El periodista Junior Arias, gerente del canal televisivo DTV, anunció este domingo en la madrugada que deja el país hasta que se esclarezca la muerte del interventor del Banco Fassil, Carlos Colodro, cuyo cadáver fue hallado el sábado a los pies del edificio cruceño Ambassador.

La Policía ha comenzado las investigaciones sobre el fallecimiento de Colodro, quien fue posesionado el 26 de abril. Su cuerpo fue encontrado en plena vía pública, cayó del piso 14 del edificio que se encuentra en la avenida San Martín de la zona Equipetrol, en la capital oriental.

“He decidido salir del país por un tiempo hasta que se esclarezca la muerte del interventor de Fassil. Hace algunas horas, se conoció un lamentable hecho, la trágica muerte del interventor del Banco Fassil. Me adhiero al dolor que embarga a su familia”, escribió Arias en Facebook.

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Y añadió: “Yo, como muchas personas, no creemos que se haya suicidado, sino que estaba cumpliendo con su trabajo en relación a este caso y descubriendo quizás más de lo que hasta ahora sabemos”.

Arias difundió varios datos sobre irregularidades en la intervenida entidad financiera. Esta semana publicó una lista de más de medio centenar de empresarios cruceños que están en la mira por un posible desvío de millonarios créditos a una cuenta de Santa Cruz Financial Group.

“Desde el momento en el que se conoció sobre la muerte del Sr. Carlos Colodro, he recibido muchas llamadas y mensajes de preocupación, especialmente de mi familia, referidos a que mi vida corre peligro. Por lo que pensando en ellos, he decidido ausentarme del país por un tiempo, hasta que se esclarezca lo sucedido, pues como es de conocimiento público, yo he estado dando a conocer por el canal DTV y mi programa Detrás de la Verdad, todas las irregularidades vinculadas con esta entidad financiera”, publicó Arias.

El periodista solicitó que las instancias correspondientes investiguen con celeridad lo sucedido con Colodro. El cadáver del interventor fue llevado a la morgue de Pampa de la Isla la autopsia. Efectivos policiales recolectan pruebas en el edificio Ambassador, donde funcionan las oficinas del desaparecido Fassil.

Una «élite reducida» provocó un daño económico de $us 1.800 millones a los ciudadanos de Santa Cruz, por las pérdidas derivadas del paro de 36 días del 2022 y los desvíos revelados por $us 600 millones del Banco Fassil hacia «empresas satélites», afirmó el portavoz presidencial Jorge Richter.

«Y resulta que es un ataque a Santa Cruz porque no les quieren, por supuesto que es una fachada discursiva», cuestionó en alusión al discurso de políticos de oposición y cívicos cruceños cuando pretenden minimizar la responsabilidad de los ejecutivos del intervenido Banco Fassil en su iliquidez y atacar las acciones de la Fiscalía para dar con los responsables.

La red televisiva DTV reveló el jueves un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que identifica a más de 50 empresarios cruceños que accedieron a «créditos vinculados» por Bs 4.000.000.000 del Banco Fassil, para luego desviarlos a Santa Cruz Financial Group, entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021.

 La entidad financiera fue intervenida y en sus bóvedas no encontraron «ni un peso». Los cerca de $us 600 millones que representan el desvío, «es plata que salió de los ahorristas», afirmó Richter en entrevista en Radio Kawsachun Coca.

«Todo lo que se ha estructurado desde el Banco Fassil fue capturar recursos y poderlos desviar. Un recurso que es de los ahorristas, que es de los particulares, que es del pueblo cruceño, que confío sus ahorros al Banco Fassil, pero fueron desviados a un conjunto de empresas privadas», aseveró.

Mientras los restantes $us 1.200 millones tienen que ver con las pérdidas generadas en el violento paro de 36 días de 2022, alentado por los grupos de poder del Comité Pro Santa Cruz y de la Gobernación de Santa Cruz en demanda de un censo en 2023.

Al final, los grupos de poder aceptaron lo que el gobierno les había propuesto en un principio, que una comisión técnica defina la fecha del censo. La fecha fue fijada para el 23 de marzo de 2024.

Los resultados permitirán la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria y de escaños legislativos, como prevé la normativa vigente.

Frente a lo ocurrido en el intervenido Banco Fassil y las acciones desde la Fiscalía, «la defensa es que se quiere atacar a Santa Cruz. Esa es la defensa simple, cuando esto es mucho más complejo», observó.

Richter afirmó que empresarios cruceños buscan tergiversar el caso y transferir las responsabilidades al Gobierno, sosteniendo que hay una persecución política, para exonerar y liberar de responsabilidades a los directivos y supuestos accionistas.

Por causas que aún son investigadas, este sábado falleció en La Paz, Bolivia, el excanciller de Paraguay, Héctor Lacognata, confirmó el ministro de Relaciones Exteriores de este país, Jorge Arriola, al medio ABC.

Lacognata cumplía funciones en la Embajada de este país en Bolivia y se sospecha que las causas de su fallecimiento tengan que ver con una enfermedad que lo agobiaba desde hace varios años.

Arriola informó que la Cancillería paraguaya está en conversaciones con la familia y con personal de su embajada en Bolivia para recibir información y para ver si necesitan apoyo para el traslado del cuerpo del fallecido.

Por su parte, la embajadora de Paraguay en Bolivia, Terumi Matsuo, informó a los medios que tras la llamada de uno de sus hijos acudieron a un hotel del centro paceño donde descansaba Lacognata, pues no habría la puerta de su departamento.

Al abrirla grande y triste fue la sorpresa, relató la Embajadora.

Confirmó que el fallecido tenía una enfermedad que se le complicó por el COVID-19 y que en los últimos días también se sospechaba que tenía influenza. De hecho pidió permiso para hacerse la prueba.

Matsuo dijo que después de la autopsia de ley y de algunos trámites el cuerpo del excanciller será trasladado a su país.

Lacognata cumplía las funciones de Ministro en la Embajada paraguaya en Bolivia y tiene una larga trayectoria política y diplomática.

De profesión era médico pediatra, pero también supo ser diputado por el Partido Patria Querida y cumplió varias funciones como diplomático.

Juan Ramón Quintana, quien era parte del “ala dura” del gobierno de Evo Morales, apareció en el Trópico de Cochabamba y se estrelló contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a quien acusó de engañar, mentir y mostrar al país como un “país de narcos”.

“Se lo debe procesar judicialmente por engañar y mentir al país y por mostrar como si fuéramos un país de narcos, porque se llevó periodistas que hicieron rebotar una noticia absolutamente falsa”.

La semana pasada, Del Castillo, acompañado de efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), personal del Ministerio Público y la prensa, señaló que la FELCN destruyó 27 de fábricas de estupefacientes y siete laboratorios de fabricación de droga en el Chapare, en el operativo más grande de la historia boliviana.

Quintana cuestionó que en esa intervención no hubiese ningún detenido, una cuantificación de la droga encontrada y que el cálculo estimado de los $us 1,9 millones es “parte de una impostura”.

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“Tres días un operativo donde no pillan una sola persona, no hay la cuantificación de la droga y los 2 millones dólares que dice que se ha afectado es parte de la impostura, porque quién va a calcular cuánto cuesta”.

El exministro de la Presidencia agregó que el “ciudadano Quintana” lo que hizo fue reírse cuando leyó esta noticia, primero por el anuncio que dio el ministro por “dar un golpe mortal al narcotráfico con 27 fábricas”.

Recordó que en 2005, “año de un gobierno neoliberal”, una nota publicada por La Razón señala que se confiscó 430 kilos de droga con 108 personas detenidas.

“En este operativo de Del Castillo ni un tucán ha detenido. Comparen con el operativo de fin de semana”, subrayó Quintana.

Operativos

También indicó que en otro hecho de 2006, las fuerzas antidrogas destruyeron 250 fábricas de droga, 4.000 pozas de maceración y se detuvo a 317 personas.

“Se hicieron la burla de nosotros. Esto es subestimar la dignidad del pueblo boliviano, esta actitud es propia de la derecha, ya saben dónde se encuentra”.

Acotó que la actitud de Del Castillo es el mismo modelo que tienen los “gringos” de llamar a los medios y hacer un show para decir que se está luchando contra el narcotráfico.

“En gobiernos neoliberales se han hecho muchísimos operativos más importantes que la chabacanería que nos ha presentado este impresentable ministro de Gobierno. Merece no solamente una censura, (sino) un proceso judicial por hacerse la burla del primer poder político del país”.    

El presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, Pacífico Choque, señaló este viernes que las asambleístas protagonistas de un bochorno en la interpelación del ministro, Eduardo del Castillo, incurrieron en faltas gravísimas y su sanción estaría en una suspensión de seis a un año, sin derecho a goce de haberes.

“Ese accionar (de peleas) se subsume a faltas gravísimas y amerita una sanción de una suspensión de seis meses a un año, sin derecho a haberes”, dijo Choque.

El martes, las asambleístas de oposición y oficialismo protagonizaron un bochorno cuando algunas diputadas intentaron llegar hasta la testera con pancartas, desde donde Del Castillo brindaba su informe, sin embargo, las de oficialismo lo impidieron, lo que posteriormente derivó en empujones, puñetes y patadas.

Choque señaló que en el acto de interpelación de Del Castillo hubo agresiones verbales y físicas que faltaron el decoro de la Cámara de Diputados. Añadió que seguramente en los siguientes días las partes afectadas formalizarán su denuncia correspondiente en la Comisión de Ética.

“Una vez que llegue la denuncia vamos a hacer el análisis pertinente si es que esas conductas infringen alguno de los artículos del reglamento de la Cámara de Diputados o del Régimen Disciplinario”.

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De acuerdo con Choque, el año pasado se conoció de 40 denuncias y se está a la espera de que el Presidente de la Cámara de Diputados convoque a una sesión para tratar cuatro denuncias que se resolvieron para suspensión y sanción a los diputados infractores, en tanto los demás fueron rechazados por falta de indicios.

Denuncia

El miércoles la diputada de Creemos Erika Chávez se constituyó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz y al Ministerio Público para formalizar su denuncia por las agresiones físicas que recibió en la Asamblea durante la interpelación de Del Castillo.

La diputada indicó que tiene problemas de dolor de pie y de cadera debido a que cayó mal, además que está realizando un tratamiento de fertilidad por lo que quiere descartar cualquier problema en su salud.

La diputada del Movimiento Al Socialismo Tania Paniagua señaló que si las asambleístas van a sentar alguna denuncia están en su derecho; sin embargo, ella también denunciará porque las imágenes son claras sobre la agresión que recibió.