Nacional

jueves 23 sep 2021 | Actualizado a 01:06

La estatal YPFB contrata a los tres militares detenidos en Chile

Alex Choque Quispe, José Luis Fernández y Augusto Cárdenas García trabajarán como operadores en la planta engarrafadora

/ 1 de julio de 2013 / 17:27

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) contrató a los cabos Alex Choque Quispe, José Luis Fernández y Augusto Cárdenas García, que fueron detenidos en Chile cuando luchaban contra el contrabando en la zona de frontera. La Justicia chilena los liberó en marzo, luego de que se acogieron a una suspensión condicional del proceso en su contra.

Los conscriptos desempeñarán funciones como operadores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) dependiente de los distritos comerciales de La Paz y Oruro, informó el director Nacional de Recursos Humanos de YPFB, Luis Núñez, quien el viernes entregó los contratos a los nuevos funcionario de la estatal petrolera.

“De igual forma que han demostrado el patriotismo en la defensa de las fronteras, ahora esperamos el compromiso de ellos de cumplir con las funciones asignadas que definitivamente vienen a constituirse en la parte fundamental de la empresa que es el abastecimiento de los hidrocarburos”, señaló Núñez.

Los conscriptos fueron detenidos el 25 de enero en la zona de frontera cuando cumplían con la misión de luchar contra el contrabando de vehículos y pasaron 32 días en la cárcel de máxima seguridad de Alto Hospicio, Chile. Los bolivianos se acogieron a la suspensión condicional del proceso que implica que no ingresen a suelo chileno por un año, plazo al cabo del cual se extinguirá el proceso en su contra.

Alex Choque Quispe y Augusto Cárdenas García desempeñarán funciones como operadores en la Planta Engarrafadora de Senkata que depende del Distrito Comercial La Paz, en tanto que José Luis Fernández será trabajador operativo del Distrito Comercial Oruro, según boletín de prensa de YPFB.

“Queremos agradecer al presidente Evo Morales y al licenciado Carlos Villegas (presidente de YPFB) por habernos permitido ingresar a YPFB y ahora sólo nos resta ocuparnos de trabajar con responsabilidad y compromiso”, sostuvo Cárdenas en representación de sus compañeros.

“Ellos se incorporarían hasta este miércoles una vez que completen su análisis pre ocupacional, presenten sus documentos personales como certificado de nacimiento, cédula de identidad, hoja de vida, declaración jurada; que son formalidades previas a la incorporación”, explicó Núñez.

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Justicia amplía por tres meses detención del almirante Gustavo Arce por el caso golpe de Estado

El excomandante de la Armada Boliviana y exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (FFAA) almirante Flavio Gustavo Arce San Martin fue uno de los primeros procesados en este caso

El excomandante de la Armada Boliviana y exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (FFAA) almirante Flavio Gustavo Arce San Martín

/ 22 de septiembre de 2021 / 23:56

La Justicia amplió por tres meses más la detención preventiva del excomandante de la Armada Boliviana y exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (FFAA) almirante Flavio Gustavo Arce San Martín, uno de los primeros detenidos e involucrados en el caso golpe de Estado de 2019.

Roger Valverde, abogado del militar, informó que la ampliación de la detención preventiva fue dispuesta en una audiencia posterior a la fecha límite de detención, por lo que apeló la decisión por estar al margen de la legalidad.

“Esa ampliación que ha determinado el juez es ilegal y arbitraria, no tiene sustento y lastimosamente se ve la arbitrariedad de algunos jueces”, denunció en la red Gigavisión.

Gustavo Arce San Martin fue enviado a la cárcel de San Pedro el 12 de marzo por seis meses, acusado por los delitos de terrorismo, sedición y conspiración, en grado de complicidad.

Fue parte de la conferencia de prensa en la que el excomandante de las FFAA Williams Kaliman pidió en noviembre de 2019 la renuncia del expresidente Evo Morales.

La expresidenta Jeanine Áñez, dos exministros y exmandos militares están en la cárcel por este caso denunciado por la exdiputada del MAS Lidia Patty. Uno de los principales acusados es el excívico y gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.

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Justicia envía a la cárcel a cinco policías y dos civiles por desaparición de $us 65.000

Los cinco uniformados y los civiles fueron detenidos en un operativo a denuncia de vecinos de una casa donde había juegos ilegales

Casa que intervino la Policía. Foto: Unitel

/ 22 de septiembre de 2021 / 23:12

Cinco policías de diversa graduación fueron enviados la noche de este miércoles por 60 días a la cárcel cruceña de Palmasola con detención preventiva por la acusación de desaparición de $us 65.000 de una casa ilegal de juegos, en medio de un operativo. Dos civiles también corrieron la misma suerte y uno fue beneficiado con detención domiciliaria.

Los uniformados y civiles participaron el lunes por la tarde del operativo de allanamiento, pero los propietarios de la vivienda llamaron a la Policía ante la sospecha de una acción irregular. Inmediatamente llegó otro grupo de uniformados y detuvo a varias personas que este miércoles fueron enviadas a la cárcel.

Se trata de los capitanes José Gabriel A. R. y Sergio B.B., del teniente Cristian A. C., el sargento Ludwin A.T. y el sargento Jhonny D.M.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, Edson Claure, informó que personal de diferentes unidades policiales intervino el inmueble en el centro cruceño y sorprendió a los uniformados y personal civil realizando un operativo.

“Los mismos habrían coordinado de manera previa esta situación”, reveló sobre este caso que derivó en el encarcelamiento cinco policías que, de forma paralela, también serán sometidos a procesos internos.

Richard Ch. P. es dueño del dinero desaparecido. Dijo que fue fruto de la venta de terrenos.

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Richter ve ‘complejo hablar de pacificación’ cuando ‘no hay un arrepentimiento por las muertes’

El portavoz presidencial Jorge Richter presentó su libro El Noviembrismo, junto al vicepresidente David Choquehuanca, al expresidente uruguayo José Mujica y al expresidente Eduardo Rodríguez

El vocero presidencial Jorge Richter hoy en la Vicepresidencia. Foto: Rodwy Cazón

/ 22 de septiembre de 2021 / 21:11

En la presentación del libro “El Noviembrismo: Análisis y reflexiones del momento rupturista”, su autor, el portavoz presidencial Jorge Richter, hizo un repaso de los hechos y actores de la crisis de noviembre de 2019 que acabó con la renuncia del expresidente Evo Morales y consideró que es “muy complejo hablar de pacificación” cuando “no hay un arrepentimiento por las muertes”.

Noviembrismo, justamente retrata a los hombres y mujeres que fueron parte de esos hechos que, en criterio de Richter, terminaron de interrumpir un largo periodo democrático tras sus fracasos electorales y desprecio a todo lo que implicó el accionar en el poder de sectores siempre postergados como campesinos, indígenas y la clase popular.

El vicepresidente David Choquehuanca, el expresidente uruguayo José Mujica y el expresidente Eduardo Rodríguez participaron como exponentes en la presentación del texto. Coincidieron en la necesidad de priorizar el diálogo en busca de la pacificación tras lo ocurrido en noviembre de 2019, que acentuó la polarización.

“Si no hay arrepentimiento por las muertes, por los encarcelamientos injustos es muy complejo poder hablar de una pacificación y de un diálogo sincero”, consideró Richter y cuestionó el intento de aquellos sectores de derecha que buscan esa reconciliación “dando vuelta la página” y buscando eximirse de responsabilidades de lo ocurrido.

Protestas cívicas, alentadas por el hoy gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, iniciaron un proceso activado por denuncias de fraude electoral, lo que fue reforzado con el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA). A ello se sumó un motín policial y la “sugerencia” militar de renuncia, lo que se dio el 10 de noviembre.

Jeanine Áñez tomó el poder el 12 de noviembre, tras un acuerdo extralegislativo. El 15, tras la aprobación del decreto que eximía a los militares de responsabilidad penal por restablecer el orden público, se registró la masacre de Sacaba y cuatro días después la de Senkata, en ambos hechos hubo una veintena de muertos por impactos de bala.

“Tuvieron un objetivo político y en ese objetivo político, con formas violentas, con poca amistad por las maneras constitucionales, por la democracia, intentaron perseguir ese objetivo, en ese afán murieron y mataron también, en ese afán torturaron y sofrieron, pero está claro que murieron mucho menos de lo que mataron y está claro también que sufrieron mucho menos del dolor que dejaron desparramados por nuestras ciudades”, sostuvo Richter.

“Democracia de papel”, así resumió la vocación democrática de la derecha que participó de los hechos de noviembre. Además, los calificó de “insustancial porque solo tienen intereses políticos, económicos, sociales y de clase dominantes pero no contenido político”.

Vía plataforma Zoom, Mujica no solo reivindicó la deuda que se tiene con los pueblos indígenas sino la necesidad de consolidar la unidad de esta parte del mundo.

“El adversario se junta por intereses y nosotros nos solemos dividir por ideas, antes que nada recuerden: juntos con un nuevo porvenir, por una patria que está por fundarse allá en el horizonte y que los más viejos no veremos, una deuda con nosotros mismos”, afirmó y aseguró que “estaremos mientras viva con todo el pueblo boliviano y con todos los pueblos sometidos”

Choquehuanca recordó que se combatió el golpe de Estado desde diferentes frentes democráticos y lo ocurrido, dijo, mostró que el racismo persiste.

“A pesar de todos los intentos de los protagonistas del viejo orden neoliberal no han logrado aplastarnos, y no van a lograr aplastarnos, somos descendientes de Tihuanacu”, afirmó, mientras que para Rodríguez lo de noviembre va más allá del debate “golpe o fraude” porque “sufrimos algo más grave, un fracaso del orden constitucional”.

Richter afirmó que en el proceso del golpe de Estado y en el gobierno de Áñez se vivió un “desprecio” por lo indígena y lo popular.

Creemos de Camacho y Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa llegaron a tener representación legislativa, como resultado de las elecciones de 2020. Luis Arce ganó con más del 55% de la preferencia electoral.

“Hoy en día la maquinaria de construcciones de verdades artificiales no solo está destinada a lograr impunidad y eximirlos de las responsabilidades de lo que fue la ruptura, sino que está apuntando, fundamentalmente, a poder cubrir el triple fracaso que se da por la derrota del noviembrismo, por la abdicación ante el movimiento popular y por el dramático resultado del 18 de octubre de 2020”, sostuvo.

Áñez se encuentra encarcelada por el caso golpe de Estado, junto a dos exministros y exaltos mando de las Fuerzas Armadas. También se tramitan en el Legislativo juicio de responsabilidades. Áñez denunció persecución política, como el resto de acusados.

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Reyes Villa reaparece y califica su caso de ‘una canallada política’

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, calificó de “injusticia” la sentencia en su contra y aseguró que no cometió ningún delito

El alcalde Manfred Reyes Villa

/ 22 de septiembre de 2021 / 17:29

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, reapareció la tarde de este miércoles en la inspección de una obra y calificó de “injusticia” la sentencia en su contra por el caso llamado “Sillar Alternativo”.

“Esta es una canallada política que Bolivia no la puede aguantar”, sostuvo y denunció que la “presión es increíble” para que se ejecute la orden de condena en su contra, según –dijo- le comunicaron jueces amigos.

Reyes Villa tiene una sentencia ejecutoriada de cinco años de cárcel, pero ahora su caso está en manos de una Sala Constitucional. No había cumplido ninguna actividad pública desde el lunes, cuando dijo a sus seguidores reunidos en la plaza 14 de Septiembre que se mantendrá en el cargo.

“No hemos cometido ningún delito, hemos hecho todo de forma transparente, en todos los juicios que me he presentado he salido absuelto. Esta es una canallada política que Bolivia no la puede aguantar”, sostuvo.

Reyes Villa es acusado por un estudio para la construcción de una vía alterna al Sillar, tramo entre Cochabamba y Santa Cruz. Ese estudio fue rechazo por su impacto medio ambiental

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Richter sobre procesos a alcaldes: ‘No es el veredicto popular el que puede anular o eximir’ de culpa

El portavoz presidencial Jorge Richter sostiene que los políticos recurren a denunciar “persecución política’ cuando deben enfrentar denuncias y procesos

El vocero presidencial Jorge Richter. Foto: Oswaldo Aguirre-La Razón.

/ 21 de septiembre de 2021 / 23:45

“El veredicto popular no puede eximir de responsabilidades penales”, aseguró el portavoz presidencial Jorge Richter respecto a los argumentos de los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, frente a los procesos legales que enfrentan.

“Lo legal y el veredicto popular no tienen conexión, no es el veredicto popular el que puede anular o eximir de responsabilidades penales a una persona que ha tenido procesos y que está en la última etapa de su sentencia o ya tiene una sentencia ejecutoriada”, sostuvo en una entrevista con Cadena A.

Reyes Villa tiene una condena ejecutoriada de cinco años de cárcel por irregularidades en la contratación de estudios para la carretera Sillar Alternativo, sin embargo la orden de cumplimiento de condena fue suspendida tras que una sala constitucional admitiera un recurso denunciando vulneración de derechos.

“Si políticamente se quiere derrocar a un alcalde el pueblo tendrá la palabra. Estén seguros que juntos vamos a luchar para que haya justicia y estado de derecho”, afirmó Reyes Villa.

Arias es otro de los alcaldes con procesos legales. Este martes acudió a la Fiscalía para declarar por una denuncia de discriminación. “Dice que tienen el ‘plan dominó’. Van a comenzar con uno y luego con otro, luego con otro… y así, van a quitar, mediante las fiscalías, lo que no pudieron ganar en las elecciones”, denunció y advirtió que “eso es ir en contra de la voluntad popular”.

Richter rechazó los argumentos de los alcaldes para cuestionar los procesos abiertos en su contra.

“Como un argumento poco novedoso, pero bastante efectivo, cuando existen responsabilidades de alguna característica, los políticos intentan primero resguardarse y tratar de deslindar sus responsabilidades con un eje argumentativo y contaminar todo diciendo cuestión política y segundo hablar de persecución política que nunca van a poder probar”, sostuvo.

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