La Fiscalía envía pedido para extradición de Goni
Octubre. Solicita a la Cancillería traducirlo al inglés
La Fiscalía General del Estado envió a la Cancillería el documento para iniciar, ante Estados Unidos, la segunda demanda de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada, con el fin de que el expresidente sea juzgado por los hechos violentos de octubre de 2003.
El fiscal general el Estado, Ramiro Guerrero, informó que ayer remitió al Ministerio de Relaciones Exteriores el documento de más de 1.000 páginas, el mismo que debe ser traducido del español al inglés. Prevé que ese trabajo demandará algunas semanas para que luego, por la vía diplomática, continúe el trámite de extradición.
En marzo, el encargado de Negocios de la Embajada de EEUU y jefe de la misión diplomática de ese país en Bolivia, Larry Memmott, señaló que su país está dispuesto a seguir dialogando sobre el pedido de extradición de Sánchez de Lozada y de sus exministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, refugiados en su territorio. Ellos deben responder por la muerte de más de 60 personas en la llamada “guerra del gas”.
Cambios. Guerrero explicó que, a diferencia del primer pedido de extradición, se subsanaron algunas observaciones que la justicia estadounidense hizo cuando rechazó esa solicitud en septiembre de 2012, particularmente la referida a la tipificación de los delitos. Explicó que todos estos trámites se deben realizar a través de la Cancillería del Estado, por la vía diplomática, en apego y respeto a los convenios y tratados internacionales que están vigentes.
De acuerdo con el procedimiento, una vez que se tenga la traducción, la Fiscalía General planteará el pedido de extradición y remitirá el caso a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Esta instancia deberá emitir un exhorto suplicatorio con destino a las autoridades judiciales de EEUU, a través de la Cancillería del Estado.
Anteriormente, el fiscal superior, Orlando Riveros, explicó que la segunda solicitud de extradición se diferencia en dos aspectos de la primera. En primer lugar, se reduce la cantidad de delitos por los cuales se solicita la extradición, teniendo en cuenta las observaciones de EEUU, y, en segundo lugar, se profundiza los temas de orden procesal y probatorio.