La Defensoría del Pueblo recibió en tres años 343 denuncias de vulneración de derechos contra efectivos de distintos niveles jerárquicos de las Fuerzas Armadas, por lo que insiste en la necesidad de trabajar con las autoridades militares en el análisis de temas referidos a la garantía para el ejercicio de los derechos humanos de soldados, oficiales y cadetes, informó la institución.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, volvió a hacer un llamado a las Fuerzas Armadas para sostener una reunión y debatir la situación de los derechos humanos, luego de conocer una segunda negativa del Comandante en Jefe, general Edwin de la Fuente, a asistir a una reunión.
Dijo –según un boletín de prensa de la institución- que preocupan las denuncias sobre violencia desmedida, humillaciones, tratos crueles y degradantes hacia los soldados; las muertes recientes debidas a la manipulación de armas letales, los fallecimientos accidentales de soldados que se encontraban realizando trabajos que no correspondían fuera de sus cuarteles.
“Creo firmemente que esos no son los únicos casos que han ocurrido ni ocurren en los recintos militares”, afirmó y recordó que el ministro de Defensa, Rubén Saavedra, informó ante una comisión de la Cámara de Diputados sobre la muerte de 20 personas en unidades militares
El Defensor del Pueblo pidió en dos oportunidades al genera la Fuente una reunión para tratar el tema de derechos humanos, sin lograr una respuesta positiva. Ante esa situación, anunció la formación de una comisión interinstitucional de la Defensoría del Pueblo que a la brevedad tome contacto con las autoridades respectivas para implementar estas acciones en el marco de una política interinstitucional que permita construir los mecanismos que garanticen que las Fuerzas Armadas, así como todas las instituciones del Estado, privilegien en su accionar el respeto, la vigencia y el ejercicio pleno de los derechos humanos.
Villena dijo que no dejará de insistir en este tema porque es su obligación, y porque cree firmemente que el ingresar al ámbito militar no significa perder o resignar derechos y que a todos y todas las bolivianas en cualquier lugar donde se encuentren, les asiste la prerrogativa de ser protegidos por las instituciones del Estado.