Romero exige que Soza aclare denuncia de audio en su contra
Seguridad. Rubén Costas pide ‘protección’ para el fiscal a fin de que diga la verdad sobre caso Rózsa
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, convocó ayer al fiscal Marcelo Soza para que aparezca y esclarezca el contenido del audio que le fue atribuido y que la Fiscalía investiga. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, solicitó protección para el acusado.
“Lo convoco públicamente (…). Tiene que aparecer, no es un perseguido, nadie lo está persiguiendo, simplemente ha presentado una información una senadora (Carmen Eva Gonzales) y tiene que esclarecerla”, declaró Romero.
Soza, director funcional del caso Rózsa o Terrorismo, renunció irrevocablemente a su cargo de fiscal de materia el martes, luego de que Gonzales presentó, entre el 4 y 11 de marzo, un audio en el que supuestamente el fiscal implica a ex y actuales autoridades del Gobierno con el caso Rózsa. Además, difundió fotografías en las que el representante del Ministerio Público aparece junto a acusados de ser parte de una red de extorsión que operaba desde el Ministerio de Gobierno.
A raíz de esas denuncias, Soza dijo el viernes que recibió amenazas, incluso en contra de su familia. Su abogado, Moisés Ponce de León, aseveró el miércoles que la última vez que habló con su cliente fue el sábado, vía telefónica, oportunidad en la que le mencionó que atravesaba por problemas familiares.
Incluso el fiscal general, Ramiro Guerrero, afirmó el miércoles que no podía comunicarse con Soza, pese a que tiene pendiente la entrega de dos informes, uno para explicar los motivos de su falta a la audiencia del caso Rózsa del lunes, en Santa Cruz, y otro para darle un inventario de las pruebas recogidas en ese juicio.
Al referirse al audio presentado por Gonzales, Romero sostuvo que Soza es el principal testigo en este caso y, como tal, debería presentarse ante el Ministerio Público, instancia que abrió una investigación en contra de él por el delito de uso indebido de influencias.
Romero consideró que las amenazas que recibió Soza no son motivos para justificar su dimisión. “Él debería coadyuvar en esclarecer esos hechos, pero las responsabilidades son individuales y lo deseable sería que se presente, y por eso lo convoco para que esclarezca esas denuncias”, manifestó la autoridad. Respecto a los rumores en sentido de que Soza habría salido del país, Romero aseguró que en el Servicio General de Migración no se registró ningún movimiento migratorio del aludido.
Acotó que no hay ninguna orden de allanamiento ni persecución. El fiscal paceño Genaro Quenta, que indaga la grabación que se atribuye a Soza, informó ayer que se dejó la notificación en el domicilio del investigado, ya que no se lo encontró. Agregó que este proceso es válido y que, por lo tanto, se lo esperará a las 8.30 del lunes 1 de abril para que declare.
Seguridad. En la capital oriental, el Gobernador de Santa Cruz solicitó protección para Soza con el fin de que éste aparezca y “diga la verdad” sobre el caso Rózsa, referido a la desarticulación de un grupo supuestamente terrorista y separatista en abril de 2009.
“Este señor (Soza) tiene que dar la cara”, sostuvo Costas y añadió que si logró salir del país, debe ser extraditado. Entretanto, el Fiscal General, que estuvo ayer en Santa Cruz de la Sierra para reunirse en forma reservada con la comisión de tres fiscales que aún atiende el caso Rózsa, mantuvo silencio.
Guerrero, alrededor de las 14.00, se dirigió en su vehículo hasta la Fiscalía de Distrito de Santa Cruz, donde lo esperaban los fiscales Sergio Céspedes, Iván Ortiz y Marco Antonio Rodríguez, los dos últimos fueron designados en reemplazo de Marcelo Soza. Guerrero —al igual que Rodríguez y Céspedes— no declaró a los medios de prensa que se encontraban apostados en el ingreso al edificio de la Fiscalía.
Suspenden audiencia
El juicio oral del caso Rózsa, que se sigue en Santa Cruz de la Sierra, fue suspendido ayer por la descompensación que sufrieron Ignacio Villa (El Viejo) y Alcides Mendoza, dos de los 21 imputados que participan en la audiencia.
Villa, durante la mañana, fue retirado de emergencia del penal de Palmasola y trasladado al hospital San Juan de Dios, a consecuencia de una trombosis (coágulo en el interior del vaso sanguíneo). El imputado inicialmente fue ingresado a la sala de emergencias por la gravedad de la situación y horas después fue trasladado a la sala de internación, donde fue dado de alta a raíz del paro médico en ese nosocomio.
Mendoza sufrió una crisis a consecuencia de la diabetes que le aqueja y de inmediato tuvieron que medirle la presión. Un abogado de la defensa solicitó la intervención de los paramédicos de la Policía. La audiencia se reanudará en el curso de este día.
