de León dijo que el video lo recibió a través del personal de seguridad del edificio donde está instalada su oficina. El martes, este abogado presentó un audio, que le atribuye a Gonzales y a otro interlocutor, en el que se habla de montaje de los audios atribuidos a Soza. Gonzales rechazó la acusación y dijo que era un montaje. El jurista anunció que exigirá a la justicia ordinaria una investigación sobre este video para que la asambleísta responda qué significa esa grabación y quién le filmó. 

“Desde un principio dije que esto era un montaje y ahora estoy demostrando que ese montaje obedecía a las logias cruceñas. Con seguridad ahora sí puedo manifestar que le dieron dinero a la senadora Eva Gonzales para que haga montaje en el Brasil (de los audios en su contra)”, declaró Soza a ATB.

La defensa de los acusados en el caso Rózsa o Terrorismo demanda el alejamiento del fiscal Marcelo Soza y la apertura de una investigación a los audios que se le atribuyen, porque será difícil que se los incluya como prueba en ese proceso.

Verónica Suárez, abogada del excívico de Beni Alberto Melgar, implicado en este caso —referido a la desarticulación de un presunto grupo terrorista al mando de Eduardo Rózsa, en abril de 2009—, afirmó que Soza “no debería seguir en el proceso por la actitud demostrada con su renuncia y la aparición del audio que se le atribuye”.

Alberto Morales, defensor de Elod Tóásó, otro acusado y detenido, calificó de “error garrafal” que el fiscal siga en esta causa. “Si la Fiscalía General no le aleja del cargo porque debe concluir los procesos disciplinarios, eso es entendible, pero el hecho de que siga en la dirección funcional del caso Terrorismo, eso es lamentable”, indicó Morales.

Renuncia. El fiscal general, Ramiro Guerrero, explicó el martes que no aceptó la renuncia de su colega porque aún no presentó los informes e inventarios sobre el caso Rózsa o Terrorismo. El fiscal Marco Antonio Rodríguez confirmó que Soza aún es director funcional, pero precisó que desde su reaparición, el lunes, la comisión no se reunió con él.

El juez Sixto Fernández, presidente del Tribunal 1º de Sentencia, explicó que en el proceso no tiene relevancia que Soza continúe o no, porque el Ministerio Público se rige por el principio de unidad y, en ese marco, presentó una acusación que deberá defender y sustentar.

La defensa de los acusados también pide que se investigue el contenido de los audios que se atribuyen a Soza, porque será difícil que se los incluya como “prueba” en el actual juicio. Gerardo Prado, abogado de Mario Tádic, otro procesado y detenido en el caso, aseguró que si bien los audios no tendrán “ningún efecto” en el juicio, intentará incorporarlos como nuevas pruebas. “Si esto salía a la luz en la etapa de investigación, sí tendría otro sentido”, afirmó el jurista.

Empero, el fiscal Rodríguez descartó que esos audios puedan ser incluidos, porque corresponde a otros delitos y ameritan una nueva investigación. El juez Fernández explicó también que se dictará una sentencia en base a la acusación y a los elementos probatorios que ya fueron presentados en el proceso.

En los audios que difundió la senadora Gonzales, y sobre uno de los cuales ya se inició una investigación, la persona que habla, que supuestamente es Soza, involucra a ex y actuales autoridades del Ejecutivo con los casos Rózsa y Extorsión, un grupo que operaba en el Ministerio de Gobierno.

El martes, Gonzales difundió una segunda grabación en la que se habla de fabricación de pruebas, la ejecución de Eduardo Rózsa y de que se involucró a personas en el caso Terrorismo sin tener los suficientes elementos. La defensa de Soza presentó otro audio que atribuye a Gonzales y en el que se habla de un montaje de audios y fotos, pero la asambleísta dijo que es un montaje.

El tribunal tomará decisiones

Plazo

El juez Sixto Fernández, presidente del Tribunal 1º de Sentencia, explicó que el 11 de abril debe reanudarse el juicio del caso Rózsa.

Enfermo

Si en esa fecha Ignacio Villa Vargas, testigo clave del caso Terrorismo, no se presenta porque sigue enfermo, el Tribunal asumirá una decisión para que el juicio avance.

Normativa

El juez explicó que, de acuerdo con la norma, puede ser suspendido o alejado del caso. Sin embargo, según reporte médico, Villa Vargas será dado de alta este viernes.

Hungría repite pedido de libertad de Tóásó

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Hungría aseguró ayer que sólo dará por cerrado el caso de Elöd Tóásó, detenido en Bolivia y acusado de planear un atentado contra el presidente Evo Morales, si ese ciudadano húngaro es liberado, reportó EFE. Consultado sobre ese tema, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, se excusó de responder por respeto al presidente Evo Morales, ya que se encontraba en un acto convocado por él.

Según EFE, Gábor Kaleta, portavoz húngaro de Exteriores, explicó que “para Hungría sólo la liberación de Tóásó podrá cerrar el caso” y agregó que Budapest usará todos los medios posibles para mantener el tema vivo ante la opinión pública.

El portavoz pidió asimismo que las autoridades bolivianas investiguen el caso incluyendo a expertos extranjeros, ya que, según una grabación reciente filtrada a la prensa, “las autoridades bolivianas manipularon el lugar de las detenciones de 2009 colocando allí armas”. El audio al que se refiere es el que involucra al fiscal Marcelo Soza, que investigó ese caso.

Acusan a Eva Gonzales de recibir dinero

El abogado defensor del fiscal Marcelo Soza, Moisés Ponce de León, difundió ayer un video en el que, según afirmó, una persona le entrega dinero a la senadora Eva Gonzales (CN), asambleísta que publicó dos audios y fotografías en contra de su defendido.

El video fue difundido a través de la red ATB. Este diario intentó comunicarse con la senadora Gonzales, pero uno de sus asistentes afirmó que estaba en reunión. Luego ya no respondieron el teléfono móvil.

Ponce de León dijo que el video lo recibió a través del personal de seguridad del edificio donde está instalada su oficina. El martes, este abogado presentó un audio, que le atribuye a Gonzales y a otro interlocutor, en el que se habla de montaje de los audios atribuidos a Soza. Gonzales rechazó la acusación y dijo que era un montaje. El jurista anunció que exigirá a la justicia ordinaria una investigación sobre este video para que la asambleísta responda qué significa esa grabación y quién le filmó. 

“Desde un principio dije que esto era un montaje y ahora estoy demostrando que ese montaje obedecía a las logias cruceñas. Con seguridad ahora sí puedo manifestar que le dieron dinero a la senadora Eva Gonzales para que haga montaje en el Brasil (de los audios en su contra)”, declaró Soza a ATB.

La fracción del grupo ilegal brasileño Primer Comando de la Capital (PCC) que fue desarticulada en Santa Cruz entre el 15 y 16 de marzo, formó una estructura dedicada al acopio, refinación y tráfico de drogas con ciudadanos paraguayos, colombianos, peruanos y bolivianos.

En una veintena de allanamientos, 15 personas fueron detenidas. Tres de ellas fueron identificadas como emisarios de “primera línea” del PCC, debido a que tenían cargos en esa organización que opera desde Sao Paulo, Brasil. Fuentes cruceñas que investigan la presencia de ese grupo delictivo en Bolivia explicaron que, hasta antes de esta aprehensión, no se había detectado tal nivel de estructura liderado por el PCC, con tres emisarios del cártel operando en Bolivia.

El comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), coronel Gonzalo Quezada, explicó que las actividades del PCC se ajustan a la estructura piramidal del narcotráfico que ya había sido identificada por la fuerza antidroga.

Fuentes consultadas en Santa Cruz explicaron que los peruanos y bolivianos, detenidos hace una semana, se encargaban de comprar la pasta base de cocaína.

Su base de operaciones eran las zonas de Nuevo Horizonte y San Germán, en la provincia cruceña de Ichilo.

Quezada precisó que en este tipo de organizaciones delictivas, los bolivianos son el eslabón inferior de la cadena del narcotráfico, es decir, productores del estupefaciente. Pero además, operan junto a peruanos en el acopio y provisión de la droga para su purificación. “Rescatan de a poco, 5, 10, 15 kilos”, precisó Quezada.

OPERACIONES. La pasta base de cocaína, que era acumulada con financiamiento del PCC, era entregada a los colombianos para que  la cristalicen y la empaqueten, antes de su traslado al exterior.

En ese mismo grupo desarticulado, el transporte de la sustancia ilícita estaba a cargo de los paraguayos, quienes —según las fuentes del caso— tenían habilidad para trasladar la droga hasta la población de Pedro Juan Caballero, en Paraguay, y luego a Sao Paulo, en Brasil. Al referirse a este caso, Quezada observó que la especialidad no siempre está relacionada con la nacionalidad.

En esta cadena del narcotráfico, el primer eslabón superior lo constituye el grupo brasileño, pues financia el acopio de la pasta base, su cristalización y su posterior exportación.

Las investigaciones apuntan a que la misión de ese grupo delictivo no sólo se limitaba al tráfico de la droga, sino también a legitimar ganancias ilícitas y a ajustar cuentas con asesinatos encargados a sicarios.

Quezada manifestó que, en ese tipo de organizaciones, los proveedores de la sustancia controlada y los que la purifican son los que tienen directa relación con los emisarios, en este caso, los brasileños.

“En el caso del PCC, hay brasileños que vienen y que tienen nexos y luego ellos transportan la droga hasta la frontera y de ahí realizan el tráfico internacional y transnacional de cocaína, ya sea a Europa, Estados Unidos, Asia o cualquier otro mercado”, dijo.

El Director de la FELCN precisó que los capitales para el acopio, refinación y posterior traslado de la mercadería ilícita no sólo llegan de Brasil, sino que también se han detectado casos en los que el dinero proviene de Argentina, Paraguay e incluso de Chile. En muchos de estos casos, indicó, los extranjeros reciben la droga en la frontera y entregan financiamiento para un próximo embarque.

En criterio de Quezada, en esta actividad ilícita no importa la nacionalidad, sino los nexos que tengan con los financiadores.

Las investigaciones dan cuenta de que la fracción del PCC operaba en el país desde hace dos años y que realizó al menos dos envíos de droga al vecino país de Brasil.

Actividad del pcc en Bolivia

Pesquisa

Las investigaciones dan cuenta de que la fracción del PCC desarticulada entre el 15 y 16 de marzo operaba desde hace aproximadamente dos años en Bolivia.

Entregas

Se calcula que ese grupo delictivo hizo al menos dos envíos de droga  a Brasil, en una cantidad aproximada de 700 kilos.

Operativo

Entre el 15 y 16 de marzo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) aprehendió a 15 personas, de las que nueve fueron liberadas.

Evidencia

Se secuestró nueve motorizados y dos armas de fuego que eran empleados para la seguridad de los integrantes de la organización.