— Tras la aplicación de la Ley Orgánica del Ministerio Público por un año, ¿cuáles son los avances o qué dificultades se tiene en su aplicación?
— Hay muchos avances en la nueva estructura institucional organizacional. Ahora hay fiscales superiores, ya no hay los anteriores fiscales de recursos. Actualmente tenemos siete reglamentos de esta ley que nos permiten ingresar en una nueva etapa en el tema de régimen disciplinario, el Instituto Médico Forense y la nueva carrera judicial. Entonces son adelantos importantes, sobre todo en la estructura organizacional, que van a permitir en una segunda etapa avanzar ya en resultados en la persecución penal.
— ¿Esta estructura es parte de la nueva institucionalidad?
— Sí. La Ley 260 (Orgánica del Ministerio Público) y los reglamentos que tenemos nos van a permitir contar a corto plazo con fiscales departamentales titulares, producto del proceso de institucionalidad de exámenes, la valoración de su trayectoria y su capacidad. También nos van a permitir una nueva carrera fiscal, ya tenemos la estructura, y ya pensamos sacar hasta fin de año a la primera promoción.
Entonces, luego de la promulgación de esta norma, hemos ido trabajando en la construcción de esta nueva estructura, en su organización y reglamentación. Es toda esa etapa que se ha llevado en el primer año y ocho meses de mi gestión. Ahora viene la implementación, la parte operativa.
— ¿Hasta cuándo serían institucionalizados los fiscales departamentales?
— En unos tres meses aproximadamente, contamos con reglamentos, tenemos prácticamente todos los lineamientos institucionales.
— ¿Y en el tema económico?
— Es algo histórico, hemos logrado un presupuesto adicional de un 50%, es decir de 55 millones de bolivianos. Antes, en el Ministerio Público, no se había logrado esto. Eso nos permite fortalecer el Instituto de Investigaciones Forenses, que ha estado debilitado y era la quinta rueda del carro. Hoy estamos invirtiendo 4 millones de bolivianos en la compra de tecnología, equipos, laboratorios y vamos a aumentar ítems.
Además, hemos creado 350 ítems nuevos, y eso nos va a permitir tener más fiscales y asistentes, con lo que se va a descongestionar los casos acumulados desde hace muchos años y nos va a permitir emitir las resoluciones que correspondan en cada uno de esos procesos. Esos son los cambios que estamos llevando adelante y se puedan palpar.
— ¿Cuáles son los resultados de las auditorías jurídicas?
— En un primer momento, lo que hemos hecho a través de nuestro equipo es ver, revisar y hacer evaluaciones jurídicas en casos importantes. A partir de este mes va a entrar en vigencia la Secretaría de Análisis Fiscal, con autoridades que van a trabajar en la revisión de procesos anteriores donde hay excesiva retardación en la resolución de procesos; justamente serán las auditorías las que determinen eso y nos dirán por qué se realizó un determinado trabajo.
A partir de este mes, con el nuevo presupuesto, también vamos a hacer auditorías jurídicas en todo el país. Actualmente estamos concluyendo con la elaboración de los términos de referencia para comenzar a concretar las evaluaciones judiciales que, seguramente, nos darán resultados importantes para reconducir los casos que están pendientes.
— La Ley 260 establece que los fiscales que trabajan en las áreas rurales deben hablar el idioma del lugar. ¿Se cumplió la normativa sobre este tema?
— Hemos avanzado y precisamente parte de la formación y del proceso de reclutamiento de los nuevos fiscales que va a implementar la Escuela de Fiscales, va a contemplar la asignación y enseñanza de una materia (de idioma) de acuerdo a las zonas. Por ejemplo en La Paz y Oruro llevarán el aymara; en Chuquisaca, Potosí, Cochabamba, el quechua; y en el oriente, el chiquitano y el guaraní.
Es fundamental, es importante, porque la propia Constitución Política del Estado es la que establece que los servidores públicos deben hablar mínimamente el idioma del lugar, para un mejor servicio y relacionamiento. Le reitero que la formación en la escuela de fiscales va a contemplar como una materia en la valoración de nuestros fiscales que puedan hablar un idioma originario.
— ¿Todos los servicios que presta el Ministerio Público son gratuitos para la gente?
— Eso establece la propia ley, por eso hemos tenido una reducción en nuestro presupuesto de 10 millones de bolivianos que antes eran ingresos propios. Hoy no tenemos eso, ya no se paga carátulas, timbres y ya no hay absolutamente ningún pago. En la Ley 260, que este 11 de julio cumple su primer año de vigencia, se establece la gratuidad.
— Más de 100 fiscales de todo el país evaluarán el primer año de vigencia esta ley, ¿qué temas se analizarán?
— Hemos convocado a un encuentro nacional de fiscales y vamos a hacer una evaluación, una mirada autocrítica al trabajo que hacemos. También se recogerán propuestas, se debatirá el tema de gestión fiscal, en la parte procesal, y se verá cómo podemos mejorar el trabajo, cómo podemos erradicar la corrupción, qué medidas aplicamos para descongestionar y despachar las causas. Estamos impulsando el nombramiento de fiscales liquidadores para que concluyan los casos rezagados.