Los magistrados que falten sin justificación a su fuente laboral pueden ser sometidos a un juicio de responsabilidades, previa autorización de la Asamblea Legislativa, mientras que los vocales, jueces y otros funcionarios pueden ser procesados por los jueces disciplinarios por la misma causal.
Ése fue el criterio expresado por el decano del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Jorge von Borries, luego de publicarse la Ley 371, que establece que la autoridad judicial que falte sin justificación a su fuente laboral por seis días continuos en un mes u 11 discontinuos al año, será procesada disciplinaria y penalmente.
Explicó que, en el caso de vocales y funcionarios de bajo rango, los jueces disciplinarios, que dependen del Consejo de la Magistratura, serían los responsables de ejercer el control. En tanto que los magistrados, elegidos por voto popular, serían sometidos a un juicio de responsabilidades.
Similar fue el criterio expresado por el diputado Wilfredo Calani (MAS), miembro de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, quien señaló que en caso de que los magistrados acumulen la cantidad de faltas establecidas en la norma, ello calificaría como incumplimiento de deberes.
Precisó que al tratarse de altas autoridades de Estado, la Asamblea Legislativa tendrá que autorizar el juicio.