El exgobernador del Beni Ernesto Suárez anunció que iniciará una demanda judicial contra autoridades de los órganos Ejecutivo y Judicial por los delitos de sedición y organización criminal, debido a que los acusa de haber planificado su derrocamiento en diciembre de 2011.

En conferencia de prensa, la exautoridad beniana señaló ayer que uno de los elementos que sustentan su acusación es la declaración ante el Ministerio Público del exdirector de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno Boris Villegas, quien dio a entender —según Suárez— la existencia del plan para defenestrarlo.

El derrocamiento que sufrió fue obra de los tres poderes, remarcó el exgobernador beniano. Por ello, anunció que enjuiciará al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; al exministro de Gobierno Sacha Llorenti; al presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Hurtado (expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Beni), y al exgobernador de esa región Haisen Ribera (MNR).

Al respecto, desde Trinidad, Quintana rechazó la denuncia de Suárez y aseguró que no tiene nada que ver con “carreteras fantasmas”, con el saqueo de los recursos económicos de la Gobernación de Beni y con proyectos mal ejecutados, según un reporte de la agencia estatal ABI.

Respuesta. “Mi responsabilidad no es presidir la caída de nadie, mi responsabilidad es asegurarme que la mayor cantidad de recursos económicos que se distribuye llegue a la gente más pobre, a los municipios más necesitados”, sostuvo Quintana.

Entretanto, en el penal de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz, Villegas fue separado de Fernando Ribera y de Denis Rodas, exabogados del Ministerio de Gobierno con los que trabajó. Los tres son investigados dentro del caso Extorsión, una red que es acusada de cobrar dinero desde esa repartición del Ejecutivo a acusados en diferentes procesos judiciales.

Según un comunicado del Ministerio de Gobierno, Ribera fue trasladado a la carceleta cruceña de Warnes, mientras que Rodas fue llevado al Centro de Rehabilitación Productivo de Montero por resoluciones administrativas de la Dirección General de Régimen Penitenciario.

Ambas órdenes “se emitieron previos los análisis e informes de Seguridad Penitenciaria respectivos, y ante el resguardo y seguridad de dichos internos que se encuentran en calidad de imputados y con detención preventiva”, se explica en el citado documento.

Además, el Ministerio de Gobierno indica que los “tentáculos” y “nexos” denunciados en el caso Extorsión al parecer continúan vigentes y bajo investigación policial especializada e indagaciones financieras.

Detenidos temen por sus vidas

Miedo

Los dos imputados en el caso Extorsión que fueron trasladados de penales expresaron temor porque creen que sus vidas corren riesgo. Fernando Ribera dijo que no fue notificado. Denis Rodas señaló que son separados porque quieren revelar la verdad.