A un año de las elecciones presidenciales, el país comienza a “electoralizarse”. Luego de una “reunión política” en Estados Unidos entre los principales cuadros de oposición, ahora otras agrupaciones buscan la unidad para elegir un candidato que provenga de la “ciudadanía”.

“Acabo de firmar el documento de la unidad, de la alianza Unidad es Posible. Un documento que está con varias firmas de varios precandidatos que buscamos la unidad; pero una unidad desde la ciudadanía, donde los ciudadanos seamos los protagonistas”, informó el líder del colectivo El Bunker Tercera República, Agustín Zambrana, a través de un video en sus redes sociales.

Bunker se formó a mediados de 2023, con la intención de convertirse en una nueva fuerza política alejada de los “políticos tradicionales”.

Reunión de oposición

Recientemente, en abril, se reunieron en Washington, Estados Unidos, Zvonko Matkovic, en representación de Creemos; Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC); y Samuel Doria Medina, empresario y excandidato por Unidad Nacional (UN).

Pese a los desmentidos, Matkovic confirmó que la reunión fue política para concretar la unidad que hará frente al Movimiento Al Socialismo (MAS).

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Nuevos actores

“Ya han firmado Amparo Ballivián, ya ha firmado Vicente Cuéllar (…), tengo entendido que otros van a firmar también en los próximos días”, informó Zambrana.

Ballivián, funcionaria en los gobiernos de Hugo Banzer y Jorge Quiroga, confirmó en marzo de este año su intención de hacer frente al Movimiento Al Socialismo (MAS) y buscar un candidato único, aunque no pertenece a ninguna agrupación.

El rector de la Universidad Autónoma Rene Gabriel Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar, presentó a finales del 2023 su alianza Cambio 25.

Ninguna de estas organizaciones está reconocida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo que no gozan de personería jurídica con la que puedan presentarse en las elecciones de 2025.

Cuéllar confirmó la existencia del pacto y se mostró abierto a que políticos “tradicionales” lo firmen.

MAS

“Debemos trabajar por una unidad desde la ciudadanía; cinco elecciones que han sido fracasadas (en contra del MAS)”, criticó Zambrana.

Desde su victoria electoral en 2005, en las elecciones de 2009, 2014 y 2020, el MAS ganó con más del 50% de los votos. El único momento en el que su hegemonía se vivió amenazada fue en los comicios de 2019 que fueron denunciados como “fraudulentos” por parte de la oposición y resultó en la crisis social y política que provocó que el entonces reelecto presidente Evo Morales presentara su renuncia.

Sin embargo, un año después, en 2020, con un nuevo binomio, el MAS se impuso con el 55% de los votos. Ese año, la oposición fue incapaz de presentar un candidato único para hacer frente al masismo.

La diputada de la facción arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Magaly Gómez afirmó que las elecciones judiciales deben seguir adelante, pero que la continuidad del proceso depende de una acción de tutela que fue solicitada ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hace 14 días. 

El 9 de mayo, la bancada arcista del MAS en la Cámara de Diputados solicitó una medida cautelar para continuar con el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales en la Asamblea Legislativa.

La admisión de una acción popular derivó en que la Sala Constitucional Primera de Cobija, en Pando, anule lo avanzado en la preselección con miras a los comicios judiciales, que estaba en la fase de exámenes orales en las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural. 

Luego de aquella decisión de suspender el proceso, el 30 de abril, la Asamblea Legislativa no se ha podido reunir ni encontrar consensos entre las tres fuerzas políticas. El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, no ha convocado al pleno desde la suspensión del proceso.

En entrevista con La Razón Radio, Gómez aseguró que su bancada todavía espera la decisión del TCP de otorgar la tutela a la Asamblea. Sin embargo, hasta ahora el TCP no se ha manifestado al respecto; por ello, las judiciales continúan en vilo y, además, corre el riego de sobreponerse con las elecciones primarias que deben desarrollarse este año.

En criterio de Gómez, la decisión que tome el TCP sobre los comicios debe ser respetada por los legisladores. “Hay que darles la formalidad y el respeto a las altas autoridades de las entidades (judiciales)”, dijo en referencia a los magistrados, ahora, prorrogados.

Según la Constitución Política del Estado (CPE), el mandato de magistrados y consejeros tiene una duración de seis años. El mandato concluyó el 2 de enero; sin embargo, por el entrampamiento de las elecciones judiciales, las autoridades se han prorrogado hasta que se elijan nuevos titulares.

El 11 de diciembre de 2023, el TCP dictó la prórroga de su mandato y el de los magistrados y consejeros electos en 2017, bajo la Declaración Constitucional 049/2023, la cual desencadenó una marcada desaprobación en la oposición y en el ala evista del Movimiento al Socialismo (MAS).

Al ser cuestionada sobre la prórroga de las autoridades, la legisladora calificó de “complejas” las interpretaciones de los magistrados y consejeros, cuyas decisiones “técnicas” terminan siendo juzgadas “políticamente”.

A su vez, Gómez admitió que las divergencias internas en las tres fuerzas políticas repercuten en la toma de decisiones de la Asamblea, respecto de las elecciones judiciales. Hasta la fecha no se tiene un plazo para que el TCP dé una respuesta. Los comicios debieron desarrollarse el año pasado.

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El gobierno de Paraguay informó al Estado boliviano que el proceso de extradición del exministro de Defensa Luis Fernando López fue suspendido. La exautoridad está involucrada en el caso de la presunta compra irregular de gases lacrimógenos.

“La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en la República del Paraguay remite la nota VMAAT/DAL/N° 1005/2024 de 30 de abril de 2024 proveniente del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país que informa que mediante Resolución A.I. N° 9 resolvió SUSPENDER el procesamiento especial con fines de Extradición iniciado a Luis Fernando López Julio, respecto a que el requerido se encuentra tramitando su estatus de refugiado en ese país, correspondiendo suspender la solicitud de Extradición hasta tanto sea resuelta la cuestión de la solicitud de Refugiado», señala una nota de Erbol, que accedió al documento.

Luis Fernando López

La notificación formal, con fecha del 30 de abril. La nota también fue remitida al Tribunal de Sentencia Anticorrupción Primero de La Paz, el 10 de mayo; es la oficina que lleva adelante el caso.

Por lo tanto, quedó suspendido el proceso de extradición, porque, actualmente, López tramita su estatus de refugiado en el país vecino.

El ministro de la expresidenta Jeanine Áñez está imputado por su supuesta participación en la compra irregular de gases lacrimógenos con sobreprecio que realizó el Ministerio de Defensa.

De acuerdo con las investigaciones, en 2020, el entonces titular de Gobierno, Arturo Murillo, compró con sobreprecio un lote de gases lacrimógenos de la empresa brasileña Cóndor. Lo hizo a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS). No obstante, el negocio estaba “cocinado” con anterioridad, en noviembre de 2019.

Compra de gases

Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios, Bolivia pagó $us 5,6 millones; según las investigaciones, $us 2,3 millones fueron sobreprecio.

López salió de Bolivia en noviembre de 2020 y se refugió en Brasil, cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) retornó al Gobierno. A mediados de 2023 se trasladó hacia Paraguay.

El caso incluye al exministro Murillo, que ya recibió una sentencia en Estados Unidos. Un tribunal de ese país dictó una sentencia parcial por la que el exministro de Gobierno Arturo Murillo deberá indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42.

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El expresidente Evo Morales volvió a llamar “Sonia” al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y le pidió al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, que le pregunte dónde está el capo uruguayo del narcotráfico Sebastián Marset.

El exmandatario abordó el tema en medio de los dichos sobre un “secuestro” del municipio de Villa Tunari por parte del narcotráfico, como lo afirmó Mamani, y el “encubrimiento” de ese ilícito desde el Gobierno, según Morales.

“En lugar de intentar desviar la atención e intentar estigmatizar al Trópico como en épocas neoliberales, el viceministro Mamani debería preguntar a Sonia dónde está Marset y quién le pasó la información para escapar”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.

Evo Morales

En los últimos días, las acusaciones entre Mamani y Morales y sus seguidores cobró fuerza con los datos de lucha contra el narcotráfico que expuso el Viceministerio de Sustancias Controladas.

El funcionario informó que, entre el 1 de enero y el 18 de mayo de este año, se destruyeron 36 laboratorios de producción de cocaína a nivel nacional. De ese total, 24, o sea el 67% de esas factorías, se encontraban en Villa Tunari.

Según los cuadros que presentó, en 2021, los laboratorios destruidos en ese municipio representaron el 37%, 40% en 2022, y 60% en 2023.

Asimismo, se vio que la cantidad de fábricas de droga destruidas en ese sector alcanzó las 156; con un total de 22 personas aprehendidas en diferentes operativos.

Sebastián Marset

El caso Marset detonó el 29 de julio de 2023, cuando escapó de un megaoperativo policial en Santa Cruz que buscaba su captura. La Policía Boliviana desplegó 2.250 efectivos para dicho ejercicio, pero el uruguayo escapó junto con su esposa y sus tres hijos.

Desde entonces la captura del narcotraficante, buscado en al menos seis países, demandó de más de 1.200 operativos en todo el país, con un solo fin: dar con el paradero del capo uruguayo.

En las investigaciones por el caso Narcopolicía, el fiscal antinarcóticos Julio César Porras informó que ocho uniformados que pertenecían a la Unidad de la Diprove en el municipio de Puerto Suárez ya declararon en calidad de testigos.

Marcelo R. C., teniente coronel de la Policía y exdirector de la Diprove (Dirección Nacional de Prevención de Robo de Vehículos) de Puerto Suárez, es acusado por los delitos de tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. En su vehículo, tras un control rutinario por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), se encontraron 40 paquetes de cocaína.

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“Se ha tomado la declaración al equipo que trabaja con él y que ya no está trabajando en Puerto Suárez. (También) al director departamental de Diprove. Son ocho personas que declararon en calidad de testigos. (En su declaración) desconocen lo que él estaba haciendo o que llame la atención”, dijo Porras.

No descartó que se los cite en calidad de investigados, pero eso se determinará una vez culminen con las declaraciones. “Se va a analizar, después de terminar todas las declaraciones se verá qué decidimos”.

El exjefe policial está con detención preventiva por 180 días, en la cárcel de Palmasola, y también fue dado de baja de la Policía.

El abogado Samuel Durán señaló que su defendido manifestó su inocencia por los delitos que se lo acusa y que demostrará que no participó en el hecho que se lo acusa.

“Él no fue encontrado en el vehículo; cuando estaba en el retén, advirtiendo que se le tendió una trampa, él se retira del lugar porque no había garantías de que pueda someterse a una requisa por parte de los efectivos policiales”.