El presidente en ejercicio Álvaro García Linera calificó este lunes de ‘vergüenza judicial’ el retraso de cuatro años en las investigaciones que realiza el Ministerio Público sobre el denominado caso terrorismo, por lo cual pidió a las autoridades judiciales emitan un fallo ejemplar para encarcelar a los culpables y liberar a los inocentes.
En conferencia de prensa, dijo que en medio de este proceso de investigación hubo «chantajes» para retrasar el proceso y pidió que se identifique a los funcionarios públicos o personas particulares implicadas en esta excesiva demora, con la finalidad de sancionarlos con las mismas penas que los supuestos terroristas.
«Son cuatro años, es una vergüenza judicial, es una barbaridad judicial que pasen cuatro años y el intento más terrible de división de Bolivia en los últimos 100 años no tenga sanción y castigo ejemplar. Exhortamos al Poder Judicial, a los jueces, a los fiscales, de una buena vez sanción, los que no son culpables en libertad, los que son culpables todo el peso de la ley», manifestó.
«Nos duele y lamentamos este tipo de obstrucciones (…). A veces los jueces se vuelven cómplices de este tipo de interrupciones, todo debería acabar de manera inmediata, y separar el agua del aceite, los culpables adentro a la cárcel, los inocentes a la libertad», agregó García.
El caso terrorismo data del 16 de abril de 2009, cuando murieron acribillados a manos de la policía en el Hotel Las Américas el boliviano húngaro croata, Eduardo Rózsa, el irlandés Dwyer Michael Martin y el rumano Árpád Magyarosi, y además fueron detenidos el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano croata Mario Tadic.
Los cinco fueron acusados por el Gobierno de formar una banda terrorista que supuestamente planteó el magnicidio y organizaba milicias separatistas a las órdenes de un grupo de empresarios y políticos autonomistas de la rica región oriental de Santa Cruz.
Uno de los peores golpes al proceso fue la reciente difusión por parte de la oposición de un audio con la supuesta voz del Fiscal Marcelo Soza haciendo supuestas revelaciones sobre las tres muertes citadas y de presiones para involucrar a dirigentes autonomistas. Soza afirmó que se trata de un montaje, pero luego renunció a su cargo, sin embargo el Fiscal General dijo el fiscal del caso goza de vacaciones.