El Tribunal 1º de Sentencia de Pando condenó ayer al senador Róger Pinto a un año de privación de libertad. La sentencia judicial fue dictada tras hallar culpable al opositor —quien está asilado en la embajada brasileña— por haber cometido tres delitos en el caso Zofra-Universidad.
Los delitos en que incurrió el opositor y que fueron identificados por la Justicia son resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado por Bs 11 millones.
“(Se) encontraron suficientes elementos para declarar culpable al senador (Róger) Pinto, por la comisión de los tres delitos que se le había acusado, determinando una condena de un año”, declaró ayer el fiscal a cargo del caso, Juan Carlos Cuéllar, según un boletín de la Fiscalía de Pando.
El caso Zofra-Universidad es uno de los cinco procesos de corrupción que sigue el Ministerio de Transparencia contra el legislador. Según la denuncia, mientras Pinto fue presidente del directorio de Zona Franca de Cobija, en 2000, dispuso sin autorización Bs 11 millones a favor de la Universidad Amazónica de Pando. En el caso están implicados Miguel Becerra Suárez, Nemesio Ramírez Villca, Remberto Oni Villamor y Fernando Castillo Valdez.
Reacción. La oposición no tardó en responder con críticas a la decisión judicial. Correligionarios de Pinto expresaron su malestar y denunciaron que con esta sentencia la justicia está sometida al Órgano Ejecutivo.
“Con esta sentencia ejecutoriada a Róger Pinto quieren presionar a Brasil para no darle salvoconducto, (también) quitarle la curul de senador y hacerle un daño económico”, manifestó el legislador Germán Antelo mediante su cuenta de Twitter.
En junio de 2012, el senador calificó este proceso de “incoherente” e “irregular”, ya que, según él, en el caso se dispuso el archivo de obrados.
Añadió que el desembolso de los Bs 11 millones fue hecho a raíz de “contribuciones voluntarias” a la universidad pandina y que fueron aprobadas por un “cuerpo colegiado” de la zona franca y cívicos.
El hecho se suscitó cuando el entonces rector de la universidad, Ronald Camargo, solicitó a Zofra-Cobija dinero para la implementación y diversificación de carreras. El directorio de esa entidad no podía autorizar ningún desembolso sin previa autorización del Ministerio de Hacienda.
Pinto dijo que no correspondía solicitar una autorización ministerial y que no existe delito porque había un decreto que le respaldaba. El opositor está asilado desde el 28 de mayo de 2012 en la Embajada de Brasil en La Paz a la espera de un salvoconducto, que el Gobierno se niega a firmar con el argumento de que Pinto tiene que enfrentar sus procesos en la justicia ordinaria.
El senador tenía 21 causas en su contra, seis de ellas por desacato, una por sedición y las restantes vinculadas a su gestión pública. Hoy están en proceso 15, pues las acusaciones por desacato fueron desestimadas luego de que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa figura.