Las Fuerzas Armadas (FFAA) rechazan la invitación del 22 de julio del Defensor del Pueblo para sostener una reunión, con el argumento de que “no es pertinente” tratar temas de Derechos Humanos (DDHH) cuando el caso de muertes en recintos e institutos militares están en los ámbitos de la Justicia, tanto penal como militar. El Defensor respondió que es su deber garantizar los derechos y apeló a la responsabilidad y compromiso del Comandante en Jefe de las FFAA, Edwin de la Fuente, para viabilizar una nueva cita.
De la Fuente, en una nota fechada el 23 de julio señaló que “no es pertinente” una reunión porque los casos que serian objeto de análisis se encuentran en la justicia ordinaria, por lo cual le corresponde “abstenerse de emitir criterio alguno, mientras no exista sentencia ejecutoriada”. Además, El Comandante le sugirió al Defensor que cualquier solicitud que haga sea canalizada a través del Ministerio de Defensa.
“Debo aclarar que mi solicitud está motivada además por mi deber y por las prerrogativas que la Constitución y las leyes me asignan y atribuyen”, respondió Villena en una extensa carta dirigida a de la Fuente con fecha de hoy, donde citó el artículo 218 de la Constitución Política del Estado (CPE) como referencia a las potestades que debe cumplir el Defensor del Pueblo.
En la misiva, Villena también le recordó a de la Fuente que la Defensoría inició las investigaciones sobre las muertes de la enfermera Janeth Vargas, en el Estado Mayor el 21 de junio; el subteniente Ceooly Espinal, el cadete Daniel Delgado de Los Ríos y el soldado Henry Molina.
En el tenor de la carta el Defensor del Pueblo sostiene que el hecho de que los decesos de personas en instituciones castrenses están siendo investigadas por los organismo correspondientes, “no inhabilita nuestra competencia institucional para investigar las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, sin perjuicio de cualquier otra investigación administrativa, disciplinaria o penal que se lleve a cabo, más tomando en cuenta que son nuestras conclusiones las que serán remitidas al Ministerio Público en caso de evidenciar aspectos que tengan que ser investigados en dicha instancia”.
El 22 de julio, Villena cursó una carta a de la Fuente para sostener con esa autoridad militar una reunión para analizar conjuntamente las medidas de protección, seguridad y garantía de los derechos humanos en los recintos militares. Recordó, en ese entonces, que en los últimos meses siete personas murieron en esos lugares.
«Apelando (…) sobre todo a su responsabilidad y compromiso, le reitero mi solicitud de programar una reunión con su persona y los comandantes de las tres fuerzas (Fuerza aérea, Armada y Ejército), la misma que sugiero pueda llevarse a cabo el miércoles 31 de julio a horas 16:00 en sus instalaciones”, concluye Villena en la carta cursada el 26 de julio.
El lunes pasado, el Defensor expresó en la misiva del 22 de julio que los hechos irregulares en los recintos militares “parecen indicar, cuando menos, una ausencia inquietante de mecanismos de vigilancia, prevención, cuidado y protección que están afectando principalmente la vida y la seguridad de quienes acuden a esa institución para servir a la Patria y a la sociedad”.