La sesión de Asamblea Legislativa Departamental de La Paz que debió tratar el Estatuto Autonómico fue interrumpida este miércoles por agresiones entre asambleístas del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) contra los representante de las bancadas de oposición. La gresca se produjo cuando los asambleístas masistas introdujeron una resolución de apoyo al presidente Evo Morales por los sucesos en Europa cuando el tema único era el estatuto.
La inclusión de la resolución fue observada por las bancadas minoritarias que consideraron como un hecho que vulneró el reglamento interno. El veto provocó agresiones verbales por parte de los asambleístas oficialistas en contra de sus pares de la oposición, en particular contra Rosenda Castillo del Movimiento por la Soberanía (MPS), quien tuvo que ser evacuada por sufrir heridas en el cuerpo tras las agresiones.
«La agresiones verbales estaban fuera de lugar, nos han dado empujones y nos agredido físicamente, tal es así, que la honorable Rosenda Castillo (MSP) han recibo puñetes y golpes. Las bancadas estamos siendo atropelladas», denunció Wilma Magne, asambleísta del Movimiento Sin Miedo (MSM).
De acuerdo con la representante, la agresiones son responsabilidad de la directiva que no ha puesto en consideración la modificación del orden del día e incluyó la resolución de manera abrupta. Magne dijo incluso que ellos no están contra de aprobar esa resolución.
Por su parte, la asambleísta Claudia Bravo ratificó las agresiones de las cuales ella también fue víctima e informó que las tres bancadas de oposición han abandonado la sesión y el estatuto está siendo aprobado únicamente por asambleítas del MAS.
«Como bandas del MSM, UN y MPS hemos presentado una carta solicitando a la directiva que nos otorguen garantías porque durante todo este tiempo hemos sufrido agresiones», dijo Bravo a tiempo de lamentar que la misiva no fue atendida.
Según Bravo existen temas puntuales sobre en el documento que a su juicio está redactado con «intromisión» del Ministerio de Autonomías. Afirmó que se mantiene la visión centralista de las prefecturas, no responde a las nuevas necesidades y mantiene una sobre representación rural en desmedro de La Paz y El Alto.