El Gobierno aprobó hoy la resolución que cierra desde el 1 de agosto el ingreso al penal de San Pedro de La Paz de nuevos privados de libertad, quienes deberán ser enviados a partir de esa fecha a otros cinco recintos habilitados en función a la clasificación por delitos y edad, informó el director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos.
Los internos se declararon en estado de emergencia. En San Pedro, una infraestructura de más de 100 años, están recluidas al menos 2.000 personas acusadas por la comisión de diversos delitos. No están clasificados, lo que hace que estén juntos quienes cometieron delitos menores y avezados antisociales.
Una vez entre en vigencia plena la resolución, los nuevos reclusos serán distribuidos en penales como Chonchocoro, Calahuma, Patacamaya, Yunguyo, además de carceletas en Sica Sica e Inquisivi. Los detenidos preventivos por delitos de poco impacto social serán llevados hasta las instalaciones habilitadas en Patacamaya.
En Chonchocoro, cárcel de máxima seguridad, fue habilitada una sección para albergar durante seis meses a detenidos preventivos por delitos graves como asesinato o violación; tiempo en el que se prevé que la Justicia dictará sentencia. En caso de no hacerlo y vencido el plazo, los detenidos serán trasladados a la cárcel de Patacamaya.
Los jóvenes sentenciados hasta 25 años serán trasladados al centro de Calahuma, Viacha, caracterizado por sus programas de rehabilitación. Paralelamente fue habilitado un inmueble en Yunguyo para las personas de la tercera edad que, por la gravedad de los delitos cometidos no pueden beneficiarse de iniciativas como el indulto. Para los privados de libertad de provincias estarán las carceletas de Sica Sica e Inquisivi.
Llanos informó que en las próximas dos semanas habrá un proceso de socialización en el ámbito de los operadores de justicia, para que establezcan con claridad el lugar de reclusión de los detenidos. Hasta hoy, todos eran remitidos a la cárcel de San Pedro.
“Es un día importante para los derechos humanos porque se determinó suspender el ingreso de nuevas personas en calidad de detenidos preventivos a la cárcel de San Pedro, a 118 años de actividad que tuvo este centro de reclusión”, destacó Llanos, quien en varias ocasiones denunció la comisión de irregularidades como el ingreso de alcohol y de droga al interior del penal.